Este año 2005, fue escenario de diversos eventos
donde los procesos e iniciativas de participación ciudadana fueron puestos
a prueba. Así en el ámbito legislativo, en el contexto electoral o en los
niveles de gobierno regional, estadual o local, la inclusión ciudadana en
los asuntos públicos tuvo una serie de sucesos que vale la pena considerar
como balance del 2005 y preludio al año 2006. Y es que, el tema
participativo a pesar de sus detractores llegó para formar parte de las
nuevas condiciones del sistema político venezolano.
En materia legislativa, la participación ciudadana disfrutó de un
fuerte impulso con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, (en Junio de 2005). La ley contiene unos 130 artículos que
determinan la participación ciudadana en la gestión pública local en
asuntos; tales como: el presupuesto participativo, las asambleas de
ciudadanos y la contraloría social; entre otros. La nueva LOPPM representa
un avance significativo en relación a anterior Ley Orgánica de Régimen
Municipal y constituye además una seria exigencia de modernización de las
Juntas Parroquiales, los Consejos Municipales y las Alcaldías. Otro avance
en materia legislativa lo constituyó la aprobación de la Ley del Servicio
Comunitario del Estudiante de Educación Superior. Esta ley prescribe la
participación del estudiantado de ese sector, en proyectos de desarrollo
comunitario; como parte de su proceso de aprendizaje y formación.
En otros aspectos; sin embargo, la Asamblea Nacional quedó en una mora
inaceptable. En mora quedó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana,
destinada a reglamentar los distintos procesos de consulta popular y de
elección de ciertas instancias participación ciudadana. Otro tanto ocurrió
con la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal que fuera devuelta a la
Asamblea Nacional por el Ejecutivo Nacional. La Ley del Consejo Federal de
Gobierno corrió con la misma suerte. Otras leyes referidas a importantes
herramientas participativas como la contraloría social o la organización
vecinal también quedaron pendientes. Estos hechos consiguieron retrasar y
posponer la aplicación de algunos mandatos constitucionales orientados a
estructurar un Estado federal y descentralizado, y por ende, más
democrático y más cercano a la población.
La red nacional de instancias de participación (Consejos Estadales de
Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; así como los Consejos
Locales de Planificación), continuó sufriendo dificultades en su
implementación. Los Consejos Estadales no funcionaron de manera adecuada,
en detrimento de sus amplias potencialidades como instrumentos de consenso
y del establecimiento concertado de prioridades. Puede afirmarse que,
durante 2005 ninguna entidad federal elaboró un Plan Estadal de
Desarrollo, de acuerdo a la Ley.
En cuanto a los Consejos Locales de Planificación (con alguna
excepción), su desempeño no fue mejor, ni más afortunado. En realidad,
sigue habiendo una gran resistencia a su implementación y operatividad.
Hay sectores políticos (del oficialismo y de la oposición) opuestos
decididamente a la operatividad de estas figuras de participación y
co-gobierno ciudadano. Esa “resistencia al cambio”, a los CLPP, se origina
en la baja calidad de los gobiernos municipales, que obstruye cualquier
innovación que pueda “perturbar” su dinámica burocrática tradicional. En
el ámbito metropolitano sucedió algo similar. El Consejo Metropolitano de
Planificación y Coordinación de Políticas Públicas no actuó de una manera
eficiente ni cumplió con sus objetivos institucionales. Otra iniciativa en
este ámbito gubernamental, que resultó fallida, fue la denominada
“Estatuyente Metropolitana”. Esta interesante propuesta consultiva y
deliberante sobre el posible futuro del Área Metropolitana de Caracas,
logró unificar la atención de alcaldes tan diferentes ideológicamente como
Juan Barreto, Leopoldo López y Henrique Capriles. Sin embargo, al final no
pasó nada.
Además de los Consejos Estadales y Locales durante este año se
continuaron impulsando otras instancias para la participación ciudadana de
carácter más específico y operativo. Así encontramos a los Comités de
Tierras Urbanas (existen 6 mil en todo el país), vinculados a la
problemática de la vivienda. Las Mesas Técnicas y Comités Comunitarios de
Agua, relacionados a ese tema concreto y los Comités de Salud (unos 8 mil
a nivel nacional), propios del Programa “Misión: Barrio Adentro”. Con cada
una de esas modalidades organizativas, el gobierno de turno intentó
involucrar al voluntariado de las comunidades populares en labores de
ejecución y apoyo a sus programas públicos respectivos. Sin lugar a dudas,
estas experiencias tuvieron éxito. Un éxito relativo y variable, dentro
del cual hay que destacar el decisivo papel relevante de la mujer
venezolana como el verdadero sujeto promotor de la organización ciudadana.
Pero aún hay más. Porque cada ley aprobada por la Asamblea Nacional
puede incluir la creación de mecanismos y espacios para el ejercicio de la
participación ciudadana. Veamos dos casos recientes. La Ley de Servicios
Sociales al Adulto Mayor (G.O. N° 38.270 del 12-09-2005), estableció la
creación del Consejo Nacional de Servicios Sociales para el Adulto Mayor,
el cual contará con representantes de entidades vinculadas a los derechos
humanos, a los adultos mayores, a las amas de casa, a las personas con
discapacidad y a los pueblos indígenas; por ejemplo. La misma determina la
creación de las Asambleas de los Comités Comunitarios de Servicios
Sociales y de los propios Comités Comunitarios de Servicios Sociales, al
nivel más local.
El otro caso, lo encontramos en la Ley Orgánica para la Planificación y
Gestión de la Ordenación del Territorio (G.O. N° 38.279 del 23-09-2005),
la cual incorpora importantes elementos para la participación de los
ciudadanos y las comunidades organizadas en su ámbito de aplicación. Uno
de esos elementos lo constituye la figura del “Representante Comunitario”
para asistir a las asociaciones comunitarias en aspectos cruciales; tales
como: su participación en la elaboración de los planes para la ordenación
del territorio municipal y, en el procesamiento de sus quejas, denuncias y
reclamos en materia de ordenación urbanística; entre otros aspectos. De
esta manera, la oferta participativa desde el Estado hacia la sociedad
civil siguió incrementándose.
La creación del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social
fue otro evento que vino a recomponer el “cuadro institucional” de la
participación ciudadana desde la óptica del gobierno. Sin un propósito
claro aún, este Ministerio pareciera encaminarse hacia la ejecución de
programas sociales específicos (ahora se menciona la Misión “Negra
Hipólita”, dirigido hacia la población más vulnerable). Es fácil
diagnosticar que su gestión operativa tendrá dificultades ante las
distintas políticas y propuestas que, en materia de organización popular
ya avanzan otras agencias estatales ministeriales. Del mismo modo, el
Ministerio tiene que aprender a coexistir con otros entes promotores de la
participación ciudadana que pertenecen a las entidades federales menores,
como son los Consejos Estadales de Coordinación y Planificación de
Políticas Públicas y los Consejos Locales de Planificación Pública.
Un comentario adicional merece la muy reciente propuesta de crear unos
“Consejos Populares de Gobierno”, conformados por diputados de la Asamblea
Nacional y otros representantes oficiales y privados (de la Sociedad) con
el objeto de discutir y consultar proyectos legislativos. En realidad,
tales instancias -hasta el momento- carecen de una base legal o de un
propósito claro, salvo el de carácter clientelar e ideológico.
En medio de todo esto, la población aún no se encuentra familiarizada
con muchos de estos espacios de protagonismo ciudadano. Incluso su
existencia es casi desconocida para gran parte de la sociedad organizada o
no. Lo que ocurre con ellos, es que además de su novedad, en muchos casos
han sido secuestrados por las organizaciones partidistas es desmedro de la
participación de los propios ciudadanos. Además, la polarización política
y visceral que ha venido predominado durante los últimos años en el país,
también ha afectado su desempeño, su utilidad y su proyección comunitaria.
Sin embargo, hay que reconocer que la propia sociedad organizada ha
emprendido notables iniciativas de formación y difusión sobre los derechos
ciudadanos para rescatar sus propios espacios de participación. Así
encontramos a organizaciones civiles como “Sinergia” o “Queremos Elegir” y
portales como consejoslocales.org y apalancar.org (entre otros), que han
convertido en verdaderos pivotes en la lucha por abrir espacios hacia una
nueva cultura cívica participativa basada en los valores de inclusión,
tolerancia y democracia.
El ámbito electoral fue el más fue afectado. Durante el 2005, hubo dos
procesos electorales de carácter legislativo (municipal y nacional)
caracterizados por el debate sobre la idoneidad y transparencia del
Consejo Nacional Electoral. Los resultados de ambos eventos comiciales
favorecieron al oficialismo: en el evento municipal ganó la mayoría en los
Concejos Municipales y Juntas Parroquiales; y en cuanto a la Asamblea
Nacional obtuvo la totalidad de los 167 diputados a ser electos. De esta
forma, la democracia venezolana entró en una “nueva etapa” signada por la
presencia hegemónica de un solo factor ideológico en las instancias
formales de representación política vigentes. Pero quizás los más
lamentable, es el daño causado al ejercicio del sufragio como mecanismo de
resolución de conflictos en un sistema democrático. De una parte, la
incapacidad manifiesta del CNE por infundir la confianza necesaria en el
electorado y, de otra, el avance de propuestas abstencionistas como medios
de participación y de presunta deslegitimación gubernamental, sólo
contribuyen a profundizar el desentendimiento y la diatriba inútil que
predomina en el escenario político venezolano.
Los partidos como canales naturales de participación política y debate
ideológico democrático siguieron sin poder recuperar su espacio en la
sociedad venezolana. Desde nuestro punto de vista, en Venezuela, se ha
venido consolidando una visón inadecuada del “hecho político” que lo
reduce a una simple manipulación clientelar maniquea. Los argumentos
fueron sustituidos por los insultos, los acuerdos han sido suplantados por
las componendas, la disidencia y la crítica se persiguen y se castigan (en
el oficialismo y en la oposición). Por otra parte, al esfuerzo político
sostenido, tesonero y con visón estratégica, algunos pretenden
sobreponerle una la salida fácil, milagrosa, mesiánica y por lo tanto,
antidemocrática. Las organizaciones partidistas y la sociedad organizada
venezolana deben ir al reencuentro mutuo (lo escribiré de nuevo: el
reencuentro es mutuo, entro dos factores). Ambas fuerzas deben reconocerse
entre sí, respetando la diversidad, propiciando la pluralidad y la
inclusión. Durante el 2005, los partidos continuaron privilegiando las
formas autoritativas de organización interna. Cabe agregar que sus
procesos de renovación de autoridades fueron pospuestos. No hay duda, que
conceptos como renovación y democratización causaron escozor en estas
instituciones sociales.
Por último, también durante 2005 la realización de consultas públicas
sobre leyes, ordenanzas y reglamentos no fueron hechas de manera
sistemática ni oportuna. Igual ocurrió con otros medios de participación
ciudadana como el presupuesto participativo, el presupuesto de inversión
municipal o los mecanismos de acceso al financiamiento de proyectos
comunitarios; por parte del Fondo Intergubernamental para la
Descentralización (FIDES) o la Ley de Asignaciones Económicas Especiales
(LAEE). Sobre este particular, debe agregarse que los procedimientos para
la presentación de proyectos por parte de las comunidades son engorrosos e
inequitativos, propiciando el desaliento entre la población supuestamente
beneficiaria.
El desarrollo de los derechos a la participación ciudadana siguió su
avance, lento pero seguro, generando dudas, propiciando problemas y
desconciertos; pero también significando una oportunidad formidable para
construcción de una plataforma social que sirva de contrapeso a las
tendencias autoritarias y que a su vez promueva una cultura de inclusión y
de lucha por una Venezuela democrática, moderna y próspera. El camino es
largo, pero es el camino.
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