Con la disminución del mandato del Presidente Evo Morales Ayma de cinco a cuatro años y aprobar con cien modificaciones el proyecto de Nueva Constitución Política del Estado que transformará la estructura político-institucional de Bolivia, a cambio de «asegurar» su reelección hasta 2015, se abre un nuevo periodo de la Revolución Democrática y Cultural en la controvertida historia boliviana.

El 21 de octubre, el Congreso Nacional aprobó la Ley de convocatoria a la consulta popular o referéndum para aprobar o rechazar la nueva Constitución Política del Estado, en enero de 2009, abriendo la posibilidad de reelección de un presidente en ejercicio por una sola vez y permitir la convocatoria a elecciones generales para diciembre de 2009, con la alta probabilidad de la reelección del actual Jefe de Estado, y marcando así las coordenadas del proceso político de los próximos meses.

Los hechos sociales fueron contundentes. Más de trescientos mil hombres y mujeres de los movimientos populares acechando la capital paceña, siete millones de bolivianos en todo el país vigilantes de los resultados y mas de un centenar de observadores internacionales fueron los testigos de la decisión congresal que implicó un acuerdo entre el Gobierno, los Prefectos y la oposición conservadora.

Referéndum revocatorio

Luego de conseguir el respaldo de 68 por ciento de votos de los bolivianos y bolivianas, ganar en siete de los nueve departamentos y en 98 de 112 provincias del país en el Referéndum Revocatorio realizado el 10 de agosto propuesto por la oposición, se produjo un impulso poderoso de la organización popular e institucional y Evo Morales consiguió abrir una nueva fase del proceso antiimperialista iniciado en enero de 2006 cuando asumió la conducción del gobierno.

Sin embargo, en pocas semanas se produjeron acontecimientos de fuerte tensión y enfrentamiento social y regional impulsados por los impugnadores del gobierno y caracterizados por la violenta toma de instituciones públicas en la región oriental del país, los bloqueos de caminos, la persecución racista de indígenas por parte de los llamados jóvenes cívicos, la golpiza a militares y policías y los atentados contra gasoductos. El momento culminante fue la masacre de campesinos indígenas, el 11 de septiembre, por parte de un grupo cívico de Pando, en el norte amazónico de Bolivia, dependiente del Prefecto «cacique» de la región Leopoldo Fernández.

Esta situación obligó a una acción enérgica del gobierno que declaró el «estado de sitio», situación de excepción que permitió la directa intervención de las Fuerzas Armadas en la región y la detención del prefecto Fernández en la cárcel de La Paz, acusado de los hechos del 11 de septiembre. A su vez, las organizaciones sociales retomaron la iniciativa, la organización y movilización en todas las regiones del país y particularmente en los centros neurálgicos del poder de la oligarquía terrateniente y transnacional en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

De emergencia ante la crisis y por iniciativa del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se realizó una Cumbre en Santiago de Chile, de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que impulsó el trabajo de observadores de la situación boliviana.

Certero análisis

A partir de mayo de este año, el certero análisis de la situación política y social de Bolivia, de América Latina y de las relaciones con Estados Unidos, por parte del presidente Evo Morales Ayma y su equipo de gobierno, junto a la acción coordinada y precisa de las organizaciones sociales y populares y de las instituciones de Estado Nacional, permitieron la ejecución de una derrota política de la oligarquía, sus aliados internos e internacionales, en particular del ahora expulsado embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Golberg.

La coordinación de movimientos, el control efectivo de espacio territorial y los tiempos, así como la precisa acción táctica no solamente de las instancias políticas, sino de las sociales, culturales y militares, fueron determinantes para que en los últimos seis meses se revierta una situación que se proyectaba muy critica para el proceso de cambio.

Determinantes fueron la recuperación de las movilizaciones de las organizaciones populares de campesinos, mujeres, vecinos, colonizadores, cocaleros, gremiales y la coordinación con la Central Obrera Boliviana (COB), la acción de las Fuerzas Armadas y las decisiones nacionalizadoras del gobierno para generar la nueva coyuntura.

Veinte meses de dudas

Durante dos años (2006-2008), la iniciativa conservadora se presentó muy coherente, cohesionada y actuando en todos los frentes ante un gobierno que no solamente dudaba sino que hacia concesiones inesperadas, como las referidas a la paralización de la nacionalización de los hidrocarburos del primero de mayo de 2006, con la firma de nuevos contratos con las transnacionales petroleras Petrobrás, Repsol, Total, British y Shell,

Asimismo, con la continuidad de las políticas monetaristas frente a las demandas de implementar políticas económicas productivistas, endógenas y latinoamericanas, con el estancamiento de la Asamblea Constituyente prisionera del veto de un tercio de sus miembros y la pasividad de las instancias del Movimiento al Socialismo (MAS) con la ausencia de una conducción estratégica del gobierno indígena, campesino y popular.

Los retrocesos estuvieron, además, marcados por cierto descontento y desmovilización de los movimientos sociales, los que no encontraban en la Asamblea Constituyente, donde primaron artificios jurídicos, los instrumentos para desarrollar su proyecto de cambios institucionales en el Estado.

Iniciativa oligárquico-imperialista

De manera paralela, la oligarquía avanzaba con energía no solamente aprovechando los deslices oficiales sino fortaleciendo sus estructuras de poder regional e institucional. Los Prefectos de seis departamentos, legalmente dependientes del Presidente de la Republica, se convirtieron en la punta de lanza de la conspiración con medios económicos procedentes de los excedentes generados con la recuperación del negocio de gas, siendo apoyados por organizaciones cívicas, terratenientes, transnacionales petroleras y grupos radicales racistas.

Asimismo, por el sistema de distribución de escaños, el Senado mantenía la mayoría conservadora, convirtiéndose en un instrumento poderoso para impedir la acción congresal del MAS, que, junto al Poder Judicial, actuaron a favor de los intereses políticos y económicos tradicionales.

Este panorama se completa con la acción sigilosa, en unos casos, y abierta, en otros, de los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos encabezados por el embajador Philip Golberg, quien fue traído de la separatista Kosovo, para monitorear las acciones de desestabilización del gobierno popular.

Las acciones políticas y sociales internas coincidieron con la decisión histórica de Evo Morales de expulsar al embajador Golberg, por considerar que estaba comprometido con acciones internas de la política boliviana al margen del respeto de la ley y los convenios internacionales.

¿Fin de los vaivenes?

Octubre del 2003, con la rebelión popular, permitió la derrota del sistema político y la preparación del terreno para el cocalero Evo Morales. Si durante los primeros meses de su gobierno se pusieron las bases del cambio social, político, cultural, militar y diplomático, con alianzas estratégicas con los gobiernos antiimperialistas de Venezuela y Cuba, primero y de Ecuador, después, durante los años 2007 y 2008 se hicieron muchas concesiones y se consolidó una oposición que utilizaba recursos legales e ilegales, aprovechando sobretodo los grandes medios de comunicación escritos y televisivos, en manos de intereses empresariales de la oligarquía.

El proceso de la Asamblea Constituyente, 2006-2007, debilitó al gobierno, mientras la oposición posicionó las Autonomías Departamentales con Cabildos durante 2007 y Referendos Autonómicos en mayo y junio de 2008, inclusive planteando la Federalización, la Independencia y el Protectorado de las regiones.

Recién, desde mayo de 2008, se retoman las banderas originales y se recurre a la organización popular movilizada y a las acciones nacionalistas con la recuperación, mediante su nacionalización, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) que había sido privatizada ventajosamente por la transnacional italiana Stet, y de la empresa holandesa norteamericana Transredes, Shell y Enron, que tenía bajo su control todo el sistema de transporte nacional e internacional de hidrocarburos.
Bolivia antimperialista

Con los resultados del referéndum revocatorio, Evo Morales apretó el acelerador de la historia ejerciendo acciones directas contra la conspiración y la acción desestabilizadora de las fuerzas conservadoras, en correspondencia con las decisiones de tipo económico, en un contexto peligroso de crisis internacional que afecta los ingresos nacionales por la baja de los precios de los minerales y el petróleo.

El eje de este viraje fue marcado por la movilización masiva de más de cien mil personas en el cerco a Santa Cruz, más de cincuenta mil en la toma de Sucre y más de trescientos mil en el cerco al Congreso Nacional en La Paz, con un fuerte contenido nacionalista, con banderas tricolores bolivianas y vítores a la Unidad Nacional frente a los intentos separatistas de las oligarquías del oriente.

Morales ha reforzado su liderazgo en Bolivia y tiene en sus manos, con la experiencia de sindicalista cocalero, de tenaz parlamentario opositor, de interlocutor de lideres mundiales, de aliado de Fidel Castro, Hugo Chávez, y Rafael Correa, de amigo de Lula, Cristina Fernández y Michele Bachellet, y de claro enemigo de la política imperialista de Estados Unidos, la conducción del proceso de revolución democrática y cultural en Bolivia y la responsabilidad de avanzar en el proyecto bolivariano de la unidad de América Latina y el Caribe hacia una Patria Grande y poderosa.

(*). Eduardo Paz Rada es sociólogo boliviano, docente y Director de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).