Ecuador fue el epicentro, junto a Venezuela y Colombia, de un escenario en el cual entre la guerra y la paz se dirimió una fase trascendente de la historia continental: la revolución y la contrarrevolución. El movimiento de convergencia regional recobró vitalidad luego de que Estados Unidos utilizara al gobierno de Álvaro Uribe como brazo ejecutor de su política para atacar y bombardear el 1º de marzo un campamento de las Farc en suelo ecuatoriano, lugar donde fuera abatido el representante de la organización guerrillera en las negociaciones humanitarias, Raúl Reyes. La Organización de Estados Americanos (OEA), realizó una reunión extraordinaria. Allí Uribe tuvo a Estados Unidos como único respaldo y debió aceptar el avasallamiento a Ecuador. El presidente Rafael Correa propuso, ante la manipulación imperialista de estos organismos, la conformación de una nueva instancia de Estados americanos sin Estados Unidos. El 4 de marzo durante la XX Cumbre de Río en Santo Domingo, el mandatario colombiano aceptó nuevamente el agravio. Los países afirmaron en ese evento una línea de rechazo al concepto de guerra preventiva que pretende legitimar, bajo el paraguas de lucha contra el terrorismo, la ocupación y despliegue de tropas en cualquier territorio, sin que sea caratulada como injerencia ni violación de soberanía.
La búsqueda permanente de Washington de fomentar las divisiones entre los países a través de tratados de libre comercio y/o bilaterales, y la competencia de las burguesías locales, inevitable bajo la vigencia de la lógica capitalista, encontró rápidos reflejos. El carácter de la respuesta, diverso por la ubicación de cada país en la confrontación o conciliación con el capital, pero aunado para impedir un cauce que significaba militarización para el control de los mercados y el disciplinamiento neto.
Como ocurriera en noviembre de 2005 en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina, cuando fuera derrotado el proyecto de libre comercio para las Américas (Alca), Estados Unidos sufrió una derrota en Latinoamérica. El accionar imperialista redoblará la ofensiva sobre la región (con prescindencia de quien gane las próximas elecciones presidenciales y suceda a George W. Bush). Las provocaciones no se han detenido.
Los hechos son conocidos. Y la sucesión de días aportaron y confirmaron datos. La Agencia de Noticias IPS (1) reveló la denuncia que el sábado 5 de abril hiciera el presidente Correa durante su cadena radial semanal respecto a la infiltración total de algunos de los organismos de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas por parte de la Central de Inteligencia Americana (CIA). El detonante provocó el inicio de una serie de medidas, la remoción del director de inteligencia del Ejército por ocultar información en pleno conflicto con Colombia, lo que llevó a cometer errores en los movimientos militares y diplomáticos del país. El cambio se extendió al ministro de Defensa a dos días de constituirse una comisión civil de alto nivel para establecer los grados de involucramiento, no autorizados, de oficiales y unidades de Ecuador con centrales de inteligencia externas. La misma fuente alude a que según un comunicado de la agencia noticiosa militar Notimel las palabras del mandatario llevaron a la presentación de disponibilidad voluntaria del jefe del Comando conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante del Ejército.
El Portal Informativo Ecuador develó no solo que hubo conocimiento sobre el ataque de Colombia a suelo ecuatoriano, sino que Franklin Aizalla, de esa nacionalidad, asesinado junto a Reyes, estaba bajo seguimiento de inteligencia militar desde hacía varios años y el hecho no había sido informado a Correa, quien a su vez conoció por medio de la prensa la información que estaba, desde hacía tiempo, en manos de la presidencia de Colombia.
Pese a las revelaciones presidenciales, la fuente señalaba también que el lunes siguiente el jefe del Comando conjunto Héctor Camacho inauguró junto a la embajadora de Estados Unidos Linda Jewell, el Seminario Desafíos y oportunidades estratégicas, como parte de la cooperación entre ese Comando y las Fuerzas Armadas de Ecuador.
La noticia puso en evidencia el impacto político ejercido por el Comando Sur sobre los militares ecuatorianos, a partir de la entrega de la base de Manta en 1999, con el avance de la visión que promueve el alineamiento con Estados Unidos (sectores vinculados al ex presidente desplazado por una sublevación popular en abril de 2005, Lucio Gutiérrez), frente a una tradición nacionalista prevalerte en el devenir histórico de estas Fuerzas. Un proceso de penetración ideológica reforzado luego de la guerra con Perú en 1995 y profundizado a partir del año 2000 para orientarlas en sintonía con sus pares colombianas: la subordinación a Estados Unidos.
En Ecuador: su realidad, Lola Vázquez y Napoleón Saltos analizan la naturaleza de las Fuerzas Armadas a partir de su origen en una fracción del Ejercito Libertador, un sentimiento anticolonialista y una visión bolivariana de la Gran Colombia. Ellos describen cómo «posteriormente se ligan a los intereses de los criollos terratenientes y se convierte en un militarismo caudillista, vinculado a las diferentes fracciones de poder. La Revolución alfarista (2) impulsa una fuerza armada con carácter nacional, con un sentido profesional y orientada a la defensa de los interese populares y nacionales».
A partir de la década del cincuenta, en medio de la Guerra Fría, bajo la inspiración del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), impulsado por el gobierno estadounidense, se produce un cambio decisivo en las Fuerzas Armadas, la estrategia será el enfrentamiento al comunismo, como el enemigo principal. Después del triunfo de la Revolución Cubana, en los años sesenta, con la Doctrina de la Seguridad Nacional las Fuerzas Armadas apuntarán a la subversión y la guerrilla como el enemigo interno, situación que coincide con las dictaduras militares que sojuzgaron el continente. Los autores reseñan que pese a esta presión, la dictadura militar de Rodríguez Lara (1972-1976), impulsa un programa de desarrollo nacionalista. Pero en los años 80 surge otro elemento, la estrategia de baja intensidad basada en la articulación de democracias controladas. Uno de los objetivos es lograr el apoyo de la población para enfrentar a la subversión, el terrorismo y el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas fueron las encargadas de reconstruir la imagen de la fuerza pública, desgastada durante el período dictatorial.
En 1981 comenzó un replanteo institucional, con el impulso a la modernización-profesionalización, que combinó su papel de conservadores del orden general, legitimado con actividades cívicas al servicio de la comunidad con la constitución de grupos especializados para la represión. Detrás del accionar social estaba la tarea de inteligencia y detección de los sectores y de las zonas sobre todo más explosivas o consideradas más peligrosas. Así pueden insertarse en el nuevo orden democrático constitucional como responsables del poder militar y colaboradores del desarrollo nacional.
Un fenómeno particular adquiere relevancia: la conformación en el Ejército de un grupo de oficiales (de mandos medios) con pensamiento de vanguardia, que alcanza paulatinamente gran prestigio y liderazgo dentro de las FF.AA. No solo se preocupan por el adiestramiento de las tropas, sino que promueven un Ejército que debía estar no al lado y al servicio de las oligarquías, sino junto al pueblo necesitado, al indígena abandonado, con los niños desprotegidos, los marginados y humillados. «Es así como las FF.AA plantean Vázquez y Saltos- entran en un gran proyecto nacional de apoyo al desarrollo y a la comunidad, especialmente trabajando con los pobres en diferentes campos: salud, educación, agricultura, infraestructura básica, etc., los militares finalmente han salido de la torre de marfil en que los encerró la oligarquía (los cuarteles)». Esta produce «el encuentro de dos mitos: la proclamación patriótica de las Fuerzas Armadas y la etnización de los movimientos sociales. En medio de la crisis, las Fuerzas Armadas y la Coordinadora Nacional Indígena de Ecuador (Conaie) cuentan con alta credibilidad en la ciudadanía, junto a la iglesia católica».
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas son visualizadas como respetuosas del orden institucional, aunque han jugado el papel de árbitro dirimente. La actuación durante las sublevaciones populares de 1997 fue una prueba de esa definición, al aceptar entonces el desenlace resuelto por las fuerzas políticas en el Congreso Nacional.
Otro aspecto que explican Vázquez y Saltos es la vinculación de las FF.AA. en el control de empresas industriales, han seguido un proceso de modernización y establecido alianzas y aperturas desde la perspectiva empresarial, lo que ha incluido la búsqueda de atracción de capital externo. En esa dirección se inscriben varios casos: la compañía Amazonas-Hot que opera el Hotel Marriot en Quito, la Fuerza terrestre participa con el 42% de las acciones y el resto responde al Grupo Eljuri y a la empresa hotelera norteamericana Marriot. Una situación similar se da en el caso de Iskaremec, en las que la Dirección de Industrias de la Fuerza terrestre (Donet) tiene el 40% y el resto corresponden a capitales europeos. En el mismo material hay una reflexión sobre esta ligazón con el capital financiero-industrial-productivo, ya que «apuntala visiones que discrepan del aperturismo neoliberal fundamentalista; aunque progresivamente han ido renunciado a la firmeza en la defensa de los recursos nacionales. Al mismo tiempo, la composición social, de sectores medios, en particular en el caso del Ejército, vuelve sensible a la institución armada ante los procesos sociales, sobre todo en período de crisis ética y moral».
La especificidad de las FF.AA. ecuatorianas respecto a las de otros países latinoamericanos, especialmente los del Cono Sur está en la extracción de clase media de sus integrantes y la constitución de una imagen institucional nacionalista, profesional, de compromiso social, de reserva moral de la nación y de factor de desarrollo y modernización del país. Esta visión, consolidada a través de planes de estudio permitió en seis quinquenios, una alta calificación de los oficiales, la conformación de una red educativa autónoma desde la pre-primaria hasta postgrado, y la presencia de una elite intelectual castrense.
Luego del conflicto militar con Perú, las promociones surgidas en ese período tomaron distancia respecto a las actuaciones de altos oficiales vinculados a hechos con visos de corrupción y el paso de coroneles a generales empezó a generar una fractura creciente entre la fidelidad a la visión militar y la incorporación a las redes del poder.
Al mismo tiempo fueron testigos directos de la descomposición de las estructuras políticas, sobre todo en el período de Abdalá Bucaran y de Fabián Alarcón y Jamil Mahuad.
El peligro que cae sobre distintos países del Cono Sur, en especial Bolivia, de segregaciones motorizadas por la reacción y las burguesías locales, otorga particular relevancia al rechazo de los militares ecuatorianos a cualquier riesgo de desintegración territorial. Los autores registran un renacer de la postura nacionalista en la confraternización de los coroneles con los indios y los movimientos sociales en la insurrección del 21 de enero, que precipitara la salida de Mahuad, una tendencia que se viera contrapuesta por la orientación del gobierno de Gutiérrez hacia la alianza con las oligarquías tradicionales.
Estados Unidos ha intentado con su injerencia directa en el conflicto interno de Colombia poner bajo su control al ejército ecuatoriano, con el argumento de la defensa de la frontera Norte y de impedir el paso de la guerrilla colombiana al Ecuador. Con el gobierno de Mahuad se inició un creciente involucramiento en el Plan Colombia, en especial con el Acuerdo de la Base de Manta. Citando a los mismos autores: «Las Fuerzas Armadas mantienen un dispositivo estratégico en la frontera con Colombia para lo cual ha incrementado el número de efectivos y la creación de nuevos destacamentos en la zona, para la destrucción de sembríos de coca y el control de grupos armados ilegales. Estarían involucrados alrededor de 24 mil efectivos. Los EE.UU. a cambio de este trabajo donaron una ayuda militar de consistente en 18 helicópteros, 100 jeeps y 50 camiones, usados». Fue el gobierno de Gutiérrez quien promovió la mayor subordinación y participación en el Plan Colombia. Aún así, «en la VI Cumbre de Ministros de Defensa, realizada en Quito en diciembre de 2004, la institución armada ecuatoriana juega un papel central, junto a Venezuela y Brasil, para detener el intento de los gobiernos norteamericano y colombiano de constituir un ejército internacional de intervención en el conflicto. Con el gobierno de Alfredo Palacio se retoma una posición de mayor autonomía».
Este itinerario, atravesado por la pugna respecto al sometimiento a los planes de la Casa Blanca eclosionó ante el bombardeo colombiano al territorio de Ecuador y aceleró los cambios recientes en su mandos.
Como antecedente de estas contraposiciones ideológicas y políticas, el ex comandante de la Marina Homero Orellano se expidió de manera taxativa, en una entrevista realizada por la revista ecuatoriana Vanguardia en febrero de 2008, a favor de la política de recuperación de los recursos y en respaldo de la ola nacionalista que agita a las fuerzas (3). Su pronunciamiento fue claro en cuanto al concepto de República, en la cual «los militares no solamente estamos para disparar o para pelear con el vecino. Estamos para defender los intereses nacionales en forma pragmática y en medio de ellos están los recursos». Y señaló en relación al gobierno de Correa: «Este es nuestro gobierno (…) me siento muy cómodo hablando de cambios, me siento muy cómodo hablando de una participación de las Fuerzas Armadas en un cambio. Si este gobierno no consigue cambios fundamentales, como aspiro que lo haga, los próximos periodos serán de revueltas. Confío en que realmente a este gobierno, con el cual me identifico y lo he hecho de una forma sana y transparente, le vaya bien y haga estos cambios por el bien del país». Orellana sostiene que la visión política en los cuarteles es parte de la conciencia social: «Las FF.AA. son especialísimas en el control porque tenemos metido en nuestro ser la parte social. Aquí, cuando uno quiere explicar por qué no hay guerrilla, por qué nuestros indígenas no han tomado el fusil, como lo hicieron en el norte de Perú, si también somos pobres y hay inequidades, hay que darle un granito a eso que usted refiere (responde al periodista la pregunta sobre la politización de los cuarteles) cuando dice que los militares hablan tanto de política». No estamos para pelear entre nosotros, ni siquiera con los vecinos. Creo que las Fuerzas Armadas están para la defensa de un concepto integral. Las peleas del futuro serán por el agua, los recursos, la deforestación, ¿Quién más que las Fuerzas Armadas para parar la tala indiscriminada de bosques?». Reafirma la recepción de Correa en las FF.AA. de manera contundente: «Es bien visto el liderazgo que tiene. Es un discurso que llega porque es un hombre de avanzada, un hombre valiente, más allá de los estilos de gobernar o disentir».
Un elemento en juego es el lugar asumido por décadas por la policía en el soporte de las políticas de seguridad estadounidenses para la región. Sobre ellas han recaído las acusaciones de vinculación al narcotráfico y al terrorismo.
La Constituyente debate el futuro
Entre paradojas, contradicciones y fortalezas, la realidad ecuatoriana transita por una oportunidad histórica de cambio profundo. Un ciclo de transición que pone en el centro de las polémicas el carácter, el ritmo y el arco de fuerzas sociales y políticas que serán nervio y motor del movimiento. La crítica al modelo de desarrollo extractivo sustentado en la explotación del petróleo y la minería, el control de los recursos energéticos, el agua y la biodiversidad articulan dos temas fundamentales: la soberanía plena de los pueblos sobre su patrimonio nacional y la superación de la lógica capitalista del lucro y el mercado. En síntesis, la sociedad del futuro. La Asamblea Nacional Constituyente que sesiona en Montecristi, es un ámbito en el cual se dirime el rumbo a seguir.
En la figura de Rafael Correa se ha sintetizado el sentir transformador de la población, un fenómeno que precipitó en las organizaciones, los movimientos populares, sindicatos e intelectuales la discusión sobre los límites de la radicalización encarnada en la «revolución ciudadana». Con un 60% de adscripción de su pueblo, según diferentes encuestas, la iniciativa política está en manos del gobierno. La caracterización ideológica del presidente ha planteado polémicas entre las fuerzas revolucionarias. Es posible encontrar en su accionar ideológico, político y personal y en la composición del equipo de gobierno, el peso de las corrientes socialdemócratas y socialcristianas, de las ONG´s, la intelectualidad circulante en Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), organizaciones sociales, de izquierda y sectores empresariales. Sin embargo, la idea de un etiquetamiento estable y rígido no permite reflejar ni comprender el impacto que sobre los individuos y equipos ejerce la potencia de las fuerzas sociales en movimiento y el curso de la confrontación continental.
En el umbral de las definiciones conceptuales, políticas y organizativas que emanarán de la Constituyente las posiciones se tensan, en especial frente a los temas estratégicos y el escenario de las controversias se manifiesta tanto fuera como al interior del equipo de gobierno y sus instituciones.
Un tema que adquiere particular sensibilidad es la definición en torno a la integración regional, la cual oscila entre la aproximación al eje Brasil o el alineamiento con el proyecto bolivariano. El papel de la petrolera brasileña de capital mixto Petrobrás, es observada con recelo por sectores políticos y sindicales, por su línea expansiva y la conducta explotadora hacia los/as trabajadores, que no la diferencia de las prácticas de sus pares transnacionales.
Dos ejes están (4) en discusión en el gobierno de Correa: la ruta Este-Oeste, China-Brasil, Manta-Manaos. En ese sentido la clave está en la discusión respecto al centro hidrocarburífero Ishpingo-Tambococha-Tiputini, que contiene la más importante reserva de crudo pesado del país alrededor de mil millones de barriles-, ubicado en una de las principales reservas de biosfera del mundo: el parque Yasuní.
Brasil juega su propio lugar en América del Sur como poder hegemónico en el subcontinente, amplía su acción como aliado estratégico de Pekín, y Ecuador queda relegado a un plano carente de participación y sin identidad propia. Esta dirección seguida con antelación por los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio está en cuestión en la actual presidencia de Correa. Se trata del viejo sueño de la burguesía brasileña de acceder a un puerto en el Pacífico, controlar la cuenca amazónica ecuatoriana y dominar la economía. Petrobrás es un símbolo de la expansión en la perspectiva de construir corredores de salida y vías de circulación de mercancías, que permitan a la burguesía brasileña llegar hasta el puerto de Manta y alcanzar una posición dominante en la región.
Fernando Villavicencio (5) desmenuza el choque y entrecruzamiento de intereses al plantear que «cada vez que una compañía de EE.UU. tiene problemas en Ecuador, la embajada presiona; desde el sur es igual. Donde Petrobrás tiene conflictos, el gobierno presiona. Eso pasó durante el plebiscito en Bolivia durante el régimen de Carlos Mesa; la injerencia de Lula fue decisiva para doblegar los intereses de las organizaciones sociales que pugnaban por sustanciales reformas en materia de hidrocarburos. Los acuerdos suscritos por Mesa y Lula estuvieron orientados a defender los intereses de Petrobrás. En ocasión de la decisión soberana del gobierno de Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos en Bolivia, el canciller Celso Amorín manifiestó: vamos a defender a Petrobrás como defendemos a nuestra selección de fútbol.
Petróleo Brasileño S.A., Petrobrás, desembarcó en Ecuador en el año 2002 sin haber ganado licitación pública. El mecanismo fue una ilegal compra de derechos que la gigante argentina Pérez Companc tenía en los bloques 18 y 31 de la Amazonia ecuatoriana, proceso que generó un cuadro de corrupción sin precedentes en la historia petrolera nacional, como se desprende del informe de la Comisión especial creada por el ministro Alberto Acosta (actual presidente de la Asamblea Constituyente) en mayo de 2007, por pedido especial de los movimientos sociales para investigar la situación de la compañía, informe que concluyó recomendando al gobierno de Correa la inmediata caducidad del contrato del Bloque 18, y la reversión del campo Palo Azul (Palo Rojo) al Estado. En el material citado se despliegan argumentos elocuentes basados en datos objetivos: en octubre de 2002, Pérez Companc comunicó que había vendido el 58,6% de acciones a Petrobrás. La transferencia de acciones que incluyó el 100% de Ecuador TLC significó la cesión del 70% de participaciones del Bloque 18 y Campo Palo Azul y no existió autorización ministerial como exige la cláusula 16.2.1 del contrato de participación, el artículo 74 numeral 11 y el artículo 79 de la Ley de hidrocarburos. Así arribó Petrobrás a Ecuador, sin arriesgar nada».
El análisis de Villavicencio muestra como paradojas la manera en que Petrobrás compra el silencio de actores sociales y políticos, incluso de los más radicales; la petrolera financia eventos deportivos, sociales, políticos y culturales, auspicia publicaciones de líderes radicales de izquierda y hasta apoyó económicamente al propio Foro Social Mundial, un espacio caracterizado por denunciar el papel de las multinacionales y el neoliberalismo. No solo el horizonte ecuatoriano se juega en estos desenlaces, sino una visión de la unidad-integración suramericana y de América Latina y el Caribe en general. En definitiva, el rumbo del siglo: el interés de las burguesías y su competencia por la hegemonía. O el interés de los explotados y los pueblos: abatir el capitalismo.
El gobierno envió a la Constituyente, organizada en Mesas temáticas, un proyecto de ley orgánica para la recuperación de los recursos petroleros del Estado. El presidente Correa propuso desde sus discursos iniciales y como parte de una política ambiental general, la no explotación de las reservas de crudo del proyecto ITT (Ishipsingo-Tambococha-Tiputini), denominado Bloque 43 y ubicado en el extremo oriental de Ecuador dentro del Parque nacional Yasuní, a cambio del pago del 50% de los posibles ingresos que darían su explotación. La renegociación de los contratos con las compañías petroleras se inauguró el 21 de enero. El ministro de Minas y petróleos Galo Chiriboga, expresó su decisión de evitar que ciertas compañías puedan recurrir a un arbitraje internacional como el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi).
Es este el terreno donde las dudas apuntan a la decisión final de los constituyentes y del propio mandatario en cuanto a dar cuerpo legal a las demandas de los movimientos populares, las comunidades, organizaciones sindicales y sociales o por el contrario arribar a definiciones concertadas, concesivas y cosméticas que dejarán casi intacto el dominio del capital transnacional y la continuidad del saqueo y la contaminación ambiental.
El 30 de marzo, Correa asistió a una reunión del directorio de Petroecuador, donde se trató la posible exploración del Campo Petrolero Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), cuyas reservas han sido estimadas en 960 millones de barriles de crudo pesado. De acuerdo al informe de la Secretaría de Comunicación se establecieron alternativas para evaluar distintas definiciones.
1. la opción de dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. La medida será estimada si la comunidad internacional entrega al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo.
2. abrir la posibilidad de que la empresa estatal desarrolle el campo ITT con sus propios recursos. Petroecuador cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales que ha trabajado en el tema de manera sistemática a partir del descubrimiento del campo realizado por la propia empresa estatal. Esta propuesta debería considerar la posibilidad de emplear una metodología que permita una extracción anticipada del crudo pesado, cuya comercialización serviría para financiar la totalidad del proyecto.
3. la búsqueda de alianzas estratégicas. Se enfatizó que estas alianzas sólo se pueden cristalizar con empresas consideradas como estatales. Por lo pronto se cuenta con una propuesta de Memorando de entendimiento con Sinopec-Enap-Petrobrás; memorando que de ninguna manera conlleva compromiso contractual alguno. El informe aclara que esta iniciativa no niega la puerta a otras asociaciones estratégicas, como la que se ha conversado con Venezuela a través de su empresa estatal Pdvsa, en el marco de los convenios de cooperación suscritos con ese país. Hay, por cierto otras empresas estatales de diversas partes del mundo que han demostrado su interés. En esa línea de acción se puede rearticular un conjunto de alianzas, combinando las anteriores u otras nuevas.
4. no se descartó la convocatoria a licitaciones internacionales en las que participarían empresas estatales de probada capacidad técnica y económica, en el marco de un proceso público que garantice los mejores resultados al país, tal como establece el artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos.
Correa explicitó como requisito indispensable para que pueda llevarse a cabo la explotación del ITT, «que deberá observarse el máximo respeto a las normas y parámetros ambientales y sociales, a fin de minimizar los impactos directos e indirectos que podría originar el proyecto ITT en el Parque Nacional de la Biósfera Yasuní».
La viabilidad del modelo extractivo es una discusión abierta en Ecuador en una dimensión que trasciende la problemática en sí y sus actores particulares al traducir un pilar de la refundación del país con profundo impacto en América Latina y el Caribe (ver Foro petrolero y conclusiones).
En ese encuadre, el 30 de enero en la Mesa 5 de Recursos naturales y biodiversidad distintos especialistas trataron la Ley de minería. La Coordinadora nacional por la defensa de la vida y la soberanía, presentó el 16 de enero a los asambleístas reunidos en Montecristi un documento en el cual proponen que la Constitución garantice que «el pueblo ecuatoriano recupere para sí la propiedad absoluta y exclusiva, así como la titularidad patrimonial inalienable e intransferible del agua, biodiversidad, bosques, petróleo, minas, gas y demás recursos naturales, ubicados en el territorio de la República y en sus aguas territoriales». En la demanda de que Ecuador sea un país libre de minería a gran escala, reclaman «el fin de la persecución y enjuiciamiento a compañeras y compañeros defensores de la vida»; «investigar y sancionar los casos de violación de Derechos Humanos cometidos por las empresas transnacionales, grupos armados y la fuerza pública en los distintos puntos del conflicto minero en el país»; «redefinir e rol del ejército y la policía, que no pueden ser concesionarios mineros, ni convertirse en fuerzas de ocupación al servicio de las transnacionales extranjeras» (6).
Por su parte el ingeniero César Grefa, asambleísta del Movimiento indígena, presentó a la Mesa un texto del mismo tenor, resaltando que «según el ministerio de Energía y Minas el potencial minero del país es de 5 millones de hectáreas, sobre las cuales existen actualmente más de 4100 concesiones mineras, que afectan aproximadamente a tres millones y medio de hectáreas del territorio nacional; gran parte de ellas están localizadas en territorios indígenas, en zonas ecológicas biodiversas y ecosistemas frágiles amenazados».
Similar preocupación es planteada por la nueva conducción de la Confederación de nacionalidades indígenas de Ecuador (Conaie). A 20 años de su fundación el presidente electo Marlon Santi Gualinga (7) cuestiona la conducta de sus antecesores y se apoya en la experiencia de organización de su comunidad Sarayacu (Pastaza) que hace 75 años lucha por evitar el acceso de las petroleras y es ejemplo de conservación ambiental. Plantea retomar «los principales objetivos que han sido marginados por intereses personales que no obedecieron a las bases». Pesa sobre ellos el cogobierno con Lucio Gutiérrez que fracturara el movimiento con la cooptación de varios de sus cuadros, algunos hoy sospechados de corrupción. Frente a la revolución ciudadana en el socialismo del siglo XXI, plantea que si bien todos somos ciudadanos, cuando «se pregona igualdad y se piensa que no hay plurinacionalidad y pluriculturalidad, no se está ante un Estado incluyente». Es así que su demanda a la Constituyente es la consagración de un Estado plurinacional. Cabe recordar aquí las expresiones de Correa acerca de los riesgos que implica la existencia de un Estado dentro de otro Estado. Subyace aquí una cuestión de fondo que entrecruza la unidad del país, reivindicaciones ancestrales de las comunidades y los planteos autonomistas de la burguesía y oligarquías locales con soporte imperialista para romper la integridad territorial. La sombra de Guayaquil con su bandera autonómica está presente, igual que la ofensiva secesionista de los gobiernos de la media luna en Bolivia contra Evo Morales.
Con igual contundencia Miguel Guatemal, vicepresidente de la Conaie se pronuncia por una etapa que, caracterizada por el fortalecimiento y vuelta a los fundamentos iniciales, coloca la fecha del 22 de octubre como el momento en el cual se presentó la Nueva Propuesta Nacional en una marcha de 10 mil personas. Ecuador tiene 14 nacionalidades ubicadas en la Amazonia y la Costa bajo el régimen de propiedad colectiva de la tierra, y 18 pueblos asentados en la Sierra que han adoptado la propiedad privada individual. El 30 de enero la Confederación fue recibida en una audiencia por el Tribunal Contencioso Administrativo para tratar su petición de un recurso de amparo, contra la licencia ambiental otorgada a Petrobrás para operar el Bloque 31 dentro del Parque nacional Yasuní. La Conaie se encolumna en el rechazo contra las concesiones de la riqueza en minería y petróleo y denuncia los hechos ocurridos el 27 de noviembre de 2007, en la localidad amazónica de Dayuma, una estación petrolera al mando de los militares. La población, con experiencia de lucha frente a las mineras, se levantó por convenios no cumplidos y las protestas culminaron con una fuerte represión, encarcelamiento de 20 personas y acusación de «terroristas» a los manifestantes. La falacia dispensada como respuesta de que estaban disparando fue insostenible. Correa encaró una investigación, pidió disculpas ante la Asamblea e instaló una veeduría con participación del Ministerio de Justicia y sectores del movimiento de Derechos Humanos. No todos los sectores quedaron conformes con estas medidas.
Durante el último período ha crecido la resistencia a las transnacionales mineras y a los conceptos de minería sustentable como flagrante contradicción de sus términos, ante los efectos devastadores no solo en las comunidades desplazadas y empobrecidas, sino también en la desaparición de bosques, las lagunas secadas, las aguas contaminadas y los patrimonios destruidos (8).
Movimientos sociales y participación
La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana es un espacio en construcción, calificado así por su titular, la doctora Manuela Gallegos (9) al referir a un ámbito donde ha sido necesario la permanente rectificación a la par de los acontecimientos. En esta dependencia se desempeñan 53 personas y funcionan seis organismos adscriptos:
# Consejo Nacional de las mujeres (Conamu)
# Consejo de desarrollo de pueblos indígenas de Ecuador
# Corporación de desarrollo afro-ecuatoriano
# Consejo de desarrollo del pueblo Montubio de la costa ecuatoriana y zonas subtropicales de la región litoral
# Fondo de inversión social de emergencia
De acuerdo a su testimonio. cada Consejo cuenta con su propio reglamento pero ninguno de ellos, salvo el Secretario Ejecutivo Codae, que es nombrado directamente por el presidente, tiene una verdadera representación democráticamente elegida. Cita la doctora Gallegos el caso del Consejo Nacional de Mujeres (Codamu) que ha tenido, durante los últimos diez años, las mismas tres organizaciones en la dirección del Consejo, lo cual ha implicado las quejas de exclusión de otros grupos de mujeres. Algo similar ocurre con la Conaie que domina el Consejo correspondiente y ha desplazado a otras organizaciones indígenas que no han podido tener representatividad ni injerencia ni recibir ciertos beneficios. El problema que subyace a su entender es la fragmentación, la necesidad de unificar para una planificación nacional. El objetivo es evitar que los Consejos continúen convertidos en «mini-ministerios de pequeñas obritas que solucionan cosas aisladamente pero desde la visión del gobierno ya no pueden existir, porque en última instancia no garantiza el derecho de los pueblos.
El tema de la pluriculturalidad es otro de los ejes fundamentales en el debate de la Constitución. Entre otros temas, el 13 de abril el presidente y los asambleístas de Acuerdo País, debatieron en el Aula Magna de la Universidad Laica Eloy Alfaro en la ciudad de Manta (Manabí), plurinacionalidad y revolución ciudadana; la plurinacionalidad como un desafío para implementar la interculturalidad establecida en la Constitución de 1998. La relación entre clase-etnia es una discusión abierta en el marxismo latinoamericano. La construcción del Socialismo en el siglo XXI cuenta con un conocimiento acumulado en innumerables gestas populares, que permiten cimentar, desde una perspectiva revolucionaria, la lucha de clases con las resistencias a todas las formas ancestrales de opresión funcionales al capitalismo.
Un frente conflictivo se abrió en el Movimiento de mujeres y la Constituyente con las declaraciones vertidas por el propio presidente Correa al referirse a la despenalización del aborto como «eutanasia fetal» (10). Las organizaciones feministas y de mujeres se encuentran divididas frente al gobierno, han elevado sus propuestas a los asambleístas, pero afrontan un momento de debilidad. La presencia de la iglesia en la Constituyente es fuerte, la Conferencia Episcopal tiene designado un prelado como representante y sectores de pro Vida y el Opus Dei intentan afirmar sus preceptos. Hace dos años estos grupos no pudieron lograr la eliminación del aborto en los casos de riesgo de vida de la madre y violación a mujer demente o idiota vigente en el Código Penal. Y subraya que hay coincidencia en las encuestas en señalar que la población está partida frente a la perspectiva de legalizar el aborto. No vislumbran avances en la nueva Constitución, la relación de fuerzas marca que la disyuntiva está en no retroceder. Con convicción plantea que el desafío hoy es imbricar las luchas de género en un proyecto de construcción política capaz de contener esas reivindicaciones y las del conjunto de los movimientos que han cruzado las principales gestas populares.
Las organizaciones de mujeres reflejan las contradicciones generadas ante el fenómeno Correa (11). Los posicionamientos oscilan entre la abdicación de los temas de género en la Constituyente (posición asumida por el Movimiento Popular Democrático, de orientación maoísta e integrantes del gobierno) a las búsquedas de recomposición independiente que comenzaron a estructurarse en los últimos tres años en una mirada que contempla las relaciones de clase y género. La militante del feminismo señala que se trata del cierre de un ciclo que tuvo en el año 1996 su pico movilizador y político más alto y que se tradujo en conquistas en la Constituyente de 1998. A partir de allí sobrevino la crisis, debido a la búsqueda por parte de sectores del movimiento, de acceso a las instituciones, de mayores cuotas, sin cuestionar el sistema de poder.
La derecha busca reagruparse
El 24 de enero el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot convocó a una importante concentración bajo la bandera del localismo y las autonomías. Su magnitud cuantitativa no puede minimizarse. Los medios de comunicación repitieron casi en cadena el discurso altisonante y provocador de Nebot que marcó un alto nivel de confrontación. La derecha ecuatoriana, débil y desprestigiada desde la irrupción popular de la «rebelión de los forajidos» (que provocara el abandono del cargo del entonces presidente Lucio Gutiérrez el 20 de abril de 2005) y luego de las sucesivas derrotas electorales, ve en el alcalde alguna posibilidad de aglutinamiento. «Están en juego dos visiones del país, una centralista y confrontadora y otra autonomista y conciliadora», esgrimió Nebot, ubicando en la primera estimación al gobierno y la propia en la segunda. Por su parte, Correa inscribió la emergencia de Nebot en una estrategia regional para provocar, a través de la manipulación de las autonomías, la disgregación de los países; primero Bolivia, ahora Ecuador. Correa denominó el acto del alcalde como la «marcha del partido socialcristiano» y el inicio de la campaña por el referéndum constitucional.
En su cadena radial de los sábados enfatizó, que entre la oligarquía de Guayaquil y la de Bolivia, hay acuerdos firmados para llevar las autonomías a un separatismo que impida a los gobiernos progresistas, como los de Ecuador y Bolivia, hacer los cambios que la ciudadanía votó. De igual modo denunció que con una ley perversa del Banco Mundial se esquilmó al Estado ecuatoriano, otorgando cerca de 4000 concesiones mineras en el país, mientras que los concesionarios pagan al Estado 1.6 dólares por año, por cada hectárea concesionada.
El bombardeo mediático contra el presidente y su gobierno adquiere niveles de virulencia y descalificación, que remiten a casos similares en Bolivia y Venezuela. Un argumento repetido alude a la negativa del titular del ejecutivo a considerar la voz de los sectores claves de la sociedad. El 29 de enero, el presidente Correa mantuvo una reunión de siete horas con 50 grandes empresarios del país, en la cual expuso un Plan de Desarrollo con 36 estrategias para la producción y la generación de empleo. El mandatario planteó la necesidad de contar con «empresarios honestos, que generen trabajo, paguen impuestos y respeten el ambiente». «Una economía aclaró- con más justicia y equidad». Y recalcó que el sector productivo deberá asumir cuatro cuestiones: la ética con los trabajadores (salarios justos, pago de utilidades y estabilidad laboral); la ética con los consumidores (servicios y bienes de calidad a buenos precios sin aprovecharse de posiciones de poder monopólicas y oligopólicas); la ética con el Estado (pagando sus tributos y cumpliendo con sus obligaciones); la ética con el medio ambiente (cuidar la naturaleza y no fundamentar la rentabilidad en la explotación y destrucción del medio ambiente).
Foro petrolero
El 30 y 31 de enero se desarrolló en el Auditorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el Foro «Reformas políticas, económicas e institucionales en el sector petróleo y minero» (12).
Más allá de los ángulos priorizados y los matices de las visiones sobre el carácter y futuro de la explotación petrolera, un hilo conductor del encuentro fue el papel de la Constituyente en la opción de rumbos: maquillaje sin transformación real, o la nacionalización total de la industria y renta petroleras. Esta línea incluye la caducidad del contrato con Petrobrás; la nulidad en el caso de Repsol; la propiedad pública exclusiva como base para firma de nuevos contratos; el pasaje al Estado de los que terminan; ningún aliento a las empresas mixtas; contra la explotación de los Bloques 31 e ITT y zonas protegidas; acabar con la tercerización de más de 4000 trabajadores; propiedad inalienable de los recursos naturales no renovables; rechazo a los argumentos que esgrimen las dificultades de recursos y tecnología para abrir la puerta al capital extranjero; cuestionamiento a la postura de «la partida», 50% para cada parte, gobierno y empresa extranjera..
La semblanza de más de 30 años de historia mostró las distintas rutas del saqueo transnacional y aportó datos actuales en cuanto a las reservas, con un ritmo de producción de 4664 millones de barriles al año en el 2006. Los mecanismos de corrupción estructural quedaron expuestos ante el auditorio en todas sus variantes.
Los debates alcanzaron una profundidad no habitual, al tocar puntos que remiten al cuestionamiento del modelo de desarrollo implementado por décadas. Al poner bajo la mira, la noción misma de crecimiento ligada a los datos económicos de mercado, la crítica alcanzó al modelo neoliberal, sus marcos jurídicos y el funcionamiento mismo del sistema capitalista. La enumeración de la información objetiva y científica revela la contaminación del hábitat y las especies (incluida la humana), la proliferación de enfermedades provocadas por la industria del petróleo. Como paradoja, los datos que registran mayores cifras de pobreza están en las zonas petroleras, razón suficiente para plantearse otro modelo de desarrollo.
Miembros de la Coordinadora de Intag (zona minera de Cotacachi-Imbabura) denunciaron a la minería como el gran atraco del siglo XXI, la permanencia de una Ley minera diseñada por el Banco Mundial, la manipulación de datos de las grandes empresas mineras internacionales y sus lacayos locales para engañar acerca de la magnitud de los daños y la devastación de regiones, el papel del Estado como mero tramitador de concesiones sin control ambiental. Destacaron la conflictividad abierta con las 4500 concesiones ya entregadas, que equivale a tres millones de hectáreas, el fenómeno de la deforestación masiva y el inicio de la resistencia a partir de 1997.
La información aportada permitió quebrar mitos instalados, como la creación de empleo y la comprensión de que la minería no es renovable, por tanto no puede ser sustentable. A la pregunta relevante sobre cómo y cuándo usar los recursos, las propuestas se afirmaron en dos premisas: la necesidad de una nueva ley de minería que contenga la consulta independiente y el consentimiento de las poblaciones; estudios basados en la economía ecológica; principio de precaución y encadenamientos económicos locales. Y la gestación de otro modelo de desarrollo alternativo al extractivo petrolero y minero, ya fracasado, con el objetivo de generar riqueza para todos los ecuatorianos.
El segundo día de actividad abordó el tema de la Reestructura de la empresa petrolera estatal y puso en discusión el modelo de organización y gestión empresarial, los aspectos legales, administrativos, técnico operativos y financieros, las relaciones laborales, responsabilidad social y ambiental e investigación y desarrollo tecnológico. Incluyó la situación del sector petrolero colombiano y los mecanismos privatizadores que actuaron sobre Ecopetrol S. A.
Expusieron el ingeniero Héctor Yacid Vaca (Colombia), el presidente de la Federación de trabajadores de Petroecuador Diego Cano, la señora Lina Solano, el doctor Luis Aráuz, el doctor Iván Narváez, la economista Rocío Jiménez entre otros, y el cierre de la señora Paulina Arias, vicepresidenta del Comité de empresas de trabajadores de Petroproducción, filial de Petroecuador.
Los paneles ubicaron desde distintas dimensiones la realidad ecuatoriana, con 40 años de ser un país petrolero, esa producción representa el 42% del presupuesto nacional del Estado, pero desplaza un 50% de lo que obtiene al pago de la deuda externa. El 80% de la población se mantiene en situación de pobreza, el 10% se lleva el 53% de la riqueza, solo el 22% de los trabajadores/as está sindicalizado, el 40% sobrevive con actividades precarias. El salario mínimo es de 498 dólares con una canasta familiar que asciende a u$s 447 y el analfabetismo roza el 14%. El 99% de las exportaciones corresponde a materias primas de las cuales el 56% es de petróleo crudo y sus derivados. Algunas intervenciones reclamaron al gobierno y la Constituyente, la autonomía de Petroecuador, cambios en su dirección, que no ha sido tocada hasta el momento, la elaboración de una política petrolera, la consideración de las propuestas realizadas por el sector sindical y los trabajadores. La Armada tiene participación en Petroecuador, con figuras que han sostenido la defensa de la soberanía como pilar de la praxis del Estado.
Un debate quedó planteado en la agenda de las urgencias: la perspectiva de una civilización post-petrolera. Un disparador que encadenó nuevos debates conceptuales, como la superación de la larga pesadilla capitalista, la crítica a la noción de recurso en tanto categoría mercantil que está dentro de la lógica del capital, lo que implica explotar los bienes de la naturaleza hasta la extenuación, una práctica que trasciende el hecho de que se trate de empresas privadas o estatales. Una expresión vertida por el almirante Homero Orellano en su exposición al Foro quedó latiendo en la sala, y fue retomada luego la idea de que es la última oportunidad de una salida pacífica para el pueblo ecuatoriano.
El cierre contó con un amplio Plan de trabajo, encuentros y un Congreso nacional de organizaciones para el mes de mayo; difusión del documento final acordado; llevar adelante una acción nacional en distintos lugares y en la Constituyente durante la segunda quincena de marzo; el llamado a un Foro Latinoamericano y Caribeño el 2, 3 y 4 de mayo con una jornada para el 1º de mayo, Día internacional de los trabajadores/as. En la relación con el gobierno el consenso fue mantener una línea de autonomía y unitario con los movimientos sociales
El Foro plasmó en su desarrollo la unidad de un amplio espectro: sindical, asociaciones profesionales y movimientos sociales a quienes aunó en una toma de conciencia y accionar conjunto. Los contenidos son parte de los debates estratégicos de todo el continente.
El escenario político está dominado por el calendario electoral y las distintas fuerzas políticas se recomponen para ese momento. Sectores de Alianza País con posiciones coincidentes con estos análisis, ven en esa estructura al instrumento para avanzar en la transformación radical del país. Desde las posturas independientes se pretende reagrupar fuerzas dispersas para que las potencialidades de la Constituyente se salden en un verdadero «cambio de época» que inaugure el capítulo del socialismo del siglo XXI.
Las polémicas tienen como espejo la preparación de otra fase en la confrontación regional. Bolivia es hoy el eslabón de una escalada de beligerancia imperialista. La reunión de emergencia del Alba (Cuba-Venezuela-Bolivia-Nicaragua) el 23 de abril en Venezuela traduce la conformación de un comando político internacional para afrontar la nueva situación. Los tiempos demandan organización, conciencia y determinación revolucionaria.
(1).- El brazo de la Cía en Ecuador. Kinutto Lucas.
(2).- Vázquez Lola-Saltos Napoleón. Ecuador: su realidad. Fundación José Peralta. Edición actualizada 2007-2008, capítulo Política y poder.
(3).- Vanguardia; 29 de enero- 4 de febrero de 2008. Entrevista al almirante Homero Orellano, página 26.
(4).- Saltos Napoleón. Ecuador: peaje global. ¿De la hegemonía de USA a la hegemonía de Brasil?, capítulo 1, PH Ediciones.
(5).- Villavicencio Fernando. Ecuador: peaje global, capítulo 2: El petróleo en la ruptura del dominio unipolar.
(6).- Conclusiones generales de Diálogo por la vida. Coordinación nacional por la defensa de la vida y la soberanía. Enero de 2008.
(7).- El Universo, 28/1/08.
(8).- López. Edgar Isch. El cuento de la minería sustentable, artículo.
(9).- América XXI Nº 36, marzo de 2008. Ecuador debate su futuro. Albornoz Adriana-Camusso Cristina.
(10).- América XXI Nº 36, entrevista a Gayne Villagómez Weir, integrante del Movimiento de mujeres y del Polo Democrático.
(11).- América XXI Nº 36, entrevista a María Arboleda, miembro del Movimiento de mujeres.
(12).- América XXI Nª 36. Foro organizado por la Federación de trabajadores de Petroecuador, los Comités de empresas (Cenapro, Cetape, Cetaprin, Cenapeco) y las Asociaciones de economistas y profesionales de Petroecuador, la convocatoria invitaba a la discusión de propuestas y reformas constitucionales para el desarrollo del sector petrolero y minero del país. El lema estaba claro: Por la defensa de la soberanía nacional, el manejo sustentable de los recursos naturales, el fortalecimiento institucional de Petroecuador, el desarrollo nacional y el derecho nacional y el derecho a la vida de los pueblos. Las dos jornadas contaron con conferencias y paneles de expositores con posterior debate. América XXI integró uno de ellos. El primer día el tema versó sobre el rol del Estado y de la inversión privada en el sector petrolero. La nacionalización del gas y política minera en Bolivia. Con la inauguración del abogado Pablo Fajardo, reconocido defensor de la Amazonia las ponencias iniciales estuvieron a cargo de América XXI - Argentina, el doctor Eduardo Delgado, el licenciado Fernando Maldonado, el almirante Homero Arellano, el Embajador de Bolivia en Ecuador, el ingeniero Ariel Zárate, la doctora Alexandra Almeida, y el señor José Cueva entre otros, con las coordinaciones del licenciado Napoleón Saltos y la doctora María Augusta Carrera.
