La experiencia de lucha del pueblo boliviano está marcando en la actualidad uno de los puntos más altos del proceso político en América Latina que, junto con las experiencias revolucionarias de Venezuela y Cuba y los procesos de Nicaragua, Ecuador y otros países, marcan los nuevos horizontes del procesos de emancipación y liberación nacional. Los últimos diez años de la resistencia de las fuerzas sociales y políticas han tenido como resultado la emergencia de un gobierno encabezado por Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) que hoy ensaya nuevas utopías y caminos de esperanza para las grandes mayorías históricamente excluidas de la vida nacional.
La estrategia de las comunidades indígena-campesinas de los Andes bolivianos para conseguir la conquista de un espacio vital, para resistir las presiones de los enemigos coloniales o republicanos o para avanzar en sus posiciones, se ha basado en el control del agreste y accidentado territorio y en el cerco sobre los centros urbanos o, como en la actualidad, sobre las ciudades más importantes del país. Ya a finales del siglo XVIII los hermanos Katari cercaron e inundaron con cursos de agua las ciudades de La Paz y Sorata, poniendo en vilo a las poblaciones españolas y criollas.
Los movimientos sociales populares de Bolivia de la última década han perfeccionado esta estrategia de lucha ya no solamente para defenderse, resistir o evitar las agresiones de los nuevos poderes coloniales y oligárquicos, sino para conquistar el gobierno y fracciones de poder, expulsando a tres presidentes y derrotando al sistema político y de partidos neoliberales que desde los años ochenta tuvieron el control total de los mecanismos de poder.
La resistencia cultural de los pueblos originarios de Bolivia data del período colonial, en una memoria larga que recupera el anhelo de existencia armónica entre el cosmos, la naturaleza y el hombre y el control de distintos pisos ecológicos, y del período contemporáneo, en una memoria mediana y corta que incorpora las nuevas formas de la lucha de los pueblos contra la dominación del capital imperialista y de sus seguidores internos. Los pueblos indígenas andinos, chaqueños, amazónicos y del oriente boliviano, vinculados al trabajo de la tierra principalmente, son más del 50 por ciento de una población de diez millones de habitantes que, junto al 40 por ciento de mestizos, son la gran mayoría. Sin embargo, durante siglos han estado sometidos a la dominación y opresión del reino español durante la conquista y el coloniaje y al poder oligárquico-imperialista durante la ficción de república en los dos anteriores siglos. Ahora, iniciado el siglo XXI, se ha producido el gran levantamiento de los pueblos expresado en los nuevos movimientos sociales y populares que han hecho de Evo Morales Ayma su símbolo de esperanza y cambio.
Una particularidad de Bolivia en el contexto de América Latina y del Caribe, es que se han mantenido fuertemente las estructuras culturales ancestrales y tiene una población mayoritariamente indígena (especialmente aymaras, quechuas y guaraníes) concentrada en el occidente del país y expandida en todo el territorio boliviano.
La resistencia indígena-campesina y cultural ha enfrentado las formas más variadas de la explotación económica y la dominación social y política. La conquista europea impuso a los originarios el trabajo obligatorio en la minería y la agricultura para impulsar el capitalismo emergente y utilizó la cruz y los evangelios para sustituir el pensamiento y la cosmovisión propios. El despojo de la tierra fue uno de los aspectos más dramáticos en razón del desarraigo que significaba para millones de campesinos que social y culturalmente estaban vinculados profundamente a la misma, mientras que sus valores de equilibrio con la naturaleza, con el medio ambiente, con los recursos naturales y con sus ancestros eran extrañados a la clandestinidad.
El período republicano mantuvo estas características con el despojo de tierras de las comunidades y la concentración del poder económico y social en los sectores oligárquicos herederos del orden colonial en los siglos XIX y XX, mientras los pueblos resistían y mantenían latentes sus fortalezas culturales, su organización social y sus tradiciones de lucha anticolonial. Recién, después de la Guerra del Chaco (1932-1936) que enfrentó a Paraguay y Bolivia por presiones de las petroleras Shell Oil y Standard Oil, los pueblos indígenas avanzaron en la organización de sindicatos campesinos que demandaban derechos sobre la tierra y de participar en la vida pública. La Revolución Nacional de 1952 abrió un nuevo momento del proceso histórico al dictaminar la Reforma Agraria que alcanzó al occidente y centro del país, junto a la nacionalización de las minas y el voto universal, con la presión armada de las milicias mineras, fabriles y campesinas que derrotaron al ejército de la oligarquía minero-terrateniente.
El reacomodo imperialista en América Latina, en el período neoliberal de los últimos treinta años, tuvo como telón de fondo la hegemonía de los partidos tradicionales que hicieron de la democracia su instrumento de control político, para implementar las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que implicó el desmantelamiento de todas las empresas estatales, especialmente las vinculadas a la minería, el petróleo, la energía, las telecomunicaciones y los transportes ferroviarios y aéreos, que fueron entregadas a las transnacionales, así como la disminución de las responsabilidades sociales del Estado en los campos de la educación, la salud pública, los servicios básicos, en un proceso de privatizaciones generalizadas en estas actividades, con consecuencias muy graves para la gran mayoría de la población.
En los años noventa comenzaron a surgir, de manera aún dispersa, reacciones populares contra las políticas neoliberales, especialmente frente a la privatización trasnsnacionalizada de los recursos naturales fundamentales, como los hidrocarburos y los minerales y a la concentración de la tierra en grandes latifundios en las zonas más ricas del oriente boliviano, donde se instaló la oligarquía terrateniente. Estas reacciones se expresaron en la "Marcha Indígena por la Dignidad y el Territorio" protagonizada por los pueblos indígenas de las zonas bajas y en el movimiento político Conciencia de Patria, que impugnó las políticas de entrega de los recursos naturales y de las empresas estatales.
Tomando en cuenta estas experiencias históricas, el ingreso al siglo XXI marca los nuevos impulsos en las potencialidades de los pueblos y los movimientos sociales populares en Bolivia que, con características especiales ante el debilitamiento del movimiento obrero y sindical, han alcanzado nuevas formas, menos tradicionales y conocidas, para dar lugar a nuevas maneras de articulación cultural, social y política de resistencia y avance en sus luchas.
Es así que la dialéctica de las luchas reivindicativas, económicas y sociales se han mezclado de manera especial con las luchas de carácter cultural y político contra la discriminación, la exclusión y el extrañamiento de la vida pública de millones de hombres y mujeres. En el caso boliviano, ésta es una expresión de la larga historia de lucha por las tierras comunitarias en conjunción con la lucha por la identidad cultural de pueblos indígenas, que fueron invisibilizados por una cultura oficial basada en la racionalidad occidental hegemónica y negadora de otras perspectivas de conocimiento y análisis de la realidad. Este proceso de imbricar los aspectos económico-sociales con los culturales-simbólicos, ha tenido impactos inesperados en la última década boliviana.
La estrategia de la ocupación
La denominada globalización o mundialización unipolar, posicionada ideológicamente por los grandes medios y las industrias culturales y ante la crisis y la caída del bloque del socialismo real, impuso las nuevas formas de la dominación imperialista en América Latina y el Caribe en los últimos treinta años, siendo la lógica del capital transnacional la que se impuso de manera más violenta y descarada, para poner en mayor peligro y debilidad las potencialidades de nuestra región. El acompañamiento político, ideológico y cultural tuvo grandes impactos sobre importantes sectores de la población, lo que hizo casi invulnerable un esquema de poder y de dominación social y económica. Los medios de comunicación, con maneras muy sutiles y bajo el condicionamiento de la publicidad de las empresas petroleras, mineras, financieras, bancarias y comerciales transnacionales, junto a los intelectuales y los centros académicos y ONGs respaldaron con mucha energía estas orientaciones y este proyecto de dominación del capitalismo salvaje.
En Bolivia, la aplicación de las reformas de ajuste estructural, en el marco de las nuevas estrategias de dominación imperialista, tuvieron formas dramáticas y, en algunos casos, escandalosas. Los contubernios y la corrupción fueron las características del proceso llamado de "capitalización" o privatización de las empresas estatales y de los recursos naturales, aprovechando de un sistema político neoliberal de democracia controlada por los factores de poder económico interno y externo. Los partidos políticos conservadores consiguieron ocupar las instancias del poder e hicieron pingŸes negocios como es el caso del ex presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada, quien aprovechó de su condición política para apropiarse de los más importantes yacimientos mineros de Bolivia en asociación con grandes transnacionales de Canadá, Estados Unidos, Europa y Japón.
Las petroleras transnacionales como Repsol de España, Total de Francia, Petrobrás de Brasil, British de Inglaterra y otras menores se aprovecharon para hacerse de los recursos y reservas de gas natural más importantes de Sudamérica en condiciones tremendamente ventajosas; la Enron de Estados Unidos, de manera ilegal y tramposa, se apropió del monopolio del transporte de hidrocarburos para la exportación y el mercado interno en Bolivia; la Stett italiana controla las telecomunicaciones, otras empresas de Canadá y Estados Unidos manejan la energía eléctrica y los transportes ferroviarios fueron entregados a capitales chilenos.
La explotación de estos recursos mineros e hidrocarburíferos en los últimos diez años ha significado, para una economía débil como la boliviana con un producto anual de cuatro mil millones de dólares, la exportación de ganancias por más de doce mil millones de dólares, dejando en Bolivia menos del veinte por ciento de ese monto.
Por otra parte, este proceso neoliberal permitió que los grandes terratenientes bolivianos y extranjeros consoliden el control de la tierra en las regiones más ricas, impulsando una agricultura de exportación (de soya especialmente) en sociedad con capitales extranjeros, mientras millones de campesinos adolecen de mínimas condiciones para producir. La desigual distribución de la tierra es alarmante; en la región oriental de Bolivia (la zona agrícola más rica con alrededor de treinta millones de hectáreas) los ganaderos y terratenientes de la región, que no son mas de diez mil, controlan el 80% de la tierra, mientras que casi dos millones de campesinos tienen acceso al 20%.
El FMI y el Banco Mundial apadrinaron todo el proceso de despojo de las empresas bolivianas y de los recursos naturales, sobre la base del condicionamiento de su "apoyo" económico y financiero expresado en la canalización de la deuda externa en condiciones onerosas al país e inclusive controlando a la alta burocracia de gobierno con el pago de bonos y salarios extras al margen de la ley. El Banco Mundial se convirtió en socio de los emprendimientos, sacando grandes ventajas económicas y especulando con acciones de empresas especialmente mineras.
La democracia liberal se convirtió en el mejor instrumento político para asegurar el sistema de enajenación y saqueo de la nación, mientras que los grandes medios de comunicación (algunos de propiedad de consorcios internacionales) posicionaron en la agenda pública las bondades de la globalización capitalista y los intelectuales del sistema, apoyados por fundaciones europeas y norteamericanas, canalizaron la ideología enajenante repitiendo a los teóricos de Estados Unidos y Europa sin ninguna reflexión crítica y dejando en el olvido a nuestros propios teóricos e investigadores.
Por supuesto que todas las manifestaciones contestatarias y de rechazo a este nuevo orden impuesto fueron acalladas o restringidas a la marginalidad, bajo las denominaciones de retrógrados, populistas o fuera de la historia. Los sectores populares soportaron esta ofensiva sufriendo las consecuencias de la pobreza, la exclusión, la marginalidad y pagando todo el costo social de la aplicación del neoliberalismo conservador en nuestros países.
Las llamadas reformas de segunda generación, importadas del norte, aparentemente tendían a la modernización del sistema político, electoral, judicial y de regulación, pero tuvieron la única finalidad de conseguir ajustar todos los mecanismos que hagan imposible cualquier cambio que altere ese nuevo orden y busque desarrollar nuevas formas institucionales emergentes de las necesidades sociales de los sectores mayoritarios del país, manteniendo así la exclusión de los movimientos sociales y populares de toda posibilidad de protagonismo.
Evo Morales y la emergencia popular
Los movimientos campesino-indígenas de Bolivia han tenido una acumulación de lucha que viene de la resistencia anticolonial de los siglos XVII y XVIII y del siglo XIX, cuando se produjo la más descarada expropiación de las tierras de la comunidades con el pretexto de que debían ser sujetas a impuesto, a pesar de que la administración pública del país vivía del tributo indígena. Las revueltas indígenas se sucedieron desde finales de los 800 hasta entrado el siglo XX, con fuertes contenidos de reivindicación de la tierra y de lucha por la autodeterminación política y cultural enraizada en su vivencia cotidiana, las mismas que se redujeron con la Reforma Agraria de 1953, para reaparecer con mucha potencia desde los años '80.
El movimiento obrero ha tenido, asimismo, un proceso de auge político y sindical desde los años 1940 con los sindicatos fabriles y mineros primero, y luego con la organización de la Central Obrera Boliviana (COB) en 1952, que se convirtió en un poder social en el período revolucionario, hasta organizar la Asamblea Popular de 1971, antes del golpe militar del general Banzer Suarez. Posteriormente fue puntal en la lucha contra las dictaduras y por la apertura del proceso democrático, sin embargo, el impacto del neoliberalismo afectó profundamente a la Central que perdió paulatinamente su poderío por el desmantelamiento de los sindicatos, por el cierre de fábricas y de los centros mineros más importantes.
El proceso neoliberal en su primera etapa, se llevó por delante todas las manifestaciones sociales organizadas, situación que provocó, en los últimos diez años, una nueva forma de articulación de las fuerzas sociales en Bolivia, con un impacto final que tiró abajo todo el sistema político y de partidos vigente, así como el cuestionamiento integral del orden económico y cultural impuesto por el imperialismo en el país. El desarrollo de los movimientos sociales y el liderazgo de Evo Morales se fueron paulatinamente articulando, de manera tal, que actualmente en Bolivia se impulsa un proceso revolucionario con nuevas características y desafíos.
El proceso iniciado por el gobierno de Evo Morales es una recuperación fundamental de la iniciativa por las fuerzas nacionales y populares frente a la estrategia del capital transnacional que se impuso en el país, no solamente porque por primera vez en la historia del continente es un indígena el presidente de la República, sino porque se han abierto enormes perspectivas de cambio en Bolivia y, de manera coincidente al fracaso neoliberal conservador, en otros países de América Latina y el Caribe.
Un breve retrato de Morales, como referente de las estructuras de exclusión, pobreza y discriminación y al mismo tiempo de esperanza y dignidad, permite advertir los alcances de lo que significa el proceso de resistencia, lucha y proyección de un proceso como el que actualmente se vive en Bolivia por la fuerza de su pueblo.
Evo Morales Ayma nació hace menos de cincuenta años en una comunidad aymara muy pobre perdida del altiplano boliviano, fue pastor de ovejas y llamas, estudió en su comarca y adolescente migró temporalmente con su padre a la Argentina; poco después llegó a Oruro donde salió bachiller, se dedicó a tocar trompeta en una banda folklórica, para luego hacer el servicio militar en La Paz. Tuvo una vocación organizativa desde temprana edad, impulsando equipos deportivos y practicando el fútbol. Posteriormente, con la crisis agrícola y ganadera en el altiplano boliviano y por el cierre de las minas de la región, migró hacia la zona de producción de coca en el Chapare, donde se destacó como dirigente sindical.
A partir de ese momento, primeros años de los años ochenta, demostró sus cualidades de dirigente y líder de los sindicatos cocaleros, sector social que estuvo permanentemente perseguido y acechado, por la represión debido al auge del narcotráfico en la zona central y oriental de Bolivia, el que, utilizando la coca como materia prima, elaboraba grandes cantidades de cocaína destinada a los mercados de Estados Unidos y otros países de la región. Posteriormente, luego de huelgas, bloqueos y movilizaciones, los cocaleros consiguieron incursionar en la vida política electoral e hicieron de Evo Morales su representante en el parlamento nacional en 1997. En su gestión parlamentaria mantuvo siempre una actitud consecuente y un discurso crítico y de defensa de los sectores sociales de Bolivia frente a la oligarquía y el imperialismo. El sistema tradicional de partidos, advirtiendo su liderazgo y su potencial político, le inició un proceso legislativo para expulsarlo; como integrante de Conciencia de Patria, lo defendimos en la Comisión de ƒtica Parlamentaria.
Primero, con varias organizaciones cocaleras, colonizadoras, campesinas y de mujeres y con apoyo de ONGs, formó el Instrumento por la Soberanía de los Pueblos y luego consiguió la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS), que se convirtió en un articulador de varios movimientos sociales de carácter popular, alcanzando presencia nacional y disputando la presidencia de la República en las elecciones de 2002. En el contexto de los grandes avances de la resistencia de los movimientos sociales contra el orden neoliberal, desde el año 2000 con la Guerra del Agua, se fue consolidando como dirigente, impugnando radicalmente las políticas de los gobiernos de turno y representando a la población de los distintos sectores del país, sobretodo a aquellos de origen indígena-campesino que migraron a distintas regiones.
Desde las bases al gobierno
Los más relevantes movimientos sociales en Bolivia se fueron constituyendo en el proceso mismo de la lucha de resistencia al neoliberalismo, y se potenciaron al alcanzar triunfos frente a los mecanismos del poder oligárquico imperialista. La articulación política y social de las organizaciones se dio en la coordinación de acciones frente al enemigo común, partiendo de reivindicaciones diferenciadas y avanzando en la formulación de un programa conjunto en los momentos coyunturales de mayor importancia.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación de Trabajadores Colonizadores de Bolivia (Ctcb); la Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" (Fmcb-BS), las seis Federaciones de Cocaleros del Chapare, los sindicatos de Cocaleros de los Yungas de La Paz, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), las organizaciones gremiales de comerciantes, la Central Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), la Confederación Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y otras, son las formas organizativas más importantes de los movimientos sociales que en Bolivia han conquistado importante avances en su lucha por construir un nuevo orden social y cultural.
La Csutcb agrupa a los trabajadores campesinos de todas las regiones del país, particularmente a los del altiplano y los valles. Ha tenido una historia de resistencia a las dictaduras y defensa de los intereses campesinos desde los años setenta frente a las extorsiones de los comerciantes, al despojo de tierras y en defensa de sus afiliados. La disputa de su liderazgo en los últimos años ha estado marcada por la tensión entre quechuas y aymaras, situación que llevó al desplazamiento del aymara Felipe Quispe por el quechua Román Loayza y finalmente por el oriental Isac çvalos. Por su parte, la Confederación de Colonizadores, es una organización muy fuerte en las regiones donde en los últimos cincuenta años se han asentado campesinos de varias regiones del país, en la frontera con los grandes latifundios, habiendo generado un importante movimiento de campesinos sin tierra que han tomado tierras en el oriente y sur del país con varios asesinados entre sus miembros.
Las Mujeres Campesinas Bartolinas se han agrupado paralelamente a los sindicatos de hombres y tienen una organización muy extendida, con dirigentes de gran importancia que han alcanzado lugares destacados en la actividad parlamentaria y de la Asamblea Constituyente. Junto a ellas, las seis federaciones de cocaleros del Chapare, de donde surge Evo Morales, son una fuerza social muy poderosa no solamente por el control de territorios estratégicos de Bolivia, sino porque tienen una organización muy disciplinada y efectiva.
A nivel urbano, la potencia mayor de los movimientos sociales es la Fejuve - El Alto, con un poder de movilización de casi un millón de personas, con una fuerte tradición comunitaria andina y de los sindicatos mineros que han nutrido en migraciones sucesivas la base social de este sector. Su estratégica ubicación en las alturas de la ciudad de La Paz, sede de gobierno, le ha permitido asediar y cercar los poderes del Estado en los últimos diez años. Paralelamente existen Fejuves en las principales ciudades del país con una presencia importante en las coyunturas políticas. Asimismo, las organizaciones de comerciantes minoristas, informales y por cuenta propia, denominados los gremiales, por su número y organización, tienen un protagonismo importante en las ciudades principales.
Las emergentes Cidob, Conamaq y APG son organizaciones que han tomado mayor relevancia en los últimos años, con un fuerte sentido de reivindicación cultural de sus comunidades; su presencia y acción masiva ha estado relacionada con la lucha por la identidad, el territorio y la dignidad de sus miembros.
Desde el año 2000, cuando se produjo la Guerra del Agua en Cochabamba, se inflingieron importantes derrotas al neoliberalismo. En esa oportunidad, los campesinos, regantes, vecinos y cocaleros de la región, en batallas campales contra las fuerzas policiales y militares, prácticamente expulsaron a la trasnacional canadiense Bechtel que pretendía -como lo hizo en La Paz y El Alto la francesa Suez d«eaux- privatizar el control del agua que era administrada municaipal y comunitariamente, en el marco de un proyecto neoliberal que buscaba entregar a las transnacionales el control de todas las cuencas y fuentes naturales de agua en todo el país.
En las elecciones presidenciales del año 2002, el MAS, con Evo Morales como candidato, consiguió ubicarse en el segundo lugar a pesar de las millonarias campañas de los medios de comunicación en su contra y de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Jaime de la Rocha, quien acusó a Evo Morales de estar relacionado con el narcotráfico. Este hecho, vinculado con la movilización constante de las organizaciones sociales, multiplicó las formas espontáneas de acción de los sectores que prácticamente pusieron en vilo el orden existente con bloqueos de carreteras en todo el país, huelgas, tomas y manifestaciones de diverso tipo demandando la atención a sus reclamos particulares y rechazando las políticas sociales y económicas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que había nuevamente asumido la presidencia de la República.
El año 2003 fue marcado por la toma de las ciudades y las carreteras por los movimientos sociales. En febrero, ante el intento de aplicar reformas tributarias, se produjo un motín policial que tuvo como efecto un enfrentamiento armado entre militares que buscaban controlar el motín y los policías en la misma Plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno. El descalabro institucional, la debilidad del gobierno y la crisis política y económica del neoliberalismo, alcanzaron su mayor nivel en octubre de ese año.
La Guerra del Gas de octubre de ese año fue la manifestación más contundente de la fuerza de los movimientos sociales en Bolivia. Produjeron un levantamiento popular que tiró abajo el orden institucional y a los partidos políticos, derrotaron a las fuerzas militares y policiales, marcaron un programa de acción política y expulsaron a Sánchez de Lozada con masivas acciones iniciadas en los microgobiernos barriales y comunales en El Alto y el altiplano, y se irradiaron a todo el país.
El programa establecido era recuperar, mediante la nacionalización y la industrialización, los recursos hidrocarburíferos que fueron enajenados en favor de las petroleras transnacionales, así como recuperar todos los recursos naturales y las empresas estratégicas antes estatales. Asimismo, se determinó impulsar la realización de la Asamblea Constituyente que permita ejecutar transformaciones de fondo en la organización del Estado, para cambiar el orden excluyente de los sectores indígenas y populares.
En los dos siguientes años, los movimientos sociales tuvieron en jaque al sistema de poder expresado en las empresas petroleras transnacionales, los terratenientes, el Poder Judicial, el Parlamento, los medios de comunicación y otras instituciones, expulsando a otros dos presidentes: Carlos Mesa Gisbert y Eduardo Rodríguez Veltzé.
Hora de las decisiones
En diciembre de 2005 se produjeron las elecciones adelantadas y Evo Morales consiguió un histórico triunfo por mayoría absoluta con el 54 por ciento de la votación. Muchos dirigentes de las organizaciones sociales ganaron escaños en el parlamento y en las alcaldías municipales, y otros asumieron cargos en el nuevo gobierno bajo la consigna de la Revolución Democrática y Cultural.
Tan importante o más, el ascenso de Morales significó la recuperación de la dignidad y el protagonismo de millones de hombres y mujeres de los sectores que nunca antes pudieron posesionarse en los espacios materiales y simbólicos del poder tradicional. Sin embargo, el poder oligárquico imperialista no está totalmente derrotado; se mantiene en los sectores estratégicos de la economía, como son la banca y las finanzas, los hidrocarburos y la minería, el comercio de importación y exportación y la propiedad de grandes latifundios, en el Poder Judicial, con el control del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en el Senado Nacional, en los Comités Cívicos y Prefecturas de la región sur y oriental del país, en los grandes medios de comunicación privados y en la Embajada de Estados Unidos.
El gobierno y los movimientos sociales avanzaron sustantivamente en la parcial nacionalización de los hidrocarburos con la firma de nuevos contratos con las petroleras, en la recuperación de centros mineros y la fundición de minerales de Vinto, en la reversión de tierras de los latifundistas, en el proyecto de redistribución de tierras, en la formación de empresas estatales binacionales con Venezuela y en la realización de la Asamblea Constituyente.
La Asamblea Constituyente inaugurada en agosto de 2006 se ha mantenido estancada y a punto de fracasar, debido a las incongruencias legales aceptadas por el equipo político y legal de Evo Morales en su convocatoria. La convocatoria determina que todas las decisiones fundamentales de la reforma constitucional deben ser adoptadas por dos tercios de votos, magnitud que de ninguna manera podía alcanzar el MAS debido a que en las circunscripciones uninominales se eligieron dos representantes por mayoría y uno por minoría, lo que abrió un cuadro favorable a las fuerzas neoliberales que adquirieron el derecho a veto al conquistar más de un tercio de delegados. Asimismo la condición de originaria y plenipotenciaria demandada por los movimientos sociales fue paulatinamente convertida en derivada del actual Poder Legislativo, donde la oposición al gobierno tiene mayoría en el Senado Nacional, el que ha condicionado la prolongación de sesiones de la Asamblea a someter a su decisión las preguntas del Referéndum aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado.
En este contexto, los movimientos sociales han desarrollado innumerables acciones colectivas destinadas a presionar a los constituyentes para avanzar en el proceso de cambios y transformaciones, pero han enfrentado el resurgimiento de fuerzas reaccionarias desde las Prefecturas, Comités Cívicos, Medios de Comunicación y Partidos neoliberales que han provocado el empantanamiento del máximo evento.
Los grandes temas de debate en la Constituyente están relacionados con el carácter plurinacional del Estado que abriría las posibilidades a la autonomía de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que se plantean las autonomías departamentales que lindan con posiciones federalistas y separatistas, en las regiones ricas en hidrocarburos y con grandes latifundios, que son impulsadas por las oligarquías locales. Aquí las presiones indígenas han impedido que los afanes separatistas alcancen a ejecutarse.
Otro tema del debate se relaciona a la soberanía sobre los recursos naturales, en el sentido de si podrán ser administrados por las autonomías indígenas y departamentales o por el gobierno central, en tanto que aún existen posiciones encontradas en relación a si el Poder Legislativo quedará formado por una sola Asamblea Nacional o por las Cámaras de Senadores y Diputados.
En la agenda han sido incorporados otros dos aspectos que han marcado el empantanamiento. Uno de ellos es el proyecto de reelección del Presidente de la República, frente al cual la oposición ha cerrado filas para impedir la renovación del mandato de Evo Morales. Otro ha sido el de la propuesta de cambio de la sede de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, actualmente asentados en La Paz, hacia la capital oficial de Bolivia, la ciudad de Sucre. Este problema fue hábilmente utilizado por la oposición precisamente para frenar o condicionar a la Asamblea.
Este tema ha abierto antiguas rivalidades históricas que provienen de la Guerra Civil de 1899, cuando a través de un enfrentamiento militar, la oligarquía liberal de La Paz, con el respaldo del movimiento indígena de Zárate Willca, consiguió trasladar la sede de gobierno derrotando a los conservadores tradicionales del sur. Willca fue ajusticiado por los liberales cuando demandó el cumplimiento de reconocer derechos básicos para su pueblo.
Hacia la unidad de América Latina y El Caribe
La iniciativa de los movimientos sociales bolivianos, marcada por una efectiva guerra de posiciones que logró doblegar y derrotar a los gobiernos neoliberales, aun adolece de una perspectiva estratégica y un proyecto político que no se encierre en el territorio boliviano, sino que sea capaz de abrir el horizonte de la integración antiimperialista de América Latina y el Caribe. Las iniciativas estadounidenses y de sus aliados externos e internos, han declinado momentáneamente y se abre una amplia posibilidad de liberación nacional en América Latina y el Caribe.
Los diseños geopolíticos de la Comisión Trilateral y del Consenso de Washington, junto a los Tratados de Libre Comercio TLC y el Alca, al iniciarse el siglo XXI, han caído en desgracia y las posibilidades y márgenes de acción del imperialismo son limitadas, lo que no significa que los recursos con que cuenta el sistema de dominación semicolonial se hayan agotado. De ahí que los avances políticos conseguidos en varios países deberán ser consolidados y coordinados para formar un frente común de resistencia y avance.
El estudio y la recuperación de las experiencias de resistencia y triunfo de los pueblos de América Latina y el Caribe, en los dos últimos siglos, deberán estar en la agenda inmediata, junto al rescate de los grandes pensadores de la unidad, la integración y la revolución latinoamericana y caribeña. La guerra de la independencia del siglo XIX tiene su secuencia en la Revolución Mexicana, la resistencia del Ejército de Sandino, los procesos nacionalistas de Guatemala, Argentina, Brasil y Bolivia, la Revolución Cubana y los actuales procesos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador.
Los pensadores de la emancipación latinoamericana desde Simón Bolivar, José de San Martín, Manuel Gonzales Prada y José Martí, siguiendo con Manuel Ugarte, Rufino Blanco Bombona, José Carlos Mariátegui, Jorge Abelardo Ramos, Carlos Montenegro, Florestan Fernández, Darcy Ribeyro, Ruy Mauro Marini, Pablo Gonzáles Casanova o René Zavaleta deberán ser rescatados en su máxima dimensión, tanto para el conocimiento de nuestra realidad, como para desarrollar las potencialidades históricas de nuestra América.
Los aportes prácticos y teóricos de los movimientos sociales en América Latina, en las últimas décadas, han mostrado que las capacidades creativas de los pueblos que luchan por la liberación son infinitas. Los zapatistas de México, el Movimiento Sin Tierra del Brasil, los piqueteros y sindicatos de la Argentina, los indígenas de Guatemala, Ecuador y Bolivia, los barrios y vecinos de Venezuela y la República Dominicana y otras diversas manifestaciones populares, son el testimonio de historia actual de un futuro de dignidad para todos los seres humanos.
Las formas de coordinación directa, los foros sociales mundiales y regionales alternativos, las articulaciones sectoriales y temáticas han permitido la circulación de valiosas experiencias en la acumulación histórica de los pueblos de América Latina y el Caribe. No se trata solamente de la importancia de los medios utilizados para romper el esquema de poder, sino también de rutas históricas comunes que se van recuperando sobre la base de la misma experiencia de opresión, mirando un futuro horizonte de integración y solidaridad.
En la experiencia boliviana, la tradición cultural de los pueblos originarios ha marcado los rasgos propios de la historia presente y ha dado resultados en la resistencia a los sistemas de dominación colonial e imperialista y, ahora, en la construcción de un nuevo proyecto de sociedad y de vida. El control efectivo y geoestratégico de los territorios, la intensa relación entre tierra, naturaleza, hombre y cosmos, la rotación de cargos o democracia de rotación del poder, la asamblea, solidaridad, la reciprocidad y la redistribución de la riqueza del modelo del ayllu o comunidad, están presentes en los debates de las nuevas formas de construcción de la sociedad y el Estado.
El nacionalismo indígena de Evo Morales consiguió articular un abanico de fuerzas sociales oprimidas de Bolivia para enfrentar y derrotar políticamente al bloque oligárquico imperialista. Los movimientos sociales han sido y son el sustento fundamental de la formación de un nuevo bloque histórico que está en construcción y deberá articularse en un proyecto de liberación nacional que implique la integración con los pueblos de América Latina y el Caribe.
La Paz, octubre 2007
(*).-Eduardo Paz Rada, licenciado en Sociología Umsa, Bolivia
