El auge y declinación del espejismo neoliberal provocó sinuosos acomodamientos y resistencias en el movimiento sindical. Por décadas el peronismo expresó mayoritariamente un punto de unidad social y política, bajo la iniciativa ideológica de la burguesía. La centralización en una sola Confederación General del Trabajo (CGT) fue una clara manifestación de este fenómeno, que tuvo como contraparte la sujeción política al aparato estatal. La CGT, ya sea bajo su expresión conciliadora como combativa, mantuvo el control del movimiento obrero. Pero eso es cosa del pasado. Ahora la confusión y dispersión predominan y ponen su signo distintivo en el panorama político argentino.
Fracturas, reagrupamientos, tentativas de unificación, con resultado dispar de los últimos años, indican que está en crisis un sistema que dominó durante medio siglo la historia sindical argentina. El ciclo iniciado con las conquistas de las libertades civiles y democráticas en 1983, luego de la dictadura militar, marcó una transición inconclusa en la búsqueda de una nueva identidad sindical y política de la clase trabajadora. La debacle económica, política e institucional de diciembre de 2001 abrió un nuevo escenario de desplazamientos.
Ahora, después de mucho tiempo de total retracción, la lucha por la renta se instaló en el escenario político con un saldo de significativas conquistas para los trabajadores/as. En los dos últimos años irrumpió la lucha reivindicativa salarial en Argentina, sin grandes conmociones y sin romper lanzas con el gobierno. El martes 3 de abril del corriente año en la provincia patagónica de Neuquén, el asesinato de un trabajador docente, causado por la represión policial a una movilización por reclamos salariales, marcó un quiebre en esta dinámica. Los reclamos de los maestros tuvieron como epicentro más relevante y simultáneo a las provincias de Santa Cruz, Salta, y Neuquén. La contundente marcha desplegada en todo el país y en todos los niveles de la educación, la huelga general de la CTA y el paro de una hora de la CTG pueden significar un punto de inflexión en el carácter de las luchas sindicales y políticas de los trabajadores/as en Argentina.

Génesis de una decadencia
La devastación operada en la década de los 90, con la destrucción de conquistas históricas, contó con la complicidad de las cúpulas sindicales. Los sindicatos que expresaban los sectores más concentrados del capital obtuvieron beneficios como moneda de cambio a la adaptación al gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Mantenimiento de prerrogativas corporativas como el monopolio de la representación sindical por la personería gremial; integración a las listas del PJ; la participación directa en el negociado de las privatizaciones de las empresas del Estado (Programas de Propiedad Participada); reforma previsional; seguro por accidentes de trabajo. Los llamados “gordos” en la jerga cotidiana, o también “sindicalismo empresarial” contenían al grueso de los gremios industriales como petroleros del Estado; Federación Argentina de Luz y Fuerza; mecánicos y metalúrgicos, además de Ferroviarios, Federación Argentina de empleados de Comercio y servicios. Los beneficios para las cúpulas dirigentes se extendieron a un trofeo mayor: las obras sociales sindicales. El peronismo bajo la conducción de Menem operó en el salvataje de los quebrantos. Por la ley 24070, el Estado, con apoyo directo en muchos casos del Banco Mundial, asumió las deudas de los sindicatos y las obras sociales contraídas en el lapso de 1989-1991.
A comienzos de marzo de este año se abrió un nuevo capítulo en la contienda. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que otorga a la CTA un lugar en el directorio de la obra social de jubilados (Pami), lo que equivale a compartir con la CGT ese ámbito decisorio. La ley, que deberá discutirse en Senadores, provocó divergencias al interior de la CTA, al punto que en los debates parlamentarios dos de sus diputados actuaron en contraposición: en un caso Edgardo Depetri, con identificación plena con el actual gobierno votó a favor y en el otro, Claudio Lozano lo hizo en contra, fundamentando su conducta en la imposibilidad de que los trabajadores elijan a sus representantes a través del voto directo. Por su parte la CGT acciona para impedir una resolución positiva en la Cámara alta.
La desregulación de las obras sociales implicó, a partir de 1997, la posibilidad de cambiarla una vez por año como parte del plan de reformas impulsado por el Banco Mundial. El aporte (del 9% en la actualidad) es un porcentaje fijo del sueldo. En realidad este mecanismo significó un paso en el proceso de privatización de la salud. Las OS realizaron acuerdos con prepagas (nivel asistencial privado) y se propusieron captar a los sectores de asalariados con ingreso más elevados, ofreciendo planes de salud mejores o directamente los servicios de las empresas de la medicina privada. Está en discusión una propuesta para pasar de obra social una vez por año (como es ahora), pero solo durante tres meses prefijados.
A contramano de este fenómeno, el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Sutegba), mantiene cautiva en su obra social, OSBA, a toda la masa asalariada, incluida la profesional, que se ve así impedida de formalizar otra opción. Esta situación diferenciada, expresa acuerdos de reciprocidad entre las distintas jefaturas de la Capital y el poderoso sindicato municipal.
El tema de las OS es crucial en toda perspectiva de forjar un nuevo sindicalismo. Está ligado a un cambio de raíz en la cultura, signada por deformaciones y corruptelas que han desvirtuado el papel de la organización sindical de la clase trabajadora. No es solo un problema de la burocracia sindical, es un dilema que tienen por delante las corrientes que propician formas de recomposición sindical.
En Crítica de Nuestro Tiempo nº 6 de julio de 1993 (1) los médicos Rubén Espinosa y Alfredo Facelli analizaban en referencia a la reconversión de las obras sociales de los 90: “(..) la nueva oligarquía financiera desarrolla un proyecto que nada tiene de ingenuo y que, por el contrario, se aprovecha de las fisuras congénitas que el sistema presenta: un aporte asentado en los bolsillos de los trabajadores, la recaudación en manos de una dirigencia sindical burocratizada y corrupta, la falsa representación que en ella tienen los afiliados, prestaciones asistenciales cuando menos ineficientes y trabadas en manos de las empresas privadas y/o la corporación médica, las que han reproducido hasta el infinito el mercantilismo, la biologización y el individualismo característicos del Modelo Médico Hegemónico, etc. Por supuesto, lo que se propone no es resolver la esencia del problema, sino cambiar de manos la caja de la recaudación -de los sindicatos a las empresas de seguro- y que ésta recaiga aún más en los bolsillos de los trabajadores y, al mismo tiempo, promover y facilitar la concentración en el sector de los prestadores de servicios privados”.
Las OS bajo el ropaje de conquista de los trabajadores, trazan una historia que, emergente luego de 1955, implicará la entrega de la asistencia médica de la mayoría de la población a la medicina privada, a sabiendas de que los sindicatos no podían por sí mismos resolver la cuestión asistencial. Es así que desde su génesis misma, las OS se constituyen como meros entes financieros de las prestaciones médico-asistenciales, las cuales adquieren de esa forma un profundo sentido mercantilista. Un proceso antagónico sería con una visión de sistema de salud integrado, público y gratuito.
No hay duda que un proyecto de esta envergadura no puede concebirse de manera aislada, sino como parte de un programa y una propuesta de país que rompa con la lógica capitalista y que esté consustanciado con un compromiso de unidad suramericana. Allí está la brújula de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), que busca la integración de los pueblos en todos los planos de la resolución de sus necesidades de manera complementaria.
No obstante, cabe pensar en una transición que ponga en cuestión el mercado de la salud. Es tarea de dirigentes sindicales y activistas gremiales que asumen de verdad la defensa de los intereses de los trabajadores/as, tomar en sus manos el debate y encontrar las vías de ruptura con ese punto de alienación mercantil. El tema provoca revulsivo porque en la mayoría de los casos son los propios trabajadores quienes se aferran a una idea de la salud según cartilla de hotelería cinco estrellas, con argumentos que tienen en su base objetiva las limitaciones y el colapso de la salud pública.
A comienzos de los 90 uno de los desenlaces del desmantelamiento industrial, la implantación de la flexibilización laboral, fue el punto de inflexión y ruptura en la estructura unitaria de la CGT. En el marco de la resistencia al avance del capital sobre las condiciones de existencia de la clase trabajadora, tuvo lugar el nacimiento del Congreso de los Trabajadores Argentinos en 1992. Cuatro años después esta instancia política sería definida como central sindical. Pero antes, puso en cuestión debates aún vigentes: la construcción de una nueva identidad política, el significado de la democracia sindical y la revisión crítica del modelo vigente.
Como parte de la confrontación al peronismo de Menem y conformada con la preeminencia de los sindicatos estatales, el CTA dio lugar a la afiliación de los desocupados y las distintas modalidades de trabajo informal y tercerizado, consecuencia de la masificación del desempleo y la precarización laboral.
Otra corriente se escindiría de la CGT, liderado por sindicatos del transporte (UTA), camioneros y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y constituyó el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Esta y otras corrientes menores alcanzaron un pico movilizador con la Marcha Federal del 6 de julio de 1994 (2).
En el centro de estos movimientos estaba el tránsito de la resistencia economicista a la iniciativa política. La relación de la lucha sindical y la lucha política plasmó en un recorrido errático en el cual dirigentes de la CTA se integraron al Frente Grande-Alianza para dar lugar al calamitoso gobierno de Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez, que tras sancionar días después la flexibilización laboral, recorrió en pocos meses el camino hacia el colapso que terminaría con su caída en diciembre de 2001. Si bien las centrales sindicales habían convocado a un paro nacional para el 13 de diciembre, las dirigencias sindicales estuvieron por detrás del fenómeno y los trabajadores no estuvieron presentes como clase, sino que su participación se desplegó en el conjunto del pueblo en la calle.
La recuperación del esquema político institucional (que se encontraba quebrado, igual que la estructura de partidos), por parte de la clase dominante tuvo una primera etapa con el gobierno de Eduardo Duhalde. Significó una instancia de paréntesis y de espera en el campo sindical. Pero será la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia el 25 de mayo de 2003, el elemento motorizador de un nuevo ciclo de realineamientos del sindicalismo en general y peronista en particular. En 2004 se produce la reunificación de la CGT, solo formal y atravesada por una lucha fraccional de las partes componentes. El internismo se precipitó una de sus vías fue el antagonismo por la cooptación de asalariados entre distintos sindicatos. En verdad se trataba de la pelea por el ingreso a las arcas sindicales del descuento por obra social y cuota sindical que realizan por recibo de sueldo los empresarios. Sus protagonistas principales fueron los sindicatos de Camioneros, Construcción y Comercio. El grado de adscripción al gobierno fue otro detonante. En el caso de la CTA, provocaría posiciones fracturadas. Hugo Moyano, titular de la CGT definió un claro alineamiento con el presidente Kirchner y su proyecto de capitalismo desarrollista. El gesto fue correspondido desde el oficialismo. Una de las consecuencias ha sido la negativa, hasta la fecha, de otorgar personería jurídica a la CTA y preservar el privilegio a la CGT. En el cuadro de tensiones (ya que ambos organismos sindicales cuentan con representantes en diferentes instancias del aparato estatal), la CTA obtuvo la concesión de integrar el Consejo del salario a la par de la CGT.

Reaparición de la lucha salarial
El proceso de reactivación iniciado en 2002, tras la debacle del gobierno de la Alianza, tuvo múltiples implicancias. Afincado en una brutal devaluación del 400% que benefició a sectores empresariales, significó la disminución de entre un 25 y un 50% del salario real de los trabajadores, pero también permitió, al retomarse la actividad económica, recuperar niveles de vida violentados en el período anterior. Mientras la implementación de una gigantesca red de políticas asistenciales para millones de marginalizados permitía su cooptación política masiva, la mayoría de los asalariados buscaron, después de una larga y temerosa pausa, recuperar sus niveles de ingreso real.
Inicialmente salieron con sus demandas los gremios docentes, estatales, de la salud, postergados durante las décadas precedentes. Entre mediados de 2004 y 2005 se desarrollaron distintos conflictos sindicales que, aunque de manera desigual, expresaban participación de las bases, con nuevos liderazgos: telefónicos, subterráneos, hospitales, encabezados por comisiones internas y seccionales ganadas a las estructuras burocráticas. Desde el plano institucional, se verificaron cambios de conductas: el ministerio de Trabajo reconoció en no pocos casos a estas agrupaciones surgidas al margen de las burocracias. Así se pusieron en debate los nuevos convenios colectivos de trabajo. Pero con esto, en un rápido movimiento reflejo, la burocracia retomó la iniciativa. Un ejemplo claro fue el caso del sindicato de los mecánicos (Smata), que se puso a la cabeza de los reclamos y paró la planta de Ford.
Este sector sindical, aunado con el que conduce la CGT y encabeza el camionero Hugo Moyano, condujo a la aceptación de un techo para los aumentos salariales, pactado con el gobierno, del 19% para el año 2006. Pese a esta limitación, las peticiones de los trabajadores mostraban el estallido de la flexibilización laboral. Vale como ejemplo los conflictos telefónicos (2005-2006) en los que introdujeron temáticas como la inclusión de los trabajadores/as tercerizados y los que se desempeñan en los call-center en las discusiones de convenio. La recuperación de la reducción de la jornada a 6 horas diarias por trabajo insalubre fue también un logro alcanzado por el gremio de subterráneos.
Se trataba de reinstaurar conquistas perdidas en la ola privatizadora de los 90 y de poner en evidencia las múltiples modalidades de precariedad laboral utilizadas por las patronales. Un mecanismo que actuó eficazmente para la división interna de la clase trabajadora. La experiencia de los obreros industriales tuvo en casos como Papelera del Plata desarrollados en 2005 y 2006 en Zárate (región fabril de la provincia de Buenos Aires) la particularidad de ser protagonizada por jóvenes generaciones que chocaron con el trabajo flexibilizado y enfrentaron los despidos. Los petroleros de la localidad de Las Heras, en la provincia patagónica de Santa Cruz, reclamaron en febrero de 2006 el aumento del mínimo no imponible. Los conflictos mostraban que era necesario pero también posible recuperar en parte el poder adquisitivo del salario.
Para fines de 2005 la disminución de la movilización, el control burocrático, la despolitización y fragmentación de la clase obrera, permitió a las cúpulas sindicales actuar como gerentes del Estado y las empresas frente a los trabajadores.
En el primer trimestre de 2007 las discusiones paritarias no han superado de manera significativa los parámetros propiciados por el gobierno (15%) y fueron manejados por las direcciones sindicales sin real conflictividad en los gremios industriales concentrados en la CGT. En el caso del sindicato telefónico de Capital el reclamo llegó a 25% de aumento.
Han sido los sectores docentes y de la salud, quienes encabezaron las mayores demandas salariales, en especial en las provincias sureñas y del norte del país. En algunas regiones se registran altos indicadores de desigualdad y carencias acumuladas por décadas. La Patagonia (Santa Cruz y Neuquén) y la norteña Salta, concentraron los picos más altos de convulsión, motorizados por los empleados estatales y en particular por el gremio docente. Fue la Asociación de Trabajadores de la Educación neuquina (Aten), la protagonista de una jornada trágica con el crimen del profesor de química Carlos Alberto Fuentealba, a quien un policía disparó una granada de gas lacrimógeno directo a su cabeza. Con el cerebro destrozado el desenlace fue su muerte casi de inmediato.
El empleo de la violencia represiva es habitual en la provincia manejada por el gobernador Jorge Sobish, del Movimiento popular Neuquino (MPN), un aliado de la dictadura militar de 1976, defensor de las políticas económicas llamadas neoliberales y candidato a presidente en la contienda electoral de este año, en un arco compuesto por figuras de la derecha conservadora y empresarial. Hace diez años un 12 de abril de 1997, en la ciudad neuquina de Cultral-Có, una joven de 24 años que se dirigía a su trabajo, Teresa Rodríguez, fue muerta en una violenta represión de la policía. Ella recibió un balazo calibre 9 mm en la cabeza. Los docentes habían levantado un piquete en la ruta 17 en reclamo por la rebaja de sus salarios, con el apoyo de todo el pueblo. En aquel momento gobernaba la provincia otro representante del MPN, Felipe Sapag. Ese homicidio fue repudiado por todo el país y un movimiento de desocupados tomó en nombre de Teresa Rodríguez.
Por su parte el sindicato docente cuenta en su recorrido de las últimas décadas, con el enfrentamiento sistemático a las políticas educativas privatizadoras, que impidió en su momento la implementación de la ley de Educación de los años 90.
Las luchas en Santa Cruz, verdadera antesala de las jornadas neuquinas, tuvieron como ingrediente el hecho de producirse en un ámbito que es residencia del presidente Kirchner y donde fuera varios períodos gobernador. La iglesia a través del obispo Juan Carlos Romaniú articuló, en una primera fase, un bloque opositor a partir de la protesta de los maestros en reclamo de un incremento del salario básico que cubra la canasta familiar ($ 2200). Hoy el básico se sitúa en $ 161. Sobre esa cifra se calculan los otros montos remunerativos que integran el salario docente, como el título, la antigüedad y el plus por zona. En cambio, el salario de bolsillo se compone de un monto fijo no remunerativo de 600 pesos, y uno de presentismo de 250.
Junto a los estatales nucleados en una Mesa de Unidad (integrada por la CGT y la CTA), reclamaban la realización de paritarias, suspendidas desde 1991 durante la gestión de Kirchner, cuando la provincia fue declarada en “emergencia económica”. El agravamiento de las medidas huelguísticas y la decisión del gobernador santacruceño Carlos Sancho de enviar fuerzas de gendarmería a los establecimientos escolares, produjo un estado de tensión tal, que motivaron un hecho de notable contenido político: la ausencia del presidente en el acto por los 25 años de la guerra de Malvinas en Ushuaia, Tierra del Fuego, ante la presunción de protestas docentes en rutas y calles.
Un nuevo cuadro de situación quedó diseñado a partir del crimen de Fuentealba. Luego de seis años, las dos centrales sindicales lanzaron un accionar de frente único con una huelga general; por 24 horas y con movilización en todo el país la CTA y de una hora la CGT.
Las demandas neuquinas constituyen, junto a las de Santa Cruz y Salta, la punta de lanza de un programa reivindicativo salarial que denuncia el trabajo precario e ilegal (con sueldos básicos misérrimos) y desenmascara el desmembramiento educativo producido por la legislación votada durante el gobierno de Menem y que la nueva ley de Educación, aprobada un año atrás, no ha superado. La promoción de la ley actual tuvo como figura clave al actual ministro de Educación y candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente para la Victoria (con apoyatura presidencial), Daniel Filmus y contó con el acuerdo de los principales sindicatos docentes.
El caudal movilizatorio de la jornada del 9 de abril, bajo la consigna unificadora “Las tizas no se manchan con sangre”, sobrepasó el límite de las estructuras sindicales, mostró la participación de las bases docentes, los movimientos de Derechos Humanos y otros sectores gremiales, políticos y sociales; hubo presencia de la población en general que, sensibilizada por el crimen del trabajador, acudió a la marcha y al acto para expresar su repudio. Más de 30 mil personas marcharon en Neuquén en una de las gestas movilizatorias más grandes que registra la provincia.
El valor político del fenómeno está en que puso en evidencia un reflejo colectivo que rechaza de manera visceral cualquier signo que se equipare con la memoria del pasado, con la experiencia del terrorismo de Estado. Es una barrera objetiva y subjetiva que ha quedado afirmada en la conciencia popular.
Entre la represión en Neuquén y el empleo de las fuerzas del Estado como mecanismo de disuasión de las protestas, asumido como opción del gobierno por el ministro del Interior Aníbal Fernández (un ejemplo serían los gendarmes rodeando las escuelas santacruceñas) está plasmado el verdadero debate. La naturaleza de clase del Estado capitalista, con su brazo armado para la represión, en defensa de la propiedad privada y el orden de acuerdo a los marcos de la constitucionalidad burguesa o violentando esa misma legalidad cuando las circunstancias lo requieren. La distancia en el quantum y cómo se reprime, define el carácter de los períodos históricos, las relaciones entre las clases y el desafío que plantea a las clases dominantes el nivel de conciencia y organización alcanzada por los explotados y oprimidos de la sociedad en un momento determinado. Se trata de comprender el fenómeno desde su raíz: la democracia burguesa, aún aquella en la que están vigentes a pleno las libertades civiles y democráticas, es una dictadura del capital.

Reagrupamientos y debates
A partir del reanimamiento de 2004 y 2005 surgió la búsqueda de nuevas instancias de organización por parte de activistas, delegados, dirigentes, en su mayoría surgidos de esas luchas sindicales. En diciembre de 2005 una serie de encuentros y plenarios daría lugar al Movimiento Intersindical Clasista (MIC), que luego de un momento de auge ingresó en una suerte de paréntesis del que todavía no se ha recuperado.
Otro signo de búsqueda y vitalidad, aunque por debajo de sus precedentes históricos, pudo verse en la CGT de Córdoba. El 1º de mayo de 2006 sus dirigentes convocaron a discutir un programa político en Huerta Grande, un nombre cargado de simbolismo histórico, puesto que allí se organizaron los grandes movimientos de resistencia a la dictadura denominada “Libertadora” (que derrocó a Juan Perón en 1955). Con soporte en los sindicatos de Luz y Fuerza, Gráficos, docentes, municipales, entre otros, la CGT Córdoba apuntó a un programa cuyo valor radica en el intento de superar el límite de las reivindicaciones inmediatas. No obstante, también esa iniciativa quedó empantanada a poco andar.
Las vertientes sindicales han estado atravesadas por la definición en torno a la relación con el gobierno de Néstor Kirchner, el problema de la autonomía y el papel de los trabajadores en el accionar político.
La CTA fue un ámbito donde quizás se dirimieron estas controversias con particular virulencia. El VII Congreso realizado en Mar del Plata el 30 y 31 de marzo de 2006, aceleró un acuerdo de cúpula para impedir el desgranamiento de fuerzas entre tres tendencias: el sector encabezado por el entonces secretario general Víctor De Gennaro, impulsor de un movimiento político-social que cobraría una forma fugaz en el llamado Encuentro de Rosario (por la ciudad de la provincia argentina de Santa Fe, en la que se dio el primer paso), y que incluía a los partidos Socialista, Comunista, una fracción radical liderada por la titular de ese partido en la provincia de Buenos Aires y organizaciones y agrupamientos políticos que intenta hoy, con desigual suerte, constituirse en algunos puntos del país y en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de este año. Otra rama está liderada por el ex secretario de Vivienda y Hábitat y dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda, parte orgánica de la CTA, Luis D´Elía y el diputado oficialista Edgardo Depetri, miembro de la Mesa Nacional del Frente Transversal. A su vez, uno de los pilares de la CTA, la Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), tiene a dirigentes principales en la conducción nacional del ARI (Afirmación para una República Igualitaria), escisión de la UCR, a la que se sumaron grupos e individuos de otras procedencias, en una constante movilidad de entradas y salidas.
La consigna de la CTA: autonomía de los partidos, el Estado y los patrones tuvo, como se ve, distintas interpretaciones. Desde quienes buscaban preservar alguna distancia del oficialismo y evitar la sujeción directa al gobierno, a las corrientes integradas al gobierno, para quienes “autonomía” no implicaba “indiferencia” y presionaron por convergir con el gobierno. Otros sectores integrados también a esta organización, pero desde el ángulo de las agrupaciones y listas de oposición, se ubicaron haciendo eje en la denuncia al gobierno en algunos casos, y otros, en la burocratización de la CTA y la pérdida de autonomía. Un tema quedó flotando pese a la votación en contra y a favor del oficialismo, la incompatibilidad entre ser parte de la dirección de la CTA y al mismo tiempo ocupar cargos gubernamentales. De Gennaro levantó la “unidad estratégica” de la CTA, elevándose por encima de las fracciones irreconciliables.
Las desaveniencias se aceleraron en las elecciones para elegir la conducción en septiembre de 2006. De Gennaro dio un paso al costado, el docente Hugo Yasky fue el candidato de consenso para que el sector kirchnerista se sumara a la lista oficialista. Tendencias de izquierda presentaron dos listas (a nivel nacional y en algunas provincias) con dispar actuación de acuerdo a las regiones, aunque muy distantes de la lista oficial.
La CTA ha desplegado tareas antiimperialistas en torno a la Autoconvocatoria No al ALCA, la Cumbre de los Pueblos, el Foro Social Mundial y mantiene un accionar conjunto con una diversidad de organizaciones de América Latina en particular y el mundo. Su actual secretario general participó y la CTA se integró a la Confederación Sindical Internacional (CSI) fundada entre el 1º y el 3 de noviembre de 2006 en Viena (3).
Si bien excede los alcances de este artículo el análisis de esta confluencia (que será tratada en una próxima edición de Crítica de Nuestro Tiempo, no es posible soslayar que se trata de la convergencia de dos estructuras de dimensión internacional: la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT). La socialdemocracia y el socialcristianismo. Con 307 centrales sindicales provenientes de 154 países y una cantidad de miembros estimada en 154 millones de asalariados se convierte en la mayor central mundial de trabajadores en la historia sindical. Las centrales sindicales de Cuba y China no fueron admitidas en la nueva estructura internacional.
Tanto su Declaración de Principios como su Programa, con tono de apelación a los poderosos para alcanzar un bienestar mayor para las poblaciones y un registro de buenos deseos e intenciones sin desmarcarse del sistema capitalista, se colocan por detrás del nivel político que expresa la realidad latinoamericana y caribeña, en especial, los debates que, con eje en Venezuela, rompen el cerco del reformismo capitalista y se aprontan a construir el socialismo del siglo XXI.
Desde las páginas de Crítica de Nuestro Tiempo se ha planteado la confrontación estratégica entre estas dos corrientes y el marxismo. El movimiento conjunto de las dos primeras para impedir todo avance del pensamiento revolucionario marxista. En el último período hemos asistido a la ofensiva sistemática contra el ideario marxista, que ubicaron a las ideas de la revolución en reflujo y resistencia. El presidente bolivariano Hugo Chávez plantó las banderas del socialismo a la contraofensiva política y organizativa. Como una paradoja de la historia, las corrientes sindicales continúan en reflujo y la clase obrera no ha reaparecido aún como conciencia para sí.
El encuadre ideológico y político de la CSI provocó las primeras reacciones en Venezuela. La dirigente sindical Marcela Máspero (miembro del Colectivo de Trabajo en Revolución, CTR, parte de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT), renunció el 3 de enero de 2007 a su cargo y militancia en la Central Latinoamericana de Trabajadores (Clat, expresión de la CMT en el continente). Una medida necesaria, según fundamenta en su decisión, para consolidar la unidad de los trabajadores en América Latina en sentido revolucionario y que entiende contrapuesta a la permanencia en la Clat.
Así lo expresan algunos de sus párrafos:
“ (..) Yo he tenido la fortuna de vivir el proceso bolivariano en mi país, esa vivencia ha transformado mi concepción del movimiento sindical y de otros enfoques. Este proceso ha sido satanizado por la oligarquía criolla y actores del propio movimiento sindical tradicional, temerosos de perder sus privilegios, muchos de ellos sobreviven sin representatividad ni legitimidad, refugiados en las siglas de la CLAT.
(..) Esa supuesta unidad (la CSI) fue una poderosa respuesta al fracaso de un modelo sindical, a la defensiva e incapaz de reformularse, basado en la colaboración de clases, tal cual expresa en escenarios internacionales como la OIT, donde se realizan alianzas antinatura entre empresarios y trabajadores, que no expresan las relaciones ni la realidad actual que se vive en el mundo del trabajo, cuyos niveles de explotación aumentan brutalmente, con la complacencia y alcahuetería de instancias como esta”.

Definiciones ante un año electoral
En la CGT coexisten sindicatos que acompañaron la devastación del gobierno de Carlos Menem, sindicatos asociados a la figura de Eduardo Duhalde y con una posible adhesión a la candidatura del ex ministro de Economía de Duhalde y Kirchner, Roberto Lavagna; y aliados formales del actual gobierno. Si Moyano logra su objetivo de obtener un 30% de las candidaturas legislativas para dirigentes cegetistas, es posible que la organización respalde monolíticamente al candidato oficial, sea Néstor Kirchner o su esposa Cristina. De lo contrario, es probable que una fracción poderosa –los “gordos”- apoye la candidatura de Lavagna. Como queda dicho, en la CTA la dispersión política es total: una fracción apoyará a Kirchner, otras a las candidaturas del ARI, otras a un posible bloque “progresista” y, por fin, otras a varias candidaturas testimoniales de extrema izquierda.
La relación de Moyano con el gobierno tambaleó con los sucesos en la localidad de San Vicente (provincia de Buenos Aires) en ocasión del traslado de los restos del general Juan Perón el 17 de octubre de 2006 (4). Luego se repararon. Pero los hechos pusieron al desnudo la confrontación entre los sindicatos de la Construcción y Camioneros, vehiculizada por las patotas del negocio del fútbol reclutadas y utilizadas por los dirigentes sindicales. La ausencia de movilización en las bases se reemplaza por el pago mercenario entre sectores víctimas también del desalojo de la sociedad.
El destape de la represión parapolicial desatada durante el último gobierno peronista, en especial a partir de 1974 por la banda de ultraderecha denominada Triple A, aceleró reacciones encadenadas en sectores del sindicalismo cegetista. El empapelado de afiches con la consigna “No jodan con Perón” impulsado por el sindicato de La Fraternidad (maquinistas) buscaba, tras la preservación de la figura del ex presidente, diluir y poner freno a la irrupción de un pasado lacerante que mostraría sin atenuantes el posicionamiento de cada sector del sindicalismo ante el terrorismo gestado desde el nudo del poder institucional con antelación al golpe militar del 24 de marzo de 1976. Nada menos que la visibilización de silencios, complicidades, delaciones o integración neta a los comandos de represión. Con rapidez, pedidos de investigación apuntaron al titular de la CGT, por su vinculación con miembros de otra de las bandas de extrema derecha que operaron en los años 70, la Concentración Nacionalista Universitaria, que luego se integrara en la Triple A. Con inusual rapidez el tema abandonó los lugares candentes del debate político.
Un emblema de los 90 tuvo un punto de quiebre el martes 12 de febrero de este año. El Senado aprobó la modificación del régimen de jubilaciones que permite a los trabajadores retornar al sistema estatal y coloca el tope del 1% a las comisiones de las administradoras privadas (AFJP). Una temática que no solo bifurcó posturas, sino que involucró a sectores sindicales en el negocio de la privatización jubilatoria (el llamado sindicalismo empresarial). A su vez la lucha contra esta trampa fue una de las banderas levantadas por el Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA) con una fuerte campaña movilizadora que no pudo sin embargo revertir la tendencia individualista y la lógica privatizadora imperante en la sociedad.
La CGT ha tomado partido en las divergencias que enfrentan a Argentina y Uruguay respecto a la instalación de la papelera Botnia en la localidad entrerriana de Gualeguaychú. En especial con el apoyo para nacionalizar la protesta que llevan adelante los asambleístas y el método de corte de rutas. De la palabra a la acción, Moyano garantizó alojamiento, comida y transporte en cualquier punto del país para expandir los reclamos. Realizó además gestiones ante la Asociación del Fútbol Argentino para que la consigna “No a las papeleras”, esté impresa en las entradas a los estadios y para que en todos los partidos aparezca la bandera con la frase. Por su parte, la CTA participa en acciones encaradas por los asambleístas.
Detrás de los pronunciamientos surgen cuestiones de fondo que hacen a las concepciones y metodologías sindicales y lo que está en juego es la reflexión acerca de la forma en que se definen los métodos de lucha. Sin duda las definiciones son concretas y remiten a las situaciones particulares, pero tienen como común denominador el hecho de que serán válidas aquellas medidas de lucha que faciliten la unidad de los trabajadores y sectores del pueblo, tanto en el plano nacional como en la perspectiva de unidad suramericana, latinoamericana y caribeña.
En el caso de los cortes de ruta, esta modalidad de enfrentamiento despuntó a través de la reacción y resistencia de los desocupados contra la masividad del desempleo y la impunidad patronal, pero luego se extendió a todas las manifestaciones del conflicto social, y fue tomada también por los asalariados. Respecto a la situación de la pastera Botnia no hay duda que el método de corte de ruta fractura a los trabajadores y pueblos de ambos márgenes del río Uruguay, más allá de la justeza de la protesta.

El futuro
Los intentos de recomposición a comienzos de los 90 de un sector del movimiento sindical plantearon el tema del poder, la lucha política de los trabajadores. La idea de tomar la política en las propias manos y no delegar en los partidos patronales, tuvo una expresión conceptual: los trabajadores no podemos ser más columna vertebral (formulación peronista clásica), sino cabeza y conducción.
El peronismo no es un punto de unidad social de la clase trabajadora y el pueblo, ni siquiera al interior de las distintas fracciones sindicales, políticas y sociales que se abroquelan bajo esa identidad. Las experiencias de los 60-70 fueron la manifestación culminante de esa dinámica. Está planteada una transición no resuelta, la superación dialéctica del pasado que permita la convergencia superadora de las distintas corrientes ideológicas (izquierdas y peronistas en especial) con sus historias de lucha y organización.
El cierre de una etapa no implica necesariamente un saldo positivo inmediato. La configuración política institucional que gestó la alianza entre la burocracia y el populismo burgués en las décadas del 50 y 60 del siglo XX, caracterizado por una perspectiva desarrollista-productiva dejó de ser funcional a las políticas neoliberales del capitalismo en crisis. Fue precisamente en los años 90, cuando se puso en cuestión el modelo sindical prevalente, el problema de la identidad de los trabajadores, de la construcción de herramientas políticas y sindicales para afrontar otro ciclo histórico.
El nuevo cuadro continental y los cambios ocurridos en Argentina abrieron polémicas que en el caso del sindicalismo local remiten a su propio pasado. Por un lado, la confianza en la recreación de un Estado benefactor, con desarrollo del mercado interno y mejoramiento salarial, de un capitalismo productivo y expansión de acceso al consumo. O la discusión de una organización social donde lo que está en cuestión no es el precio en el cual los trabajadores venden su fuerza de trabajo, sino la perspectiva de una organización de la sociedad no capitalista: el socialismo del siglo XXI.
La ausencia política de la clase trabajadora es un elemento clave de la realidad argentina. Ese estado deviene de una crisis profunda de representación e identidad cuya resolución no se limita a la frontera nacional.

*.- Un anticipo de este artículo fue publicado en América XXI nº 24 de marzo de 2007
(1).- Crítica de Nuestro Tiempo nº 6 – Julio-septiembre de 1993; Espinosa Rubén, Facelli Alfredo: Ficción y mito de las obras sociales.
(2).- Confluyeron hacia Plaza de Mayo columnas procedentes del interior del país para manifestar la protesta contra el gobierno de Menem.
(3).- Nace una nueva confederación Sindical Internacional, Carolina Escudero, América XXI nº 21-22, diciembre 2006-enero 2007.
(4).- Prueba de fuerzas en torno a Kirchner, Luis Bilbao, América XXI nº 20, noviembre 2006.