Libertad y autonomía sindical.
La crisis del modelo en Argentina y México.

Por Guillermo Pérez Crespo

El debate necesario

En un trabajo anterior ensayamos algunas reflexiones alrededor de los conceptos de libertad y autonomía en relación a la discusión sobre el nuevo modelo sindical en Brasil.

Ahora intentaremos seguir profundizando en la cuestión desde un ángulo diferente, para lo cual repasaremos algunas premisas previas de las que partimos para elaborar el análisis.

En primer lugar hicimos referencia a que todo modelo de construcción sindical se integra en un  proceso histórico, y  responderá en mayor o menor medida a los intereses de los trabajadores según la capacidad de los mismos para configurar la herramienta organizacional adecuada. En ese sentido insistimos en que cualquier debate en base a posiciones cristalizadas y prescindiendo del marco social integral –el que no puede agotarse en el análisis histórico pero tampoco puede prescindir del mismo- lleva forzosamente a una trampa sin salida.

En este encuadre necesario planteamos las dificultades que encierra el hecho de que cualquier modelo sindical se construye al interior de una sociedad sustentada en una economía capitalista, integrándose de una u otra forma en el orden jurídico que esa sociedad ha edificado y en el que el control estatal ha adquirido una relevancia central.

Otro aspecto esencial al tema guarda relación directa con el protagonismo que en este sistema le está reservado obviamente a la clase propietaria, la que tiene la iniciativa y va modelando sucesivas variantes históricas que agotan y hacen entrar en crisis los distintos modelos sindicales ensayados por los trabajadores[1].

Finalmente una constatación: la crisis del sindicalismo es generalizada pero no se revela de igual manera en los países capitalistas centrales que en los países dependientes[2]. Esta diferencia es aun mayor si comparamos los elementos que hacen al agotamiento del modelo en Europa con los inherentes al que sufren las diversas variantes del mismo en los países de América Latina[3].

En relación a estas últimas premisas intentaremos abordar algunos elementos de dos realidades sindicales que presentan algunos puntos en común en sus respectivos desarrollos históricos: México y Argentina. Ensayaremos un pensar de ambos modelos sindicales que pueda aproximarnos los puntos de contacto entre sí por sobre las diferencias propias de  sus respectivos patrones históricos, culturales, sociales y económicos.

Obviamente por razones de espacio y porque escapa a la intención de este trabajo un análisis más exhaustivo, nos limitaremos a señalar brevemente algunos puntos que entendemos importantes para la comparación.

Breves líneas sobre la evolución del modelo sindical en México

El proletariado mexicano fue consolidándose como clase en un acelerado proceso entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde paralelamente se dieron tempranas experiencias de organización gremial, más sustentadas en un artesanado todavía predominante que en trabajadores asalariados propiamente dichos[4].

Si bien en las últimas décadas del siglo XIX el proceso de formación del proletariado se acelera al compás de las inversiones productivas y la acumulación capitalista, recién con posterioridad a 1910 puede encontrarse un desarrollo de magnitud suficiente como para identificar sectores trabajadores asalariados que pasan a protagonizar la construcción de la organización sindical. En el plano de lo ideológico, fue preponderante el pensamiento socialista utópico, aunque pronto se desarrollaron experiencias influenciadas por corrientes anarquistas y comunistas.

En la experiencia mexicana, la temprana integración del movimiento obrero en una alianza de clases con fracciones de la burguesía  consolidó una experiencia de organización y construcción sindical más encuadrada en una política estatal que enfrentada a la misma[5].

Los acuerdos de la Casa del Obrero Mundial con Venustiano Carranza sentarán sólidas bases  para una política colaboracionista por parte de sectores importantes de la dirección del movimiento obrero mexicano.

Otros sectores de orientación clasista seguirán impulsando organizaciones de resistencia, muchas de las cuales terminan confluyendo en la Confederación del Trabajo de la Región Mexicana (CTRM), y numerosos movimientos huelguísticos llevan finalmente a la huelga general de julio de 1916[6]. La fuerte represión y el crecimiento interno de los sectores acuerdistas derivaron en el fracaso de estas experiencias 

La constitución de 1917, en el gobierno de Carranza[7], expresó esta realidad tan compleja e introdujo elementos importantes de un derecho social que harán historia más allá de las fronteras mexicanas[8].

En el artículo 123 de la  nueva Constitución se establecen la jornada máxima de ocho horas diarias, la limitación de la jornada nocturna, la prohibición del trabajo en condiciones insalubres, la prohibición del trabajo de menores de 12 años y la limitación de la jornada en los menores de 16, el franco semanal, la protección de la maternidad en las trabajadoras, el derecho a un salario mínimo y a la participación en las utilidades de las empresas y otros derechos laborales. En el plano colectivo, el derecho a formar sindicatos y a las huelgas y paros, con una frase que vale la pena reproducir por su profundo contenido ideológico encubierto “las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los distintos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital…”.

En 1918 con el nacimiento de la Confederación Obrera Regional Mexicana (CROM) se consolida  una política de estrecha colaboración con el gobierno, la que  marcó la historia futura del movimiento sindical mexicano. La integración de Luis Morones y otros dirigentes al obregonismo fue determinante en la estrategia de colaboración que llevó adelante el grueso del sindicalismo. La constitución del Partido Laborista para intervenir en política en apoyo de Álvaro Obregón abre a su vez una etapa de inclusión de dirigentes sindicales en cargos de gobierno, lo que consolida toda la estrategia colaboracionista del moronismo.

 Fuertes sindicatos por actividad mantuvieron en ese entonces posiciones clasistas y se manejaron en forma independiente de la CROM. Algunas de estas organizaciones, de decisiva influencia anarquista y comunista, confluyeron en 1921 en un intento de central alternativa, la Confederación General de Trabajadores (CGT), que no consiguió mayor desarrollo posterior y terminó derivando años después hacia posiciones acuerdistas con los sectores más reaccionarios del capital.

La CROM fue evolucionando hacia políticas cada vez más colaboracionistas y ajenas a los intereses de sus representados, hasta que  luego de varias escisiones menores se produce la ruptura de 1933, con la expulsión del sector de Lombardo Toledano, la conformación de la Confederación General Obrera y Campesina de México (CGOCM) y, ya en 1936, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), bajo la dirección de Toledano, la que en poco tiempo pasó a constituirse en la principal central sindical.

Claro que la fundación de la CTM, impulsada por numerosos dirigentes clasistas se da en pleno gobierno de Lázaro Cárdenas, cuya política de nacionalizaciones, de reforma agraria y de avanzadas normas laborales terminó arrastrando una vez más al sindicalismo mexicano a una estrategia homogénea de colaboración con la burguesía.

Una de las consecuencias más directas de esta nueva realidad se expresa en la sindicalización masiva de los trabajadores estatales: la clasista Alianza de Trabajadores del Estado, conformada en 1933, es reemplazada, desde una acción netamente verticalista, por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, constituida en 1936, con el apoyo total del gobierno cardenista y  con una clara ideología participacionista[9].   

Finalizado el período cardenista, los gobiernos posteriores orientaron la política económica en dirección claramente adversa a los sectores trabajadores, pero una dirigencia ya absolutamente burocratizada y una concepción netamente participacionista, todo ello en el difícil marco de la guerra mundial, imposibilitaron una reacción contundente en el movimiento sindical. El Pacto obrero-industrial de 1945, durante el período de Ávila Camacho, produce el alejamiento de varios gremios de peso, entre ellos el de los trabajadores ferroviarios, brutalmente intervenido por un grupo de matones liderados por el charro Díaz de León en 1949[10].

De allí en más se puede visualizar un proceso casi lineal de profesionalización y burocratización de las direcciones sindicales, desarrollándose lo que se conoció como sindicalismo charro, cuyo principal símbolo fue el dirigente máximo de la CTM Fidel López[11].

El ajuste brutal de los noventa encontró al sindicalismo mexicano entrampado es estos difíciles límites: una dirección en gran parte burocratizada, con una clara concepción participacionista y ocupando muchos de sus hombres cargos en los sucesivos gobiernos priistas no podía en modo alguno responder eficazmente a la brutal ofensiva del capital.

El sindicalismo en Argentina  

Con algunas similitudes y muchas diferencias[12], el proceso de construcción sindical en la Argentina también fue temprano y paralelo a la conformación de la clase trabajadora como tal.

La organización de los trabajadores tipógrafos en 1857[13] más tiene que ver con la etapa de predominio del sector artesanal y las estrategias de construcción propias de los socialistas utópicos[14], que con un sindicato propiamente dicho. Este recién aparecerá como tal en 1877, con la fundación de la Unión Tipográfica[15].

Pero muy pronto las corrientes ideológicas anarquistas y marxistas desplazarán al socialismo utópico y marcarán a fuego la primera etapa del movimiento sindical argentino.

En la última década del siglo XIX las organizaciones gremiales se multiplicaron y en 1891 se constituye la Federación de Trabajadores de la República Argentina, de corta vida. Luego de varios otros intentos fallidos, en 1901 aparece la Federación  Obrera Argentina (FOA), la que se fractura al año siguiente con el retiro de los socialistas, los que conforman la Unión General de Trabajadores (UGT), disputándose ambas centrales la conducción del movimiento obrero.

Pero tanto anarquistas como socialistas partían de concepciones de clase que los llevaban a enfrentar las políticas estatales. Las huelgas portuarias de 1902, a las que siguieron medidas de fuerza de otras actividades, derivaron en la sanción de la Ley de Residencia, destinada especialmente a reprimir el movimiento obrero[16]. 

En 1904 sobre la base de los gremios de la FOA se constituye la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), ya claramente identificada con las posiciones anarquistas.

En 1905 aparecen las primeras expresiones de lo que se denominó sindicalismo revolucionario, que se diferencia claramente de las posiciones socialistas y anarquistas, adhiriendo a doctrinas claramente economicistas que no se plantean el enfrentamiento en el terreno político sino un proceso de acumulación de conquistas sociales a través de la lucha gremial que derivará en una sociedad diferente.

Los fuertes conflictos sociales de 1909 llevaron a la constitución de la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA) que vuelve a nuclear a los gremios socialistas y parte de los anarquistas, perdiendo gradualmente fuerza la disminuida FORA.

La fuerte represión a las luchas sindicales y serios errores de anarquistas, socialistas y comunistas en la conducción de las mismas, permitió el crecimiento en la década del veinte del sector sindical que rechazaba la acción política revolucionaria.

El regreso de los gremios sindicalistas y socialistas a la FORA les permitió ganar la central sindical, lo que terminó derivando en la ruptura de la misma[17].

La llegada del yrigoyenismo al gobierno y la estabilización económica y la oleada de prosperidad de la década del veinte, permitieron un mejoramiento de la situación de los trabajadores y terminaron de abrir las puertas a concepciones sindicales que sustentaban su estrategia en prácticas negociadoras y aun colaboracionistas[18].Y si bien las tendencias revolucionarias recobraron fuerza con la revolución rusa de 1917, el proceso de transformación en los gremios comenzó a expresar un nuevo sindicalismo que ya en la década del treinta  va a depositar muchas expectativas en la negociación con el Estado.

Los fusilamientos de Vasena en 1918, los de la Semana Trágica en 1919 y la bárbara represión a los huelguistas de la Patagonia en 1920 marcaron un pico represivo que golpeó muy fuertemente a los sectores sindicales más clasistas.

La fundación de la Unión Sindical Argentina (USA) en 1922 es producto de la clara preminencia de los sectores sindicalistas, y la constitución de la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1930 significa la definitiva consolidación de un nuevo modelo sindical que ya no cuestionará políticamente el sistema social y que sustentará mayoritariamente su estrategia en prácticas de negociación y colaboración dentro de la legalidad estatal.

A su vez, empieza a consolidarse cada vez más una profesionalización de dirigencias sindicales que generará una conducción cegetista predominantemente burocrática, que adopta un papel absolutamente prescindente ante las luchas desatadas por los trabajadores rurales, del calzado, telefónicos, de comercio[19].

 Ya en la década del treinta el sindicalismo argentino consolida una diferente visión del Estado y de las estrategias de construcción y organización sindical, priorizando la negociación y la participación institucional y abandonando mayoritariamente las políticas de cuestionamiento al régimen capitalista.

La huelga de la construcción en los años 1935 y 1936 muestra una nueva conciencia en el activismo gremial en relación a la necesidad de priorizar la organización de sindicatos por actividad en reemplazo de las organizaciones por oficios.

Así la llegada del peronismo al gobierno encontrará sustento en un nuevo sindicalismo en gestación que ya poco tiene que ver con las viejas sociedades de resistencia de principios del siglo XX[20].

Durante el período de gobierno peronista se termina de consolidar este modelo sindical que se desarrolla al calor de la relación estrecha con el poder político, perdiendo el margen de autonomía que aun conservaba[21], y permitiendo una mayor burocratización de las estructuras sindicales, donde el vínculo con el gobierno termina pesando más que la representatividad en la base para la elección de un dirigente sindical y para cualquier política de conflicto gremial.

Este modelo sindical negociador y participacionista, que se desarrolla y consolida a la sombra del poder político, es el que imperará durante las siguientes décadas. Las experiencias de la resistencia peronista luego del golpe de 1955 y las de los distintos intentos clasistas de la década del setenta no pudieron saldar en cambios de fondo que permitieran transformar el modelo.

La ofensiva patronal de los noventa no encontró en la central sindical ni en los sindicatos más poderosos mayor resistencia ni respuestas alternativas. Direcciones absolutamente burocratizadas, temerosas de un enfrentamiento más frontal con el poder político, e incapaces en su mayoría de movilizar a sus bases, sólo atinaron a reiterar estrategias de conflicto que se revelaron insuficientes para evitar la pérdida masiva de conquistas sociales.  

 Algunos elementos presentes en ambas experiencias históricas

Si bien cualquier simplificación en estos temas es sumamente riesgosa, vale la pena puntualizar –con las salvedades propias de dos realidades nacionales con composición social, histórica, económica y regional diferentes- aspectos comunes a ambas experiencias que justifican el intento comparativo.

Como cuestión central cabe consignar que ambos procesos de conformación de las estructuras sindicales presentan puntos en común, fundamentalmente en cuanto al enorme poder adquirido por las mismas a mediados del siglo XX, el vínculo estrecho con el poder político y  el significativo grado de burocratización de sus dirigencias.

En la experiencia histórica mexicana la concepción de un sindicalismo integrado a una política de Estado, con prácticas de negociación y participación que desplazan al conflicto clasista, aparece más temprano. Ya en los primeros años del siglo veinte, alcanza un punto importante con la Constitución de 1917 y termina de consolidarse como modelo durante el gobierno cardenista en la década del treinta.

En la Argentina esta concepción de lo sindical recién va a empezar a desplazar seriamente a las sociedades de resistencia y los viejos sindicatos clasistas en la década del treinta, aunque se perfilan las primeras experiencias de este tipo ya en la década del veinte. El modelo participacionista se va a consolidar como tal durante el gobierno peronista en la segunda mitad de la década del cuarenta.

Una primera aproximación comparativa nos permite plantear la posible relación directa entre estos modelos sindicales y los procesos de consolidación de los Estados nacionales en Latinoamérica: parecería que es con los procesos de nacionalizaciones, industrialización y construcción de identidad de estas experiencias estatales, que se configuran como intentos de resistencia a las políticas de dominación de los países centrales, que el modelo adquiere sentido.

No parece casual que el sindicalismo de participación se desarrolle más temprana-mente en México que en Argentina, cuando de una revisión de los procesos históricos respectivos se advierte que es en aquel país donde se plantea con anterioridad una política nacionalista por parte de fracciones importantes de la burguesía.

Estos procesos históricos de afirmación nacional obligan a integrar en mayor o menor medida a los sectores trabajadores y a sus organizaciones sindicales.

Los gobiernos conservadores de la Argentina de las primeras dos décadas del siglo optaron claramente por una construcción política económica dependiente de Gran Bretaña y no hallaron motivo alguno para conciliar con la clase trabajadora que recién se organizaba[22].

Los gobiernos de Carranza y Obregón sí necesitaron de acuerdos con los obreros asalariados de la ciudad, no solo para enfrentar la rebelión campesina sino también para diseñar políticas económicas que presentaban ciertos aspectos nacionalistas.

En Argentina, recién con la llegada al gobierno del yrigoyenismo se abrió un espacio de diálogo con sectores trabajadores que permitió el crecimiento de las primeras organizaciones participacionistas[23]. Espacio que creció con las políticas de industrialización de la década del treinta.

Pero va a ser con la experiencia del cardenismo en México y del peronismo en Argentina que se termina de consolidar definitivamente un tipo de sindicalismo que muy poco tiene que ver con el de resistencia al capitalismo de principios del siglo XX[24].

La relación con el Estado presenta en un momento dado caracteres comunes a ambas experiencias. Las estrategias de construcción, organización y conflicto se sustentan en prácticas negociadoras y participacionistas, sin cuestionamientos de fondo hacia las políticas estatales.

No solo se acepta plenamente la legalidad estatal, sino que de forma más o menos directa se institucionaliza la acción sindical dentro de los marcos precisos de la misma.

Esto va a permitir la obtención de numerosas conquistas sociales, ya no arrancadas necesariamente al capital a través de luchas. 

El orden jurídico estatal va a regular la conformación de las estructuras sindicales y va a incidir en mayor o menor medida en la adjudicación de representatividad a las distintas organizaciones sindicales y sus dirigentes.

En la normativa argentina a través del régimen de personería gremial única por actividad. En la mexicana fundamentalmente a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las que van a adjudicar a determinado sindicato la representación y el poder de negociación colectiva respecto de los trabajadores de las distintas empresas.

Pero la acción estatal también va a incidir por omisión: la absoluta carencia de normas claras sobre participación democrática de los trabajadores en la conformación y dirección de sus organizaciones[25] ha sido funcional a fenómenos de burocratización superiores a los de otras experiencias sindicales[26].

Por otra parte la relación entre las estructuras gubernamentales y sindicales ha generado un accionar permanente en doble dirección: en este período histórico las direcciones sindicales pesan en las internas partidarias y se constituyen en grandes electores y a su vez desde los espacios de poder político se influye en forma más o menos directa en muchas direcciones sindicales.

Así se conformaron las dos estructuras sindicales más poderosas e influyentes de Latinoamérica entre los años cuarenta y ochenta. Fueron construidas por los trabajadores en base a sus respectivos experiencias históricas, se caracterizaron por su concepción participacionista, su vínculo estrecho con el poder político, la profunda y masiva burocratización de sus direcciones[27], y la conformación de mecanismos de negociación y conflicto que sólo podían responder a la realidad en que crecieron y se desarrollaron  estas formas de hacer sindicalismo[28].

La nueva realidad de los noventa

Ambos modelos sindicales, el mexicano y el argentino, se revelaron impotentes ante la brutal ofensiva del capital a nivel mundial que se fue consolidando en las últimas décadas del siglo veinte.

Multiplicación de los índices de desempleo, precarización de las condiciones de trabajo, pérdidas salariales, la denominada flexibilidad laboral arrasó con gran parte de las conquistas sin que las poderosas organizaciones sindicales de México y Argentina pudieran oponer la más mínima resistencia.

Cabe aclarar que esto no significa en modo alguno que no haya habido numerosos y muy profundos intentos de resistencia por parte de los trabajadores a todo el proceso de reestructuración capitalista[29] sino que las mismas pasaron mayoritariamente por estructuras no orgánicas o por lo menos con ciertos caracteres de marginalidad respecto de las principales centrales sindicales.

La industrialización acelerada del norte de México y el fenómeno de la brutal explotación de la fuerza laboral en las grandes maquilas, encontraron un escaso condicionamiento por parte de la estructura sindical. Más aun, la multiplicación de fantasmales sindicatos de empresa y convenios colectivos de empresa secretos para los propios trabajadores involucrados, solo es pensable en el marco de profundo deterioro del sindicalismo charro.

Los contratos colectivos de trabajo impusieron cláusulas flexibilizadoras, supeditando los derechos de los trabajadores a los requerimientos de la productividad.

En el mayor ejemplo de concentración de la industria maquiladora, Ciudad Juárez, los conflictos sindicales fueron promovidos casi en su totalidad por pequeños sindicatos independientes, cada vez más golpeados, mientras que las principales centrales sindicales adoptaron una actitud absolutamente pasiva.

Los dirigentes sindicales se aseguran cuotas de poder a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, las empresas se aseguran el manejo unilateral y arbitrario de las condiciones laborales, y los trabajadores  se alejan cada vez más de sus organiza-ciones[30].

Los convenios colectivos en las maquilas de otras zonas del norte mexicano no son mejores para los trabajadores: reparten poder entre la organización sindical que decide qué trabajadores entran a trabajar en las maquilas y tiene poder disciplinario sobre los mismos, y la empresa, que impone arbitrariamente y sin condicionamiento alguno las condiciones de trabajo que necesita para asegurar sus altos índices de productividad. La aparición de sindicatos funcionales a las empresas, que no representan a los trabajadores sino que constituyen verdaderas trampas para los mismos, son una condición esencial a las condiciones de explotación y bajos salarios[31].

Fraudes electorales sustentados incluso en acciones violentas para garantizar la permanencia de direcciones sindicales irrepresentativas, presiones y amenazas a trabajadores para que acepten convenios colectivos absolutamente patronales, sindicatos de empresa que funcionan como apéndices de las mismas, el movimiento sindical mexicano presenta enormes agujeros negros por los que se cuelan las más brutales ofensivas patronales.

Las acciones de resistencia parten mayormente de algunos sindicatos nacionales de actividad, pequeños sindicatos independientes y organizaciones como el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), pero no consiguen afirmarse en una construcción orgánica que se concrete en alternativa real al sindicalismo oficial.

En México sigue siendo alto el nivel de sindicalización, pero se ha señalado que la presencia de sindicatos no ha constituido un obstáculo para la innovación en las empresas y la flexibilidad del trabajo[32].

En Argentina, el movimiento sindical no tuvo respuesta alguna a la ofensiva del capital de los años noventa. El 25 de julio de 1994 la CGT firmó, junto a la Unión Industrial, otras organizaciones patronales y el gobierno, el Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, piedra angular de todo el proceso flexibilizador de la década del noventa.

La sanción de las leyes de la precarización laboral, la demolición de gran parte del derecho social del trabajo conquistado por los trabajadores pocas décadas antes, la multiplicación de los índices de desocupación y sobreocupación, el masivo trabajo en negro, los cientos de convenios colectivos de empresa homologados por el Ministerio de Trabajo donde las organizaciones sindicales aceptan cláusulas de polivalencia, multifunción, salarios atados a productividad, pérdida de tiempos de descanso.

Para todo ello ha sido funcional una política estatal de complicidad con prácticas claramente antidemocráticas y represivas al interior de las organizaciones sindicales. Pero también fue necesaria la insuficiente respuesta de una gran mayoría de trabajadores acostumbrados a delegar en sus dirigentes las decisiones y la acción sindical, lo que no es más que la realidad complementaria imprescindible del modo burocrático de participación.

Las acciones de resistencia al ajuste han sido protagonizadas mayormente por comisiones gremiales de base, estructuras sindicales inorgánicas, seccionales sindicales del interior del país y algunos pocos gremios nacionales, varios de ellos integrantes de una central sindical paralela y minoritaria[33]. Han contado con el apoyo de organizaciones de trabajadores desocupados y otros movimientos sociales y fuerzas políticas, pero no de la burocratizada central sindical oficial, que prefiere mirar para otro lado y no al país real que estalla a cada paso.

Si bien en Argentina el nivel de sindicalización se ha reducido en forma notoria, aún se mantiene entre los más elevados del mundo[34]. Pero también en este país los trabajadores sienten que esta estructura sindical se revela como muy poco eficaz para la defensa de sus intereses. 

Algunas consideraciones necesarias

No se trata de incurrir en el error tan común de superficializar en modo extremo el análisis de una realidad mucho más compleja de lo que parece: la burocratización del movimiento sindical en ambos países tiene que ver con cuestiones ideológicas muy profundas al interior de los propios trabajadores, que han aceptado mayoritariamente este tipo de construcción sindical.

No todas las direcciones sindicales burocratizadas se asientan en el fraude electoral o en mecanismos de represión al interior de sus gremios. En ese sentido es muy probable que un proceso electoral democrático en muchas organizaciones sindicales diera como resultado el triunfo de las actuales conducciones.

En realidad se debería partir de conceptuar como burocrático no a un sector dirigente sino al mismo modelo sindical, el que necesita por definición de este tipo de conducción.

Eso explicaría el porqué muchas experiencias de agrupaciones opositoras y combativas que denuncian la falta de democracia interna,  terminan reproduciendo los mismos vicios, si bien en algunos casos en forma más moderada o desde otra visión de clase.

Alrededor de estos puntos empiezan a plantearse algunos interrogantes que se presentan como esenciales.

La experiencia sindical mexicana nos muestra que en principio un régimen de pluralidad sindical no constituye garantía de solución a los problemas de fondo. Si bien la historia sindical argentina revela que el régimen de personería gremial única por actividad ha sido hábilmente manipulado desde el Estado para maniatar a los trabajadores, la pluralidad del modelo mexicano ha abierto las puertas a infinidad de sindicatos empresarios y el control estatal igualmente persiste y termina de reforzar el poder de las direcciones burocratizadas.

Por otra parte, la implementación de mecanismos que garanticen una mayor democracia al interior de las organizaciones sindicales, si bien representaría un muy importante avance, difícilmente constituya una solución de fondo, ya que no cambia el modelo en la cabeza de los trabajadores[35].

Una característica contradictoria de la crisis del modelo es la relación casi automática entre la pérdida de poder que estas direcciones sindicales sufren al exterior de sus organizaciones y la consolidación cada vez mayor de su poder al interior de las mismas.

Claro que esta contradicción no hace otra cosa que revelar los límites actuales de este tipo de construcción sindical, donde se conjugan negativamente elementos subjetivos -la concepción de la misma en la cabeza de los propios trabajadores- y objetivos -los mecanismos que desde la propia legalidad estatal se diseñan en función de sostener la permanencia de dirigencias funcionales al sistema-, para dificultar cualquier práctica alternativa que permita pensar en un sindicalismo de raíz y naturaleza diferente.

Un debate profundo que se multiplique en la misma base sindical, cuestionando el modelo de construcción y organización sindical, la relación con la institucionalidad estatal, las formas de conflicto, aparece como imprescindible para cualquier respuesta de fondo.

Así como las sociedades de resistencia de la segunda mitad del siglo XIX debieron dejar paso, en un proceso de transición cuyos tiempos y características fueron diferentes en ambos países, a los sindicatos más profesionalizados de la segunda mitad del siglo XX, la crisis de representatividad y de respuesta de éstos a los tiempos del ajuste brutal deja entrever la necesidad y la urgencia de un nuevo cambio hacia otras formas de organización y respuesta sindical.