Compromiso por el cambio para el nuevo siglo

 

Documento presentado por la dirección del Frente Amplio

      

Ante un mundo que se ha modificado en las décadas transcurridas desde su fundación, el Frente Amplio ha encarado en profundidad un proceso de análisis e interpretación crítica de la realidad; recogiendo experiencias y valores acumulados a lo largo de la historia por las generaciones que nos precedieron en la formulación de utopías, caminos y luchas por  la superación del hombre; y proyectando todo ello hacia el futuro como horizonte hacia el cual avanzamos.

      Entendemos que la actualización ideológica, al igual que la actualización programática y estratégica, constituyen un proceso permanente y necesario en tanto formamos parte de la sociedad -tan cambiante como las circunstancias-, y es un proceso unitario de pensamiento y acción en torno a los valores y principios que en 1971 motivaron la fundación del Frente Amplio.

      Vivimos un tiempo de transformaciones civilizatorias. El vertiginoso avance científico técnico de las últimas décadas del siglo XX ha transformando profundamente todos los aspectos de la vida humana.

      Las cambios ocurridos en el mundo, que sin embargo no han modificado sus realidades más hirientes; la situación por la que atraviesa nuestro país, luego de transcurridos largos años desde la reapertura democrática sin que se concretaran las justificadas expectativas de los uruguayos; las crecientes responsabilidades que la ciudadanía ha otorgado a nuestra fuerza política y los desafíos que nos esperan por delante; así como la esencia misma de nuestra condición de izquierda -sujeto y objeto de cambio permanente en la búsqueda del progreso-; motivaron un proceso de reflexión colectivo, llevado a cabo por los frenteamplistas a lo largo y ancho de todo el país durante un año, que tuvo como resultado las siguientes definiciones que renuevan nuestra convocatoria a los uruguayos para construir una realidad más justa y solidaria para las mujeres y los hombres de nuestro país y del mundo.

Capítulo I

      El desarrollo humano integral y la liberación del individuo en sociedad como horizonte de la izquierda.

      Nuestra historia nos impulsa moral y políticamente. Treinta años después de aquel entonces los frenteamplistas reafirmamos nuestra vocación humanista.

      La razón de ser del Frente Amplio son los hombres y mujeres de nuestro tiempo y del tiempo por venir. Trabajamos por la realización integral de cada uno de ellos en el marco de una sociedad donde la plena vigencia de los Derechos Humanos en cuanto pilares universales, interdependientes, indivisibles y en evolución,  sea una realidad cotidiana.

      Creemos que es posible construir una sociedad más humana que la actual. Una sociedad en la que los derechos  de los hombres no sean considerados mercancías;  en la que el trabajo sea efectivamente el valor sobre el cual se sustente la supervivencia y la prosperidad de la gente;  y en la cual el Estado opere como un articulador entre los diferentes sectores,  capaz de asegurar cohesión social y territorial, acceso universal a los servicios esenciales, y el desarrollo de actividades que requieren inversiones de gran alcance y a largo plazo.

      Reivindicamos también la libertad y la igualdad como nuestros principales valores.

      La libertad es la condición más fascinante de la vida humana. Sin ella  no hay paz, ni democracia, ni pueden desarrollarse las personas.

      El compromiso con la libertad es nuestra razón de ser. Un compromiso de emancipación colectiva basada en el respeto a cada individuo y, simultáneamente, en el compromiso solidario de todos.

      En lo que a la igualdad refiere, creemos que los seres humanos no solamente han de ser iguales ante la ley,  sino que más allá  de ello han de serlo ante la vida, lo que es más importante aún; el principio de igualdad bien entendido lleva a tratar de forma desigual a los desiguales para garantizarlo.

      En función de ello,  postulamos la igualdad de oportunidades como principio rector en la organización y funcionamiento de una sociedad más justa y solidaria.

      Reafirmamos nuestra condición de herramienta política  comprometida con la paz , la democracia y el desarrollo sustentable.

      Porque desde la política , desde los valores que le dan sentido ético y desde la acción para hacerlos realidad, se pueden afrontar exitosamente los desafíos del mundo actual y de la sociedad en que vivimos para construir entre todos un futuro mejor para nuestra generación y las generaciones venideras.

      Sólo a partir de los instrumentos políticos –partidos e instituciones democráticas- podremos organizar también  una convivencia  pacífica,  plural, tolerante e integradora

      Queremos más y mejor democracia. Y ello pasa por mejorar los mecanismos de información, participación y representación ciudadana.

      Queremos una sociedad plural en su mayor amplitud. Una sociedad que asegure el respeto a la diversidad, de las diferencias culturales, de raza, de orientación sexual, de las capacidades diferentes, de las distinta edades y etapas de la vida, y la plena igualdad entre los sexos, con pleno ejercicio de sus derechos. Asumimos la igualdad en la diferencia como una de los desafíos del nuevo tiempo.

      Para los frenteamplistas la ciudadanía es, con lo que ella implica en derechos y responsabilidades, sujeto y objeto de nuestra acción.

      Trabajamos por un desarrollo sustentable, porque el crecimiento económico. por sí solo, no implica la prosperidad de la gente.

      Una sociedad próspera es también una sociedad comprometida – ante sí misma y ante el futuro- con los principios de responsabilidad ecológica,  que apuesta decididamente al desarrollo de la cultura, la construcción colectiva de la identidad nacional, y asegure el acceso democrático a la información y al conocimiento.

      Hoy, como ayer,  expresamos nuestro irrenunciable compromiso con los más desposeídos, que son quienes más sufren los devastadores efectos del llamado modelo neoliberal.

      Queremos y trabajamos por un Uruguay sin exclusiones, y por eso no somos neutrales ante las hirientes condiciones de desempleo, pobreza, marginalidad e incertidumbre que hoy padecen tantos  compatriotas.

      Fieles a José Artigas, para quien “los más infelices” han de ser “los más privilegiados”,  el compromiso con quienes  viven en tales condiciones  es la  mayor riqueza del Frente Amplio

      No nos resignamos a vivir en un mundo hegemonizado por fuerzas e intereses que cuestionan la paz, la soberanía y la identidad de los pueblos. Rechazamos  el  imperialismo, el colonialismo, como también toda otra manifestación de intolerancia y chauvinismo.

      Impulsamos una auténtica integración regional  en el marco de una Latinoamérica más unida y fuerte en la lucha contra toda forma de violencia y contra la pobreza (que también es una forma de violencia), y a favor de  la globalización de la paz, la democracia, la justicia y el progreso en esa patria común de la humanidad que es planeta en el cual vivimos. Porque sólo sobre la dignidad de los pueblos puede edificarse una auténtica convivencia internacional.

      En tanto herramienta política del pueblo uruguayo, el Frente Amplio es un proyecto y un proceso de progreso.

      Nuestra tradición, una tradición de la cual nos sentimos orgullosos, nos impulsa  a nuevos inicios en este nuevo siglo que reclama una ilusión que le dé contenido y sentido a la vida de los uruguayos.

Capítulo  II

1.   Mundialización de las oportunidades y de los problemas, globalización e integración regional: un nuevo mundo es posible.

      Vivimos en un mundo interdependiente y en el cual ninguna nación, por poderosa que sea,  puede resolver por sí sola sus problemas o imponer a las demás su voluntad  Hay una situación internacional nueva marcada por la globalización manifiesta  en los niveles tecnológicos, de las comunicaciones y financiero, que define las relaciones internacionales y tiene enorme trascendencia en la evolución interna de los países. El fenómeno de la mundialización o globalización como se le ha dado en llamar, es un dato gravitante de la realidad en el mundo que nos toca vivir. Supone la progresiva transformación de la estructura de las relaciones económicas, sociales y culturales a escala mundial en un sistema transnacional cada vez más integrado, único y global, en un contexto marcado por las condiciones creadas por el nuevo esquema unipolar posterior a la caída del Muro de Berlín, y la extensión del neoliberalismo como ideología hegemónica. La mundialización, globalización o internacionalización, entendida como el proceso de acercamiento e integración de culturas, naciones y estados, es un proceso inevitable y conveniente y se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad y particularmente a partir de los siglos XV y XVI con distintos grados de intensidad y velocidad. Ese proceso tiene hoy  dos características básicas: por un lado la extensión y velocidad  con que se desarrolla  como consecuencia del despliegue de la revolución científico-técnica y el desarrollo de las comunicaciones; y a su vez la relación asimétrica en “dominados” y “dominadores” que la caracteriza y que ha contribuido a agravar las desigualdades de la sociedad contemporánea.

      El incremento sustancial del grado de mundialización se manifiesta en mayor nivel de intercambio comercial, financiero, productivo y tecnológico y en nuevas y más profundas formas de relacionamiento y comunicación  Ello se ha acompañado de cambios en las políticas económicas con una hegemonía de políticas de apertura y liberalización en los países dependientes, para una mayor inserción y expansión del capitalismo central. El propio desarrollo de las fuerzas productivas ha llevado al sistema capitalista a una nueva fase de “capitalismo global” en la que se persigue mediante la recomposición de la tasa de plusvalía, el alza de la tasa de ganancia mediante la combinación de una profunda reconversión tecnológica, en especial en los países centrales, y un deterioro de las condiciones de trabajo a nivel global,  en especial en los países dependientes. El pensamiento neoliberal se ha “apropiado” de la globalización a nivel ideológico. A nivel económico, el mundo se ha convertido en la principal «unidad operativa» para el capital financiero y las Empresas Transnacionales, produciendo cuantiosos beneficios injustamente distribuidos. La “globalización financiera” permite cuantiosos movimientos de capital en forma instantánea, que ante la carencia total de regulación, es predominantemente de carácter especulativo, en desmedro de su orientación hacia la producción y aumentando la vulnerabilidad de las economías nacionales. Hoy surge con claridad que el neoliberalismo conduce a callejones sin salida, que es inviable y que, por ende, puede ser enfrentado, contenido y derrotado por la lucha unida de los pueblos, por una conjunción de máxima amplitud de la izquierda unida y de los movimientos populares y sociales. Luchamos por un nuevo orden internacional más justo reafirmando nuestra clara postura antiimperialista.

      El propio imperialismo se ha transnacionalizado y modificado. Ya no se trata de la dominación económica y cultural de un Estado sobre otros, sino de un conjunto de multinacionales que a través de la concentración de poder económico y del conocimiento científico-tecnológico, controlan y dominan los mercados mundiales definiendo incluso las políticas de los Estados más poderosos de la Tierra, impulsando, por supuesto, la no intervención estatal en los mercados.

      Un orden mundial injusto, que sus beneficiarios han querido entronizar como un pretendido “nuevo orden mundial” al que no nos resignamos.

      Crecientes desigualdades entre países ricos y pobres; concentración del desarrollo económico en escasas áreas del planeta y en pocas manos mientras al mismo tiempo regiones inmensas padecen hambre y carencias sanitarias elementales; enormes diferencias sociales; incapacidad para erradicar la pobreza, la marginalidad y la inseguridad; intolerancia ante las diversidades culturales; imposiciones militares a los más débiles, el drama ecológico producto de la depredación del medio ambiente, y tantas otras injusticias que presenciamos habitualmente, son las características de ese orden de cosas al que nos resistimos y que queremos cambiar.

      No confundimos la realidad de la globalización del mundo, con la ideología que ha hegemonizado este proceso a un altísimo costo.

      La liberalización absoluta de las economías, la desregulación, las privatizaciones, la reducción del estado y del rol de la sociedad a su mínima expresión no son,  como se pretende, realidades inexorables propias del fenómeno de la globalización, sino una opción ideológica que no compartimos. El comercio libre no ha existido más que como ideología. A nivel de la relación entre los pueblos y naciones, se han perpetuado prácticas imperialistas, se ha consolidado la existencia de una hegemonía militar en el nuevo contexto unipolar post guerra fría, y persisten términos de intercambio y un relacionamiento desigual entre países pobres y desarrollados.

Ante esta realidad sostenemos que otro mundo es posible y que el desarrollo de las fuerzas productivas y la creatividad humana puede y debe volcarse a favor de la superación del estado actual de cosas. Otro puede y debe ser el rumbo y la orientación del proceso de globalización mundial en curso, que minimice sus impactos negativos y despliegue las enormes oportunidades que el actual desarrollo de la humanidad ha alcanzado en beneficio de las grandes mayorías del planeta. .

      Nuestros pueblos tienen ante sí la tarea de gobernar la globalización. La mayor participación pública y de la sociedad civil organizada en el proceso, la democratización de los organismos internacionales, el desempeño los medios de comunicación, y la regulación  de los procesos económicos desatados, constituyen aspectos centrales de esa reorientación. Debemos impulsar particularmente, la administración democrática del conocimiento, la información y la cultura, y la implementación de  mecanismos reguladores del control de los flujos financieros como la Tasa Tobin u otros aplicables a las transacciones al contado de divisas con el objetivo de promover los movimiento de largo plazo y la inversión productiva desalentando la especulación, y aumentar la autonomía de las políticas económicas nacionales.

      Las respuestas a las inequidades de la globalización hegemonizada por el capital financiero y el pensamiento neoliberal, y a las nuevas formas de la opresión y sujeción que suponen,  deben ser nacionales, regionales y mundiales. En ese sentido los movimientos progresistas del mundo deben asumir el desafío de pensar y actuar local y globalmente a la vez, lo que supone la necesidad de proyectar las políticas locales a los planos regional y mundial articulando alianzas entre países con intereses comunes, y estrechando los vínculos con quienes piensan igual a lo largo y ancho del planeta. La reciente victoria de Sudáfrica y el movimiento social coordinado que lo respaldó frente a las multinacionales del medicamento que querían impedirle la fabricación de medicinas a bajo costo para enfrentar el SIDA, muestra uno de los caminos que las luchas antiimperialistas pueden tomar en este milenio recién iniciado.

      A nivel político partidario, debemos practicar y fomentar la coordinación entre movimientos y partidos afines, y a nivel social, vincular los esfuerzos desarrollados a nivel de la sociedad civil en este sentido. Los acentos internacionalistas planteados por los movimientos populares y socialistas desde su origen son un punto de apoyo desde dónde avanzar en este campo. A su vez, a nivel particular, la experiencia del Foro de San Pablo desarrollada desde 1990, y la del Foro Social Mundial lanzada en enero de 2001, constituyen experiencias valiosas en esa dirección que nuestra fuerza política ha alentado y asumido con responsabilidad, y en los que debemos seguir avanzando porque aún resta mucho por hacer.

      En las estrategias nacionales, adquiere singular importancia la perspectiva de la integración regional, particularmente para los países de menor desarrollo.

      El proceso de interrelación de los procesos económicos ha sido acompañado de otro de similar importancia: la consolidación de grandes bloques regionales en torno a la principales potencias económicas del globo, en América del Norte, el Sudeste Asiático y la Unión Europea. Los procesos de integración en el resto de las regiones y países para interactuar con ellos desde mejores condiciones de fuerza, resulta necesario y políticamente conveniente.

      Debemos enfrentar este mundo de bloques con un relacionamiento basado en la cooperación y en la unidad de América Latina, que permita un relacionamiento de nuevo tipo con los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con las grandes transnacionales, y con la potencia hegemónica en la región, con mayor paridad y sin condicionamientos ni intervencionismos. El Plan Colombia es un claro ejemplo del modo de relacionamiento entre pueblos y países que no compartimos, en tanto supone la intromisión en los asuntos internos de un país hermano que vulnera su soberanía y compromete la seguridad e independencia del conjunto del continente.

      La integración de los pueblos latinoamericanos ha sido y es un objetivo histórico fundamental para el Frente Amplio. Concebida con la riqueza y amplitud que el concepto supone, trasciende los acuerdos meramente comerciales con los que se ha pretendido identificar el programa de integración en la región. La verdadera integración debe incluir  acuerdos comerciales pero no limitarse a ello en el marco de un proyecto global de mayor aliento. Debe incluir, la coordinación económica y financiera, la complementación productiva, el intercambio tecnológico, la cooperación y el emprendimiento de proyectos comunes de investigación científica, la coordinación de políticas de transporte y comunicaciones,  el encare de problemáticas sociales comunes, y el desarrollo de la integración cultural de nuestros pueblos.

      En esta perspectiva el proyecto del Mercosur emprendido en 1991 por nuestro país, que debiera representar una oportunidad para el Uruguay y la región, aún no ha sido aprovechada en su potencialidad debido a las orientaciones neoliberales que han prevalecido en los gobiernos de sus países, lo que ha contribuido al franco deterioro de las condiciones de vida en la región y ha reducido en los hechos el proyecto de integración regional provocando su estrechamiento, de alguna manera expresado en su propia denominación, en tanto nuestra región no es solamente un mercado ni puede ser reducida a ello. El hecho de que el Mercosur sea una herramienta imperfecta no invalida la integración en sí. Por el contrario, es necesario replantear el Mercosur desde una perspectiva de izquierda. Impulsamos un proyecto de integración regional económica, pero también social, política y cultural, para lo cual resulta necesario desplegar nuevos esfuerzos para establecer entendimientos y plataformas comunes con los movimientos progresistas de la región, propiciar la institucionalización, la democratización del proceso, y la mayor participación de la sociedad en él.

      El ingreso mismo del país al Mercosur fue objeto de un amplio debate al interior de la sociedad uruguaya, producto del intercambio fecundo del conjunto de los actores políticos, y constituye una apuesta estratégica asumida colectivamente por el país que ha significado costos elevados para importantes sectores de uruguayos. Cualquier cambio de esas definiciones o emprendimientos nuevos en materia de integración, deben procesarse con los mayores niveles de transparencia y amplitud democrática sobre la base de la defensa de los intereses nacionales; encarado sobre la base de la igualdad y reciprocidad de los países, desde dentro del Mercosur , y sin aceptar condicionamientos unilaterales que supongan la desprotección de nuestra economía en beneficio de las más desarrolladas sin contrapartidas que beneficien al país.

2.   Un acuerdo social por el crecimiento económico con progreso humano en un modelo de desarrollo sustentable.

      Nunca antes como ahora la humanidad tuvo tanta capacidad de innovarse ni dispuso de tanta riqueza, pero también nunca antes ha sido tan grande la diferencia entre ricos y pobres, ni ha habido tantas expresiones de fracturas y exclusiones sociales.

      Solamente desde una perspectiva progresista y de izquierda puede asumirse la responsabilidad histórica de elaborar e impulsar un proyecto que, como alternativa al decadente fundamentalismo conservador, revitalice el humanismo y ponga la economía al servicio de la gente. Asumir en relación a ello la importancia del desarrollo económico, del crecimiento, para lograr la superación de la calidad de vida de la población, y la búsqueda de los caminos de diálogo y encuentro de la sociedad en torno a ese objetivo, constituye un desafío fundamental.

      La inmensa mayoría de los analistas coinciden en que el impacto de las reformas estructurales de los noventa en Uruguay, -inspiradas casi al pie de la letra en las recetas del Consenso de Washington- se vio amortiguado, si se lo compara con el conjunto de la región. Este desempeño de las políticas puede tener explicación en: las condiciones de entorno externo favorable que vivió el país hasta 1998; y el vigor mostrado por las organizaciones de la sociedad civil, que encontraron vías de acuerdos y de movilización que frenaron los embates más fundamentalistas de la derecha. Para dar sólo dos ejemplos: plebiscito contra la ley de empresas públicas de 1992 y reforma constitucional sobre ajustes de pasividades de 1989. Esto muestra de que si se plantean objetivos claros, de extendido impacto existe en nuestra sociedad espacio para acuerdos que involucren a amplios y disímiles sectores.

      La aplicación de las políticas dominantes, -que además de sus contenidos económicos y sociales implican un modelo institucional con signos autoritarios, no dialogante y de imposición unilateral de resoluciones – que orientan los innegables cambios sociales, culturales y en la base productiva, van generando fragmentación, crisis de representación y legitimidad de las organizaciones sociales históricas, surgimiento de otras nuevas, repliegue hacia lo individual y cuestionamientos a la efectividad de la acción colectiva, así como surgimiento de nuevos emprendimientos sociales.

      El retroceso del Estado, la sobre-exposición a los choques externos, el desmantelamiento del aparato productivo y la crisis de participación han ambientado el debilitamiento cada vez mayor de las redes solidarias, de seguridad y equilibrio social. Se destaca entre estos el fenómeno de la concentración de la pobreza en los sectores más jóvenes de la sociedad lo que anuncia, de no ser abordado urgentemente, una polarización de la sociedad uruguaya de imprevisibles consecuencias.

      El acuerdo social tras un modelo de desarrollo justo y con futuro implica dar cuenta de estos fenómenos, saber que si bien el modelo de la derecha tiene todavía margen de aplicación,  no puede dar más, a no ser aumentar la deuda social y productiva. Se le agota cada vez más rápidamente la capacidad de generar consensos activos en torno a sus políticas. La izquierda es la única fuerza política que puede y quiere concretar el amplio acuerdo social que el país necesita.

      Los desafíos del crecimiento sustentable, de la superación de las desigualdades, de la profundización democrática con el fin de ampliar y profundizar la creación de ciudadanía deben ser recogidos por un proyecto de país de amplio consenso, que al principios del nuevo milenio le de a las grandes mayorías esperanzas, horizontes de realización individual y colectiva; que permita la expresión de los más débiles, que escuche a las organizaciones de trabajadores, de productores y empresarios con voluntad de acuerdo. Desde nuestro punto de vista la construcción de este proyecto nacional pasa por la convocatoria a un Acuerdo Social por el crecimiento económico con progreso humano en un modelo de desarrollo sustentable.

      La seña de identidad central del acuerdo social planteado por el gobierno progresista tiene que ser la democratización, el involucramiento de todos los sectores que apuestan al progreso y el crecimiento con justicia. Hay que apostar a la potencialidad del rico tejido social de organizaciones, asociaciones, gremios, sindicatos y cámaras. Se trata de una convocatoria amplia, sin exclusiones, en la que cada sector deberá contribuir a los objetivos planteados.

      El acuerdo no elimina el conflicto sino que debe generar una manera distinta de resolverlo y de búsqueda de síntesis, que se debe realizar bajo el signo de la participación, del involucramiento y del compromiso.

      El proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos no se puede agotar en los temas económicos sino que tiene que incluir a aquellos derechos sociales, políticos y culturales que construyen ciudadanía, los que pueden dotar de sentido de desarrollo integral al crecimiento productivo. De lo que se trata es de generar un modelo de crecimiento que genere los consensos sociales que hoy no existen.

3. Por un Estado activo y regulador a favor del interés común

      Los derechos sociales y económicos de la gente y el necesario desarrollo económico para su plena realización requieren de la intervención pública sobre la economía para garantizar su vigencia. La naturaleza, el rol y la gestión del Estado adquiere verdadero sentido en relación a los objetivos perseguidos para una sociedad y por extensión para su modelo económico en un momento determinado.

      Las nuevas circunstancia de la situación mundial y nacional suponen la necesidad de reflexionar sobre la relación estado-mercado, redefinir su naturaleza y  su rol en nuestras sociedades, y encarar su transformación y reforma. Pero ello debe hacerse, a diferencia de lo que sostiene el pensamiento conservador, en función de objetivos claros que redunden en beneficio del conjunto de la sociedad y en definitiva, en su superación y transformación en una nueva sociedad que garantice el desarrollo pleno de los individuos en un marco de justicia, de igualdad y de libertad. Es precisamente a partir de esa nueva sociedad, de ese nuevo horizonte de valores según el cual queremos organizar nuestra vida, que definimos qué Estado y qué servicios públicos necesitamos y cómo gestionarlos, y en ello se fundamenta nuestra defensa de un Estado que sea capaz de combinar eficiencia económica y redistribución social.

      Vivimos en una sociedad donde el mercado tiene un papel importante y debemos saber aprovechar para todos sus oportunidades,  pues la competencia en el mercado es clave para que los ciudadanos puedan disponer de mercancías y servicios mercantiles en cantidad, calidad y precios razonables. Pero el libre funcionamiento del mercado no asegura que éste opere adecuadamente. Por eso mismo, impulsamos un proceso de reforma reguladora del mercado que evite sus frecuentes descompensaciones y efectos desigualitarios.

      En nuestro proyecto el Estado y el mercado no son incompatibles ni enemigos. Propugnamos un mejor Estado y un mejor mercado. Ello supone un Estado concebido actor que opera en distintos ámbitos articulando el conjunto de la sociedad. No hay contradicción Estado / mercado, pues mientras el Estado es un actor que opera en distintos ámbitos, el mercado es uno de esos ámbitos en lo que opera el Estado. Una de las funciones centrales del Estado es evitar las prácticas monopólicas u oligopólicas que muchas de las grandes empresas privadas producen en el mercado con el objetivo de maximizar su ganancia o su poder, distorsionándolo o anulando los aspectos beneficiosos para los consumidores,.

      Vivimos en un mundo a su vez, donde se ha desarrollado una nueva área de trabajo a nivel de la sociedad que no pertenece a la órbita estatal ni a la de la empresa capitalista, sino a la del conjunto de instituciones y emprendimientos sociales con fines públicos o privados y sin fines de lucro, denominado “tercer sector”. Modalidad que en nuestro país se ha expresado, con matices, en mutualistas, cooperativas, clubes deportivos, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), fundaciones, proyectos auspiciados por iglesias, etc. Este sector puede ser concebido como complementario del Estado y de las instituciones regidas por la lógica de la ganancia empresarial, razón por la cual el relacionamiento del Estado con esta área debe ser asumido con creatividad desde una lógica progresista y transformadora. Cabe esperar también que aparezcan otro tipo de movimientos sociales cuestionadores, como frentes sociales de defensa de la tierra, del trabajo y de la producción nacional, de defensa de la soberanía y las empresas del Estado; que también pueden ser esenciales al desarrollo del proyecto democrático.

      No revisar y adaptar el actual modelo estatal a los nuevos tiempos es la mejor forma de condenar al Estado a una lenta agonía. Asumimos el desafío de reformar el Estado, tanto por compromiso ético como por nuestra convicción en la importancia de su rol como garantía de cohesión social. La reforma del Estado no supone inexorablemente la reducción genérica de su tamaño, transciende este aspecto; debe orientarse a desarrollar un nuevo modelo de relacionamiento entre el sector público y la sociedad civil, entre el sector público y los actores económicos, y entre el funcionario público y el ciudadano.

      Nuestro objetivo es lograr la conformación de un Estado que vele por los derechos esenciales de la gente y reasigne recursos para dar cumplimiento a los mismos; un Estado que gestione y controle los sectores estratégicos de la nación; un Estado articulador, orientador, coordinador de grupos e iniciativas, técnicamente capacitado para ejercer el liderazgo en los emprendimientos colectivos así como para apoyar iniciativas privadas que apuntalen el desarrollo económico y promoverla y orientarla en aquellas áreas que no puede o decide no encarar en función de sus objetivos prioritarias; un Estado  regulador de la actividad privada cuando la misma no contemple el bienestar general, el medio ambiente o el patrimonio nacional. Un Estado que, en definitiva, controle las áreas estratégicas vitales para el desarrollo del país, y oriente, promueva o se asocie con el capital privado cuando sea necesario, en función del beneficio del país y el objetivo superior de lograr la superación de la calidad de vida de las grandes mayorías de la sociedad.

      En ese sentido las empresas públicas constituyen un patrimonio colectivo que debe ser preservado en función de todo ello, gestionadas con eficacia, eficiencia, y con los niveles necesarios de control que garanticen la necesaria transparencia al conjunto de los ciudadanos que son, en definitiva, sus únicos “accionistas” legítimos.

      Una sociedad integrada, que no deje “nadie afuera” implica un compromiso de todos los actores. Implica un Estado responsable, capaz de articular políticas públicas de integración social, de orientación de la actividad productivas, de investigación e innovación. Un Estado dinámico que gaste con objetivo de ayudar al desarrollo y que recaude con justicia, con fines redistributivos e incentivando la producción. Un estado capaz de llevar adelante políticas exteriores que defienda el lugar del país en el mundo.

      Un Estado que deje lugar al mercado, ayudando con regulaciones transparentes a aquellos sectores más débiles como las pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, habilitando la competencia real que hoy impiden la prácticas oligopólicas y monopólicas. Hay que generar reglas que permitan el desarrollo del sector social de la economía, incentivando a partir de políticas crediticias, comerciales, tributarias y de capacitación los emprendimientos de carácter asociativo.  Nuestro país cuenta con un  sector cooperativo muy desarrollado, con capacidad de propuesta y variadas experiencias asociativas que es fundamental que cuenten con un marco institucional que propicie su desarrollo. Un Estado que promueva la eficiencia y el compromiso de sus funcionarios públicos, cambiando la práctica clientelística para el ingreso y el ascenso; recuperando la carrera administrativa que vincule el ascenso al desempeño y no al tiempo transcurrido en el cargo o al favor del jerarca de turno; recuperando el concepto de “servidor público” que, sobre la base de un salario digno, y la participación en la planificación, ejecución y control de las tareas en la medida de la especificidad de cada una, comprometa a los funcionarios en el desempeño de su tarea al servicio del pueblo, que es quien en última instancia los contrata.

      Debemos enfrentar al burocratismo, al corporativismo, y a la corrupción que tanto daño le ha hecho al funcionamiento del Estado y a la sociedad en su conjunto.

      No hay que olvidar que durante años nuestro Estado se fue hipertrofiando, porque el manejo de su dirección se transformó en causa propia. Los directores trataron de perpetuarse en la dirección de las empresas y se practicó amiguismo y clientelismo, camino por la cual se fue burocratizando el Estado, lo que no fue cuestión de personas sino cuestión de historia y de marco global. Ese marco global, también involucró a los trabajadores, y ayudó a que se erosionara el valor moral del trabajo y de los trabajadores.

      La burocracia no es de derecha ni de izquierda, puede tener los dos rostros y ambos están prohijados  por la humana tendencia al menor esfuerzo. La burocracia necesita poder y tranquilidad: la democracia formal le sirve, la democracia real no pues el burócrata siempre trata de atesorar información y canales logrando aparecer como imprescindible. Todos podemos terminar como burócratas si no nos purifica el huracán de la democracia real, el juicio colectivo y permanente de los compañeros y los ciudadanos. Pero esto no existe, debe ser rescatado con la lucha y con la actualización ideológica; significa “meterse en la gestión”, en la participación, en el rescate de un ética del trabajo y del trabajador, y en el papel de múltiples funciones del Estado.

4. Educación, tecnología y empleo como clave del desarrollo

      Una de las características más sobresalientes de la realidad a la que nos enfrentamos es la importancia que ha adquirido la capacidad de innovación y el saber en el mundo contemporáneo. Vivimos en la “sociedad del conocimiento” con las oportunidades y los desafíos que ello supone.

      La globalización económica y el nuevo entorno tecnológico han alterado radicalmente el propio concepto de trabajo, las formas de producción, y ha provocado cambios profundos en la estructura ocupacional. A su vez, el desarrollo científico y técnico ha adquirido una relevancia estratégica y tiene implicancia concreta en la conformación de las relaciones de poder en el mundo y en las sociedades.  Ahora como nunca el conocimiento y la información son poder. Ello explica el importante crecimiento de la inversión en investigación científica y desarrollo producido en las últimas décadas del siglo XX en los países desarrollados, encarado a nivel privado por las empresas y a nivel público por los Estados. La capacidad de innovación adquiere una importancia creciente en las sociedades y en las economías por su fuerte impacto productivo e incidencia en los aspectos cultural y social. Por tanto en la actualidad, la consistencia del desarrollo económico y la prosperidad de los países está cada vez más ligado a su desarrollo tecnológico, y a la posesión de sistemas educativos fuertes y sistemas de comunicaciones modernos y potentes.

      En esta perspectiva resulta indispensable tanto el despliegue de políticas activas en investigación y educación y desarrollo a nivel nacional, como la superación de las enormes diferencias en el acceso y la distribución que en este plano existe entre países y regiones del mundo con importantes consecuencias de dominación y subordinación. La socialización del saber constituye una reivindicación central en el programa de la izquierda en el siglo XXI. Es condición elemental para la democratización indispensable de la sociedad del conocimiento.

      La inteligencia humana y el conocimiento son en última instancia las claves determinantes de todo progreso. Por ello, promovemos una fuerte apuesta a la educación en todos sus niveles como espacio fundamental para la enseñanza, el desarrollo, la consolidación y la elaboración colectiva de los principios éticos aplicables a toda la actividad humana.

      Hoy más que nunca importa que los jóvenes aprendan  y obtengan capacidades que les habilite su desempeño laboral; pero resulta fundamental además, que desarrollen un espíritu crítico y solidario que los prepare para el pleno ejercicio de sus derechos, sus responsabilidades ciudadanas, y para hacer frente a los nuevos desafíos que un mundo en permanente transformación les depara.

      El peso de la educación, la investigación y el avance que la tecnología ha adquirido, han transformado el mundo del trabajo y nos plantean el desafío de eliminar las dificultades y potenciar la oportunidades que ello representa para los trabajadores. El Uruguay no es ajeno a esas transformaciones que se manifiestan en una peligrosa dualidad: mientras algunos sectores trabajan, producen y consumen como nunca, otros parecen ser productiva y socialmente excluidos para siempre, aún también de la posibilidad de trabajar, o ven afectados su ingresos y beneficios sociales. Asumir esta realidad para modificarla es y será parte medular de nuestro compromiso fundamental.

      En este marco la educación ocupa un lugar clave y un papel que debe ser privilegiando. Reafirmamos la importancia que la educación ha tenido y debe tener en la sociedad y como necesidad vital para los individuos, en tanto proceso de adaptación e incidencia en el medio físico y social y como forma de aprovechar el mejor y principal recurso que siempre será el recurso humano.

      La educación debe ser un proceso permanente, porque la sociedad implica relaciones muy diversas, complejas y cambiantes y porque el nivel de conocimientos y técnicas requeridas se acrecienta en la actualidad. Tenemos un sistema educativo de historia muy prestigiosa pero que ha sido devaluado por sucesivos gobiernos conservadores al punto de que en la actualidad no se ajusta a las necesidades nacionales. Por tanto queremos un sistema educativo que responda a las necesidades de nuestro pueblo.

      Los principios consagrados históricamente en las bases programáticas del Frente Amplio en cuanto a laicidad, obligatoriedad, gratuidad, autonomía, participación, asistencialidad, que deben servir de base a la Educación Pública, forman el núcleo principal de la profunda transformación del sistema que promovemos, garantizando así el derecho fundamental de los seres humanos a la educación. El Estado debe ser el responsable principal de la educación permanente de la comunidad, asumir sus compromisos ineludibles en esa área, con la preocupación fundamental de que la enseñanza pública en todos los niveles sea de la más alta calidad y no una enseñanza inferior destinada a los sectores carenciados de la sociedad.

      El sistema educativo debe procurar recuperar el sentido de identidad nacional. Las transformaciones requeridas en tanto manifestación y práctica de la vida social, se deberán llevar adelante con el protagonismo del conjunto de la sociedad, especialmente de los docentes y de todos los sectores vinculados a la educación, tomando como referencia la amplia elaboración aportada a lo largo de los años.

      La acción educacional que llevan a cabo los organismos públicos tiende en nuestro proyecto, a desarrollar en los educandos la capacidad para vivir en un mundo cambiante, dinámico, con aceleradas transformaciones culturales (técnicas, ideológicas, políticas) incidiendo en ese mundo con creatividad y responsabilidad, siendo capaces tanto de promover cambios como de resistirlos cuando éstos afecten  los valores esenciales (aquellos que hacen a la solidaridad, la libertad, la cooperación, el respeto a la individualidad) promoviendo una nueva ética de relacionamiento social basada en el respeto a la diversidad cultural, étnica y de género. El sistema educativo propenderá a eliminar las discriminaciones por razones de raza, género o condición social para que los resultados sean realmente justos. La noción de cultura productora será una guía firme de la enseñanza pública; ella implicará que todos sus educandos aprendan a trabajar pensando y a pensar trabajando.

5. Profundización de la democracia y de la ciudadanía

      La profundización y la extensión de la democracia configuran en sí mismas un objetivo fundamental para la izquierda. La defensa de las instituciones democráticas y de los derechos que implica ha sido y es parte esencial de nuestra propuesta, tal como ha mostrado la historia reciente con el esfuerzo y el sacrificio que miles de frenteamplistas brindaron para obtener su recuperación y consolidación. El sufragio universal, el pluripartidismo, las libertades de expresión, reunión y asociación; las garantías de los derechos humanos; el estado de derecho, el gobierno de las mayorías y el control de las minorías, han sido sostenidas a lo largo de toda nuestra vida política.

      Para la profundización del sistema democrático, constituyen pilares fundamentales: la ampliación de los canales de participación y los mecanismos de incidencia efectiva de los ciudadanos descentralizando el poder; la mayor democratización de los medios de comunicación masivos, garantizando el acceso efectivo a todos los sectores e individuos que quieran utilizarlos para expresar sus ideas, y no sólo a aquellos que tienen poder de compra de los espacios o los medios; la democratización de la economía, entendida como la búsqueda de una mayor igualdad en la distribución de la riqueza y en el poder de decisión que ello implica.

      El desarrollo de los medios de producción de hoy en día, permite eliminar sin mayores dificultades las situaciones más extremas de pobreza y exclusión social a nivel mundial; la democratización del conocimiento mediante el derecho a acceder a un mayor número de años de educación a todos los individuos, y la limitación de los derechos de propiedad intelectual individual de acuerdo a normas de uso colectivo y a un período de tiempo limitado.

      También puede y debe procurarse la transparencia financiera de los partidos políticos a través de la publicación periódica de sus ingresos y egresos, detallando sus gastos en publicidad, y la prohibición de las donaciones anónimas altas. A su vez, el control de los actos del Estado no sólo en cuanto a su forma o legalidad, sino también en cuanto a su contenido, así como el establecimiento del derecho de acceso a sus expedientes: “habeas data”.

      Reivindicamos  la política como el ámbito de resolución de los asuntos públicos que conciernen a la sociedad en su conjunto, como espacio de acción colectiva y de servicio. Quienes detentan mayor poder económico y el poder político desde un punto de vista conservador, devalúan la política como campo de acción e incentivan la despolitización de la sociedad, porque ello les permite afirmarse en su poder.

      Asumimos la ciudadanía como objeto y sujeto de la acción política. En esa doble condición debemos fortalecerla renovando las bases democráticas de la sociedad y promoviendo mecanismos que acerquen más la política a la gente; que permitan su mayor protagonismo en forma organizada e individual.

      En ese marco, las formas de garantizar el pleno ejercicio de los derechos, el contrapeso de los poderes, tanto los clásicos como el de los medios de comunicación, así como la transparencia de todo acto que incida sobre la ciudadanía y, especialmente, la mejora de los mecanismos de representación y participación popular, merecen una atención jerarquizada de nuestra parte. En las políticas de izquierda del  mundo actual cobran cada vez mayor importancia las políticas fundadas en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en tanto que tales, protagonizados en forma individual o colectiva; desde las audiencias públicas por problemas ambientales u otros, a los boicots de los consumidores, la llamada “desobediencia civil” en distintas cuestiones, y las experiencias más innovadoras en materia de reclamos de acceso a la información o de protección frente a la burocracia, la lucha contra la discriminación por sexo, raza u orientación sexual.

      Promovemos la descentralización y la jerarquización adecuada del ámbito local en tanto expresión cercana y directa de lo que es la sociedad civil. La acción municipal, por su proximidad a los ciudadanos, es tal vez el campo más fértil para el desarrollo de una acción política innovadora, transparente y progresista. Un campo en el que hemos hecho mucho y en el que aún tenemos mucho más por hacer. Sobretodo en el campo de seguir transfiriendo capacidad de decisión a los trabajadores y a la comunidad.

      Es imprescindible encarar con más fuerza la articulación entre el gobierno, los trabajadores y la comunidad; tanto en el plano departamental como en el ámbito nacional. Es impensable el gobierno progresista si no se jerarquiza la posibilidad de que los trabajadores aporten cada vez más en el plano de la gestión de las empresas del Estado; así como la necesidad de aumentar la capacidad de decisión de los usuarios. Todo lo cual , sin embargo, debe ir de la mano de la necesario recuperación de los mejores valores éticos del trabajo y de los trabajadores, del aumento de los principios de solidaridad y responsabilidad del trabajo; el respeto real a los fueros sindicales sin transformarlos en privilegio de los dirigentes o en posibilidades para la utilización individual al margen de las necesidades colectivas. A la hora de la actualización ideológica, los frenteamplistas sentimos el imperativo moral de recuperar las mejores tradiciones de los compañeros que nos antecedieron, y que el auge de las ideas neoliberales dificulta concretar.

6.  El trabajo en todas sus formas, columna vertebral de nuestro proyecto

      Nuestro proyecto político reconoce en el trabajo su principal referencia. El valor de la creación productiva, del esfuerzo innovador, son insustituibles no como componentes del crecimiento económico sino como cimientos de un modelo de desarrollo integral. Construir una sociedad en la que el trabajo, en sus múltiples expresiones, sea la principal preocupación colectiva es nuestro gran desafío.

      El trabajo estuvo en el origen del ser humano, es la base de la organización social y por lo tanto en la base del desarrollo de las sociedades. La historia de la sociedad es la historia de la organización del trabajo, así como la historia de las concepciones políticas es la historia de cómo se organizan los pueblos para trabajar.

      No ha habido desarrollo del valor creciente del individuo y del ser social al margen de la historia de la organización del trabajo. El papel cada vez más importante del individuo en la historia del desarrollo de las sociedades está íntimamente ligado al aumento de la dignidad del trabajo y, al mismo tiempo, de la dignidad de los trabajadores.

      Las ideas de libertad, democracia y participación estuvieron siempre unidas a la forma y al papel que le cupo a hombres y mujeres en la organización del trabajo.

      El trabajo, en definitiva, es un valor sobre el que se levantaron todos los demás valores. Y por esta razón, está en la base de las tareas del Frente Amplio tendientes al rescate y la actualización de los valores ideológicos sobre los que se asentó toda su práctica, desde sus orígenes y sus antecedentes a la actualidad y los tiempos  de cambio y de transformaciones que se avecinan y que protagonizarán los frenteamplistas para realzar el destino de los orientales. Ello va unido, indudablemente, a la lucha por seguir enalteciendo el valor del trabajo y la dignidad de los trabajadores.

      En la época actual porcentajes importantes de nuestra población son condenados a vivir sin trabajo, sin seguridad social o sin ingreso suficiente para sus necesidades vitales y las de su familia.  La primacía absoluta del capital sobre el trabajo, y en particular del capital especulativo sobre el capital productivo, nos parece absolutamente irracional y antihumana. La legislación laboral debe ser actualizada de acuerdo con las realidades económicas y sociales de nuestro tiempo y en tal sentido se requieren urgentemente normas revitalizadas sobre consejos de salarios, convenios colectivos, fuero sindical, seguros, estímulo a la sindicalización y protección a los trabajadores no organizados.

      La creación de fuentes de trabajo estable y con salario digno es la prioridad absoluta y solamente es posible con un apoyo sistemático y sostenido al sector productivo básico que es el único que puede crearlos en las cantidades que se requieren.

      La seguridad social que cubre necesidades vitales del ser humano desde el nacimiento hasta la muerte, debe ser proporcional a las necesidades de los distintos sectores de la sociedad y no puede ser objeto de negocio ni de especulación por parte de empresas privadas.

      La participación de los trabajadores organizados en la dirección de las empresas e instituciones del Estado es una garantía de eficiencia y contralor que ha probado ser socialmente muy conveniente. Consideramos que los sindicatos han sido el instrumento principal que han tenido los trabajadores en la larga y difícil lucha por sus derechos y, en particular, creemos que la constitución de la central única es el mayor logro en la historia laboral de nuestro país y de la región.

      La lucha por un país productivo y solidario está en el centro del esfuerzo de los frenteamplistas y ello está indisolublemente ligado a la lucha por el trabajo y por una nueva organización del trabajo. El Frente Amplio ha tratado y trata de ser la organización que expresa al más amplio espectro de trabajadores y de gente vinculada al trabajo: trabajadores manuales e intelectuales, asalariados, propietarios y vinculados a la producción familiar, administrativos y profesionales universitarios, los que están en actividad y los que se han jubilado, formales e informales, del campo y la ciudad, de la industria y del comercio... El Frente Amplio trata de expresar a todos los orientales que, de una forma u otra están o estuvieron vinculados al mundo del trabajo y que forman la inmensa mayoría de la población.

      El principal objetivo del Frente Amplio es la construcción de una nueva organización del trabajo, sobre bases solidarias y en las que se resalte la cooperación y la exaltación de las relaciones de iguales entre sus iguales, pues de lo que se trata es de darle un lugar en la nueva sociedad a todos los que de una forma u otra, ahora o en los tiempos por venir, están dispuestos a encontrar nuevas formas de relación con el trabajo, con la producción y el intercambio, con el comercio y con las profesiones universitarias.

      El pleno ejercicio del derecho al trabajo y su dignidad para el desarrollo integral del ser humano, para su liberación de las necesidades materiales básicas y el ejercicio del derecho al descanso y el disfrute del tiempo libre, constituye un objetivo central de nuestro proyecto y motivo permanente de nuestro trabajo.

7. El combate de la pobreza como compromiso ético y desafío prioritario

      La pobreza es el problema número uno de la sociedad contemporánea. Siempre hubo desigualdades en la sociedad humana, pero nunca han sido tan aberrantes como las que se dan hoy entre ricos y pobres, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Se ha desarrollado el fenómeno de la exclusión social como realidad que castiga a un numero creciente de personas.

      En nuestro país, como agravante, la pobreza afecta fundamentalmente a los niños y por tanto al futuro de la sociedad. Descuidarla ahora no implica solamente traumatizar el presente sino también y más aún comprometer el porvenir. Un futuro ya comprometido por la creciente emigración de jóvenes uruguayos que buscan fuera de frontera las oportunidades que aquí no se dan.

      Se pueden utilizar varios criterios para cuantificar la pobreza. Todo ellos registran su dramático crecimiento de la misma. En todos los casos la pobreza implica grandes desigualdades, ingresos insuficientes, carencias vitales de alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad social y condiciones de vida digna, deterioro biológico, psíquico, social y ambiental y algún grado de marginación o exclusión social.

      La pobreza tiene su origen en la estructura de un sistema económico y social esencialmente injusto y por tanto los encares  parciales son insuficientes y solamente un enfoque integral  y participativo puede ser eficaz.

      El necesario enfoque integral para enfrentarla supone combinar políticas de empleo y de ingreso, de distribución de la riqueza, la inversión compensatoria en los servicios públicos básicos, participación popular y democratización de la sociedad. Además de integral, el enfoque de la pobreza debe ser diferencial. Se deben corregir las tremendas desigualdades de hoy y para ello es imprescindible un tratamiento preferencial para los sectores más carenciados, por lo menos en lo que respecta a las necesidades vitales de salud, educación y seguridad social. En el Uruguay de hoy esos tres sistemas     -necesarios para el ser humano desde su nacimiento hasta su muerte- son inversamente proporcionales a las necesidades de la gente. Los que necesitan más de la salud, de la educación y de la seguridad social son los que tienen menos y peores servicios. Y por tanto es absolutamente prioritario, modificarlos para que sean directamente proporcionales a dichas necesidades.

      Solucionar el problema de la pobreza requiere también un enfoque participativo que involucre no solamente a los afectados por el problema sino a toda la sociedad en su conjunto. La pobreza no tiene un origen individual sino social, y no es solamente una cuestión económica, sino también una cuestión social, cultural, ecológica y hasta moral. Supone sin duda también, implementar junto al conjunto de modificaciones económicas que impulsamos, cambios radicales en el sistema impositivo de modo de que no se grave a todos por igual, sino que pague más quien tiene más, y pueda encararse las medidas necesarias para enfrentar y erradicar la pobreza.

      El principio básico de justicia que inspira toda la política social progresista y especialmente el tratamiento de este problema, no es otro que el gran principio rector de la revolución artiguista: “¡Que los más infelices sean los más privilegiados!”

8. El Frente Amplio:  una fuerza política al servicio de los uruguayos

      El Frente Amplio  es una fuerza política profundamente arraigada en el colectivo social, una herramienta de cambio y para los cambios progresistas al servicio del pueblo uruguayo. No nos conformamos con administrar el futuro sino que pretendemos liderarlo, construirlo colectivamente, entre todos, aportando nuestros valores, principios, experiencias y esperanzas como contribución a la superación de la sociedad uruguaya y el mejoramiento del país.

      Una fuerza política esencialmente pluralista en que confluyen organizaciones y personas progresistas de distintos orígenes filosóficos, ideológicos y sociales, convencidos de la necesidad de promover e instrumentar cambios en la sociedad uruguaya que mejoren la vida de sus gente, recogiendo de la tradición y del ideario artiguista buena parte de su propuesta y su vocación de lucha transformadora.

      Una fuerza política unitaria. La unidad sin exclusiones de la izquierda en torno a un programa y la construcción de una estructura para el trabajo común en función del objetivo compartido, es una experiencia histórica destacada y la razón última del crecimiento y el protagonismo adquirido por el Frente Amplio en el Uruguay a lo largo de sus treinta años de historia. La unidad en la diversidad ha sido un pilar fundamental en su desarrollo.

      Una fuerza política con experiencia y vocación de gobierno al servicio de los cambios. A partir de 1989 la ciudadanía nos confió el gobierno municipal en la capital del país; responsabilidad y distinción refrendada consecutivamente en los próximos actos electorales por un número creciente de montevideanos. Así lo quiso en el año 1989 el 34 %, en el año 1994 el 44%, y en el año 2000 el 58% de los ciudadanos montevideanos.

      El Frente Amplio al frente de la Intendencia Municipal de Montevideo ha demostrado a lo largo de una década de que hay otra forma de gobernar. Se ha transformado radicalmente el departamento a través de la implementación de tres líneas rectoras del programa presentado a la ciudadanía: la descentralización política y administrativa abriendo la participación social y política a los montevideanos con la intención manifiesta de compartir el poder con la sociedad y acercar la gestión pública al ciudadano;  la implementación de un plan ambicioso de políticas sociales dirigidas a aquellos sectores que más lo necesitan con protagonismo de la población involucrada y articulando la experiencia acumulada en la sociedad sobre el enfoque integral de las mismas; y la aplicación de un plan de obras de fuerte impacto en la calidad de vida de los montevideanos, dentro del cual se destaca la extensión del servicio de saneamiento a prácticamente la mitad de la población del departamento que carecía de este servicio de salubridad e higiene ambiental básico. Junto a ello se ha impulsado: la justicia tributaria; la revalorización del espacio público; las políticas de viviendas con oferta de predios para su construcción mayoritariamente por la modalidad cooperativa; la preservación ambiental; el apoyo a la producción en el Montevideo Rural y el Mercado Modelo;  la reforma de la gestión municipal a través de su informatización y nuevas modalidades de gestión de los recursos humanos y materiales; la cooperación internacional y la apuesta al desarrollo cultural y a la construcción de un imaginario colectivo de contenido progresista.

      Hemos demostrado en los hechos que hay otra manera de hacer política y de gobernar. El ejercicio del diálogo y la articulación de las diversas realidades e intereses en beneficio del interés general, así como la transparencia en la gestión del manejo de recursos, diversos mecanismos de control institucional y social, y la elaboración participativa del presupuesto; son señas de identidad de su experiencia de gobierno, que se diferencia claramente de los estilos de gobiernos practicados con anterioridad en el país.

      El Frente Amplio es en definitiva una fuerza política que encarna una esperanza. Expresa el anhelo creciente de los uruguayos por construir un país más justo y solidario con oportunidades para todos.

      Es por eso una fuerza política profundamente progresista y democrática, pacífica y pacificadora, que convoca a recorrer juntos, el camino del cambio a la uruguaya y la transformación nacional.

9.   Una causa común para todos los progresistas uruguayos :un mejor país para  un nuevo siglo.

      Somos una fuerza joven y como tal  tenemos más sueños que recuerdos. Queremos hacer realidad nuestros sueños y sabemos que ello sólo será posible sobre bases de amplios y sólidos consensos políticos  pues hay una mayoría social que cree que es posible un Uruguay mejor y que vale la pena trabajar para construirlo.

      Paradójicamente, la aplicación dogmática del modelo neoliberal conservador y los gravísimos niveles de deterioro que han provocado en la estructura económica y social del Uruguay, han generado las condiciones para la concreción de acuerdos amplios para su derrota y superación. Ha crecido drásticamente el número de uruguayos afectados por la pobreza que a su vez afecta con más fuerza a jóvenes y niños.

      Los trabajadores han sumado al problema de la reducción de sus ingresos, del salario real, problemas nuevos como el subempleo, el empleo precario sin prestaciones sociales básicas, y el crecimiento a niveles históricos del desempleo como problema central de nuestro tiempo. Las capas medias vinculadas a la industria, las actividades del sector público y la educación, se han debilitado enormemente. La desarticulación del aparato productivo del país, la crisis por la que atraviesa el agro. la industria y el comercio, han aumentado los sectores sociales desconformes con las políticas aplicadas durante los últimos años. Las políticas aplicadas en desmedro del desarrollo del conocimiento y la investigación científica, han perjudicado a los sectores de intelectuales y profesionales de la educación. Al mismo tiempo, la carencia de políticas que afronten la superación de esos aspectos y de las nuevas problemáticas vinculadas a la ecología y el deterioro del medio ambiente, la discriminación de género, étnica o sexual, los perjuicios que afectan a los consumidores, etc., han generado el surgimiento de nuevos actores en la sociedad civil que se nuclean en organizaciones no gubernamentales y de distinto tipo demandando soluciones y acciones concertadas ante esta realidad.

      El gran desafío es concretar la expresión política de la creciente voluntad de cambio en nuestra sociedad en torno a un programa de transformaciones.

      Creemos en la necesidad de agrupar a todos los progresistas uruguayos en torno a esa causa común. La construcción del Encuentro Progresista como alternativa real, conformado por la confluencia de personas y sectores provenientes de las diversas tradiciones políticas e ideológicas del país, constituye una experiencia realmente en este sentido, y un camino por donde caminar.

      La unidad de todos los sectores progresistas de nuestra sociedad en torno a un programa común para cambiar el país a favor del pueblo es la mayor conquista política de la izquierda uruguaya y un avance revolucionario hacia los cambios.

      Esa unidad política  en el marco de un pluralismo democrático a la interna y a la externa, por encima de ideologías y tradiciones, se articula en torno a los ejes programáticos prioritarios definidos claramente en el Otro Programa presentado a la ciudadanía en el marco de la campaña electoral de 1999:

·     la Justicia Social,  a través del desarrollo de políticas sociales integradas, de salud, educación, vivienda y seguridad social, con el objetivo de corregir las gravísimas e intolerables desigualdades de nuestra sociedad.

·     el País Productivo, mediante la implementación de políticas económicas (tributos, producción, comercio, inversión, investigación y tecnología) dirigidas hacia el objetivo de apoyar al sector productivo a fin  de crear fuentes de trabajo estables.

·     la Democratización de la Sociedad y del Estado, con políticas hacia la cultura, seguridad, comunicaciones, medio ambiente, gestión estatal, que profundicen la democracia dentro del país con la mayor participación popular, y la política internacional orientada hacia la consecución de un orden mundial más justo.

Convocamos a la unidad de los progresistas en base a un programa de cambios cada vez más necesario para el país y su gente, desde nuestra experiencia de trabajo junto a los uruguayos para ello, y en torno al compromiso con los valores esenciales de la justicia, la libertad la solidaridad y la búsqueda del progreso de nuestra gente.

Estamos  convencidos de que otro mundo es posible y de la necesidad de la unión de todos los progresistas para lograr un mejor país para el nuevo siglo.