Editorial del diario La Nacion
Imagen de la Virgen en Tribunales

El 10 de diciembre último, la jueza federal Susana Córdoba hizo lugar a una acción de amparo y dispuso el retiro de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás que estaba emplazada en la entrada principal del Palacio de Tribunales, bajo la estatua de la Justicia, desde mayo de 2002. La imagen religiosa fue removida el 3 del actual, por orden de la Corte Suprema.
Tanto el mencionado fallo como el posterior cumplimiento de lo dispuesto en él provocaron y siguen provocando innumerables reacciones en favor y en contra, muchas de las cuales aparecieron publicadas en las cartas de lectores de LA NACION.
La acción de amparo había sido presentada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que había pedido que se declarara la inconstitucionalidad de la anterior decisión de la Corte Suprema que había permitido esa colocación. Ahora, la resolución de la jueza está bajo estudio de la Sala 4a. de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá expedirse.
Es importante puntualizar aquí que el fallo de la jueza Córdoba ha coincidido con la posición del nuevo presidente de la Corte, Enrique Petracchi, quien había sostenido que la presencia de la imagen "revelaría una implícita, pero no por ello menos clara, adhesión a un credo en detrimento de los otros", dando lugar a que, entre aquellos que concurren a los tribunales, pudieran producirse "efectos de discriminación y presión sobre sus legítimas convicciones". En tal sentido, recordó que el artículo 2° de la Constitución impone "únicamente al Estado la obligación de sostener materialmente el culto católico y no, en cambio, la de apoyar una religión oficial o preferirla".
El ministro Augusto Belluscio había señalado que la imagen se había instalado sin que "ningún acto administrativo lo hubiera autorizado". Si bien todas las partes en juego insisten en la necesidad de buscar una solución armoniosa, es evidente que algunas de las posiciones vertidas son irreductibles. Sin embargo, el fallo de la jueza no hizo más que refirmar el principio de neutralidad religiosa del Estado, componente esencial del derecho de libertad de culto. La imagen religiosa fue quitada de un ámbito en el cual nunca debió haber sido entronizada. En un país pluralista, y la Argentina reclama para sí esa condición, debe respetarse una laicidad necesaria, que sea garantía de la distinción que debe establecerse entre los ámbitos de diferentes competencias, entre lo que corresponde a la Iglesia y lo que corresponde al Estado. La oración pública tiene, por consiguiente, ámbitos que le son propios.
Cabe destacar en ese sentido que, tal como lo ha enfatizado días atrás un lector de este diario, el Código de Derecho Canónico señala en el canon 1188 que el uso de exponer a la veneración de los fieles imágenes sagradas en las iglesias debe hacerse en número moderado y guardando el orden debido. Si el derecho eclesiástico establece eso para los templos, con más razón debería seguirse tal criterio cuando se tratare de lugares ajenos al culto.
En el ámbito de la justicia argentina, lo que toda la ciudadanía debe esperar, y exigir, es que el respeto por la dignidad del hombre esté presente en la figura de jueces probos e independientes y abogados honestos. En los últimos tiempos, la imagen de muchos de sus principales representantes se ha visto muy menoscabada y por motivos muy graves. Ahora tienen por delante un gran esfuerzo para recuperar para el Poder Judicial el prestigio que le es propio.
Pero esta misma sociedad que reclama con razón por la calidad de sus instituciones debe también acompañarlas dando ejemplo de entendimiento y de respeto por las disposiciones de nuestra ley fundamental. De esta manera, nadie se sentirá agraviado y habrá un motivo menos de desunión entre los argentinos.
La Nacion, 24 de enero de 2004

Clarin, Miércoles 10 de diciembre de 2003