El gobierno prorrogó por un año el Plan Jefas y Jefes de Hogar

BUENOS AIRES, 6 ENE (AIBA-Infosic). El gobierno prorrogó por un año más, hasta finales de 2004, la vigencia del programa Jefas y Jefes de Hogar desocupados, al entender que aún no fue superada "la crítica situación" que motivó la creación de ese plan de subsidios.

La confirmación de esta norma fue publicada hoy en el Boletín Oficial, donde figura el decreto 1.353/2003 que confirma esta decisión de la Casa Rosada.

En el decreto, que lleva la firma del presidente Néstor Kirchner y de todo su Gabinete de ministros, también se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2004 la declaración de la Emergencia Nacional Ocupacional.

La emergencia ocupacional, que incluyó el establecimiento del plan de susbsidios a desempleados, se había declarado inicialmente el 22 de enero de 2002 durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Esta medida, ante la continuidad de la crisis, fue prorrogada sucesivamente el 3 de abril de ese mismo año y el 7 de enero de 2003. Ahora se dispone extender su vigencia, que vencía el 31 de diciembre pasado, hasta la misma fecha de 2004.

El gobierno justificó la permanencia del pago de subsidios a desocupados con que "resulta necesaria la continuidad de la garantía de la protección integral de la familia", además de que se debe "asegurar el acceso de los hijos menores" a la educación.
"Y propiciar, esencialmente, la participación e inserción de los beneficiarios a los programas de capacitación que coadyuven a su futura inserción laboral", agregó el decreto en sus considerandos.

El plan Jefas y Jefes de Hogar desocupados ocupó, en los últimos días, un lugar importante en el debate oficial, ya que el gobierno intenta limitar el poder de los intendentes en el manejo de estos subsidios y evitar el clientelismo político.
En Argentina, casi el 20 por ciento de los hogares subsiste con estos planes, que otorgan 150 pesos cada uno, y equivalen a la mitad de los que perciben un sueldo en blanco.
En la actualidad se distribuyen 1,8 millón de planes sociales, es decir, que dos de cada diez familias tienen la ayuda del programa.

Sin embargo, de las 38 agrupaciones piqueteras que hay actualmente, apenas el 7 por ciento son beneficiarios de esos planes, lo que profundiza la problemática fuera de ese círculo.
La mayor parte de los planes fueron entregados a través de los municipios, cuyas autoridades están en la mira del gobierno debido a las irregularidades detectadas.
De hecho, en varias dependencias del Conurbano bonaerense, pero también del interior, se confirmó que muchos empleados municipales y también policías, cobraban los planes. (AIBA)