CAUSA POR EL PAGO DE SOBORNOS EN EL VIEJO SENADO
El arrepentido intenta aliviar su situación
El ex secretario Mario Pontaquarto sostiene que su rol fue el de un partícipe secundario.
A pesar de haber confesado que repartió las coimas del Senado, Mario Pontaquarto apeló el procesamiento por cohecho que le dictaron la semana pasada. El juez Rodolfo Canicoba Corral lo había señalado como un partícipe necesario de la ma niobra. El "arrepentido" respondió ayer que su rol fue el de apenas un partícipe secundario.
Su presentación se sumó a la del ex senador radical José Genoud, que también ayer apeló la resolución de Canicoba. El miércoles lo habían hecho los defensores de Fernando de Santibañes, jefe de Inteligencia del gobierno de la Alianza, y del ex senador peronista Emilio Cantarero. Y el lunes, uno de los fiscales de la causa, Federico Delgado.
La fiscalía sólo se refirió a De Santibañes: quieren que el procesamiento se amplíe al delito más grave de peculado, que trata de los funcionarios que usan dinero público para fines distintos de los previstos. El ex jefe de la SIDE y los dos ex senadores —en cambio— pidieron que se revoquen sus procesamientos y los embargos de 10 millones de pesos.
La apelación de Pontaquarto no es un mero debate jurídico: apunta a una pena más leve en una eventual condena. El partícipe necesario —cómplice que presta una cooperación fundamental al delito en cuestión— recibe la misma pena que el autor del hecho; en este caso, de uno a seis años de prisión; el partícipe secundario —el que presta una ayuda menor— recibe entre un tercio y la mitad de la pena; en el cohecho, de cuatro meses a tres años.
El lunes, cuando regrese de sus vacaciones, Canicoba Corral va a empezar enviarle el expediente 9.900/00 a la Cámara Federal. La Sala I de este cuerpo es la que va a resolver las apelaciones. Si confirma los procesamientos, dejará a los cuatro acusados en las puertas de un juicio oral.
Además de apelar, ayer Pontaquarto fue a una fiscalía de Mercedes a ratificar la denuncia que presentó el miércoles último en una comisaría de la localidad bonaerense de General Rodríguez, donde vive. Dijo que un desconocido le apuntó con un arma a un pintor que está trabajando en su casa y le advirtió: "Decile a tu patroncito que la va a pasar mal".
También reconoció que, como publicó Clarín ayer, la revista TXT le pagó 18 mil dólares por la entrevista en la que habló por primera vez de las coimas. "Yo ya había aportado el respectivo contrato al expediente", afirmó.
Genoud,
mientras tanto, pidió que la última parte de la causa sea
declarada nula. Su escrito de apelación comienza con la cita de
un filósofo inglés del siglo XVIII, Jeremy Bentham, que
habló sobre el comercio de las pruebas en los juicios. De Canicoba
dijo de todo: se quejó desde su supuesta parcialidad hasta de su
"inadecuado lenguaje judicial".
Clarin, Viernes 30 de enero de 2004
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"EL
ARREPENTIDO" MARIO PONTAQUARTO. (Foto: LEO VACA)
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LA ESTRATEGIA DEL EX JEFE DE LA SIDE
De Santibañes evalúa mostrar más pruebas
Fernando de Santibañes insiste en que la plata que supuestamente se usó para pagar las coimas del Senado no salió ni pudo haber salido de la Secretaría de Inteligencia en los nueve meses que él estuvo al frente de esa dependencia. Para eso está estudiando, con sus abogados, presentar una prueba que considera importante: informes secretos que en abril de 2000 le habría elevado al entonces presidente Fernando de la Rúa.
De Santibañes expresa ahí su desacuerdo con la sanción de la Reforma Laboral. Y cree que ése es un buen elemento para tratar de convencer a la Cámara Federal de que, habiéndose opuesto él a esa ley hace cuatro años, mal pudo haber sobornado a senadores para que la aprobaran.
Fuentes judiciales dijeron a Clarín que esos supuestos informes secretos no fueron presentados en el expediente y que su valor es muy relativo. De Santibañes sí habló del tema en su declaración indagatoria, el 9 de enero pasado. Según quedó asentado en la foja 8.452 de la causa que instruye el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el ex jefe de Inteligencia afirmó que siempre desaconsejó la ley tal como se sancionó.
"Una de las tareas de la Secretaría —se lee en el acta de la indagatoria— era producir informes diarios sobre hechos relevantes, todas las mañanas (los recibía) el presidente de la Nación en Olivos, esto lo producía yo (...). Con relación a la ley laboral , recuerdo que se informó de manera negativa, aconsejando el veto de la ley". Por lo tanto, De Santibañes concluye que "esta posición no resulta compatible con la afirmación de (Mario) Pontaquarto" respecto del pago de sobornos a varios legisladores.
Los defensores del empresario, Hugo Juvenal Pinto y María Alejandra Antón, estudian la posibilidad de sumar como prueba los informes originales cuando la Sala I de la Cámara Federal porteña los cite para que argumenten por qué debe revocarse el procesamiento dictado por Canicoba.
Senado:
la UCR estudia sanciones
Las autoridades del radicalismo se tomaron un tiempo para analizar si
sancionan a José Genoud y Mario Pontaquarto, los dos afiliados
que fueron procesados hace una semana por el juez que investiga las coimas
en el Senado.
Fuentes partidarias le aseguraron a Clarín que el jefe del Comité
Nacional, Angel Rozas, impulsaría la desafiliación temporaria
de ambos. La medida tendría vigencia hasta que un fallo definitivo
determine si son inocentes o culpables. En el último caso, se los
expulsaría.
"Recién están procesados, pero pensamos en suspenderlos
preventivamente para demostrar que no miramos para otro lado", confió
un dirigente.
De todos modos, la conduc ción nacional tendría complicaciones
para aplicar las medidas. Sobre todo en el caso de Genoud. Es que las
sanciones son decididas en cada distrito y el ex senador por Mendoza cuenta
con la protección del comité provincial, al menos mientras
no reciba una condena.
Clarin,
Viernes 30 de enero de 2004
Confirmó TXT que le pagó a Pontaquarto
Le dio US$18.000 para sus necesidades
La revista había publicado la entrevista en la que se revelaron detalles de presuntas coimas
Habían firmado un contrato que está en el expediente judicial
El abogado de TXT Juan Manuel Alemán confirmó ayer que la publicación pagó US$ 18.000 al arrepentido Mario Pontaquarto para sufragar "los gastos de la salida de su familia del país y la asistencia legal para su defensa", previo a la entrevista concedida por éste a la publicación. La suma consta en el convenio firmado entre Capital Intelectual SA, editora de la revista.
En la cláusula tercera del convenio, agregado al expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION, se especifica que "la revista se compromete a brindar al entrevistado la siguiente ayuda: [...] entregarle la suma de dinero consistente en la cantidad de US$ 18.000 destinada a la atención de las necesidades familiares y personales que puedan derivarse de la decisión personal que asume el entrevistado".
En dicha cláusula se señala también que se le proporcionaría a Pontaquarto asistencia letrada.
Consultado el abogado Hugo Wortman Jofre, letrado de Pontaquarto, sobre si éste hubiera concedido la entrevista y declarado ante la Justicia en caso de no haberse pagado esa suma, éste señaló que "antes se buscaron varias alternativas".
Precisó: "Hablamos con el embajador de Perú y el fiscal anticorrupción de ese país para buscarle asilo, pero no hubo receptividad. También lo hicimos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), pero no hay asilo para un arrepentido. Un día antes de dar la entrevista, Pontaquarto habló con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, pero éste le indicó ir a la Justicia".
Tanto Alemán como Wortman Jofre coincidieron en que "al no contemplarse la figura del arrepentido en nuestra legislación, Pontaquarto no podía obtener ni protección ni asilo para su familia fuera del país, porque la Justicia no tenía modo de facilitarle la salida de su familia del país. Capital Intelectual le viabilizó ese tema y su asistencia letrada".
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Aclaración previa
Cuando la entrevista al arrepentido salió en TXT, un artículo del editor de la sección Política de la publicación, Edi Zunino, señaló que la revista "generó las condiciones para que la familia Pontaquarto saliera del país, y para que él recibiera el asesoramiento del estudio Wortman Jofre-Isola (ex Moreno Ocampo)".
Consultado Damián Loreti, especialista en Derecho de la Información, sobre si el pago de los US$ 18.000 instala un debate ético al respecto, éste señaló que: "Al no existir un código de ética, pagar o no pagar es decisión de cada medio. Hay quienes pagan y quienes no. Esto está sometido a la declaración de principios de un medio. Hay agencias como Reuters o cadenas de TV como Telemundo, y hasta países que especifican que no pagan por una información".
Loreti puntualizó que también "hay que considerar que Pontaquarto no es un testigo, sino un arrepentido que se autoincrimina, de modo que aquí no hay que confundirse con la figura jurídica del falso testimonio. La pregunta es si Pontaquarto hubiera dado la entrevista en caso de que no se le hubiera pagado".
La Nacion, 30 de enero de 2004
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