Editorial I
Secuestros: la ruta del horror

Con la liberación de Ernesto Rodríguez, que permanecía en manos de sus captores desde el 23 de diciembre último, la Policía de la provincia de Buenos Aires coronó ayer con éxito un largo trabajo de investigación -compartido con otros servicios de seguridad de la Nación- y logró avanzar sustancialmente hacia el esclarecimiento de un episodio criminal que tuvo en vilo a la opinión pública durante buena parte del verano y que motivó, en determinado momento, encrespadas controversias en los medios de comunicación sobre el estado de la seguridad en el país.

La acción combinada de efectivos de la Policía Federal y de la SIDE permitió liberar también, días atrás, a Cristina Taborda, que había sido secuestrada por una banda criminal el 18 de enero último en un camino rural próximo a Arrecifes. La víctima permaneció durante quince días en cautiverio en una choza de chapa, madera y cartón en las inmediaciones de José C. Paz.

El conocimiento de los escalofriantes pormenores que rodearon estos dos casos -y de sus posibles vinculaciones con otros secuestros resonantes- debería llevar a una severa reflexión sobre la necesidad imperiosa de que se arroje luz definitivamente sobre las andanzas entrecruzadas de estas bandas delictivas, que están infligiendo un siniestro y brutal castigo a la sociedad argentina.

Cristina Taborda, esposa del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Pergamino, fue sometida por sus captores a condiciones de vida infamantes. Amordazada, maniatada y con los ojos vendados, estuvo tres días sin beber y casi sin ingerir alimentos. Los delincuentes le aplicaron mortificantes torturas físicas.

La investigación policial permitió descubrir conexiones entre estos dos episodios y otros casos similares que han tenido dolorosa repercusión pública, como el de Ana Coisne, secuestrada en Pilar en octubre último. Por otra parte, se estableció que uno de los delincuentes que participaron en el secuestro de Cristina Taborda habría sido integrante de la banda de Luis "Gordo" Valor. Se va cerrando, así, el cerco que permitirá, supuestamente, identificar y aislar a los componentes de estas bandas sombrías, que en muchos casos prosperaron al amparo de legislaciones permisivas e imprudentes, que pusieron a numerosos delincuentes procesados o condenados en situación de volver a delinquir.

La población asiste con angustia y con impotencia a este agravamiento del fenómeno de la inseguridad, que encuentra en el secuestro de personas una de sus manifestaciones más degradantes y patéticas. Cada caso que se conoce agrega un nuevo testimonio visceral y doliente a la ya larga cadena de crímenes en los que se intenta traficar con seres humanos como si fueran una pura mercancía. De tal modo, el concepto abstracto del "secuestro", de por sí terrible y perverso, cobra la vivencia trágica y concreta de un grito desesperado de horror.

Es de esperar que las múltiples y enredadas vinculaciones entre los diferentes grupos criminales abran el camino -a partir, sobre todo, del rescate de Ernesto Rodríguez- a una acción que permita desmantelar definitivamente las terroríficas estructuras que aparecen como responsables de estos crueles y sádicos ataques contra la libertad y la dignidad de las personas.

Si las autoridades no consiguen sentar ya mismo las bases de una política de Estado en materia de seguridad y si no logran impulsar su instrumentación en el marco de la más estricta severidad es probable que el problema -más allá de algunos éxitos ocasionales- empeore aún más con el tiempo, ya que el delito se realimenta a sí mismo al abrigo de la impunidad. En esto deberá existir una absoluta coincidencia en todo el arco político: ningún sector puede marginarse de esta lucha dramática por la convivencia civilizada y la paz social.
La Nacion, 5 de febrero de 2004