La negociación para lograr la libertad del suegro de Susana Giménez aún permanece en el más estricto de los secretos.

El hijo de la víctima, Jorge Rodríguez, intenta acordar con los malvivientes el lugar de entrega de los 900 mil dólares reclamados como rescate. Se estima que la tardanza en la resolución del episodio se debe a que es difícil para “Corcho” acordar la “simultaneidad” del pago de los billetes y la liberación de su padre. También se sospecha que los responsables del hecho podrían pertenecer a los sectores comerciales con los que el empresario se vinculó hace algunos años.
Trascendió que “Corcho” logró numerosos avances, en los diálogos que mantiene con los imputados, estimándose que en las próximas horas, al cabo del pago de los 900 mil dólares reclamados por la terrible gavilla, finalmente su anciano progenitor será dejado en libertad. El empresario y pareja de Susana utiliza teléfonos encriptados para comunicarse con los hampones.
Ernesto Rodríguez, de 74 años, sufre serios problemas coronarios y se encuentra privado ilegalmente de la libertad desde el 23 de diciembre pasado, cuando resultó capturado por 4 marginales en el oeste del Gran Buenos Aires.
Jorge Rodríguez mantuvo estrechas relaciones comerciales con el fallecido ex-dirigente montonero Rodolfo Galimberti y se cree que los secuestradores pertenecerían a ese sector. Varios investigadores explicaron que Galimberti manejaba un selecto grupo de individuos, quienes “le respondían fielmente, al igual que una especie de guardia pretoriana”. “Al morir su jefe, dichas personas quedaron sin ‘conducción’ y sabemos, por una serie de datos que hemos reunido, que en la actualidad poseen necesidad de obtener ingresos monetarios”, afirmaron los analistas.
Los expertos relataron que estos individuos manejan numerosos contactos en el extranjero... por ejemplo tienen relaciones en áreas centroamericanas, como el caso de Cuba, y en diferentes regiones sudamericanas como por ejemplo Bolivia y Uruguay, además de conexiones en naciones de Asia”. Esta situación coincide con la teoría que barajan los uniformados, que hace referencia a que los autores del salvaje ilícito tienen contactos en el exterior, ya que se cree que el dinero exigido por los delincuentes se pagaría fuera de la Argentina para evitar la intervención de las fuerzas de seguridad. Otros pesquisas, en cambio, lanzaron sobre la mesa la idea de que los captores serían miembros de una banda con sede en Córdoba.

Cronica, 06/01/2004