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De la Rúa insiste en que es una campaña del Gobierno El ex presidente Fernando de la Rúa volvió a insistir hoy en que la investigación por las supuestas coimas en el Senado está impulsada por el Gobierno nacional en contra suya, y que el arrepentido Mario Pontaquarto es un mentiroso que quiere manchar mi gestión. Consideró que los procesamientos dictados por el juez Rodolfo Canicoba Corral contra ex secretario de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes, de los ex legisladores José Genoud y Emilio Cantarero, y del propio Pontaquarto, están destinados a desprestigiar su gobierno. De la Rúa dijo que presentó un escrito para demostrar la claridad de mi gobierno, porque tengo derecho a defenderme ante una gran imputación. Yo no estoy más comprometido que antes (con los procesamientos), estoy convencido de haber actuado conforme a la ley, agregó. Con respecto al gobierno de Néstor Kirchner, sostuvo que salen a atacarme porque quieren negarme el derecho a la defensa: al enemigo, ni justicia. Clarin, Sábado 24 de enero de 2004 Pontaquarto: Yo creo que va a haber gente condenada El arrepentido se refirió así a la causa por los supuestos sobornos en el Senado. Negó que le hayan pagado para reflotar el tema y afirmó que De la Rúa está nervioso porque sabe que las coimas existieron. El "arrepentido" ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto aseguró hoy que no tiene "ninguna duda" de que "va a haber gente condenada" por la causa de los presuntos sobornos en el Senado, ya que -afirmó- "las pruebas son contundentes". Por otra parte, volvió a negar que el gobierno de Néstor Kirchner le haya pagado para reflotar la causa, tal como lo deslizó Fernando de la Rúa, y sostuvo que el ex presidente "está nervioso porque sabe que el hecho" de las coimas "sucedió". El ex funcionario de la Cámara Alta consideró que los procesamientos dictados ayer por el juez Rodolfo Canicoba Corral "dan por verosímiles casi el 90 por ciento de las afirmaciones que yo hago en mi declaración indagatoria, de las cuales muchas se comprobaron". En diálogo con radio Continental, reiteró que De la Rúa "pareciera tener las características de un payaso, es una persona que hizo sufrir y llorar a los argentinos con las muertes del 20 de diciembre, con el corralito y el corralón, y ahora intenta hacerle creer a la gente que a mí me pagó el gobierno". "El gobierno de Kirchner no me pagó ni me dio absolutamente nada", aseguró Pontaquarto, quien expresó su disconformidad con el embargo que le trabó Canicoba Corral, pues "es un monto que no esperaba, por el capital que tengo". Es que el juez dispuso el embargo de los bienes de los cuatro procesados ayer (Fernando de Santibañes, Emilio Cantarero, José Genoud y el propio ex secretario) hasta cubrir la suma de 10 millones de pesos. De todos modos, Pontaquarto entendió que "lo importante no es eso, sino la decisión que ha tomado el juez de los procesamientos". "Yo creo que va a haber gente condenada, no tengo ninguna duda porque las pruebas son contundentes", sentenció finalmente respecto del futuro del caso. La ruta del dinero Hugo Wortman Jofre, el abogado de Mario Pontaquarto, manifestó hoy su conformidad por los procesamientos dictados por el juez y aseguró que ahora "falta seguir la ruta del dinero". El letrado destacó que "es muy difícil poder esconder bien cinco millones de dólares sin que quede ningún rastro", al referirse a la suma que, según su cliente, se repartió a un grupo de senadores para aprobar la Ley de Reforma Laboral en abril del año 2000. En diálogo con radio América, Wortman Jofre analizó que "toda la versión de Pontaquarto fue confirmada" con los procesamientos dictados por Canicoba Corral. "En términos generales, en lo que tiene que ver con los hechos y la prueba, estamos muy conformes (con la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral) porque se confirma absolutamente la versión de Pontaquarto", indicó. El abogado insistió en que ahora "falta seguir la ruta del dinero, (ya que) es muy difícil poder esconder bien cinco millones de dólares sin que quede ningún rastro".
CORRUPCION EN EL VIEJO SENADO: LOS PRESUNTOS SOBORNOS POR LA REFORMA LABORAL EN EL 2000 - La primera consecuencia judicial tardó más de tres años en llegar. Provocó la caída de tres ministros, un secretario de Estado y la renuncia de Alvarez. Pero el expediente languidecía en la Justicia, aunque nadie se animó a archivarlo. Debieron pasar tres años y medio de sospechas, operaciones políticas, cambios de gobierno, un juez renunciado, otro ascendido, 10 mil fojas de amarillos expedientes, faltas de mérito y olvido para que, por primera vez, la investigación de los presuntos sobornos en el Senado tuviera consecuencias concretas en la Justicia. El caso sí había traído devastadoras consecuencias políticas: en el 2000 cayeron tres ministros y un secretario de Estado, los senadores que manejaron la Cámara alta durante 10 años perdieron sus lugares de poder ninguno de los sospechados pudo renovar su mandato y fue el origen de la renuncia del vicepresidente Chacho Alvarez. La debacle en la Alianza terminó con la caída de Fernando de la Rúa un año después. Semejantes cambios en la historia del país no se vieron reflejados en la causa judicial. Un ex senador, con más sentido común que pericia política, solía decir que "esto no puede ser simplemente una mentira, un globo de los acusadores, porque se hubiera pinchado a poco de andar". En otras palabras, que "si el río suena...". Hasta los cuatro procesamientos de ayer, la causa dormía en un estante de Tribunales desde que, en diciembre del 2000, se dictó la falta de mérito para los once primeros senadores imputados y la confirmó la Cámara Federal. El expediente languideció sin que nadie se animara a cerrarlo definitivamente. Fue la confesión de un "arrepentido", que se incriminó por haber trasladado el dinero, la que puso otra vez en movimiento a la Justicia. Antes, dos jueces distintos se habían mostrado "convencidos" de que hubo sobornos pero no encontraron pruebas. Uno de ellos, Carlos Liporaci, renunció para evitar el juicio político cuando descubrieron que vivía en una lujosa casa que no podría haber adquirido con su sueldo de juez. Poco antes, y en medio de su propio escándalo de enriquecimiento ilícito, liberó de sospechas a los senadores imputados. El segundo juez fue Gabriel Cavallo, quien dejó sin efecto las indagatorias de Fernando de Santibañes, Alberto Flamarique y José Genoud el mismo día que el Ministerio de Justicia eligió su nombre de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura para ascenderlo a camarista federal de la Capital, un tribunal clave porque es la cabeza del fuero que investiga a los funcionarios. Cavallo investigaba a los senadores, y dos de ellos votaron en la Magistratura para incluirlo en la terna: los consejeros Augusto Alasino y Ricardo Branda. Después, los peronistas impulsaron la rápida aprobación de su pliego cuatro de los investigados firmaron el despacho y lo votaron el 24 de octubre del 2001, pese a que diez días antes estaban electos los nuevos senadores que asumieron ese año. En la maraña de intereses cruzados estaban mezclados los dos partidos mayoritarios (la UCR en el Gobierno y el PJ en el Senado) y a los tres poderes del Estado: el Judicial, que debía investigar a integrantes del Legislativo, y éste, que debía dar acuerdo a jueces designados por el Ejecutivo, cuyos funcionarios también caían en la investigación. Es que en la causa se investiga el posible soborno de un poder sobre otro del mismo Estado, mientras que lo habitual sería la "coima" de un privado sobre funcionarios. Más
de tres años después, con un nuevo juez, un nuevo Senado
(casi todos sus integrantes cambiaron) y un nuevo gobierno, la causa judicial
dio por ciertas algunas pruebas como el aporte del "arrepentido",
y ordenó los primeros procesamientos. Falta saber si se llegará
hasta el hueso. Sobornos: Pontaquarto quiere que ahora se confirme la ruta del dinero - Así lo afirmó su abogado, Hubo Wortman Jofre. Consideró que es muy difícil poder esconder bien 5 millones de dólares sin que queden rastros. Hugo Wortman Jofre, el abogado del ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, manifestó hoy su conformidad por los procesamientos dictados por el juez a cargo de los supuestos sobornos en el Senado, y aseguró que ahora "falta seguir la ruta del dinero". El letrado destacó que "es muy difícil poder esconder bien cinco millones de dólares sin que quede ningún rastro", al referirse a la suma que, según su cliente, se repartió a un grupo de senadores para aprobar la Ley de Reforma Laboral en abril del año 2000. En diálogo con radio América, Wortman Jofre analizó que "toda la versión de Pontaquarto fue confirmada" con los procesamientos del ex secretario de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes, de los ex legisladores José Genoud y Emilio Cantarero y de su propio defendido. "En términos generales, en lo que tiene que ver con los hechos y la prueba, estamos muy conformes (con la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral) porque se confirma absolutamente la versión de Pontaquarto", indicó. En ese aspecto, puntualizó que "solamente vamos a discutir algunos aspectos técnicos que tienen que ver con el monto de los embargos y el grado de participación de Pontaquarto en los hechos". El abogado dijo que ahora "falta seguir la ruta del dinero, (ya que) es muy difícil poder esconder bien cinco millones de dólares sin que quede ningún rastro". Clarin, Sábado 24 de enero de 2004 CORRUPCION EN EL VIEJO SENADO: EL JUEZ FIJO EMBARGOS DE 10 MILLONES DE PESOS PARA CADA UNO El escándalo de los sobornos ya tiene cuatro procesados Son los ex senadores Genoud y Cantarero, el arrepentido Pontaquarto y De Santibañes, ex jefe de la SIDE. Están acusados por cohecho. Ahora investigarán a De la Rúa, Flamarique y ex legisladores del PJ. El ex jefe de Inteligencia del gobierno de la Alianza, dos ex senadores y un ex empleado legislativo fueron procesados ayer por su posible responsabilidad en el pago de coimas para la sanción de la Reforma Laboral. La decisión fue tomada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, a más de tres años de las primeras sospechas de que mediaron sobornos para aprobar esta ley. Los procesados son el empresario Fernando de Santibañes, el ex senador justicialista Emilio Cantarero, el radical José Genoud y el ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto, el "arrepentido" cuyas revelaciones resucitaron esta investigación. Los cuatro van a seguir en libertad. Pero a cada uno se le fijó un embargo por 10 millones de pesos y, desde ahora, tendrán que avisar en Tribunales cada vez que quieran ausentarse de sus domicilios por más de una noche. Los cuatro van a apelar sus procesamientos ante la Cámara Federal. Si este tribunal confirma todo, Canicoba Corral avanzaría sobre una segunda tanda de imputados; con cautela, ayer ya ordenó algunas medidas que buscan cercar a Fernando de la Rúa. Apenas se enteró de la decisión, el ex presidente comentó que el juez actuó "presionado por el Gobierno". Con similar virulencia le respondió el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Más tarde, en diálogo con la prensa, Canicoba le restó importancia a la polémica y se limitó a felicitarse: "la resolución es sólida", señaló. Es un escrito de 101 carillas. El juez aseguró ahí que está seguro de haber reunido "elementos de juicio suficientes para formar la convicción" de que la ley 25.250 terminó de aprobarse gracias a los 5 millones de pesos que salieron de la SIDE. Esa cantidad es la que Pontaquarto habría retirado de la central de inteligencia el 18 de abril de 2000, para llevarla al departamento del ex senador Cantarero la noche de la sesión clave el 26 de ese mes. Canicoba cree que, como declaró el "arrepentido", el acuerdo de las coimas lo cerraron De Santibañes y Genoud; según los fiscales de la causa, Eduardo Freiler y Federico Delgado, con el imprescindible impulso de De la Rúa. Cantarero habría sido el encargado de repartir la plata entre varios colegas. Y Genoud se habría quedado con buena porción de los 5 millones: 700 mil pesos. El delito que se les endilgó a todos es el de cohecho. Santibañes fue procesado por su rol activo; a Genoud y Cantarero se los colocó en una función pasiva. Y a Pontaquarto, como partícipe necesario: sin sus gestiones, el cohecho no se hubiera podido consumar. Esto no implica que los cuatro ex funcionarios sean culpables, sino que existen elementos como para mandarlos a afrontar un juicio oral. Recién en esa instancia se definirían las penas a aplicar. El cohecho tiene penas de uno a seis años de prisión. Los defensores retiraron las copias de la resolución pasado el mediodía. Desde temprano, el secretario de Canicoba, Marcelo Sonvico, fatigó el tercer piso de Comodoro Py 2002 entrando y saliendo del despacho del juez para modificar varios borradores. Fue a Santibañes a quien le dedicaron más páginas. Canicoba marcó que el ex jefe de la SIDE empezó por sacar del Banco Nación el dinero de las coimas; luego recibió a Pontaquarto en su despacho y al final dio la orden de que le entregaran los famosos 5 millones. En la resolución se citan registros oficiales, cruces de llamadas y las posibles coartadas que habrían intentado dos colaboradores del banquero, hoy investigados por falso testimonio. Menos copiosas son las pruebas contra Genoud, padrino político del "arrepentido". Ayer insistió en que la resolución judicial no es más que "un linchamiento público". Pero entre pericia y pericia le descubrieron llamados telefónicos con Pontaquarto que según el juez podrían haber servido para combinar la entrega de la coima. A Cantarero también lo complicaron los cruces telefónicos con el "arrepentido". Pontaquarto, además, logró hacer un reconocimiento certero de la casa que el ex senador ocupaba en Recoleta. El martes, entre las 10 y las 13, los cuatro tienen que presentarse de nuevo en Tribunales. El juez va a estar de vacaciones, pero dejó previsto que sus colaboradores empiecen a investigar la punta de la madeja: Canicoba quiere saber ahora si todo esto empezó con una reunión en el mismísimo despacho de De la Rúa. Clarin, Sábado 24 de enero de 2004
El
análisis de la noticia Desde
el punto de vista procesal, el deber de un juez es recolectar indicios
para formar su convicción. En esta etapa procesal no necesita pruebas
para condenar. Le alcanzan los indicios. Pero ocurre que algunos de los
que se consiguieron son más que sugestivos. Frente
a ese panorama, el juez tenía sólo un camino para tomar,
y es el que siguió. Y por su parte, ni el Gobierno ni los medios
tenían necesidad de ejercer presión, como sospecha De la
Rúa. El Gobierno endureció el tono de las críticas contra De la Rúa Aníbal Fernández calificó al ex presidente de "ladrón" y sostuvo que dice "disparates" Pontaquarto volvió a decir que las coimas se pagaron "por obediencia debida" Santibañes cuestionó la actuación del juez Genoud calificó el procesamiento de "linchamiento" Mientras el ex presidente Fernando de la Rúa volvió a echar sospechas sobre el Gobierno, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Interior, Aníbal Fernández, respondieron que "el ladrón cree que todos son de su condición". El titular de la cartera política afirmó que De la Rúa "tiene una forma de ver la política como el sexo sin amor, donde usted va y paga... me lo imagino con camiseta y sin medias, pagando por tener sexo". El ex mandatario, por su parte, calificó de "lamentable" y "de cuarta" la reacción de la Casa Rosada y dijo estar "seguro" de que el Gobierno prometió a Pontaquarto beneficios enmarcados en un programa para arrepentidos. Y sostuvo que "para el Gobierno no se puede ejercer la defensa, ellos aplican la máxima "para el enemigo ni justicia"", dijo De la Rúa. Pero el ministro del Interior dijo que De la Rúa "miente para defenderse". Y agregó: "Cuando tuvieron que tomar medidas impopulares (a los funcionarios del gobierno delarruista) no les tembló la mano... tuvieron que poner dinero para comprar la voluntad de algunos de los ex legisladores y ahora pretende juzgar a todos los demás con su propia lógica. Es una locura". Por su parte, el senador radical Rodolfo Terragno, a quien De la Rúa acusó de haber malgastado fondos durante su gestión como jefe de Gabinete, indicó que no se prestará "a ningún juego que nos desvíe del objetivo" de establecer si la reforma laboral fue convertida en ley merced al pago de coimas. Uno de los procesados, José Genoud, expresó que "no lo sorprendió la resolución, porque la venía anunciando desde el día en que declaró el supuesto arrepentido. Este proceso judicial se parece más a un linchamiento público que a un juicio con las garantías del debido proceso". "No he podido ejercer mi derecho de defensa, mi indagatoria de seis horas no contó con la presencia del juez. En el careo, el juez protegió a Pontaquarto como si fuera su abogado e interrumpió constantemente", disparó Genoud, quizá previendo que con estas acusaciones podría sostener la nulidad de su indagatoria, en un futuro. . "Un juez acorralado" En tanto, Fernando de Santibañes, en un comunicado, aseguró: "Aporté en el expediente todos los números de la SIDE, que además fueron auditados y que no merecieron objeciones de los organismos correspondientes. Estos números son contundentes y confirman que no se pudo desviar cifra alguna con ese destino". "El juez Canicoba se basó, al dictar mi procesamiento, únicamente en las declaraciones del "arrepentido" Pontaquarto. Al magistrado no le importó que sus declaraciones fueran manifiestamente mentirosas y contradictorias. Pontaquarto decía a los medios lo que no había dicho en el tribunal", afirmó. "Este es un juez que tomó la decisión de procesarme acorralado por graves presiones externas, sin basarse en las pruebas ni en los hechos. Le solicité al juez Canicoba más de veinte medidas de prueba elementales para desenmascarar esta fábula. El juez no ordenó realizar ninguna", criticó Santibañes. Pontaquarto dijo que el fallo era lo que esperaba y sostuvo: "La cabeza de todo esto fue el ex presidente y se va a terminar comprobando". No obstante, se mostró en desacuerdo con el hecho de que el juez lo haya considerado partícipe necesario. "Para mí era casi una obligación, una especie de obediencia debida. Si me negaba perdía el trabajo." El titular de la Oficina Anticorrupción, Daniel Morín, indicó que "es muy valioso que se haya aclarado una causa que estaba muerta". En tanto, el ex senador Emilio Cantarero optó por el silencio. LA NACION esperó en las afueras de la residencia del ahora procesado y sólo pudo recoger el testimonio de Luis Giacosa, apoderado del Frente por la Lealtad, que lideró Carlos Menem. "Se trata de un fallo mediático que todos esperaban, de modo que no cambia en nada la situación", dijo. Reacciones Los sobornos en el Senado Procesaron a cuatro de los imputados El juez Canicoba Corral encontró responsables del pago y del cobro de coimas a Santibañes, Genoud, Cantarero y Pontaquarto Les trabó, a cada uno, embargos por 10 millones de pesos sobre sus bienes Los fundamentos de la medida Ahora deberá expedirse la Cámara Federal El jefe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) durante el gobierno de la Alianza Fernando de Santibañes, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y los ex senadores Emilio Cantarero (PJ-Salta) y José Genoud (UCR-Mendoza) fueron procesados ayer por la Justicia por haber participado del pago de 5.000.000 de pesos de sobornos para la aprobación de la ley de reforma laboral, en abril de 2000. Lo decidió el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que los encontró responsables del delito de cohecho y dispuso un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de ellos. Los primeros cuatro procesados en la causa que marcó un quiebre en la historia política reciente de la Argentina continuarán en libertad, dado que como el delito prevé una pena de 1 a 6 años de prisión, el magistrado no ordenó detenciones preventivas. A los procesados no se les permitirá, en cambio, salir del país ni ausentarse por más de 24 horas del domicilio que fijen, sin previa autorización de la Justicia. "La investigación ha arrimado elementos de juicio suficientes para formar la convicción en el sentido de que el 18 de abril de 2000 Pontaquarto retiró de la SIDE la suma de $ 5 millones en efectivo, a los efectos de entregarlos rapartidos los días 26 y 27 de abril de 2000 entre los senadores Cantarero y Genoud, a efectos de que éstos junto a otros aprobaran una ley", dice la resolución de más de 100 carillas, que elaboró el juez junto con el secretario federal Marcelo Sonvico. Si bien las penas no varían según las calificaciones aplicadas, Santibañes fue procesado por cohecho activo (haber pagado los sobornos); Cantarero y Genoud, por cohecho pasivo, (haber cobrado) y Pontaquarto, como partícipe necesario. Para tomar la decisión, Canicoba Corral se basó, sobre todo, "en la confesión lisa y llana de Pontaquarto", que, el 12 del mes pasado, cambió el rumbo de una causa que -tras más de tres años de instrucción, a cargo de tres jueces distintos- parecía destinada al archivo. "La declaración de Pontaquarto, autoincriminándose, está corroborada por otros elementos de juicio que son muchos y que constan en la resolución", dijo el magistrado a la prensa, cuando se retiraba de los tribunales de la calle Comodoro Py. Los factores destacados en el fallo son las llamadas telefónicas del ex secretario parlamentario a Cantarero y al secretario privado de Genoud, registradas la noche de la distribución del pago, desde la esquina de la casa del ex senador salteño, lo que coincide con el relato de Pontaquarto. Canicoba Corral valoró también los registros que indican que el ex secretario parlamentario visitó la SIDE el día en que se retiró el dinero de las coimas, y que hizo y recibió llamadas a Gladys Mota, la secretaria de Santibañes, el día en que repartió el dinero. Además, se tomó en cuenta el papel que aportó Pontaquarto, que, a modo de recibo, le habría entregado Cantarero, así como los reconocimientos que hizo el ex secretario parlamentario en la SIDE, el Congreso y la casa del ex senador salteño. Tres de los cuatro procesados adelantaron que apelarán el fallo judicial, mientras que Cantarero, recluido en Salta, no hizo declaraciones públicas. Las presentaciones serán analizadas por la Sala I de la Cámara Federal, integrada para esta causa por Horacio Vigliani y Martín Irurzun, que deberá pronunciarse sobre la resolución de Canicoba Corral. Tras el proceso de instrucción, la causa podría llegar a juicio oral. Sólo allí se decidirá sobre la culpabilidad de los procesados y se decidirá si se los condena. En la pesquisa que lleva adelante Canicoba Corral, junto con los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, y el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, el próximo objetivo será establecer la participación del ex presidente Fernando de la Rúa. Uno
por uno Sobornos en el Senado De la Rúa insistió en que se investigue al Gobierno El ex presidente, que hizo estas declaraciones a una radio porteña, puso fin al diálogo telefónico en forma abrupta, convencido de que la comunicación estaba interferida por servicios de inteligencia El ex presidente Fernando de la Rúa volvió hoy a apuntar contra el gobierno de Néstor Kirchner por su presunto interés en el reflotamiento de la causa por los sobornos en el Senado. De la Rúa reiteró sus sospechas de que la administración de Kirchner habría fogoneado el tema y que le "pagó" a Pontaquarto para que la investigación vuelva a salir a la escena pública. "Tengo toda la impresión de que eso ocurrió, por eso estoy pidiendo (al juez federal Rodolfo Canicoba Corral) que se investigue qué fondos ha transferido la SIDE a la Jefatura de Gabinete", sostuvo el ex primer mandatario en declaraciones a radio Mitre. En tal sentido, solicitó que "se investigue si le pagaron o no, si es una cosa preparada en la Jefatura de Gabinete, cuyo titular Alberto Fernández salió a decir que era un día de gloria la declaración de Pontaquarto, a pesar de sus contradicciones y de sus antecedentes". El ex presidente sostuvo asimismo que tiene derecho a defenderse "ante la grave imputación". "El derecho de defensa es sagrado, el Gobierno no lo entiende así, y sale a atacarme porque quiere negarme la posibilidad de la defensa, es decir, para el enemigo ni justicia", acusó. . Corte abrupto La "persecución" que dice sentir el ex presidente Fernando de la Rúa por la causa de los presuntos sobornos en el Senado llegó hoy a tal punto que cortó abruptamente el diálogo mientras era entrevistado telefónicamente por la emisora porteña, convencido de que "no sé que servicio" interfería la comunicación. Luego de una pregunta de una periodista, referida a si estaba "dispuesto a colaborar" con la investigación del juez Rodolfo Canicoba Corral, De la Rúa se despachó: "Alguien está interfiriendo la comunicación, no sé qué servicio, pero realmente llegó tan deformada la voz que no entendí nada". "Es una lástima, comunicación interrumpida...", prosiguió el ex jefe del Estado, mientras los periodistas de la emisora intentaban repreguntar. De la Rúa agregó: "Absolutamente imposible, no los entiendo, no me llegan sus palabras, llega totalmente encriptada y deformada (la voz), esto me impone una gran desventaja, así que llámenme en otro momento y con mucho gusto sigo la conversación". Fuente: DyN, 24 de enero de 2004 Ibarra:
De la Rúa quiere embarrar la cancha Los
sobornos en el Senado: repercusiones La Nacion, 25 de enero de 2004
El
abogado de Pontaquarto, conforme con el fallo del juez Morín:
"Ahora hay que seguir hacia arriba, hacia De la Rúa"
Después del escándalo de los sobornos: Scioli anunció a LA NACION cambios en la Cámara alta Impulsan una drástica reforma en el Senado Evaluarán a cada asesor, implantarán el voto electrónico y transparentarán cada acto Cuarenta días después de conocidas las denuncias del ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto sobre presuntas coimas en el Senado, el Gobierno decidió tomar medidas destinadas a recomponer la imagen de una institución desprestigiada ante la opinión pública y salpicada por sospechas de corrupción. Para lograr ese objetivo, el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, puso en marcha un paquete de medidas que incluirá el ingreso de profesionales idóneos en comisiones para evitar amiguismos; una profunda reforma administrativa, que implica ahorro de recursos y eliminación de tareas superpuestas; una evaluación minuciosa de empleados y una recapacitación; la puesta en marcha del voto electrónico obligatorio; la transmisión por TV de todas las sesiones, y la creación de un sitio web que transparentará las acciones de la Cámara alta y de cada uno de los senadores. "En noventa días tendremos un nuevo Senado", dijo Scioli durante una entrevista con LA NACION, mientras que en los tribunales de Comodoro Py el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al ex secretario de Inteligencia aliancista Fernando de Santibañes, a los ex senadores Emilio Cantarero (PJ-Salta) y José Genoud (UCR-Mendoza) y el del propio Pontaquarto en la causa que provocó la crisis política más profunda de los últimos años. El plan que el vicepresidente Scioli quiere instrumentar en los próximos 90 días servirá para desterrar, a su criterio y definitivamente, el estigma negativo que persigue a la Cámara alta desde que se sancionó la polémica ley laboral, en abril de 2000.
El propio vicepresidente explicó durante una entrevista que concedió a LA NACION en su despacho del palacio legislativo las medidas que a su criterio son necesarias para la transformación del Senado, y que incluyen reformas administrativas e institucionales de fondo. Incluso, se puso plazos para mostrar resultados."Las cosas ya están en marcha. Estuve trabajando con mi equipo todo enero, tomando sugerencias de senadores y hablando con el personal de la casa. Para mí, esto es un desafío en lo personal... tengo que demostrar que hay un nuevo Senado", aseguró, con tono firme, el vicepresidente. "La sociedad tiene que tener una buena percepción de una institución como ésta", agregó, y aclaró que la iniciativa cuenta con el apoyo de todos los senadores. "Estamos todos juntos en esto, porque el prestigio de todos está en juego. No hay excusas para no lograr una mayor transparencia", afirmó. Las principales medidas del Plan de Acción Senado 2004 que diseñó Scioli hacen eje en la reforma parlamentaria -que promoverá el ingreso de profesionales en las comisiones permanentes para mejorar las técnicas legislativas- y la reforma administrativa, que, entre otros aspectos, busca promover el ahorro y la optimización de los recursos eliminando tareas superpuestas, reorganizándolas y reasignando labores. Con esas premisas como guía, Scioli persigue objetivos concretos. Uno de ellos es justamente el de televisar, con fines pedagógicos y de transparencia, la actividad parlamentaria de la Cámara alta. "Vamos a poner a disposición un servicio por el cual se transmitan las reuniones de comisión y la actividad general del Senado, en un formato periodístico y pedagógico, con contenidos regionales y entrevistas con senadores", dijo el vicepresidente. "Esto hace a la reconstrucción de la imagen del Senado, a la transparencia, a la información", agregó. Otra de las metas es poner en marcha un plan estratégico de recursos humanos que incluye una evaluación por resultados y calificación de los empleados parlamentarios, a partir de la cual se instrumentarán reformas y cambios. -¿Va a haber premios y castigos para el personal del Senado? -La intención es generar una mística de trabajo renovada. Si hay que imponer tanto castigos como premios, así se hará. -¿Cómo planean poner en práctica ese plan? -Primero, haciendo un relevamiento para tener la foto de dónde estamos parados. Para ver qué recursos hay y qué capacitación tienen y, sobre la base de eso, proponer e instrumentar cambios. Sabemos que es necesaria una reforma administrativa, aplicando un modelo de gestión más eficiente para optimizar el funcionamiento del Senado. -El ex vicepresidente Carlos Alvarez dijo que se encontró con múltiples trabas cuando quiso reformar el Senado. ¿Usted considera que tendrá esos obstáculos? -No, yo tengo un gran consenso. Aparte, hoy el poder lo tiene la gente, que está atenta y quiere estos cambios. No hay margen para indiferencia y para hacer más de lo mismo. -¿Alvarez no tuvo ese consenso? -No lo sé... Pero creo que en política nadie te regala nada. Y que para cambiar hay que trabajar duro. -¿Las denuncias de Pontaquarto afectan de algún modo la eventual renovación? -No, al contrario. Esto ya está en marcha... lo de Pontaquarto quizá lo aceleró. Ahora más que nunca está la atención puesta en la transparencia de la institución. Igual la reforma es una necesidad institucional. El vicepresidente cree que, con estas medidas, colaborará en la construcción de "un Senado con puertas abiertas", que avente los fantasmas de una institución cerrada en la que se fraguan acuerdos de espaldas a la ciudadanía. "En los laberintos administrativos lo primero que se pierde es la transparencia. Cuando las cosas van lentas, inevitablemente aparecen los rápidos", ironiza, y asegura que todo su esfuerzo estará dirigido a construir una institución que sólo sea noticia por su aporte al bienestar del país. . Por Lucas Colonna y Jaime Rosemberg, La Nacion, domingo 25 de enero de 2004
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