Agentes de la Policía Federal y dos dotaciones de bomberos llegaron a la sede de YPF-Repsol YPF cuando ya los desmanes habían terminado. Por la noche, curiosamente, una alta fuente gubernamental informó que la jornada de protesta había transcurrido "sin ningún tipo de incidentes" y destacó que había quedado ratificada, una vez más, la decisión política del Gobierno de "no reprimir las manifestaciones de protesta social". Pero lo más grave es que los provocadores fueron recibidos con naturalidad por funcionarios del Gobierno.

Como en otras oportunidades, corresponde lamentar que quienes conducen las organizaciones piqueteras confundan su derecho de peticionar a las autoridades y de manifestar libremente sus ideas con el ejercicio de la violencia y el ataque vandálico a personas, instituciones y edificios. Los responsables de estas acciones de protesta deberían comprender que con este tipo de comportamientos no lograrán otra cosa que inspirar en la población un sentimiento de rechazo cada vez más profundo. Las autoridades, por su parte, no deberían tampoco confundir el espíritu de tolerancia y la vocación de diálogo con un permisivismo y una pasividad que dejen al conjunto de la sociedad en estado de completa indefensión frente a cualquier agresión contra el orden público y la paz social.

El país no puede seguir expuesto a la acción de grupos que generan situaciones de violencia al abrigo de una decisión política que les garantiza de antemano la impunidad. La idea de que las protestas sociales no deben ser reprimidas encierra un grave equívoco conceptual y legal. Cuando fuerzas policiales impiden que un grupo de activistas causen destrozos en un edificio o arrojen bombas incendiarias no están "reprimiendo la protesta social": están, simplemente, saliendo al cruce de actos claramente delictivos y están defendiendo el orden público y la plena vigencia de la ley. Si las propias autoridades caen en el error de identificar la protesta con la violencia, se hacen cómplices de una tremenda confusión institucional y moral y se colocan en situación de legitimar agresiones inequívocamente delictivas.

En cuanto a los cortes de rutas, sólo cabe reiterar lo que tantas veces hemos sostenido desde estas columnas. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de todos los habitantes de circular libremente y sin interferencias por las calles y las rutas de la República, consagrado por la Constitución nacional.

Los dirigentes piqueteros deberían reflexionar sobre estos conceptos y aceptar que la violencia y los cortes de rutas son los peores aliados de cualquier acción reivindicatoria de derechos sociales. Sólo el diálogo pacífico y la búsqueda de soluciones racionales pueden contribuir a despejar el horizonte de los sectores más castigados por el desempleo y la crisis ecomómico-social.
La Nacion, 18 de Mayo de 2004

Repsol YPF
Imputarán delitos más graves a los piqueteros
El juez investigará también a policías; desde el Gobierno se reclamó la detención de los responsables

Sin detenidos y con fuertes sospechas sobre la actitud de la policía, la Justicia evalúa agravar los cargos contra los piqueteros que participaron en los serios incidentes ocurridos el miércoles último frente a la sede de Repsol YPF.

El juez correccional Luis Schelgel analiza sumar las figuras de intimidación pública, tenencia de materiales explosivos y daño calificado, con lo que no podría excarcelarse a los acusados, y avanzar sobre los policías que debían monitorear la marcha, indicaron fuentes judiciales a LA NACION.

Schelgel admitiría así lo requerido por el fiscal correccional Edgardo Orfila, que solicitó que la causa contra los piqueteros detenidos y luego liberados sume el delito de incendio, no excarcelable, y planteó una cuestión de competencia con la justicia federal.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, reclamó ayer la detención de los miembros del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) responsables de la quema de neumáticos en la puerta de Repsol YPF. "Los responsables tienen que ir presos. Punto", reclamó.

Pero el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, defendió, por su parte, la decisión oficial de no intervenir para "preservar el orden y evitar la victimización porque estos son actos de provocación y quieren que el Estado reaccione y generar una víctima, que siempre es inocente".

"Peligro común"
Para el fiscal Orfila podría haberse configurado la figura establecida en el artículo 186 del Código Penal, que prevé una pena de reclusión o prisión de tres a diez años para el que provoque un incendio, "si hubiere peligro común para los bienes".

Pero Schelgel, que subroga en el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 13, vacante por la jubilación de la jueza Ana María Bulacio Núñez de Rúa, analiza si corresponde sumar al presunto delito de daño las figuras de intimidación pública, de tenencia de materiales explosivos y de daño calificado, entre otras, según precisaron los informantes.

Si los presuntos piqueteros que protagonizaron los incidentes frente a Repsol YPF son acusados de "intimidación pública", podrían afrontar en el futuro una condena de entre 3 y 10 años de prisión, que sería de cumplimiento efectivo, ya que se emplearon "explosivos, agresivos químicos o materiales afines", que es lo que se menciona en el artículo 211 del Código Penal.

Sin embargo, si admite el planteo del fiscal o amplía la investigación penal por decisión propia a otras figuras penales, Schelgel deberá entonces dictar su propia incompetencia para instruir la causa, que entonces pasaría a la justicia en lo criminal y correccional federal de los tribunales porteños de Comodoro Py.

El fiscal Orfila planteó la cuestión de competencia, al entender que el fuero correccional no es competente para investigar los delitos que se cometieron en los incidentes, al tiempo que pidió avanzar en la investigación de quienes protagonizaron los incidentes.

Policía cuestionada
Hasta anoche sólo había dos supuestos piqueteros identificados y detenidos por la Policía Federal, Rolando Flores y Clarisa Rendi, quienes fueron luego excarcelados, imputados en la investigación abierta, hasta anoche, por "daños y resistencia a la autoridad".

Flores y Rendi habían sido arrestados por efectivos de la comisaría 1ª, cerca de las 16, en la boca de la estación Bolívar de la línea E de subterráneos. La policía intenta individualizar a otras ocho personas por orden de la Justicia.

La intervención policial también quedó, sin embargo, bajo la revisión judicial. "Es llamativo que los policías que estaban para controlar el desarrollo de la manifestación no hayan actuado de oficio ante los primeros incidentes", señaló a LA NACION un informante judicial.
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"Había por lo menos un oficial de policía asignado a la marcha, pero no actuó, aun cuando aparecieron las primeras bombas molotov, ni siquiera para advertir a los propios manifestantes. ¿Era necesario que la propia empresa radicara una denuncia para que interviniera la policía?", criticó.

Repsol YPF aportó filmaciones y fotografías digitales de los incidentes, en los que se percibe que "a pocos metros del edificio había dos comisarios de civil que estaban charlando", según destacaron asesores jurídicos de la empresa consultados por LA NACION.

El dirigente piquetero Roberto Martino, líder del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), grupo que protagonizó los incidentes del miércoles último frente a Repsol YPF, prefirió cargar ayer contra el Gobierno y, en particular, contra el ministro Aníbal Fernández. "No veo que Fernández haya ido corriendo a hacer la denuncia", afirmó.

Por Hugo Alconada Mon, La Nacion, 15 de mayo de 2004

De todos modos, los juristas consultados ayer por La Nacion explicaron que la razón por la que la policía no actuó en ese momento (sí lo hicieron más tarde, cuando detuvieron a dos piqueteros) pudo haber sido que existiera una orden expresa por parte del poder político de no reprimir ni intervenir en caso de desmanes.

"La policía tiene que actuar, en principio, frente a delitos que se estén produciendo. Tiene la obligación de prevenirlos;señaló el constitucionalista Alberto García Lema. Pero éste no es un delito cualquiera, porque en el contexto en que se produce hay que evaluar las consecuencias de una represión, y si eso no implicará el incremento de la violencia o el riesgo de muerte."

García Lema dijo que la evaluación de esas consecuencias "es una evaluación política, excepto que un magistrado judicial asuma la causa".
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Su colega Gregorio Badeni coincidió: "En principio la policía tiene que actuar para prevenir la comisión de delitos, pero es posible que tengan alguna instrucción de carácter general que les prohíba intervenir ante hechos de esta naturaleza", dijo.

El jurista señaló que en estos casos, en los que el delito se comete rápida e imprevistamente, "es muy difícil que la Justicia pueda intervenir porque materialmente no se da el tiempo para que un juez tome conocimiento".
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Sólo con una orden
El constitucionalista Daniel Sabsay, en tanto, consideró que "las fuerzas de seguridad sólo pueden reprimir en caso de orden judicial. No obstante lo cual cuando se trata de una situación in fraganti como ésta no hay tiempo de esperar la orden judicial y deben impedir que se cometa el delito".
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Sabsay explicó que la situación es diferente si hay un edificio tomado. "En ese caso no pueden actuar sin orden judicial. Pero si se está cometiendo el delito in fraganti, esa persona tiene que ser detenida y comunicar inmediatamente al juez para que intervenga", dijo.
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Condena de empresarios
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) expresó ayer su "repudio" por el ataque piquetero contra la sede central de la empresa Repsol YPF.
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"Los argentinos tenemos que reaccionar a tiempo y enérgicamente ante estos hechos, ya que la complacencia con la violencia nos ha llevado a trágicos resultados en el pasado", sostuvo la entidad en un comunicado.
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Agregó que "las autoridades competentes deben aplicar la ley contra aquellos que violan las más elementales normas de convivencia social, amenazando las vidas de inocentes".
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"Este tipo de hechos, que cuentan con el repudio de la sociedad en su conjunto, generan un clima enrarecido que atenta contra la recuperación de la economía y la confianza en el país, a la vez que desalientan todo tipo de inversiones", destacó.
La Nacion, Viernes 14 de Mayo de 2004

>> "Piquetes": El fin no justifica los medios, editorial del diario Accion de General Rofriguez

>> Un nuevo ataque a las oficinas, 10 de junio de 2004