COOPERATIVA de PRESOS
p. Roberto F. Bertossi

Nadie ignora por estos días el verdadero estado de emergencia carcelario, el que en modo alguno puede satisfacer requerimientos de índole constitucional en cuanto a cárceles sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas.
En esa perspectiva, se deben evitar prácticas que, so pretexto de precaución, conduzcan en realidad a mortificar a los penitenciados, mas allá de lo que aquella suponga, privándoles de los beneficios de los aportes y disponibilidades científicos, técnicos, laborales y criminológicos en esta materia.

Es urgente atender no-solo el resguardo de la salud física y moral del interno, sino impulsar y facilitar productivamente su desenvolvimiento personal y afectivo, capacitándoles, reconvirtiéndoles, logrando la conservación de la autoestima personal y el sentido de utilidad productivo para con su familia y la comunidad, en situaciones, de por sí, tan poco propicias y gratificantes.

La preocupación central de cualquier Política o programa de Estado de seguridad y justicia no puede ignorar la creación de oportunidades de trabajo para aquellos que, estando obviamente sin empleo formal, tienen a sus familiares como usuarios y consumidores y en el nivel mas o menos miserable que sea.
La producción de un desocupado es nula, mientras que la producción de un preso, aún escasamente equipado, puede ser una positiva contribución tanto para los suyos como para su integridad psicofísica, su optimismo y sobretodo, cambiando su mirada de una sociedad lejana, agresiva y hostil a otra hospitalaria y cercana.
La implementación de un plan productivo para presos atañe a la vigencia plena y al real sentido de los derechos humanos, para toda persona, aún privada de su libertad, transitoriamente.

Entonces, los ministerios de justicia, del interior, de educación, del trabajo, de salud y desarrollo social, de economía, el INTA, el INTI y las ONG`s de la sociedad civil, deben confluir en un programa gradual y paulatino para que todo preso tenga el derecho y la oportunidad de trabajar mediante una microempresa o autoorganizados en cooperativas de trabajo.
Este programa también deberá contemplar pasantías de jóvenes egresados, estudiantes avanzados y noveles de Universidades e Institutos Terciarios de Educación Superior, en carreras o disciplinas afines y complementarias, sin perjuicio de otro tipo o clase de convenios que proactivamente puedan celebrarse.

Se debe facultar en consecuencia al Poder Ejecutivo Nacional y a los Provinciales, a los distintos ministerios, secretarias, reparticiones, organismos, direcciones y entidades; actividades, empresas o sociedades del Estado y mixtas de los tres poderes, como asimismo a cualquier empresa privada interesada y con real sentido de su responsabilidad social, para contratar en estos casos, directa y preferentemente con los presos, la producción y realización de obras y servicios, con los recaudos del caso, claro está.
Los presos a través de sus representantes legales podrían asociarse con el sector privado para tercerizar partes o secuencias productivas, inicialmente, en áreas tales como: la informática, imprentas, carpinterías, textiles, microautopartes, artesanías, talleres, reparación de electrodomésticos, jardinería y viveros, atención profesional y docencia a distancia, etc.

Esta propuesta incluye tareas y servicios “extramuros” de aquellos detenidos en condiciones de usar del derecho de libertad vigilada o cosa semejante para realizar tareas, servicios y trabajos en producciones de todo tipo y clase, urbanas y rurales.
Así entonces, los referidos poderes, reparticiones, organismos y entidades; actividades, empresas o sociedades del Estado y mixtas deberían elaborar los pliegos de condiciones generales –adecuados a las características de personas, tiempo y lugar y del bien, producto o servicio- sobre el que los microemprendimientos carcelarios y las cooperativas de presos basaran sus actividades, actividades que serán impulsadas y tendrán preferencias en el compreoficial tanto como discriminaciones positivas para su organización, funcionamiento y consolidación.

Esto tiene que ver no sólo con la “estadía” de cada preso en el Establecimiento Punitivo sino que debe ser funcional a una nueva cultura penitenciaria, en donde, entonces sí, podremos pensar no solo en una efectiva y concreta recuperación de las personas privadas de su libertad sino en su inmediata, autónoma y espontánea reinserción al sistema socio productivo argentino.

Por Roberto F. Bertossi, 21 de abril de 2004