Las heridas que no se ven
(o el calvario de la salud mental)
1. Por María de Lourdes Santiago
Vicepresidenta
Partido Independentista Puertorriqueño
17 de junio de 2003 
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Hay cosas que, como decía mi mamá, son tan terribles y tan injustas que “lloran ante los ojos
de Dios”. La semana pasada, leyendo las noticias sobre cómo el Departamento de Justicia ha
intentado obstruir que se recopile información sobre la situación del Hospital Siquiátrico de Río
Piedras, y al ver luego al Secretario de Salud diciendo que está cansado de pagar “platos rotos
ajenos”, como si no tuviera nada que ver con el tema, me pareció que en estos días tenían que
ser abundantes esas lágrimas. Porque si injusto es abusar del desposeído (y en Puerto Rico esos
son, más que nadie, los pacientes de salud mental que dependen de los servicios públicos),
tanto más terrible es querer esconder debajo de la alfombra la evidencia de ese abuso y poner
luego cara de “yo no fui”.
He seguido muy de cerca el tema de la salud mental. Hace ya muchos meses, junto a personal
de enfermería, trabajo social y sicología del Centro de Salud Mental de San Patricio,
denunciamos en conferencia de prensa desde las oficinas del Partido Independentista los
intentos –por parte de la privatizadora BHP, de ASES y del Departamento de Salud– de
desmantelar lo que quedaba de servicios públicos de salud mental. La estrategia era tan sencilla
como perversa. Restándoles recursos y quitándoles pacientes, se hacía ver al Centro de San
Patricio y al Siquiátrico como innecesarios y onerosos, y se construía así la justificación para
poner en manos de las privatizadoras la totalidad de los centros de salud mental. Para hacer
esto, se negaban servicios, se escatimaban medicinas y se olvidaba el elemento rehabilitador.
Era la pincelada que faltaba en el cuadro macabro de la privatización de la salud que se
comenzó a pintar bajo la administración de Rosselló, y que esta administración gustosamente
finalizaría.
Fueron muchos, muchos, los esfuerzos para sacar al gobierno de su apatía y hacerles entender
que en un tema como el de salud mental, la ineficiencia se traduce en un inmenso dolor
humano. Los pacientes, sus familiares, los trabajadores, agrupados bajo la Convergencia por
la Salud Mental, acudieron a la privatizadora, a las oficinas de ASES, al Departamento de Salud,
al Capitolio y a Fortaleza. En las vistas públicas a las que convocó la comisión de salud del
Senado desfilaron todos los argumentos posibles –médicos, económicos, humanitarios– para que
se tomaran cartas en el asunto y en lugar de asfixiar al Siquiátrico y a San Patricio, se revirtiera
el proceso de privatización y se subsanaran los muchos problemas que enfrentaba la
Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA).
Pero nadie escuchó. Hasta que, primero, a la privatizadora Behavorial Health Partners, que esta
administración pintaba como el regalo del cielo para los enfermos mentales, se le comenzó a
investigar por el mal manejo de millones de dólares pagados por el gobierno de Puerto Rico, que
en lugar de ser destinados a dar servicios, servían para pagar lanchas, y cenas lujosas para los
ejecutivos. Tal y como se había advertido. Y ahora, el recordatorio que con tanta insistencia
como poco éxito se quiso traer a la atención del gobierno: que al desmantelar a San Patricio y
al mutilar el Siquiátrico se violentaban las estipulaciones del pleito de Navarro Ayala v.
Gobernador Hernández Colón, radicado en el 1974, y como resultado del cual se establecieron
unos parámetros para garantizar acceso y calidad en los servicios de salud mental.
Llegó entonces el corre corre y la desesperación. Cuando eran los pequeños los que reclamaban,
bastaba con hacerse de oídos sordos. Pero les llegó el turno de enfrentar al tribunal federal (en
el primer informe del monitor designado por el tribunal hay severos cuestionamientos sobre el
paradero de los fondos de salud mental), y toda aquella indiferencia se convirtió en agitación.
Justicia y el Departamento de Salud parecen pensar en sólo una salida: ocultar y negar. A los
funcionarios de ASSMCA y ASES se les amordazó (o se dejaron amordazar) para que no
colaboraran con el monitor y Salud le quitó a ASSMCA el control del Siquiátrico, con el visto
bueno de Fortaleza.
¿Por qué contra todo sentido de responsabilidad ministerial, de prudencia, de sabiduría
administrativa –por no decir, de humanidad, las cosas han llegado donde están en Salud
Mental? Alguien decía que las enfermedades mentales son heridas que no se ven. Para algunos,
lo que no se ve, no molesta. A nadie se le ocurriría cerrar todas las salas de emergencia en San
Juan para que los enfermos y accidentados no tuvieran a donde ir. Sin embargo, el gobierno
pretendía clausurar la sala estabilizadora del Centro de San Patricio, que atiende a los pacientes
mentales en crisis. Privar a un diabético de su insulina o decretar que no se va a dar
tratamiento a pacientes con huesos fracturados sería inconcebible.
Más la falta de medicamentos y de terapia para hombres y mujeres que sufren de depresión,
esquizofrenia o trastorno bipolar se justifica tranquilamente con que “la economía está mala”.
Me temo que aún falta lo peor. ASSMCA ha caído en una emboscada tramada por el mismo
gobierno, y al desastre de la salud mental le va a seguir el absoluto descalabro de los servicios
contra la adicción. Parece que detrás de todo esto, en lugar de un sistema de administración
pública, hay un puñado de sádicos esforzados en ver cómo se maltrata más a la gente.
Si gobernar fuera solamente manejar esa gran cuenta de banco que es el presupuesto,
poníamos cualquier contable en Fortaleza y en cada agencia y nos olvidábamos de lo demás.
Es más complejo y más profundo. Hace falta solidaridad, mirar de vez en cuando al país y
enterarse de lo que está pasando –sin que tenga que aparecerse el tribunal federal a halar
orejas. Que cuesta dinero, por supuesto que cuesta dinero. Pero si un país no está dispuesto a
invertir sus recursos en mitigar el sufrimiento de su gente y en reincorporarlos a una vida
provechosa, ¿en qué entonces? ¿En más publicidad inútil para el gobierno, más letreros con el
nombre del gobernante en turno, más millones para cabilderos que no producen nada? ¿Hasta
dónde va a llegar la frialdad con la que se destinan fondos para aquello que puede dejar más
votos, no para la que nos puede producir un mejor país?
Otra cosa que me repetía mi madre, es que en la vida hay que tener prioridades.
Llegó el momento de ver dónde, en esa lista de asuntos pendientes, vamos a poner la salud
mental.
Porque hasta ahora se ha quedado fuera, de una forma tal, que llora ante los ojos de Dios.
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