Justicia social a medias
1. jueves, 31 de octubre de 2002 

Por Omaya Sosa Pascual
End.ososa@elnuevodia.com 


La directora
ejecutiva de la
Fundación
Puertorriqueña
Pro Salud
Mental, Silvia
Arias. (Wanda
Liz Vega / El
Nuevo Día)


AUNQUE LA Reforma de Salud ha mejorado el acceso de los pacientes pobres de salud mental
a los servicios y medicamentos, no ha logrado la justicia social que prometía. 
Los obstáculos que enfrentan cuando desean ser atendidos por los especialistas, los cambios, la
negación de medicamentos, y las largas esperas en los consultorios de las aseguradoras
contratadas son la orden del día, según dijeron varios pacientes que participaron ayer en la
Tercera Cumbre Anual de Salud Mental. 
No obstante, el dato más impactante revelado durante la actividad, auspiciada por la Fundación
Puertorriqueña Pro Salud Mental (NAMI), es que el 74% de los pacientes de la Reforma recibe
los llamados medicamentos típicos o "viejos", que son marcas desarrolladas hace más de 30
años que aún están en el mercado. El 26% restante reciben medicinas desarrolladas más
recientemente. La proporción en los planes médicos privados y en el plan federal Medicare es
inversa: el 80% de los pacientes recibe los nuevos y sólo el 20%, los antiguos. 
EL SECRETARIO de Salud, Johnny Rullán, quien participó en el encuentro, calificó la
situación de "inaceptable" e informó que tanto su agencia como la Administración de Seguros de
Salud (ASES) han empezado gestiones para exigir a las dos aseguradoras contratadas -
Behavioral Health Partners (BHP) y American Psych Systems (APS)- un cambio en las políticas
para recetar medicamentos. La ASES es la agencia a cargo de fiscalizar las aseguradoras de la
Reforma. 
Rullán anunció además que comenzará a evaluar formalmente y a darles "notas" a estas
empresas el año próximo tal como lo hace con las aseguradoras de salud física. A pesar de que
no es la persona responsable de los servicios de salud mental en el Gobierno, el titular cogió los
golpes de los pacientes debido a que la administradora de la Administración de Servicios de
Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Dalila Aguilú, no estuvo presente ni envió un
representante. 
Por su parte, Mark Blackburn, presidente de BHP, le dio la bienvenida a la evaluación que
realizará Rullán e invitó al titular a establecer en Puerto Rico estándares uniformes y a exigir la
certificación de algunas de las entidades reconocidas en este campo. Entre ellas, mencionó la
Comisión Conjunta de Acreditación a Hospitales (JCHA) y el Comité Nacional de Garantía en
Calidad (NCQA). BHP es responsable por la salud mental del 70% de los 1.7 millones de
beneficiarios de la Reforma. "Pienso que es bueno. Le damos la bienvenida a un 'set' de
estándares consistentes que midan nuestro rendimiento y que permitan que todo el mundo pueda
ser evaluado en la misma manera", dijo. 
En cuanto a las estadísticas relacionadas con las recetas, Blackburn dijo desconocer las cifras e
insistió en que la medicación de pacientes no se puede medir en términos de la cantidad de las
medicinas nuevas y viejas recetadas. Según dijo, cada caso tiene que ser analizado en forma
independiente y dio el ejemplo de antisicóticos nuevos que no son recomendados por la
Administración Federal de Drogas para menores de 18 años. 
SOSTUVO QUE las medicinas viejas son tan efectivas como las nuevas, sólo han perdido la
patente de la marca, y en ocasiones tienen efectos secundarios. 
Esta precisamente es una de las preocupaciones de NAMI, que ha señalado en reiteradas
ocasiones que los efectos secundarios, que incluyen movimientos involuntarios y salivar
constante, no permiten a los pacientes reintegrase a la sociedad. 
Ayer el veterano siquiatra Alberto Varela también citó un estudio independiente publicado este
año por la Asociación Psiquiátrica Mundial que encontró que, a nivel mundial, los gobiernos
están permitiendo que los pacientes de salud mental reciban tratamientos que no están
conformes a las mejores prácticas de la profesión. Esto se debe a que no saben fiscalizar a los
proveedores de servicios y por "temor injustificado" de costos, según dijo. 
SE REFERIA al hecho de que los medicamentos nuevos son hasta cuatro veces más caros que
los antiguos lo que implica una sustanciosa inversión pública en este sector. No obstante, según
Varela y algunos estudios consultados, dicho costo es compensado por la reducción en gastos de
hospitalización y servicios ambulatorios, entre otros. 
Orlando González, director ejecutivo de la ASES, señaló que el 40% de los $80 millones que se
paga a las aseguradoras de salud mental se gasta en medicamentos, comparado con un 25% en
el área de salud física. 
"Los costos estaban llegando a unos niveles donde (los medicamentos) iban a ser más
inaccesibles de lo que alegan que son", ripostó a los pacientes que se quejaron de los trámites y
las esperas para conseguir la aprobación de ciertos medicamentos. Asimismo recordó que
cuando Medicare incluye medicamentos, les cobra a sus beneficiarios entre $70 y $80
mensuales, lo que es más que la prima entera que la ASES paga por los servicios de salud física
y mental para cada paciente. Mientras, la mayoría de los pacientes de la Reforma no pagan
deducible y los que lo hacen, gastan entre $0.50 y $1. 
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