La pobreza en Panamá está asociada a la evolución de la economía y a la incapacidad del país para traducir el crecimiento económico en reducción de pobreza. La dualidad del modelo económico, con un sector moderno dinámico vinculado a la demanda externa y un sector rural de baja productividad, profundizó históricamente la desigualdad social, que constituye a su vez una barrera a la reducción de la pobreza (PNUD, 2008). La pobreza extrema se concentra particularmente en las áreas rurales, en las comarcas indígenas y en algunas áreas marginales urbanas. Es elevado el contraste entre las áreas ricas de la ciudad de Panamá y el resto del país.

Panamá está considerado como uno de los países de mayor desigualdad en la distribución del ingreso, destacándose la existencia de extremos que invalidan los promedios encontrados en los indicadores sociales. Es decir, coexisten personas con un nivel de ingreso muy alto con aquellas que apenas sobreviven con recursos que ni siquiera le permiten alimentarse adecuadamente. Según el Banco Mundial, los más pobres de Panamá son muy pobres y los más ricos son muy ricos.

En el año 2007, la economía de Panamá fue la de mayor crecimiento entre todos los países de América Latina y el Caribe. El desempeño del sector externo y el auge de la construcción impulsaron el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al 11,2%, en tanto que el producto por habitante alcanzó un aumento inédito de 9,3%.

Sin embargo, pese a estos avances en materia económica en Panamá, la distribución de la riqueza ha sido desigual por muchos años y que hoy se acentúa con mayor fuerza en las áreas rurales y en las Comarcas Indígenas. En las décadas pasadas, hubo insuficientes acciones y casi ningún programa focalizado en la pobreza extrema. Los programas sociales generalmente eran con objetivos nacionales (salud, educación, etc.). Los programas agrícolas estaban orientados a productores comerciales. Igualmente, estos programas no alcanzaban a los grupos de pobreza extrema, dado que los mismos están dispersos o en áreas de difícil acceso. Por ello los pobres resultados en reducir la pobreza extrema en las regiones indígenas.

Por consiguiente, plantemos que desde la visión de los pueblos originarios, el reconocimiento y respeto a los sistemas de organización, instituciones y gobiernos propios, son criterios fundamentales para el establecimiento de una nueva relación con los Estados, superando las tensiones que caracterizan los procesos de gestión de los derechos, la tierra, el territorio, la protección de la madre naturaleza y de la identidad cultural, donde los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas, y el Convenio 169, como compromisos de los Estados, ofrecen un marco político y normativo orientador para los planes, programas y proyectos que se gestionan en favor de los Pueblos Indígenas.

La falta de empleo y la pobreza son los dos principales problemas del país. Frente a estos desafíos, se ha impulsado políticas públicas orientadas a mejorar los niveles de pobreza y de inequidad prevalecientes en el país, a través de la constitución de redes de protección social como la Red de Oportunidades y de otros programas estatales. También el fortalecimiento institucional del sector social como la reestructuración del Ministerio de Desarrollo Social y la instalación de un Gabinete Social, y la ejecución de programas específicos en el sector educativo y salud. A pesar de estas políticas públicas para erradicar la pobreza sus efectos han sido mínimos en los territorios indígenas, donde el hambre y la desigualdad todavía persisten.

Para resolver los problemas de pobreza no es suficiente la asignación de recursos, sino que es imprescindible contar con la participación y autogestión de los actores en las comunidades de acuerdo a su propia realidad. En efecto, los residentes de un pueblo indígena deben construir y definir su inventario social y es así como las reuniones con la comunidad adquieren importancia en el ordenamiento de las necesidades sentidas donde sus actores han manifestado su disposición a participar en la generación y aplicación de propuestas factibles para elevar sus niveles de bienestar. Para ello, impulsar políticas públicas en la inversión en salud intercultural, facilitar el acceso a la tierra, el capital, la tecnología y que existe un mayor empoderamiento de las comunidades tanto para la satisfacción de derechos fundamentales como para sustentar las posibilidades de un crecimiento alto, sostenido y equitativo a los colectivos más desfavorecidos. Además, fomentar, en las comarcas indígenas, la educación bilingüe intercultural e incorporar educadores bilingües (español y lengua nativa) en las áreas indígenas en los niveles de educación preescolar, primaria, premedia, media y a nivel superior.

La pobreza no solo es en los adultos, sino el que más sufre es la niñez, en especial consideración en la niñez indígena. En ese sentido, el gobierno panameño debe impulsar la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como también Plan Nacional de Combate a la Desnutrición Infantil 2008-2015 para combatir la desnutrición infantil en los territorios indígenas, para cuantificar a los infantes que enfrentan condiciones de indigencia y pobreza. Además, erradicar el trabajo infantil en la niñez indígena.

Igualmente, los gobiernos nacionales deben dejar a un lado los intereses partidistas que afecta las políticas públicas, en que deberían centrarse directamente en combatir las causas de la pobreza que hacen que la desigualdad se esté perpetuando en las regiones indígenas. En nombrar personal idóneos tanto no indígenas e indígenas para combatir y buscar alternativas en los territorios indígenas y que sea eficaz las políticas públicas contra la pobreza.

Ante está situación, son las mismas autoridades indígenas en Panamá están buscando alternativas propias para combatir este flagelo de la pobreza en sus territorios. Por tanto, en algunas comarcas se están instituyendo instituciones modernas a la par de las autoridades tradicionales para desarrollar y ejecutar proyectos de las mismas sin interferencia del gobierno, por ejemplo, en la Comarca Kuna Yala la creación de Juntas Locales y con ello la figura del saila administrativo o sapindummad que lo puede ocupar tanto un hombre o una mujer para organizar el desarrollo de la comunidad frente a los cambios de la globalización que está mermando la identidad cultural de los pueblos indígenas.

Asimismo, por la falta de una política estatal de desarrollo en las comarcas y territorios, los Congresos Indígenas han creado sus propios Organismos Gubernamentales (ONG) para planificar, desarrollar y ejecutar sus propios proyectos de investigación y desarrollo. En algunas regiones han tenido éxito por el trabajo en conjunto entra las autoridades tradicionales y sus técnicos sin la influencia estatal.

Por consiguiente, es necesario reconocer en la actualidad que Panamá es un país multicultural que convergen varias culturas, que incluye a los indígenas y a todas las otras identidades reconocidas por el Estado, pero al hablar de la multicultural nos limitaríamos en su concepción, ya que para los pueblos indígenas es necesario que hoy hablemos que estamos en un Estado plurinacional y pluri-intercultural, que se refiere a la interacción comunicativa de convivencia, de comprenderse, y de respeto que se produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura con miras a cohesionar un proyecto político nacional. También es importante indicar que la constitución nacional debe reconocer la existencia de los “Pueblos Indígenas” y de la lengua materna para una mayor eficaz en el reconocimiento y participación indígena en Panamá, y la promulgación de nuevas leyes para que los pueblos indígenas puedan desempeñar una mayor participación para fortalecer sus planes de vida.