MARIA EUGENIA VILORIA ORTIN

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T1

Sistemas Remotos para la Contraloría Social en la República Bolivariana de Venezuela

Capítulo I: El Problema

Planteamiento del Problema | Objetivos (Generales y Específicos) | Justificación e Importancia

Planteamiento del Problema

La lucha contra la corrupción fue una de las promesas que el actual presidente de la República presentó al país en su campaña electoral. Ciertamente lograr combatir acertadamente y ganarle la batalla a la corrupción no consiste solamente en crear y proponer medios jurídicos y normativos, pues este vicio social depende ante todo del aspecto moral de la sociedad, que depende básicamente de la consistencia humana de cada uno de los ciudadanos de nuestro país.

Y como lo afirma de nuevo Camacho:

“Este tipo de conducta ha sido una constante en la historia de Venezuela. De ahí su trascendencia y el carácter estructural de sus manifestaciones. Luego, la corrupción se ha convertido en un complicado fenómeno que debe observarse desde planos diversos para hallarle mecanismos de control. La dificultad se magnifica porque no hay explicaciones razonables. Por sus dimensiones, la respuesta a los problemas de la corrupción administrativa en Venezuela no puede quedarse en el estribillo jurídico-penal de siempre: más delitos, más leyes, más sanciones.” 3

Pero más allá de esta realidad multifactorial, se hace indispensable la creación de modelos de inspección y vigilancia permanente y transparente sobre el quehacer gubernamental.

Como profundiza Haro Belchez:

“La problemática que encierra la corrupción representa el mayor de los desafíos y es motivo de preocupación para el Estado moderno. Como antídoto, nada mejor que hacer efectiva la división de poderes como la forma adecuada del control, porque es el recurso que permite cumplir con uno de los supuestos básicos del Estado democrático: honesto, defensor de las libertades públicas, transparente en el funcionamiento, y dialogante con los ciudadanos.

Es una realidad que si bien en las naciones latinoamericanas sus regímenes republicanos contemplan una división formal de poderes, en los hechos no se ha ejercido a plenitud por cuestiones de sociología política y razones históricas. Estas sociedades, de alguna forma invertebradas, carecen por tanto de estructuras administrativas estables que le dan solidez y viabilidad a un estado moderno. Este estado embrionario de institucionalización en nuestro suelo impide la vigilancia pública del desempeño del aparato gubernamental, esto es, se cancelan los canales por donde la sociedad efectúa sus tareas de vigilancia. Desde esta óptica, podríamos decir que le falta vitalidad a la sociedad civil, entendida como diversidad y fortaleza organizacional.” 4

Esta necesidad de vigilancia sobre la actuación de los representantes y administradores de los bienes de cada uno de los venezolanos es una responsabilidad no sólo del gobierno, sino de toda la población, pues son precisamente sus bienes los que aquellos administran.

Confirmando la necesidad de la actuación de la sociedad en este trabajo de vigilancia encontramos que:

“Para lograr la transparencia también es importante tener como aliado el funcionamiento adecuado de instituciones democráticas, un prensa libre y acceso abierto del público a la información relacionada con el ejercicio del poder y las actividades gubernamentales. A toda esta estructura deben de sumarse los órganos de control y el afianzamiento del sistema de ejercicio de justicia, esto último es así porque el sistema institucional de una nación depende de la vigilancia del poder judicial.” 4

La concepción de vigilancia social, requerida y utilizada por las sociedades más evolucionadas, es lo que en Venezuela hemos llamado Contraloría Social. Así, estamos llamados como ciudadanos responsables a participar activamente en este rol de co-construcción de una sociedad justa y equitativa.

Según el gobierno Bolivariano:

“La contraloría social es la máxima expresión de la democracia participativa. Por medio de ella, las comunidades ejercen acciones de control, vigilancia y evaluación para lograr el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales, fomentando así, la responsabilidad ciudadana en la construcción del poder político, y evitando que los recursos se desvíen hacia intereses ajenos a los del pueblo” 6

Puesto que el problema de la corrupción es un asunto mundial, según la Secretaría de la Función Pública de México, la Contraloría Social es:

“El conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes” 8

Con respecto a la responsabilidad individual en la lucha contra la corrupción y el beneficio social encontramos en el artículo 62 de nuestra Constitución encontramos que:

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo.” 6

Pero ¿cómo puede el ciudadano común afrontar dicha responsabilidad sin tener en sus manos las herramientas necesarias indispensables para ese fin?

En los países desarrollados existen los organismos contralores de gobierno que funcionan adecuadamente, a la par de organismos no gubernamentales de distinto índole que, por conciencia, sentido de pertenencia a un grupo particular o por vocación han iniciado luchas particulares en función de un bien colectivo.

Así, “El avance contra la corrupción necesitará de una activa sociedad civil y de la presencia de órganos de fiscalización, porque se enfrenta a toda una estructura de intereses que es finalmente la matriz de los conflictos sociales. De esas situaciones conflictivas sobresalen: La idea de país y el compromiso que tiene la elite; la competencia entre las elites y el control y la participación de las masas en la política gubernamental. El modo como se concilien dichos conflictos marcará las reglas de la vida pública y creará las condiciones para un cambio positivo o negativo respecto a la sanción efectiva de las conductas delictivas.” 4

Los venezolanos reconocen la necesidad de un sistema de control anticorrupción, donde el ciudadano participe y que contribuya con las instituciones llamadas a cumplir dicha función.

Por un esfuerzo ciudadano se han intentado crear diversas formas de Contraloría Social, como la organización de Comités locales, llamados de diversas formas: desde los antiguos Círculos Bolivarianos, hasta llegar a los Consejos Comunales, pero todos, lamentablemente sin un ejercicio equilibrado y exitoso frente a la corrupción.

En Venelogía se encuentra, junto con una denuncia, la afirmación que muestra el rol del ciudadano en su participación en el acto de denuncia:

“Por definición la Contraloría Social es la que ejerce el pueblo mediante su participación cotidiana y directa en ejercicio de la soberanía y de la democracia. Por acción, la Contraloría Social se ejerce de manera directa e inmediata por los medios de los cuales disponga en su momento, a través de organizaciones previamente constituidas o sin ellas. En la contraloría social es indispensable la presencia física del pueblo en el sitio de los acontecimientos, con conocimiento de causa y tenacidad, dispuestos a permanecer movilizados hasta que se produzca un desenlace sobre el asunto que se discute o cuestiona.” 9

Los movimientos populares siguen intentando resolver un problema que se modif¡ca, moderniza y actualiza continuamente ante las posibilidades de corrupción, con herramientas anticuadas, tradicionales, físicas, y por lo tanto parciales y aisladas.

Y, en los casos en que estas estrategias han dado como resultado la detección de un foco de corrupción, el manejo de la información, divulgación y supervisión del caso, se han visto empañados por el silenciamiento, la complicidad, el abandono, y los intereses personales que ejercen poder sobre los afectados.

La directora de Transparencia Internacional, Rosa Ospina opina que:

“Los países de la región no cuentan con sistemas nacionales rigurosos que prevengan, identifiquen y sancionen hechos de corrupción. Es decir las contralorías, las fiscalías, los sistemas judiciales y hasta los parlamentos son débiles” 11

Por esta deficiencia generalizada se hace necesaria la creación de un instrumento que le de voz al ciudadano, no sólo para denunciar sino que también le permita mantener una vigilancia continua sobre los aparentes casos de corrupción que la ciudadanía saque a la luz pública a través de este medio.

Son las herramientas democráticas entonces la forma más expedita de denuncia, verificación de la realidad y juicio más transparente para el ciudadano común ante los actos de corrupción que se deseen realizar en el país.

Según el Índice Mundial de Percepción de la Corrupción 2005 presentado por la Transparencia Internacional , Venezuela en el año 2005 se posicionó en el puesto 135 con un rango de confiabilidad de 2,2 a 2,4 sobre 10. Este es un índice bastante revelador de la situación ética venezolana.

Un concepto objetivo sobre corrupción se encuentra en el libro de Bernardino Herrera llamado La Corrupción en Venezuela, donde se lee:

“Se entiende por corrupción a toda modalidad ilícita en el uso de los dineros públicos, en su sentido más estricto, o toda forma en la que el Estado defrauda a la Nación respecto al uso y destino de su hacienda pública, en un sentido más amplio. Advertimos, sin embargo, que es un concepto restringido, pues se excluye el peculado en sentido inverso, es decir, como toda forma de fraude contra el Estado, cuya más común manifestación es la evasión de impuestos, delito ampliamente practicado en todas las naciones del mundo, sin distingo de épocas ni clases sociales” 1

También amplia el concepto Cristian Camacho en su trabajo La corrupción en Venezuela, donde afirma que:

“La corrupción en nuestro país no es ni ha sido un fenómeno aislado en la sociedad. Tampoco la práctica exclusiva de un período o de un grupo particular en el gobierno, en complicidad con hombres de empresa y organizaciones privadas. En realidad, ha sido algo más profundo. En sus redes, queriéndolo o no, han caído todos los miembros representativos de la sociedad: desde un poderoso magnate, el cual, con o sin razón, delinque y viola descaradamente las leyes en pos de un provecho; pasando por un profesional, un político o un empleado público; hasta un humilde ciudadano que roba pequeñeces de gran utilidad social como las demás: instrumentos y equipos, barandas de viaducto, defensas de autopistas y carreteras, tapas de tanquillas y vertederos, etc.” 2

Además señala la razón del problema desde sus orígenes delimitados en la historia:

“Después de la independencia, los cambios históricos en Venezuela nunca fueron acompañados por transformaciones en su estructura. Las instituciones y la sociedad apenas fueron retocadas, y con algunas excepciones de forma, en el fondo siguieron conservando los mismos esquemas de conducta y respuesta. Por esa razón, viejos problemas son vistos como “nuevos” y se les trata como tales.”

Entre las razones que justifican la necesidad de avalar diversos sistemas de Contraloría Social están que, la estructura social y cultural venezolana no fomentó nunca una lucha ciudadana en contra de la corrupción y que en cambio descargó esta responsabilidad al gobierno de turno.

Al contrario, se ha descargado la responsabilidad a otros, muy ajenos a nuestra realidad, como dice Camacho:

“No puede ser que al compararnos concluyamos en que el problema ético del país es producto de la situación internacional, o si no, del petróleo y la bonanza petrolera. Esto es ser indolente y actuar con mediocridad.” 2

Eran los organismos contralores del estado entonces el responsable de supervisar la cosa pública y su adecuado o inadecuado uso. Pero este tipo de ejercicio dependía directamente de la voluntad política de los representantes del pueblo ante el Congreso Nacional y la Contraloría Nacional , sin que el ciudadano se involucrara en la lucha.

Es por ello que se hace indispensable el desarrollo e implantación de un sistema que todo ciudadano pueda acceder ya sea para denunciar, visualizar el estado de una denuncia previa, ver las respuestas que los organismos denunciados ofrezcan, o simplemente conocer el pulso de la opinión pública ante la labor que a cada uno de los entes gubernamentales deben realizar.

El origen de este problema, sin fecha de inicio se consigue en el nivel humano, en el aspecto ontológico heredado culturalmente, donde el bienestar personal está por encima del bienestar colectivo. Y una forma de evidenciar este problema es la búsqueda de ocultar los focos de corrupción que emergen en la sociedad.

Las causas, basadas en una falta de sentido de pertenencia a la población a la que se pertenece busca la generación de instrumentos irregulares para el beneficio personal en detrimento del general.

Existe una explicación relativamente aceptable para este fenómeno social que dice que:

“La corrupción masiva en Venezuela suele plantearse como un simple proceso coyuntural. Los que enuncian esta tesis ubican sus antecedentes en las transformaciones vividas por el país, después que éste se incorpora plenamente a la dinámica del capitalismo mundial, con la explotación petrolera y el crecimiento vertiginoso de las importaciones.”3

Esto indica que el problema está dado por la permanencia en el tiempo de elementos externos a la vida social venezolana, influenciado por la intervención modos de producción ajenos a nuestra cultura.

“Argumentan que en virtud de este proceso, el Estado se adueñó de la renta y más tarde del petróleo, apoyándose para ello en el derecho de regalías, y convirtiéndose en una institución omnipotente, pero obsoleta para administrar ese recurso y transformarlo en verdadera riqueza.”3

Posteriormente el control de los beneficios originados por los modos de producción implantados en Venezuela generó la posesión cerrada de los beneficios fruto de la productividad nacional sin intención de distribuir e invertir estas ganancias en otras formas paralelas de producción.

“Sobrevino entonces una inesperada avalancha de dinero que al encontrarse con una sociedad acostumbrada a un ritmo de vida particular, provocó alteraciones profundas en su comportamiento. El torrente petrolero produjo un desbordamiento en la mentalidad y en el carácter de los venezolanos. El país se transformó en otro por obra y gracia de una riqueza fácil, mágica, artificial y no trabajada. De aquí se originó la corrupción en el grado excesivo que hoy conocemos porque la disponibilidad súbita de sumas cuantiosas, posibilitó el despilfarro, la malversación, el robo y el carácter venal de las consciencias. Así, el petróleo separó históricamente la mentalidad de los venezolanos y rompió el transcurso de una línea histórica.”3

Al no reinvertir el dinero entrante en otras formas de productividad, este se quedó como simplemente herramienta de compra de bienes fabricados de toda índole, simplificando el proceso de adquisición de bienes por parte de los ciudadanos, encontrando en la conciencia de parte de la sociedad como expectativa el facilismo.

Esta situación continuada en los años ha corrompido a gran parte de la sociedad, y aun cuando se busque evidenciar los actos irregulares, aun así en el hombre venezolano se mantienen algunos aspectos de corrupción, particularmente en las esperas más altas donde se acumula el poder.

Es necesario que la sociedad asuma responsablemente y se involucre en el ataque contra la corrupción, para que la evidencia de este mal salga a la luz pública, y cada individuo, denunciando, no abandone la lucha sino que le siga el rastro a su propia investigación, a su propia denuncia, hasta lograr el objetivo: hacer responsables de actos ilícitos a los culpables, sin importar quien sea el responsable, para que la justicia sea realmente ciega. Para ello es imperativo evaluar los sistemas existentes para ofrecer al denunciante la mayor seguridad posible para ejercer su derecho a la denuncia.

Y aun cuando una buena parte de los ciudadanos participan de alguna forma en un grado de corrupción, estos mismos serán los encargados de luchar contra la misma corrupción en la que participan. Así, todo ciudadano con acceso a Internet, podrá denunciar todas las irregularidades que encuentre en la administración pública. Es este impulso de lucha contra la corrupción que debe utilizar el sistema a desarrollar para impulsar este proyecto.

Estado del Arte de los Sistemas Remotos de Contraloría Social en Venezuela

El gobierno venezolano ha hecho, desdel el inicio, esfuerzos por utilizar la tecnología en pro del buen funcionamiento de la administración pública.

Aprovechando el impulso tecnológico que impuso el gobierno central con el decreto 3390, el ejecutivo nacional, conjuntamente con gobernadores y alcaldes, a través de un ente llamado Nueva Etapa, inciaron el desarrollo de un sistema remoto para la contraloría social llamado Sisdan.

Para mostar adecuadamente el Estado del Arte del Sistema más representativo existente en internet, por ser virtual y estar cargado en la web se sugiere conocer en forma directa el procedimiento de ingreso. A continuación se presentan los pasos para su conocimiento:

Siguiendo los pasos adecuados mencionados anteriormente observamos que el sistema no está activo, lo que significa que el único recurso de Contraloría Social basado en tecnología remota no está en funcionamiento.

Una observación que se le puede hacer al sistema que no esta activo pero que es notorio en el procedimiento anteriormente descrito es la existencia de un proceso condicionante en la seguridad del denunciante, y es la exigencia por parte del sistema de solicitar un Certificado de Seguridad.

La función de los Certificados de Seguridad tiene la función de realizar procesos algorítmicos para identificar la fuente de la data en la transacción a realizar. esto sgnifica que una persona que ingrese información confidencial al sistema, como lo es una denuncia, puede ser localizada a través de los rastros que el Certificado registra.

En algunos aspectos, este proceso puede significar riesgo para el denunciante, si el sistema no utiliza una adecuada distribución de la infromación en distintos servidores, donde se alojen la ifnormación personald el denunciante, y la información propia de la denuncia.

Objetivos

General

Proponer un Sistema Remoto destinado a la Contraloría Social en la República Bolivariana de Venezuela

Específicos

• Diagnosticar la situación actual de los sistemas de contraloría social virtuales existentes en Venezuela
• Definir las necesidades de información necesarias para la formulación de una denuncia de forma correcta
• Estructurar y normalizar los requerimientos de información para la implantación de un sistema de contraloría social en forma remota
• Diseñar los formularios de ingreso de insumos, y de consulta para la denuncia de manera intuitiva por parte del ciudadano

Justificación e Importancia

Todos los venezolanos poseen deberes y derechos. Y dentro de los derechos está la posibilidad de reclamar ante la alguna irregularidad que pueda presentarse en la administración de los fondos nacionales.

Se hace necesario poner a disposición de toda la población que sienta la necesidad de colaborar con la construcción del país, la herramienta necesaria para participar directa y responsablemente en la vigilancia y resguardo de nuestras riquezas.

Para lograr estos objetivos se pueden utilizar los recursos que la tecnología ofrece y que el gobierno nacional ha estimulado desde sus inicios: las tecnologías de información y comunicación, que se pueden ver funcionar perfectamente en organismos como el Seniat, Cadivi o el Instituto Nacional de los Seguros Sociales, entre otros.

El funcionamiento adecuado de las TIC's en estos organismos en un aval y estímulo para el funcionamiento correcto de un sistema de Contraloría Social en forma remota.

Los sistemas remotos en la adminsitración pública han ofrecido al venezolano la facilidad de tramitar y resolver problemas sin necesidad de trasladarse con consecuencias económicas y de riesgo, garantizando además la participación protagónica en el ejercicio del control de los recursos que le pertenecen como venezolano. Esto significa que os medios remotos electrónicos han crecido en consideración del ciudadano venezolano, y esta acogida debe ser aprovechado también para la resolución de un problema tan profucndo como es la deficiencia en la Contraloría Social.

Toda denuncia realizada por sistemas remotos debe ser perfectamente auditable, susceptible de seguimiento penal y con resultados positivos en la lucha contra la corrupción. Además de poner a disposición de todo venezolano que tenga algo que decir o denunciar, sin importar su ubicación geográfica, pero siempre y cuando su denuncia se encuentre respaldada con algún tipo de soporte, garantizando su protagonismo individual.

Estos soportes pueden ser igualmente cargados al sistema para su verificación como parte de la evidencia.

Infografía