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Editorial I
Fondos pol�ticos: del dicho al hecho...

Los principales candidatos presidenciales le han asestado un severo golpe a la transparencia que debe regir todo proceso electoral en un sistema republicano, al no divulgar el origen de los fondos de sus campa�as proselitistas.

Tal como inform� La Naci�n en su edici�n de anteayer, la organizaci�n no gubernamental Poder Ciudadano hab�a logrado en agosto �ltimo que los postulantes de la Alianza, del PJ y de Acci�n por la Rep�blica firmaran un acuerdo para transparentar el financiamiento de sus respectivas campa�as.

Ante el compromiso solicitado por aquella fundaci�n a los candidatos para que informasen de d�nde proven�an los fondos obtenidos en el sector privado, Fernando de la R�a se mostr� en desacuerdo con ese pedido, en tanto que Eduardo Duhalde y Domingo Cavallo se manifestaron de acuerdo y rubricaron el pedido. No obstante, ni el representante del PJ ni el de Acci�n por la Rep�blica cumplieron su promesa, por lo cual ninguno de los tres principales postulantes dio a conocer la identidad de las empresas o de los particulares que aportaron dinero para sus acciones proselitistas.

La divulgaci�n de este �ltimo dato no es poco importante. Est� muy difundida la creencia en que los aportes privados a las campa�as pol�ticas muchas veces condicionan las decisiones del futuro gobierno, ya que en ocasiones se traducen en una contraprestaci�n desde el poder.

El conocimiento por parte de la ciudadan�a del origen de los fondos empleados por cada fuerza pol�tica en el curso de la prolongada campa�a electoral no s�lo ayudar�a a evitar aquellas posibles contraprestaciones desde el poder. Tambi�n -lo que es fundamental- implicar�a el cumplimiento del art�culo 38 de la Constituci�n nacional, que dispone que "los partidos pol�ticos deber�n dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio".

Que esa norma constitucional no haya sido a�n reglamentada no puede servir de excusa para que quienes aspiran a ocupar los m�s altos cargos p�blicos electivos la omitan.

Ser�a deseable, por supuesto, que el Congreso tratase por fin las numerosas iniciativas presentadas para regular el financiamiento de las actividades pol�ticas con la misma celeridad con que, en su momento, aument� de uno a tres pesos el subsidio del Estado a los partidos pol�ticos, pese a las dificultades financieras del sector p�blico.

Varios son los aspectos poco transparentes del financiamiento de la actividad pol�tica. El primero es la desactualizada ley 23.289/85, que autoriza a que los nombres de los donantes de fondos a los partidos pol�ticos no sean divulgados, algo que chocar�a con la letra y el esp�ritu del art�culo 38 de la nueva Constituci�n.

El segundo punto conflictivo reside en que a menudo los candidatos realizan sus campa�as recurriendo a donaciones que no est�n sujetas al control partidario, ya sea por medio de sus propias fundaciones o de recaudadores de la confianza personal del postulante a un cargo p�blico.

Por �ltimo, resulta preocupante la confusi�n que no pocas veces existe entre fondos p�blicos y fondos para la campa�a en los casos de aquellos candidatos que ya ocupan importantes posiciones en la administraci�n p�blica.

Es lamentable que la clase pol�tica parezca no tener el m�s m�nimo apuro por legislar para prevenir estas situaciones. Pero lo es mucho m�s que, ampar�ndose en una legislaci�n obsoleta superada por la propia Constituci�n nacional, o bien por indolencia, los principales candidatos presidenciales se resistan a aportar claridad sobre una cuesti�n que preocupa a la opini�n p�blica y que deber�a inquietar mucho m�s a dirigentes cuyo creciente desprestigio deteriora la imagen del sistema republicano. Urge pues que, en este terreno al menos, los candidatos pasen de los dichos a los hechos.