Abdel M. Fuenmayor P.
 

III: EL OBJETIVO DEL MAGNOTERRORISMO EN VENEZUELA Y SUS PRETENDIDAS JUSTIFICACIONES

En la obra Joseph Heiderish (5), el escritor Theodor Körner apuntó que “Ningún bribón es tan estúpido que no halle algún motivo para sus bajezas” (“Kein Schurke ist so dumm, das er nicht einen Gruñd für seine Niederträchtig heiten fände”). Verdad comprobable cada día. Pero a partir del siglo XIX, con la aparición de las ciencias sociales, y especialmente de la obra de Sigmund Freud, la reducción del ser humano a un proceso determinista fundado en mecanismos ciegos e irresponsables de la naturaleza se ha propagado a muchos niveles de la educación y de la comprensión del ser humano. Las acciones de los seres humanos serían producto, según las tesis del psicoanálisis, de la interacción entre el juego de instintos que buscan satisfacción (el ego) y la represión (el super-ego) que ejerce la sociedad. La noción de culpa, de pecado, se desvanece en un aura psicopatológica que más que juzgar hay que comprender y tratar para superar las contradicciones. El criminal, así, ya no es más culpable, sino la víctima de las circunstancias psico-sociales que lo conducen a sus actos. La comprensión, y la terapéutica que de ella deriva, sustituye al castigo. De todas estas interpretaciones de la realidad humana se aprovechan, por supuesto, los bribones: “de mi crimen, alguien, que no soy yo, tiene la culpa”, es su consigna.

En Venezuela, en los días que corren, somos testigos de una de estas supercherías, consciente y deliberadamente creadas para confundir la población y justificar lo injustificable. Es lo que vienen haciendo los usurpadores tradicionales del poder público con el criminal paro de la producción petrolera, que, para derrocar al actual gobierno, han decretado y llevado a cabo, y cuyas consecuencias hemos analizado en un artículo anterior (léase el ensayo titulado MAGNOTERRORISMO). Analicemos más detenidamente el asunto: Demostramos que el paro de la producción, refinación y distribución del petróleo es un acto de terrorismo que calificamos razonadamente de MAGNOTERRORISMO en el citado artículo. Estimamos que ese acto, potencialmente, acarreará millares de víctimas mortales o seriamente dañadas, y, con plena realidad, un descalabro económico muy severo para el país y para la sociedad entera, cuyas consecuencias son difíciles de prever en el momento actual. 

Los agentes de este magno crimen pretenden justificarlo, por cierto que con un cinismo desconcertante, echando sobre los hombros del gobierno actual la responsabilidad del suceso. Es el truco del bribón: “Asesino a mil personas, pero yo no soy el culpable; el culpable es mi padre –o mi madre o mi abuelo o quien sea– por no haberme criado bien.” Este descargo de la culpa es inaceptable. En primer término, porque en el ser humano, salvo en los casos de enajenación mental comprobada o de inmadurez manifiesta, no es posible aceptar la tesis de la irresponsabilidad, no importa cuál sea la causa de sus actos. El adulto mentalmente cuerdo es absolutamente responsable de sus actos públicos y debe enfrentar, si hubiese lugar, las penas que sobre él recaigan cuando esos actos lesionan a otras personas de una u otra manera. Esta norma es universal, plena y presente en las legislaciones de todos los pueblos y en todas las culturas. Y ello no puede ser de otro modo porque de admitir lo contrario ninguna sociedad sería posible; se aniquilaría en la violencia y el caos. El ser humano no puede estar sujeto, en sus comportamientos públicos, a las leyes físicas, químicas, biológicas, psicológicas o sociales, independientemente de si tales leyes poseen fundamento cierto o erróneo, incertidumbre siempre presente en materia científica y mucho más en el campo de las ciencias sociales. El ser humano es un ser moral; vale decir, posee libertad de elección y decisión, sin lo cual quedaría reducido a una bestia (habría que sospechar que por allí ronda la sustancia de los que perpetraron el acto criminal de suspender la producción petrolera). En consecuencia, los autores del MAGNOTERRORISMO no pueden eludir su responsabilidad moral, civil y legal ante sus actos. Ellos son culpables y merecen un castigo ejemplar, máxime que sus acciones, en el mejor de los casos, ocasionará un daño profundo y durable a la sociedad venezolana entera (exceptuados, casi seguramente, sus actores), incluidos aquí muchas personas de la clase media que apoyan, ciegamente, semejantes atentados. 

Veamos ahora la falacia del argumento en que se basa el pretexto: “El gobierno tiene la culpa porque ante el anuncio del paro petrolero, o, en los primeros momentos de su ejecución, ha debido ceder a las solicitudes de la oposición para prevenir los daños; es decir, el tren ejecutivo ha debido renunciar o convocar a nuevas elecciones en un plazo perentorio”. Esto es totalmente inadmisible y no cabe en ninguna mente sensata. En cualquier país democrático (¡Y hay que ver cómo la palabra democracia es muletilla de los personeros de la oposición!) se consideraría absurda la pretensión de cualquier número de personas que pretendiera destituir un gobierno a los dos o tres años de sus funciones porque no acomoda a sus intereses grupales, ya se funden estos intereses en afirmaciones de esta u otra índole. La Constitución de cada país señala claramente las condiciones para deponer un gobierno y los pasos necesarios para llevar a cabo esta deposición. Nada de esto se cumple en nuestro caso. Supongamos una situación hipotética, pero ilustrativa: un grupo de terroristas (tal como lo son los promotores del paro petrolero) tiene en sus manos la posibilidad de arrojar una potente bomba en algún edificio de Nueva York o de desatar un pánico en la bolsa de Wall Street, y está dispuesto a hacerlo si el gobierno legal y democráticamente elegido no renuncia. ¿Aceptaría ese gobierno renunciar a su posición de mando por tal razón? Evidentemente que no. Si lo hiciera estaría traicionando la raíz y la esencia misma del sistema democrático; estaría burlando la voluntad popular que lo llevó al poder; cedería a la presión criminal y así fomentaría el delito y la impunidad. No. El gobierno que preside Hugo Chávez Frías no puede ni debe renunciar, ni anticipar elecciones que estarían fuera del marco que establece la Constitución nacional. Y no debe hacerlo por apego a la Constitución que se ha dado la sociedad venezolana; por fidelidad al sistema democrático; por rechazo a la violencia y al terrorismo como armas políticas, y por no dar pie para el posible comienzo de conflictos interminables profundamente dañinos para el futuro de este país. 
 

Además, las pretensiones de los MAGNOTERRORISTAS, de tener éxito, conducirían a un debilitamiento del sistema democrático incompatible con su subsistencia. Minarían las mismas bases de ese sistema. Si surge un nuevo gobierno como consecuencia del paro petrolero, bastaría que a los tres meses una oposición numerosa pudiera llevar a cabo las mismas o parecidas medidas y con ello tendríamos gobiernos de persistente inestabilidad, precarios en su poder, incapaces de llevar a cabo ninguna obra de gobierno. Claro, se me puede objetar que en la práctica tal cosa no ocurriría porque un nuevo gobierno, instituido por los actuales sectores de la oposición, no enfrentarían una situación semejante: 1º) Porque al representar los grandes poderes económicos y políticos tradicionales, los de las rancias elites militares, los de las altas jerarquías eclesiásticas y los de la clase media más favorecida, no tendrían antagonistas visibles. Las clases menos favorecidas, las mayoritarias, carecen de una sólida conciencia de su situación y de las causas de la misma; son en su mayor parte incultos (se los ha privado consuetudinariamente de la educación conveniente para comprender la realidad que padecen y sus orígenes); no tienen los abundantes recursos para la propaganda política de que disfrutan las clases holgadas y tampoco cuentan con el poder de la fuerza, tradicionalmente aliada a los otros poderes que han venido ejerciendo los gobiernos de estos pueblos sometidos.
2º) Porque los sistemas de generalizada corrupción que han caracterizado los gobiernos de estos países sirven bien a los propósitos de dominio que ejercen esas elites tradicionales.
3) Porque los medios de comunicación social, en manos de los poderosos, cumplen una función de hipnosis colectiva que mantiene a los sojuzgados bajo el imperio de sus opresores sin que se despierte la rebeldía. Son mansos sometidos.

Sin embargo, la historia no se rige por las leyes de la aritmética. Hay indicios de que esa conciencia social de las clases populares, deliberadamente mantenidas en estado de inconsciencia, comienza a despertar, Y no sólo aquí en Venezuela, sino en toda Latinoamérica; quizás en el mundo entero. No podemos predecir si una renuncia del actual gobierno o su desmoronamiento por actos terroristas o de violencia golpista, por elecciones fraudulentas o por otro mecanismo resulten, en lugar de la paz y la tranquilidad (”la normalidad”) anunciadas por los opositores, en una revuelta incontenible que asuma los caracteres de una guerra civil o de movimientos guerrilleros. La presencia del actual gobierno, en la medida en que siembra la esperanza de redención de las clases pobres, es una vacuna contra estas sombrías perspectivas. Si las clases altas, inveteradamente favorecidas en este país con inauditos privilegios, hubiesen tenido la inteligencia de comprender la oportunidad que se les abría con el actual gobierno, lejos de oponerse a él le hubiesen dado la mano; hubiesen podido prevenir sombríos nubarrones que se ciernen en estos países –azotados por la  pobreza, la miseria y el desamparo de vastos y crecientes contingentes de población– sobre el estatus de esa clase poderosa. Si esas elites hubiesen tenido la capacidad de captar que el gobierno sólo persigue modernizar un tanto al país; acercarlo un poco a esos otros países fuertes y ricos que tan ansiosamente queremos imitar; si ellas hubiesen colaborado con esa transformación progresiva (que tiene muy poco de revolucionaria) que intenta Chávez, y lejos de extraer en forma ilegítima y con frecuencia ilegal inmensas riquezas de su tierra nativa o adoptada para llevarlas fuera de su nación (tal como lo han venido haciendo desde hace 40 años) las hubiesen invertido en el propio suelo para el mayor provecho de sus ya muy engordados bolsillos y, de paso, para el de su país entero; si todo esto hubiese sido intuición, prudencia y acción de esas favorecidas elites, hubiésemos tenido, de modo permanente, un país en paz, en convivencia y en vías de superar sus calamidades. Pero, lamentablemente, no ha sido así: la avaricia, el desmedido afán de lucro y de poder, el orgullo desaforado, el instinto agresivo y el odio clasista han ganado la batalla, y el resultado es éste que ahora está hundiendo el destino de todos los venezolanos. Cabe, con todo, un adarme de esperanza. A él nos aferramos.
 

Mérida; 23 de Diciembre de 2002.

Abdel M. Fuenmayor P.