Luis E. Rangel M.

Después de haber participado en ocho procesos electorales, fungiendo como Presidente de la Junta Municipal Electoral de Alberto Adriani -Estado Mérida-, y haber enviado, a la Junta Directiva del CNE de entonces un número significativo de sugerencias que contribuyeron a simplificar notablemente los procesos -hasta el extremo de recibir una correspondencia de agradecimiento por mi contribución- he sido convocado nuevamente para participar en el referendo del próximo 2 de febrero, en correspondencia con lo acordado por la actual directiva del máximo organismo electoral.

Si bien este hecho no me produce ninguna emoción particular, si me conmueven las continuas llamadas de mis amigos que se encuentran entre los promotores del referendo. Ni siquiera durante el lapso en que ejercí el cargo recibí tantos elogios por mi desempeño; al contrario, fui centro de ataques por una supuesta parcialidad adoptada en la búsqueda de una recompensa con un cargo en el gobierno; pero, de allí a que ahora mi presencia sea "determinante para garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso", suena como una frase propia de quienes creen haber alcanzado el dominio del elogio utilitario.

Este halago político de última hora no disminuye la satisfacción de que -en el marco de la capacidad y alcance del cargo- luché porque los procesos fueran transparentes; esta actuación puede ser corroborada por quienes me acompañaron muy de cerca en el ejercicio de las funciones que nos fueron asignadas. Mejor aún, el profesor José Luis Gutiérrez, actual concejal por COPEI -quien inútilmente diera lo mejor de su habilidad política para 
defenestrarme- puede dar fe de cómo la Junta le defendió su coeficiente electoral; contradiciendo su temor inicial. 

Mis amigos conocen mi opinión con respecto a este referendo, la cual he manifestado en diversas oportunidades y centralizado en un artículo intitulado "REFERENDO CONFUSIVO", publicado en su momento. También saben que esta posición no es un producto televisivo que cambia acorde con el contenido e intensidad del mensaje publicitario, razón por la cual no se sentirán defraudados por mi negativa de participar en este nuevo proceso; aunque con ello contribuya al fracaso de la misión encomendada por los grupos que representan y no les valide profesional, moral y políticamente el 
referendo.

¿Significa lo anterior que soy víctima de la moda política que pretende imponer la oposición y me declaro en abierta "desobediencia electoral", apoyando la posición que ellos representan? ¡No! Sólo quiero decir que invoco el Artículo 350 de nuestra Constitución en su señalamiento específico que llama a desconocer cualquier "autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas"; en obediencia al 333 que señala que "todo ciudadano... tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de.. (la) efectiva vigencia" de nuestra Carta Magna, ya que con la convocatoria de este referendo consultivo la Junta Directiva del CNE promueve la violación de sus artículos 71 y 72, al trastocar su aplicación.

No satisfecha con un delito constitucional emula legalmente a PDVSA -al violarse a si misma-, como podrá verificarse con un análisis somero de la LEY ORGÁNICA DEL PODER ELECTORAL: "El Poder Electoral se rige por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, y debe garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficacia de los procesos electorales. El Consejo Nacional Electoral es el órgano rector del Poder Electoral, sus integrantes no deben estar vinculados a organizaciones con fines políticos. Deberá determinar y regular todo lo relacionado con la financiación de las campañas electorales nacionales. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del  ordenamiento jurídico en relación con el origen y manejo de los fondos de las organizaciones con fines políticos".

La actual Junta Directiva del CNE no sido designada de acuerdo con el procedimiento legal establecido; está integrada por autodenominados que promueven el referendo; no cuenta con el número de miembros requeridos; ha cedido su autonomía, al convertirse en ejecutora de las ordenes de una de las partes interesadas; no ha determinado el origen del mayor financiamiento electoral que haya recibido grupo político alguno en nuestro país; no ha regulado esta campaña electoral, al permitir que todos los canales comerciales hayan copado todos sus espacios a favor de uno solo de los dos sectores en pugna -aun cuando se acuse al canal del gobierno de incurrir en el mismo delito, la proporción sería cuatro contra uno; sin evaluar la prensa escrita que eleva esta desproporción-, y no ha confirmado la obtención de los fondos necesarios para realizar el proceso.

Esta última observación, sumada a la obsesión con la cual los sectores interesados pretenden realizar el referendo por sobre cualquier norma legal, programación adecuada, situación del país o resultados previsibles, lleva a suponer dos alternativas sobre la financiación: la primera es que no podrán cancelar a los miembros de las juntas y mesas electorales -con las empresas contratistas no tendr&aaacute;n ningún problema, porque ellas también "aportarán su cuota de sacrificio para librarnos del tirano"-. La segunda es que obtendrán el dinero de las mismas fuentes que financian esta arremetida y que esperan cobrarse la primera parte con el remate de PDVSA. Entonces, ¿cómo una persona que ame profundamente  este país puede participar en esta tragicomedia que sólo promete sangre, miseria y lágrimas?

Mérida, 13 de enero del 2003