Doctor en ciencias sociales y económicas, autor de más de 40 libros, en especial "socialismo del siglo XXI" y articulista en el diario El Universal de México..
 

Sábado, 7 de diciembre de 2002.
 

El gobierno constitucional de Hugo Chávez enfrenta el cuarto asalto al poder en ocho meses. El golpe de Estado del 11 de abril inició la cadena de asonadas que posteriormente se repitieron bajo la figura de los "paros laborales" o "cívicos", todos ellos programados con altos ingredientes de violencia física y manipulación mediática. 

Esta alta intensidad golpista contra la democracia venezolana entraña una profunda paradoja. La constitución bolivariana de 1999, que nació del seno de una Asamblea Constituyente y que fue aprobada mediante referendo constituyente por los ciudadanos, es, sin duda, la más democrática de América Latina. Como tal prevé la revocabilidad del mandato de los funcionarios públicos elegidos. Su artículo 72 estipula, que "todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables", transcurrida la mitad del periodo para el cual los funcionarios fueron elegidos. 

Aplicándose este artículo al presidente Chávez, se presenta en el mes de agosto del 2003 la posibilidad de removerlo de su investidura, por medio de un referendo revocatorio, dentro de los términos de la Magna Carta. Es decir, existe una vía institucional para el cambio del mandatario - --que, según los opositores es el objetivo de sus acciones callejeras--- cuya utilización protegería la vida de los ciudadanos, fortalecería el régimen democrático y el ejercicio cívico del poder y mejoraría la situación de la economía nacional. 

El presidente Chávez ha afirmado públicamente que se someterá a ese instrumento constitucional y los mediadores internacionales del conflicto, como el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, han insistido en que el mecanismo adecuado para resolver los problemas del país es la vía institucional. Sin embargo, los "paristas" hacen caso omiso a la constitución y al instituto político hemisférico, insistiendo en una solución extraconstitucional y de violencia callejera. 

La interrogante que se deriva de esta situación es la siguiente: ¿Por qué los "paristas" no pueden esperar ocho meses, para alcanzar su objetivo por vías pacificas e institucionales? Es decir, ¿cuál es la urgencia que les hace actuar desesperadamente en pos del caos, de la ingobernabilidad y del golpe militar, para no llegar a la fecha de agosto? 

Las razones de este comportamiento son obvias y pueden sintetizarse en tres. Desde el golpe de Estado del 11 de abril, que fue el punto máximo de su poder, los conspiradores se han debilitado en dos aspectos: a) han perdido unidad interna al luchar entre sí por el protagonismo y el poder y, más importante, b) han perdido una parte fundamental de su base social que son sectores de las clases medias. Las 24 horas que estuvieron en el poder, durante el coup d´ état del 11 de abril, bastaron para demostrar a las clases medias que habían sido utilizadas como carne de cañón en un proyecto dictatorial transnacional. Y las asonadas posteriores mediante "paros cívicos" sólo profundizaron la erosión de legitimidad de la camarilla golpista, apoyada desde el exterior por Otto "Tercer" Reich y el franquismo reciclado. 

La segunda razón de la premura golpista es la entrada en vigor de varias leyes importantes, el 1 de enero del 2003, que tocan intereses vitales de la elite económica. Entre ellas, la Ley de Tierras que afecta no sólo a los grandes latifundistas del campo, sino también a los especuladores inmobiliarios y los terrenos baldíos de las zonas urbanas. La Ley de Hidrocarburos es aún más importante porque permitiría desmantelar al Metaestado de la empresa petrolera PdVSA, es decir, la nomenclatura corrupta del petróleo que controla la vida económica del país y que es parte integral del proyecto del Nuevo Orden Energético Mundial de George Bush. 

Hoy día, sólo el veinte por ciento de los ingresos de esta megaempresa son integrados a las arcas del Estado; el ochenta por ciento figura como "costos operativos" que enriquecen las cuentas secretas de los beneficiarios de este cáncer económico. El poder de esta robocracia petrolera se ha venido afianzando progresivamente durante las últimas décadas. En 1974, entregó el 80 por ciento de los ingresos al Estado y se quedó con el 20 por ciento ("costos operativos"). En 1990, la relación se emparejó en un 50 a 50 por ciento, y en 1998 había alcanzado ya la proporción del 80 por 20 por ciento. Es lógico, que van a luchar hasta la muerte -- -de la nación--- para defender ""su" oro negro. 

La tercera razón del apremio de los golpistas radica en su duda de poder ganar un referendo revocatorio. El Artículo 72 prevé tres condiciones para revocar el mandato del presidente. 1. Un número no menor del veinte por ciento de los electores en la correspondiente circunscripción es necesario para solicitar la convocatoria del referendo. 2. La concurrencia al referendo tiene que ser igual o superior al veinticinco por ciento de los electores inscritos. 3. El número de electores que voten a favor de la revocación tiene que ser igual o mayor al número de electores que mandataron al funcionario. Como Chávez fue elegido con el 57 por ciento de los electores, los "paristas" tendrían que igualar o superar esa votación en el referendo de agosto. 

Existe un cuarto agravante para los golpistas. Durante el período para el cual fue elegido el funcionario "no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato", establece la Carta Magna, de tal manera que un eventual fracaso del referendo agotaría toda posibilidad institucional de destituir al gobierno bolivariano. 

En la fase actual del conflicto, la nomenclatura de PdVSA y los medios de comunicación masiva venezolanos son los dos frentes de batalla internos en que se decide el destino del experimento bolivariano. Habiendo perdido los conspiradores su núcleo golpista en las Fuerzas Armadas y partes de sus bases sociales en las clases medias, la batalla decisiva de esta asonada se libra en lo que la subversión llama, "un paro activo con un ingrediente de gasolina", es decir, el control de la robocracia petrolera. 

Derrotar el intento de estrangulación energética de la subversión abre el camino a la destitución de la dirección de PdVSA y la recuperación de la empresa para la nación. Esta será la medida del triunfo o del fracaso del gobierno. Toda contemporización con los conspiradores en este punto mantendrá vivo el centro económico-sindical de la contrarrevolución y debilitará al proceso popular. 

Vencer a la conspiración con medidas legales, pero firmes, oportunas y audaces, reducirá la hidra interna a una sola cabeza: el pulpo mediático. La política de este pulpo se explica por múltiples intereses económico-políticos de gran envergadura, entre los cuales merecería particular atención el cuarteto de Carlos Andrés Pérez, Gustavo Cisneros (Venevisión), Jesús Polanco (El País) y Felipe González. Pero, este tema será materia de otro análisis.
 

Estado y pueblo en la guerra venezolana

Sábado, 14 de diciembre de 2002.
 

La declaración de la Casa Blanca sobre la necesidad de elecciones anticipadas en Venezuela y la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) demuestran que Washington ha decidido remover al gobierno de Hugo Chávez. La conclusión de Washington es que el ciclo productivo de este gobierno ha terminado, porque no garantiza el suministro de tres servicios que el imperio considera primordiales: 1. El abastecimiento seguro del petróleo; 2. El control de la población; 3. El sometimiento a sus intereses estratégicos, como el ALCA y el Plan Colombia. 

Toda la praxis política de la democracia estadounidense parte del axioma, de que el gobierno de un país siempre debe estar en manos de sus dueños y nunca en manos de los pobres. Porque los dueños del país son los primeros interesados en preservar su patrimonio y, por lo tanto, ejecutarán una política moderada y razonable. Este axioma, reivindicado múltiples veces por los pensadores estratégicos del sistema, está siendo violado en Venezuela. La interpretación estadounidense del paro petrolero, de la impunidad de los traidores a la patria y de los saboteadores de la economía, es que el gobierno de Hugo Chávez no es el amo del petróleo, ni el garante de la convivencia cívica, ni el patrón del Estado. Por eso, la Casa Blanca ha decidido devolverle las riendas del Estado a los verdaderos dueños de la nación: la oligarquía cipaya y sus partidos políticos. 

Con la intervención política directa del principal "señor de la guerra" (warlord) de las Américas en la guerra social venezolana, se unifican formalmente las estrategias desestabilizadoras del golpismo venezolano, de la Casa Blanca, de la OEA y de la Comisión Europea, en un gran plan de transformación contrarrevolucionaria transnacional. Este es el adversario antagónico del desarrollismo democrático latinoamericanista, que los sectores bolivarianos y patrióticos más conscientes del país han tratado de implementar. Entre ambos vectores de poder oscila la política del gobierno. 

Hasta el día de ayer, los principales frentes de batalla eran dos: la logística económica del país y la guerra psicológica. Con la declaración de Washington se abrió un tercer frente que es su intervención directa. Paralelamente, los desestabilizadores avanzan tres teatros de operaciones complementarios que son la superestructura jurídica, particularmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); la superestructura legislativa (Asamblea Nacional) y la superestructura represiva, particularmente las policías municipales y estatales. 

En la guerra social venezolana, el intento de estrangular la economía nacional y las exportaciones energéticas mediante sabotajes de producción y distribución del petróleo, es equivalente, en términos militares, al bloqueo bélico de un enemigo durante un conflicto convencional. Esa estratagema demuestra, que los desestabilizadores no diferencian entre frentes de batalla y zonas de comunicación (retaguardia) del "enemigo", sino que su ofensiva es total y sin cuartel. 

En el frente psicológico se libra lo, que el Pentágono llamó durante la Guerra de Vietnam, la batalla por las "ideas y corazones" ---the battle for hearts and minds--- del adversario. Washington lleva a cabo actualmente una sofisticada campaña de guerra psicológica contra Irak que posiblemente logre una temprana disolución de las Fuerzas Armadas iraquíes, y el mismo tipo de ofensiva se realiza en Venezuela. Los ejecutores de esta guerra son los grandes medios que con la excepción del diario "Ultimas Noticias", son todos aparatos de guerra psicológica. 

En las guerras sociales, como la de Venezuela, hay dos actores decisivos: el Estado y el pueblo. El Estado es la expresión formal del poder concentrado de la sociedad. En términos históricos, es la máxima expresión formal del poder de un proyecto social ---progresista o reaccionario--- en cuya ddefensa radica su razón de ser. Si no defiende ese proyecto, no tiene razón de existir. El pueblo, a su vez, es el sustrato difuso del poder del Estado, a diferencia del sustrato organizado que es la elite. 

El Estado es un Leviathán; el pueblo organizado y consciente es un gigante; sin organización ni conciencia es un gigante miope e invertebrado, es decir, carente de poder real. La combinación del Estado revolucionario con la fuerza de las masas organizadas y conscientes es la óptima combinación para un proyecto de transformación social progresista en un país neocolonial. Es en este binomio de transformación, donde radican las principales debilidades y contradicciones del proceso bolivariano. 

Una afirmación del vicepresidente José Vicente Rangel sobre los medios de comunicación venezolanos ilustra el problema. Rangel pidió respeto para los canales de televisión, repudiendo acciones de acoso contra cualquier medio, pero afirmó que la población también tiene derecho a manifestarse y "defender su gobierno". 

El dilema es obvio. Como lider de un Estado democrático sólo tiene dos opciones: defender la inviolabilidad de los medios de comunicación sobre la ficción de que son tales, o reconocer que son aparatos de guerra utilizados en una agresión sin cuartel contra un gobierno constitucional. La primera opción es sinónimo de rendición del proyecto bolivariano, porque es equivalente a defenderse de una agresión militar bajo la orden de batalla, de "respetar" y "no acosar" a las unidades de ataque del enemigo. 

Si, en cambio, el Estado venezolano reconoce que se encuentra en una situación de guerra y que los supuestos medios de "comunicación" son unidades bélicas, tendrá que neutralizarlas por la vía de las leyes y con el poder del Estado; cosa que no ha sucedido, sea por falta de poder, sea por falta de voluntad. 

Ante este dilema, el gobierno llama periódicamente al pueblo a defender la revolución y la constitución. Sin embargo, en una situación como la venezolana, las masas no pueden resolver las tareas que son propias del Estado. Cuando se enfrentan a los aparatos de guerra de la conspiración ---como son los medios, la Plaza de Altamira, cedida practicamente con status extraterritorial por el gobierno federal a la conspiración, o los matones uniformados del intocable alcalde Alfredo Peña--- caen víctimas de las policías del Estado y de la justicia oligárquica. 

El pueblo venezolano ha dado múltiples muestras de firmeza y heroismo en la guerra social de Venezuela. Si esta guerra se pierde, será por la inoperancia del Estado.
 

¿Por qué CNN y El País agreden al gobierno venezolano?

Sábado, 21 de diciembre de 2002.

Tres años de guerra informática de la cadena televisiva estadounidense CNN y del diario español El País contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez obligan a interrogarse sobre los motivos de esa incesante agresión mediática. ¿Cómo se explica su actitud anti-ética contra uno de los gobiernos más democráticos de América Latina? 

La respuesta se encuentra en la intrínseca red de negocios económico-políticos del neocolonialismo español, del neoliberalismo estadounidense y de determinadas oligarquías latinoamericanas. Protagonizan la trama el magnate venezolano Gustavo Cisneros, el expresidente socialdemócrata venezolano Carlos Andrés Pérez, el expresidente socialdemócrata Felipe González, el actual presidente José María Aznar, el magnate Jesús de Polanco ---todos de España--- el expresidente argentino Carlos Saúl Menem y la elite política republicana de Estados Unidos, particularmente la dinastía Bush. 

La vertiente europea de la red se estableció en los años 70, cuando Felipe González era Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y Carlos Andrés Pérez fungía como presidente de Venezuela (1974-79). González, escogido, formado y financiado por el líder de la socialdemocracia alemana y de la Internacional Socialista (IS), Willy Brandt, para el cargo de futuro presidente de la época post-Franco española, compartía con Pérez las filas de la Internacional Socialista. Pronto, el "Califa rojo andaluz" y el caudillo caribeño entablaron una entrañable amistad, a la cual se sumó el megaempresario Gustavo Cisneros, cuyas múltiples relaciones internacionales y riquezas se mostraron útiles para el flamante socialista español. 

Cisneros se había hecho rico a la usanza del empresariado criollo: bajo las anchas alas del Estado nodriza de Andrés Pérez, cuya nacionalización de las industrias siderúrgicas y petrolíferas del país proporcionaba amplias facilidades de acumulación para el amigo- empresario. Ante su huésped de ultramar, Cisneros mostró ser un espléndido anfitrión, ofreciéndole a González desde sus lujosas casas de Country Club hasta su avión privado. González se quedó tan impresionado que, una vez elegido Presidente en 1982, pasó sus primeras vacaciones en la isla venezolana La Orchila, que ---irónicamente--- veinte añ;os después fue el lugar de confinamiento y de una planeada ejecución del presidente Chávez, a manos de los golpistas venezolanos. 

Estando en el poder, el "Califa Rojo" no olvidó su amigo caribeño y en circunstancias poco claras, que hasta el día de hoy ocupan al Tribunal Supremo de España, el Estado socialista intervino a las quebradas Galerías Preciados, una de las cadenas de supermercados más importantes del país, para enajenárselas al lejano empresario Gustavo Cisneros (1984). Cisneros vendió las Galerías después ventajosamente a una empresa británica. Presuntamente, según un exministro de Carlos Andrés Pérez, el maná de esas transacciones cayó en partes desiguales sobre los tres amigos. 

Eran los tiempos felices de finales de los ochenta, cuando las presidencias de Felipe González en España (1982-96), Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1989-93) y Carlos Saúl Menem (1989- 99) coincidían parcialmente, con otro importante amigo socialista de González en el Ministerio de Obras Públicas, en Chile, Ricardo Lagos. Eran también tiempos de crisis económica en la Madre Patria y de la decisión de González ---continuada con mayor vigor después, por Aznar--- de superarlas con la reconquista del El dorado americano. Las nuevas naves insignias se llamaban Iberia, Telefónica, Repsol, Endesa, etcétera, y las huellas que dejaron no fueron menos destructivas como las de la primera conquista. 

Con la promoción activa de González-Aznar, Andrés Pérez y Menem, los servicios bancarios, la energía eléctrica y petrolera, las comunicaciones, los fondos de pensiones, servicios públicos de agua y luz, todo fue privatizado por "la cofradía" de esos modernizadores. Deshuesada la línea aérea venezolana VIASA por Iberia, la compañía española repitió su obra de expolio con Aerolíneas Argentinas, dejándola también en la destrucción total. Después siguió la gran estafa de la enajenación de Yacimientos Petrolíferos Argentinos (YPF) a Repsol, una empresa petrolera española sin petróleo, estafa que fue concertada directamente entre Aznar y Menem, sobre la base de una amistad personal que incluía fuertes financiamientos de Menem a la campaña electoral del Partido Popular de Aznar, canalizados, según los periodistas argentinos Daniel Cecchini y Jorge Zicolillo, a través de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE). 

En esa estrategia de conquista transnacional del mercado latinoamericano y del control ideológico de los ciudadanos españoles fueron de suma importancia las buenas relaciones de González y, posteriormente, de Aznar, con el magnate mediático español, Jesús de Polanco. Polanco, dueño del Grupo Prisa, el más grande conglomerado español de medios, se hizo fuerte en los años setenta del franquismo con el diario El País, que disfrutó posteriormente una estrecha simbiosis con la regencia socialista del Estado español (1982-96). Apoyo mediático a la política del Califa Rojo, por una parte, favores del gobierno al naciente pulpo mediático, por otra, fueron el quid pro quo de esa relación. 

La alianza fue benéfica para ambos. González ganó tres elecciones seguidas con mayoría absoluta, hasta que se agotó su modelo. Desprestigiado por la corrupción endémica del sistema; manchada su imagen por la investigación sobre los escuadrones de la muerte anti-ETA (GAL) del Estado felipista ----investigación que fue la dulce venganza de su decepcionado amigo socialista Baltasar Garzón, cuando González no le entregó el ministerio que le había prometido, pero que, por razones de Estado, nunca llegó a fincar responsabilidades al "Califa"--- González dejó la presidencia en 1996, para convertirse en representante de ventas del capital español en América Latina y en gurú espiritual de partidos políticos de centroizquierda y centroderecha latinoamericanos, a quienes suele vender el cuento de la "transición" española. 

Fue en esa función que se apareció el 20 de diciembre del 2001, en plena crisis social argentina, en "misión oficial" del gobierno de Aznar en la oficina de Fernando de la Rúa en la Casa Rosada, para insistirle al presidente saliente ---y posteriormente, al presidente entrante, Saá--- que la devaluación era inaceptable para España y que la dolarización era la única salida a la crisis. 

Polanco, a su vez, ha prosperado con su Grupo Prisa a tal grado que hoy día es dueño de 65 televisiones locales en España, de diversos canales nacionales de televisión, de la Editorial Santillana y del diario El País, el más vendido de España, seguido por El Mundo y el ABC. De los ingresos superiores a los mil millones de dólares de Prisa, el 25 por ciento del total se genera en América Latina, porcentaje que hasta el año 2004 debe elevarse al 40 por ciento; el 32.5 por ciento del total proviene de Editorial Santillana ---que tiene un impacto fuerte sobre el sistema educativo latinoamericano--- y el 24 por ciento de El País. 

Polanco ha escogido a América Latina como su mercado del futuro y tiene inversiones en Radio Caracol de Colombia y una holding internacional con los colombianos en Miami que integra 105 estaciones de radio en Colombia, Chile, Panamá, Costa Rica, Francia, Estados Unidos, México y otros medios en Brasil y Bolivia. La amistad con González sigue en pie y se extiende al presidente socialista chileno Ricardo Lagos. En noviembre del año pasado, Polanco, González y Ricardo Lagos degustaron un almuerzo en el Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, deliberando sobre la conveniencia, de que el Grupo Prisa adquiriera al diario chileno La Nación. 

Los posibles beneficios de la transacción, o como dice la jerga mediática contemporánea, las sinergías, son obvias. Lagos obtendría apoyo mediático a la política gubernamental y Polanco ganancias. Este es, de hecho, el modus operandi del magnate español, quien tiene abiertas las puertas de los palacios presidenciales latinoamericanos, hecho que podría ilustrarse con varios ejemplos recientes más. 

En esta escenografía política-económica-mediática de los grandes negocios neoliberales y del entreguismo político irrumpe el Teniente Coronel Hugo Chávez con su propuesta de desarrollismo democrático-popular y soberanía económica-política nacional, chocando, como es obvio a priori, con los intereses neocoloniales del capital español y sus aliados nacionales. El magnate Cisneros apoya inicialmente al candidato presidencial, confiado en poder seguir jugando su doble papel histórico de eminencia gris de todos los presidentes venezolanos y crecer económicamente bajo el favoritismo del Estado nodriza. 

Pero, ambas ambiciones se revelan ilusorias, cuando Chávez no acepta el papel de pelele oligárquico, ni renuncia a la refundación democrática del Estado. En seguida, apenas iniciado el gobierno en febrero de 1999, Cisneros comienza la guerra mediática a través de sus amplias redes de televisión e inversiones y moviliza a sus aliados internacionales en Europa y Estados Unidos. 

Y sus amigos españoles, por solidaridad de clase y relaciones personales, no le fallan. El País entra en una campaña de guerra propagandística contra el gobierno de Chávez que sólo tiene antecedentes en regímenes de propaganda estatal. Polanco, nunca lento cuando ve una oportunidad mercantil, extiende la simbiosis con el "socialismo" español al proyecto neocolonial de Aznar y se convierte en una de sus cabezas de lanza ideológicas. Su posición de centroderecha se vuelve esencialmente idéntica con la de El Mundo y con el monárquico ABC, y juntos se convierten en cruzados para destruir al gobierno democrático de Chávez. 

La conversación telefónica del presidente Aznar con el presidente golpista Pedro Carmona en el Palacio de Miraflores, realizado por un alto miembro del Opus Dei venezolano y Secretario de Relaciones Exteriores por un día, de Carmona, es el de facto reconocimiento del gobierno español a los autores del coup d´ état y el festejo prematuro del nuevo botín petrolero ---al estilo de YPF--- con que se quedar&iiacute;a Repsol. Pero, los militares democráticos y el pueblo frustran el golpe transnacional. 

A ocho meses del golpe de Estado del 11 de abril, el frente subversivo contra el proyecto bolivariano es bicontinental. Va desde las damas de la alta sociedad andina quienes en el Country Club de Quito recaudan "cuotas" para "sacar a Chávez del poder", las inversiones de expresidentes socialistas en la República Dominicana, la monolítica praxis propagandística de la prensa española, hasta los intereses de desinformación de la Cable News Network (CNN) de Estados Unidos. Tal como analizaremos en una próxima entrega. 
 

¿Por qué CNN agrede al gobierno venezolano?

Sábado, 28 de diciembre de 2002
 

La prolongada agresión mediática de la transnacional estadounidense CNN (Cable News Network, en español) contra el proceso bolivariano se debe a cuatro factores: 1. Los intereses y redes económicos, políticos y académicos internacionales del magnate anti-Chavista venezolano Gustavo Cisneros y de otros miembros de la oligarquía venezolana, como el expresidente de la petrolera PDVSA, Luis Giusti, quién en 1998 quiso privatizar a la empresa y funge, hoy día, como asesor energético del presidente George W. Bush; 2. La venta de CNN a la transnacional Time Warner, Inc. en 1996, y la fusión subsiguiente con America Online (AOL), en 2001; 3. La subordinación incondicional de CNN al proyecto del Nuevo Orden Mundial de George W. Bush, Donald Rumsfeld y Dick Cheney, después del 11 de septiembre y, 4. El deplorable estado profesional de sus reporteros, moderadores y comentaristas. 

Contrario a la mitología neoliberal, muchos de los grandes negocios de la economía global no resultan de una mejor posición competitiva en el mercado, sino de la pertenencia de la elite corporativa a redes informales de poder y tráfico de influencias. Es en ese aspecto, más que en el meramente económico, donde el poder del Grupo Cisneros y su Chief Executive Officer (CEO, jefe ejecutivo) Gustavo Cisneros, es formidable y le permite incidir sobre la política nacional e internacional, tal como revelan los siguientes datos sobre su participación en redes académicas, económicas y políticas de la elite global dominante. 

Cisneros es miembro de los Consejos de Asesores de varias universidades de elite estadounidenses, entre ellas: de la Universidad de Columbia, en Nueva York y del Colegio Babson; del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard, en Boston y del Consejo de Administración del Joseph H. Lauder Institute of Management and International Studies de la prestigiosa Wharton School of Economics de la Universidad de Pennsylvania, en Philadelphia. 

Cisneros pertenece también al grupo de asesores del Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations) en Nueva York, que es el think tank más importante del establishment liberal del gran capital estadounidense; así mismo es miembro del Grupo de Tarea sobre Tecnologías de Información y Comunicación (ICT Task Force) de las Naciones Unidas, miembro del World Business Council del Foro Económico Mundial (WEF) y participa en el Consejo Internacional de Asesores de la influyente Sociedad de las Américas (The Americas Society). En esa asociación "sin fines de lucro", participan también David Rockefeller y el empresario mediático chileno Agustín Edwards. 

Edwards es de particular interés porque fue una de las piezas claves en la conspiración contra el gobierno constitucional de Salvador Allende. De hecho jugó el mismo papel en la destrucción de la Unidad Popular chilena que está jugando Cisneros en Venezuela. Aprovechando sus buenas relaciones con la embajada de Washington en Santiago de Chile y con sectores de la elite empresarial estadounidense; recibiendo más de 1.5 millones de dólares de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), "el Mercurio y otros medios apoyados por la Agencia había jugado un importante rol en la configuración del escenario adecuado para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973", reportó un informe del Senado estadounidense en 1975. 

Cuando el embajador estadounidense Edward Korry le comunicó a Edwards que Allende ganaría las elecciones nacionales de septiembre de 1970, el empresario se reunió en Estados Unidos con el presidente de la transnacional Pepsi Cola y amigo personal suyo, Donald Kendall, para trazar las estrategias necesarias para destruir a Allende. Kendall, quien ---como los representantes del gran capital y mecenas del Partido Repúblicano en general--- tenía acceso directo al Presidente, concertó para el 15 de septiembre varias reuniones, en las cuales participaron Nixon, Kissinger, el jefe de la CIA, Richard Helms, Agustín Edwards y Donald Kendall. Esa misma noche Nixon dio la orden a la CIA de destruir al gobierno constitucional de la Unidad Popular mediante un golpe militar o mediante cualquier medio que fuese necesario para lograr tal fin. 

En los tres años que el imperialismo requirió para organizar la sangrienta asonada de los generales encabezados por Augusto Pinochet, El Mercurio utilizó las mismas técnicas que se observan hoy en Venezuela. Editoriales en la prensa impresa, escritos por expertos de la CIA o periodistas a sueldo de la reacción, repetidos una infinidad de veces por las estaciones de radio y televisión de la red subversiva; llamados a los militares para poner fin a la "anarquía" y "dictadura" del gobierno; desinformación y mentiras sistemáticas para histerizar a la población contra el gobierno y destruir la confianza en el futuro del país, etcétera. Mientras el pueblo sufría hambre y el terror de los subversivos, Edwards disfrutaba su larga estancia en Estados Unidos en una vida de lujo como vicepresidente mundial de Pepsi Cola, cortesía de su entrañable amigo Kendall. 

En lo político, Gustavo Cisneros ha tenido buenas relaciones con el Presidente Ronald Reagan, a cuyas fiestas ha sido invitado junto con su esposa Patricia Phelps; con el gobierno de Bill Clinton de cuyo Secretario de Relaciones Exteriores Cyrus Vance ha sido interlocutor, así como con la dinastía Rockefeller y la dinastía Bush, con cuyo expresidente George Bush disfruta la pesca en La Florida y en los ríos venezolanos. 

Aunque su poder económico posiblemente se sobreestime, dado que en varias empresas es solo copropietario, no cabe duda que su imperio de 70 compañías en 39 países, con ingresos anuales superiores a los cuatro mil millones de dólares, tiene considerable fuerza, sobre todo en el sector de los medios y comunicaciones: Direct TV Latin America tiene más de 300 canales de video y audio en 28 países; Univisión es la mayor cadena televisiva de habla hispana en Estados Unidos; Venevisión es el más importante canal venezolano y Venevisión International, uno de los más importantes de América. 

A través de alianzas estratégicas con Pepsi Cola y Coca Cola, Cisneros se convirtió en codueño de una de las más grandes embotelladoras latinoamericanas, Panamco, con sede en Miami, Panamá y Atlanta, que se vendió en diciembre del 2002 por 3.6 mil millones de dólares al grupo de los Garza Lagüera de Monterrey, México, tocándole a Cisneros el 9 por ciento del total. En 1997 lanzó la Playboy TV Iberia que desde entonces enriquece el desolado panorama cultural de España y Portugal con atractivas conejitas al estilo estadounidense. 

En 1998, Cisneros forma una alianza (joint venture) con America Online, Inc. (AOL), de la cual nace la empresa America Online Latin America (AOLA) que ofrece servicios interactivos en Brasil, México, Argentina y Puerto Rico, entre otros países. Es ahí, donde se cruzan las redes informales de Cisneros con CNN, AOL y Time Warner. 

La independencia de CNN, el primer canal noticiero televisivo de 24 horas, inventado por Ted Turner, se acaba en octubre de 1996, cuando la Turner Broadcasting System, Inc. se fusiona en forma subordinada con el conglomerado mediatico Time Warner, Inc., que entre otros activos controla la revista mundial Time y la revista de negocios, Fortune. La Time Warner se fusiona, a su vez, el 11 de enero del 2001 con America Online, que obtiene el control de la mayoría de las acciones. CNN queda supeditada sucesivamente al management y los accionistas de Time Warner y posteriormente, a los de AOL, con los cuales, como referimos anteriormente, Cisneros había entrado en una joint venture estratégica, que le proporcionaba los contactos y relaciones con los ejecutivos superiores de la gigantesca transnacional y de sus homólogos europeos y asiáticos, como cuando en 1999 se reunió con el presidente de la transnacional alemana Bertelsman, el vicepresidente de la japonesa Fujitsu y el presidente de Time Warner, Gerald Levine, en la capital francesa. 

Al mismo tiempo, CNN se queda reducida al status de una compañía o división más dentro de la estructura corporativa transnacional de AOL-Time Warner, Inc., lo que significa que su tasa de ganancia no debe quedar por debajo de la de las demás divisiones, si no quiere correr el riesgo de ser transformada o liquidada. Esa presión del "mercado" --de hecho, de los coeficientes comparativos de costo/beneficio--- acelera el ocaso de CNN como medio informativa de calidad, tendencia que recibe su golpe de gracia político con la declaración de la "guerra internacional contra el terrorismo" de George W. Bush, que produce el sometimiento abierto de la cadena a la razón del Estado imperial. 

Ese doble impacto económico-político repercute en forma dramática en la falta de profesionalismo del equipo de reporteros, moderadores y "analistas" de CNN en español. Carentes de preparación científica, sin noción metodológica del concepto estadístico representatividad ---que es el eje de todo quehacer periodístico serio--- las Señoritas Ligimat Pérez en Caracas y Gwenda Umaña en Atlanta han quedado a la merced del sentido común y de los prejuicios e intereses clasemedianeros propios y ajenos, cuando hablan del complejo problema venezolano. Harris Whitbeck, quien un día reporta malinformado de Kabul, al día siguiente es despachado de urgencia a Caracas para informar sobre la problemática bolivariana, con los resultados previsibles. Lucia Newman, enviada a veces por fast track desde La Habana a Caracas, está tan espantada por la camarilla anticubana en Miami que no se aparta ni un ápice de la litanía políticamente correcta. En ese equipo, solo Jorge Gestoso y Patricia Janiot conservan algo de calidad profesional, que incluye la ética, cuando se refieren a Venezuela. 

Las continuas agresiones de CNN y de los medios españoles durante los tres años de gobierno de Hugo Chávez, son las avanzadas propagandísticas de la guerra de apropiación económica por los restos del botín latinoamericano, que los amigos neoliberales del imperialismo estadounidense y del subimperialismo español no han podido enajenar todavía. La perla de este botín son las reservas petroleras de Venezuela, equivalentes a las de Arabia Saudita, y la empresa PDVSA, que tiene alrededor de 15.000 gasolineras y ocho refinerías en Estados Unidos, además de nueve refinerías en Europa y otro tanto en Venezuela y el Caribe. 

"Percepción mata realidad", dicen los operadores de la mercadotecnia burguesa y esa es la receta que los intelectuales colectivos del capital transnacional, los medios, utilizan en la destrucción del proyecto popular venezolano. Hace treinta años reprodujeron como cajas de resonancia las mentiras de los golpistas chileno-estadounidenses contra el gobierno constitucional de Salvador Allende. En los años ochenta repitieron la operación contra el gobierno constitucional sandinista en Nicaragua y en los noventa le tocó el turno al gobierno constitucional de Hugo Chávez. 

Nada nuevo bajo el sol...de la mentira imperial. 
 

Ronald Reagan y el paro venezolano

Sábado, 4 de enero de 2003.
 

El 3 de agosto de 1981, alrededor de 13,000 aerocontroladores de Estados Unidos estallaron la huelga, después de infructuosas negociaciones con el gobierno federal. Los objetivos de la huelga eran una mejora salarial y una reducción de la jornada laboral. Ese mismo día, el Presidente Ronald Reagan declaró que la huelga era ilegal y amenazó a los paristas con la rescisión de sus contratos si no regresaran a sus labores dentro de 48 horas. Roberto Poli, el presidente de la Asociación de Controladores Aéreos Profesionales (PATCO) fue sentenciado por un juez federal a pagar mil dólares diarios, mientras durase la huelga. 

El 5 de agosto, Ronald Reagan cumplió sus amenazas y despidió a 11,359 controladores aéreos quienes siguieron en paro. Adicionalmente, el Presidente impuso a la Administración Federal de Aviación (FAA) una prohibición vitalicia (a lifetime ban) para recontratar a cualquiera de los aerocontroladores despedidos. 

El día 17 de agosto, la FAA empezó a recibir aplicaciones para llenar los 11,359 puestos vacantes y el 22 de octubre, la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) declaró vacante el registro legal de la PATCO. Mientras tanto, Reagan convirtió a los aerocontroladores militares en esquiroles, ordenándolos a asumir las tareas de sus colegas civiles despedidos. 

Margaret Thatcher, la Primera Ministra inglesa llegó al poder en 1979, convocada por la elite a revertir el ocaso económico del imperio. Según la "dama de hierro", íntima amiga de Augusto Pinochet y fiel seguidora de su ídolo Reagan ---Ronnie´s poodle, como comentaba sarcásticamente la prensa británica--- este ocaso económico tenía dos responsables principales: "el monopolio de las industrias nacionalizadas y el monopolio de los sindicatos". Hacer avanzar la economía significaba acabar con ambos. 

Las privatizaciones de las grandes industrias nacionales, una idea que los Conservadores habían copiado al propagandista neoliberal estadounidense Peter Drucker, removieron el primer obstáculo al progreso. La huelga de los mineros de carbón en marzo de 1984, produjo a su vez, la oportunidad para romper la fuerza de los sindicatos, tal como lo había hecho Reagan tres años antes. 

Los sindicalistas querían sustituir el régimen de la ley por "el régimen de la chusma (mob)", declaró la Primera Ministra y decidió emprender la guerra contra el vulgo. Ordenó a las autoridades estatales acumular vastas reservas de carbón que impedieran que el paro afectara a la economía nacional y utilizó masivamente el hambre, las fuerzas militares, policiácas y el sistema judicial, para romper la huelga. La policía montada cargaba brutalmente contra las manifestaciones y piquetes de los obreros y miles y miles de ellos fueron encarcelados. Después de un año de heroica resistencia, la penuria económica y la fuerza del Estado acabaron con la huelga. 

La actuación de los gobiernos de Reagan y Thatcher en las dos democracias representativas más antiguas y ejemplares de Occidente, no es una excepción al trato que los gobiernos burgueses suelen dar a los trabajadores que prosiguen legítimos intereses económicos dentro de sus derechos constitucionales, sino parte de un patrón de comportamiento recurrente. La democracia estadounidense, por ejemplo, tiene una amplia legislación sobre la regulación represiva de las relaciones laborales (Labor-Management Relations Act) que está siendo utilizada ampliamente por los gobiernos de turno, sean republicanos o demócratas, para impedir o romper huelgas al estilo de los ejemplos mencionados. 

George W. Bush, uno de los paladines de la doctrina neoliberal, de que el Estado no debe intervenir en la economía, ha utilizado esa legislación para romper huelgas en varias ocasiones durante su corta estancia en el gobierno y el último ejemplo de este tipo lo proporcionó el alcalde de Nueva York, el multimillonario Michael Bloomberg, en plena epoca navideña del 2002. Acusando al sindicato de empleados públicos a "intentar destruir la ciudad" con un paro planeado en el Metro, obligó a 30,000 empleados a cancelar la huelga, bajo amenaza de multas de 25,000 dólares por cabeza, si violaban la ley que prohíbe huelgas de los empleados públicos. 

Comparando esa praxis de los gobernantes de las democracias del Primer Mundo frente a actividades huelguistas legítimas de los trabajadores, es decir, en pos de mejores condiciones laborales y remuneraciones, con la praxis del gobierno venezolano frente a un paro político, que tiene por objetivo declarado la subversión del orden público y del status quo del gobierno constitucional y legítimo, se originan dos interrogantes. 

La primera interrogante es: ¿Qué harían Ronald Reagan, George W. Bush, Michael Bloomberg y la justicia estadounidense frente a un paro subversivo que causa diariamente pérdidas económicas por decenas de millones de dólares al Estado y un inmenso empeoramiento en la calidad de vida de las mayorías, incluyendo peligros reales para la vida y la salud de muchos ciudadanos? 

¿Recomendarían también el "diálogo" y las "soluciones democráticas", tal como lo hacen Bush y su empleado político César Gaviria, ante el embate de la subversión parista contra el gobierno venezolano, o aplicarían la ley en defensa del Estado y de los intereses nacionales? La pregunta es, por supuesto, retórica. Bajo Bush, Thatcher, Reagan o Bloomberg, las cárceles estarían llenas de paristas que procurasen sustituir un régimen de derecho por "un régimen del mob" y tratasen de destruir, no una ciudad, sino una nación. 

La segunda pregunta se refiere a la política del gobierno venezolano contra aquellos que ha calificado múltiples veces de golpistas, disfrazados de paristas petroleros. Comparada con la política de Reagan, Thatcher y Bush, la actuación estatal se asemeja más a la praxis de Jesús que a la de un gobierno que defiende una transformación social ante una subversión neocolonial. 

Quiera Dios, que la reforma bolivariana no termine como la del Nazareno: en la cruz de la oligarquía y de los (nuevos) romanos.
 

¿Estado de sitio en Venezuela?

Sábado, 14 de enero de 2003.

Cuando los polizontes del intocable alcalde caraqueño Alfredo Peña disolvieron a balazos y gases lacrimógenas una velada por dos víctimas bolivarianas de la reacción, los partidarios del presidente Chávez insistieron al ministro de educación Aristóbulo Isturiz, que el gobierno declarase el estado de sitio, para parar el avance golpista. Isturiz dio la sorprendente respuesta, de que "el estado de sitio no cambiaría nada". 

La sugestiva contestación causó asombro porque va a contracorriente del sentir popular que ha demandado públicamente que el gobierno ejerza su autoridad para detener a la subversión. La determinación de Istúriz quien jugó un papel importante en impedir el coup d´état del 11 de abril del 2002, obliga a una reflexión para entender la problemática situación nacional. 

Todas las Cartas Magnas de las democracias liberales se fundamentan en lo que los pensadores burgueses consideran el axioma constitutivo de la democracia representativa, que reza que "Todo el poder parte del pueblo". Considerando los raquíticos credenciales democráticos de las burguesías empíricas, la duda sobre tal pretensión la ha acompañado como un hermano gemelo desde el momento de su concepción. 

El dramaturgo Bertold Brecht, con su habitual genio dialéctico, cuestionó este designio axiomático mediante un sencillo complemento de interrogación: "Todo el poder parte del pueblo. Pero, después de la partida ¿adónde va?", dejando la incógnita sobre la supuesta soberanía del pueblo en la conciencia de cada ciudadano. 

Fue el fascista alemán Carl Schmitt, quién dilucidó en 1922 la relación entre la soberanía popular y la esencia dictatorial (de clase) de la democracia burguesa, mediante una afirmación categórica: "Soberano es aquél que decide sobre el estado de sitio". Dado, que es el gobierno de turno que decide sobre la suspensión de las garantías constitucionales y la declaración del estado de excepción, el precepto constitutivo de la democracia parlamentaria queda definido como una frase de la teología política de la clase dominante que no resiste la menor prueba de la realidad. 

La problemática en cuestion se considera "paradójica" por parte de los constitucionalistas y filósofos liberales, porque el gobierno decreta mediante un mecanismo constitucional la inviabilidad de la constitución y se asume como soberano de facto, quién determina: a) lo que es el orden público, b) lo que es el interés nacional y, c) cuál es la forma adecuada de imponerlos, incluso, si lo considera necesario, a sangre y fuego. 

De hecho, y contrario a esta posición ideológica, la proclamación del estado de excepción no expresa, como es evidente, ninguna paradoja, sino el simple hecho de que todos los Estados históricos y actuales han sido y son, en un sentido estructural, dictaduras de determinados proyectos históricos con determinados sujetos sociales, a quienes sirven. Mientras la historia de la humanidad no haya entrado en la fase de la democracia participativa y de la economía sin valor de cambio, el Estado es invariablemente la expresión de los intereses de una elite económica o de una vanguardia de transformación. 

El conflicto venezolano gira, precisamente, en torno a la determinación del carácter del Estado actual y futuro porque el Estado es, al mismo tiempo, el lucrativo botín de la contienda política y el instrumento de configuración de la res publica, del orden público. Esa doble naturaleza de la sociedad política explica las tres propiedades centrales del proyecto elitista venezolano: es parasitario, neocolonial y represivo. Su modus operandi es la subversión en pos de la renta petrolera y la exclusión política de todo actor que tienda a un cambio progresista del status quo. 

El proyecto de la vanguardia, en cambio, descansa en la pretensión de un desarrollismo democrático, nacionalista, antiimperialista y latinoamericanista. Entre ambos proyectos existe, como es obvio, incompatibilidad y, por lo tanto, una dualidad de poderes. Sin embargo, se trata de una dualidad de poderes sui generis. 

Frente a determinadas constelaciones del pasado, la particularidad de la situación venezolana radica en que la oligarquía golpista transnacional (Washington, Madrid, Caracas) ha usurpado funciones exclusivas del Estado soberano, al apoderarse de la prerrogativa trascendental del estado de sitio. Fue la subversión que declaró el estado de excepción hace siete meses, sin que el Estado haya respondido con su propia medida, lo que demuestra una soberanía política fragmentada. 

El 11 de abril, los golpistas establecieron su estado de sitio mediante la clásica alianza de militares venales, vendepatrias y reaccionarios, quienes colocaron a los bolivarianos fuera de la ley. Cuando fracasó el golpe, el paradigma subversivo tipo Pinochet cambió. Desde el inicio del faccionismo petrolero, el modelo aplicado es el ecuatoriano, en las dos variantes personificadas por los expresidentes Abdalá Bucarám y Yamil Mahuad. Bucarám fue desestabilizado y forzado a abandonar el poder por la vía del fast track institucional jurídico-político. 

La salida de Mahuad sucedió de otra manera. El 21 de enero del 2000, después de grandes manifestaciones indígenas, Mahuad se dirigió al palacio presidencial, confiado en que las Fuerzas Armadas lo sostendrían frente al descontento popular. Al romperse la unidad del ejército al nivel de los capitanes y coroneles, los generales decidieron que el costo de mantener al Presidente en el poder era demasiado alto. Una delegación militar se entrevistó con el Presidente y le comunicó lo siguiente: "Las Fuerzas Armadas han perdido la confianza en su gobierno. Un avión lo espera en el aeropuerto, para llevarlo adónde Usted quiera. Si Usted no se va, las Fuerzas Armadas no pueden garantizar su seguridad física en el país." 

La prolongada desestabilización del Estado venezolano a través del sabotaje petrolero, de la sistemática mentira mediática, de los crecientes actos de violencia y de los tumultos callejeros tiene la función de demostrar a los militares patrióticos y a la nomenclatura judicial y política que el apoyo al proyecto bolivariano significa la anarquía y la destrucción económica del país, y que esto es un precio demasiado alto para sostener a un gobierno. Que, por lo tanto, es mejor que se aplique la solución ecuatoriana en cualquiera de sus dos variantes. 

Es tiempo de que el gobierno encuentre una respuesta adecuada al estado de sitio subversivo, si no quiere correr el peligro de que los poderes particulares de la sociedad, incluyendo sectores de las clases populares, dejen de verlo como el único poder legítimo y soberano de la nación.