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CARMELO RUIZ
MARRERO Catedrático del Instituto de Ecología Social y becado de la
Society of Environmental Journalists y el Environmental Leadership
Program En 1976 un equipo de médicos de la
Universidad de California extrajo células del bazo de John Moore, un paciente
con leucemia. Estas células fueron patentadas por la universidad, sin el
conocimiento o consentimiento del paciente, cuando se descubrió que tenían
proteínas muy poco usuales. La patente, cuyo valor comercial a largo
plazo podría exceder los 3 mil millones de dólares, pasó a manos de la
corporación Sandoz, que ahora forma parte del gigante Novartis. Moore se
enteró de la patente y acudió a los tribunales para afirmar su soberanía
sobre su propio cuerpo. En 1990 el Tribunal Supremo de California determinó
que Moore no tenía ningún derecho sobre las células de su bazo, ya que
estaban patentadas y la patente era perfectamente legal y había que
respetarla. Según la organización Acción Internacional por los Recursos
Genéticos (GRAIN), el caso de John Moore "tiene la singularidad de ser
la primera patente sobre genes humanos en la que el desprevenido donante
del invento no solamente estaba vivo, sino que además estaba en plenas
condiciones para discutir cómo se siente estar patentado". En vista de este precedente, los pueblos
indígenas y grupos activistas comenzaron a mirar con desconfianza el Proyecto
de la Diversidad Genética Humana (PDGH), un consorcio de universidades y
científicos dedicado a procurar muestras de material genético humano de todas
partes del mundo, especialmente de pueblos indígenas en peligro de extinción.
A Beth Burrows, presidenta del Instituto
Edmonds, le tocó la desagradable faena de informarle a un grupo de indígenas
estadunidenses acerca de la existencia del PDGH en una reunión en 1993. Tras
su presentación, Burrows recibió un largo silencio de la audiencia. La
primera persona en hablar fue Jeanette Armstrong, del centro indigenista
canadiense En'owkin Center: "¡Qué gente son ustedes! Nosotros pensamos que ustedes nos
habían quitado todo lo que podían quitarnos. Ustedes tomaron nuestras
tierras, tomaron nuestros hogares. Ustedes robaron nuestros productos de
alfarería y nuestras canciones y nuestras mantas y nuestros diseños. Ustedes
tomaron nuestro idioma y en algunos lugares hasta se llevaron nuestros niños.
Ustedes robaron nuestra religión y nuestras mujeres. Ustedes destruyeron
nuestra historia y ahora, ahora parece que vienen a chupar la médula de
nuestros huesos." El Concilio Mundial de Pueblos Indígenas
(CMPI) denunció al PDGH como "un grupo de científicos que planean
sacarle dinero a la más nueva materia prima para el desarrollo de la
biotecnología: seres humanos. "Sus principales objeciones fueron que 1)
la investigación, la cual supuestamente preservará genes indígenas para la
posteridad, en realidad es una movida comercial para satisfacer la avaricia
de empresas farmacéuticas; 2) la idea de que la extinción de los pueblos
indígenas es inevitable es un insulto al cual se debe añadir la degradación
de ser usados como conejillos de indias; 3) las sumas de dinero a ser
gastadas en el proyecto se podrían usar mejor para ayudarlos a sobrevivir; 4)
el proyecto los deshumaniza al categorizarlos como "aislados de interés
histórico". Confirmando las peores sospechas, la
Fundación Internacional para el Progreso Rural averiguó en el verano de 1993
que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Ron Brown, había solicitado
patentes para las células de una mujer indígena de la tribu guaymi de Panamá.
Sus células contenían un virus extraordinario, al igual que sus anticuerpos,
con utilidad potencial para investigaciones médicas. Al enterarse de esto,
Isidro Acosta, presidente del Consejo Mayor Guaymi, declaró indignado:
"Nunca imaginé que la gente llegaría a patentar plantas y animales. Eso
es básicamente inmoral y contrario a la visión guaymi de la naturaleza y
nuestro lugar en ella. Patentar material humano... tomar ADN humano y
patentar sus productos... constituye una violación de la integridad de la
vida misma y de nuestras convicciones morales más profundas". El
escándalo y repudio internacional fueron tales que el señor Brown se vio
obligado a retirar la solicitud de patente. Pero comenzando 1994 salieron a
luz más solicitudes de patentes de genes humanos, de lugares tan recónditos
como Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. Ante este cuadro no es de sorprender que los
pueblos indígenas repudien el PDGH por considerarlo un frente de la industria
farmacéutica para facilitar el acceso a material genético humano potencialmente
patentable. La Fundación John D. & Catherine T. McArthur organizó un
encuentro entre líderes indígenas y científicos del proyecto con miras a
contribuir a limar asperezas entre ambas partes. Según relata Jeanette
Armstrong, los científicos "estaban sorprendidos de que los indígenas
estuviéramos tan bien informados... Podíamos ver que (ellos) estaban tratando
de evadir los puntos de conflicto". Acerca de su actitud ante las
preocupaciones de los indígenas, ella percibió que la mayoría de ellos "sólo
veían premios Nobel en el horizonte; no estuvieron conmovidos". Henry
Greely, profesor de derecho de la Universidad de Stanford y director del
subcomité de ética del PDGH, trató de persuadir al CMPI de las virtudes del
proyecto en la asamblea anual del concilio en diciembre de 1993 en Guatemala.
Pero no logró su propósito. Muy al contrario, tras un debate enérgico, el
CMPI unánimemente adoptó una resolución para "categóricamente rechazar y
condenar el PDGH", y seguirlo muy de cerca para exponer sus acciones. En 1996 Moore testificó ante un comité de la Academia Nacional
de Ciencias de Estados Unidos para hablar en contra del PDGH, y comenzó su
ponencia con las siguientes palabras: "Yo soy conocido como patente
4,438,032. Algunos de ustedes quizás estén familiarizados con pedazos de mí
en sus laboratorios". Un elemento surrealista tragicómico surgió cuando
la persona que testificó a favor del PDGH era un antropólogo llamado también
John Moore, y que para colmo tenía una apariencia física similar a la del John
Moore patentado. |