Editorial de El Universal

Viernes 03 de enero de 2003

Primera sección

José Luis Calva

Sin duda, Salinas tiene razón en sus críticas del rescate bancario y de sus secuelas sobre la economía real. Pero no hay que olvidar que el desastre bancario se produjo como resultado de la liberalización imprudencial del sistema financiero mexicano, realizada en lo fundamental bajo el gobierno de Salinas; y que a causa de esta precipitada reforma neoliberal, el sistema bancario cayó en quiebra técnica desde fines de 1993. La cartera vencida valorada con estándares internacionales superaba la suma del capital contable y las provisiones preventivas de los bancos, de modo que la banca, globalmente considerada, se encontraba técnicamente en quiebra desde 1993. Fue una de las herencias que dejó Salinas.

Hasta antes del experimento neoliberal, la banca mexicana se desarrollaba bajo un régimen de controles y regulaciones que tendían a cuidar la solvencia de los bancos, a proteger el ahorro financiero de los mexicanos y a vigilar la canalización de la mayor parte del crédito hacia actividades económicas consideradas prioritarias.

Un primer instrumento fundamental de control y regulación era el sistema de encajes legales o reservas obligatorias depositadas por los bancos comerciales en el banco central, que fue instituido desde 1924 con el propósito expreso de proteger los depósitos de los ahorradores y garantizar la solvencia del sistema bancario; además de ser utilizado por el banco central como instrumento de política monetaria, para regular el circulante y el volumen agregado de crédito en la economía.

Un segundo instrumento fundamental de control y regulación era el sistema de cajones de asignación crediticia, que estipulaban porcentajes obligatorios del ahorro captado por la banca comercial que ésta debía canalizar hacia actividades consideradas prioritarias, tales como el sector agropecuario, las pequeñas y medianas industrias y la vivienda de interés social. El resto de la captación podía ser canalizada libremente a créditos o valores de cualquier tipo, aunque sujetándose a las disposiciones orientadas a diversificar riesgos, a evitar la concentración del crédito y a asegurar la solvencia de los bancos.

El tercer instrumento fundamental de la rectoría gubernamental sobre el sistema bancario era la regulación de las tasas de interés. El Banco de México fijaba las tasas que los bancos debían pagar a los diversos tipos de depósitos; así como las tasas de interés de los préstamos elegibles dentro de los cajones de asignación selectiva del crédito, que generalmente eran inferiores a las tasas de mercado. Para el resto de los préstamos, los bancos fijaban libremente sus tasas de interés. Adicionalmente, otras regulaciones específicas tendían a asegurar tanto la solvencia del sistema bancario como el buen resguardo y utilización del ahorro financiero de los mexicanos.

Bajo este régimen de controles y regulaciones, el sistema bancario mexicano se desarrolló hasta cuadruplicar, en cuatro décadas, su penetración en la economía (crédito bancario/PIB), acompañando el crecimiento sostenido de la economía nacional, que alcanzó una tasa media del 6.2% anual entre 1934 y 1981.

En 1982, el presidente López Portillo decretó la estatización de la banca comercial, utilizándola como chivo expiatorio de la crisis de la deuda externa. Sin embargo, no se introdujeron cambios en el régimen de operación de la banca, de manera que siendo propiedad del gobierno, la banca se desenvolvió, en lo esencial, bajo el mismo marco regulatorio precedente, hasta que en 1988, bajo la conducción de Pedro Aspe como secretario de Hacienda, se inició el acelerado proceso de liberalización.

Durante un brevísimo lapso de 14 meses, entre 1988 y 1989 se realizaron a marchas forzadas los procesos básicos de liberalización bancaria en sus tres vertientes fundamentales: la desregulación de las tasas de interés, la supresión de los cajones de asignación selectiva del crédito y la eliminación del sistema de encajes legales. Simultáneamente, se suprimieron o flexibilizaron otras restricciones o regulaciones operativas, a fin de otorgar mayor autonomía de gestión a la banca. Posteriormente se realizó la reprivatización de la banca comercial (entre 1991 y 1992) y se emprendió la apertura gradual del sistema bancario a la inversión extranjera. (Ciertamente, las reformas que permitieron la completa extranjerización de la banca se realizaron bajo el gobierno de Zedillo).

De acuerdo con la ortodoxia, la tecnocracia neoliberal consideraba que la "represión financiera" (regulación de las tasas de interés, asignación administrada del crédito a las actividades prioritarias y sistema de encajes legales) causaba distorsiones en las tasas de interés y en la asignación eficiente del crédito, así como obstrucciones en la eficiencia técnica de la banca, de modo que la desregulación de operaciones, la privatización bancaria y la apertura del sistema de nuevos intermediarios, y progresivamente al capital extranjero, permitirían que el sector cumpliera cabalmente sus funciones en el desarrollo económico, acrecentando el ahorro nacional, abatiendo los márgenes de intermediación y canalizando recursos crecientes hacia las actividades productivas Sin embargo, lejos de cumplir sus propósitos en el desarrollo económico, la reforma financiera neoliberal afectó negativamente a la economía real y desembocó en el más profundo desastre bancario jamás observado en México. La liberalización de las tasas de interés, en vez de producir un descenso en los márgenes de intermediación financiera, produjo un brutal incremento de la usura bancaria; la supresión de los encajes legales, combinada con el relajamiento de los controles gubernamentales sobre las operaciones bancarias, generó un febril otorgamiento de créditos sin control efectivo de riesgos al sector privado, desembocando en un severo deterioro de los activos bancarios y en una enorme brecha entre las reservas preventivas creadas y las requeridas para hacer frente a los riesgos crediticios, de manera que la banca se precipitó a una situación de quiebra técnica desde 1993, situación que se agravó con el colapso financiero y cambiario de 1994-1995, y con el programa recesivo de ajuste y estabilización aplicado por el gobierno de Zedillo.

Ciertamente, después de haber conducido al sistema bancario hacia el precipicio, la tecnocracia neoliberal ya bajo la conducción de Zedillo se dio a la tarea de sacarlo del fondo del abismo. Pero los sucesivos programas de rescate bancario que incluyeron compras masivas de carteras vencidas por el Fobaproa empeoraron la crisis de la Banca al generar incentivos negativos entre los banqueros y los usuarios del crédito. Hoy día, después de 14 años de iniciado el experimento neoliberal en la esfera bancaria, los resultados agregados son los siguientes: el experimento está costando a los mexicanos más de 100 mil millones de dólares, como precio del rescate bancario; México perdió sus bancos porque más de 80% del sistema bancario pasó a ser propiedad de extranjeros, y tenemos menos crédito bancario del que teníamos antes del neoliberalismo.