Las
perspectivas del «proceso de paz».
Por
Noam Chomsky
El
último informe de AP sobre Camp David, emitido en la tarde del 25 de julio,
empieza diciendo: «Las negociaciones para obtener la paz en Oriente Medio,
celebradas en Camp David, se interrumpieron el jueves a causa de las
desavenencias sobre los derechos de ocupación del este de Jerusalén. El
presidente Clinton declaró, decepcionado, que intentó enfocar el asunto desde
distintos puntos de vista pero no logró dar con la forma de alcanzar un acuerdo».
Clinton expresó su esperanza de que el proceso tuviera como resultado una
solución para el problema del este de Jerusalén, y por ende, la superación
del principal asunto sin resolver. Para entender lo que está ocurriendo es
conveniente dar unos pasos atrás y observar lo ocurrido desde una perspectiva más
amplia. En cualquier estudio del denominado «proceso de paz», sea el de Camp
David o cualquier otro, se debe tener en cuenta el significado táctico de este
término: por definición, el «proceso de paz» es cualquier objetivo que tenga
el gobierno estadounidense.
Si
se entiende este principio, se puede entender que los innegables esfuerzos por
minar la paz llevados a cabo por Washington puedan considerarse un proceso de
paz. A título de ejemplo, en enero de 1988 la prensa habló del «viaje por la
paz» a Centroamérica de George Shultz, secretario de estado estadounidense,
con el titular Shultz planea un viaje por la paz a los países latinos.
El subtítulo explicaba el objetivo: «La misión sería un intento desesperado
por aplacar la oposición a la ayuda a la Contra». Los funcionarios
gubernamentales añadían que la «misión de paz» era «la única manera de
salvar» la ayuda a la Contra, a la vista de la «creciente oposición del
congreso de EE.UU».
El
momento en que ocurren los hechos es importante. En agosto de 1987, con una
fuerte oposición de EE.UU., los presidentes de los países centroamericanos habían
alcanzado un acuerdo de paz para resolver los conflictos de la zona: los
acuerdos de Esquípulas. Estados Unidos se apresuró a sabotearlos, y en enero
ya lo había conseguido sobradamente. Había logrado excluir el único «elemento
indispensable» citado en los acuerdos: que cesara el apoyo estadounidense a la
Contra. (Los vuelos de suministros de la CIA se triplicaron al instante, y se
incrementó el terrorismo de la Contra.) Washington también eliminó el segundo
principio básico de los acuerdos: que se respetaran los Derechos Humanos, tanto
en los países aliados de los EE.UU. como en Nicaragua (por decisión de EE.UU.,
sólo se debían aplicar en Nicaragua). Por añadidura, el gobierno de
Washington consiguió poner fin a la denostada supervisión internacional, que
había cometido el delito de describir de forma fidedigna lo que había ocurrido
desde que se adoptó el plan en agosto. Para consternación del gobierno de
Reagan, Nicaragua aceptó de todas formas la versión de los de los acuerdos
orquestada por el poder estadounidense, lo que condujo a la «misión de paz»
de Shultz, emprendida con la finalidad de promover el «proceso de paz» para
evitar la marcha atrás en el proceso de desguace.
En
resumen, la «misión de paz» fue un «intento desesperado» por bloquear la
paz y conseguir que el congreso estadounidense apoyara el «uso ilegítimo de la
fuerza» que el Tribunal Internacional había condenado recientemente.
El
«proceso de paz» de Oriente Medio ha seguido una trayectoria similar, aunque más
drástica. Desde 1971, los EE.UU. han sido, prácticamente, los únicos
contendientes en la batalla por obstaculizar un acuerdo diplomático sobre el
conflicto entre Israel y Palestina; el «proceso de paz» es el registro de
estos acontecimientos. Para repasar brevemente los datos básicos, en noviembre
de 1967, a instancias de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU
aprobó la resolución 242 sobre la «tierra para la paz». Como entendían explícitamente
el gobierno de EE.UU. y los demás países firmantes, esta resolución
solicitaba el restablecimiento de las fronteras anteriores a junio de 1967,
aunque estaba abierto a los pequeños ajustes por mutuo acuerdo, sin ofrecer
nada a los palestinos. Cuando Sadat, el presidente de Egipto, aceptó la postura
oficial estadounidense en febrero de 1971, Washington reformuló la resolución
242 de la ONU para establecer la retirada parcial por parte de Israel, en las
condiciones acordadas por Israel y EE.UU. Esta revisión unilateral es lo que se
denomina actualmente «tierra para la paz», un reflejo de la supremacía
estadounidense en lo relativo a la doctrina y la ideología.
El
informe de AP antes mencionado sobre la ruptura de las negociaciones de Camp
David indica que la última declaración oficial, «por deferencia a Arafat»,
decía que «la única forma de alcanzar la paz consiste en acatar las
resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU tras las guerras de
Oriente Medio, en 1967 y 1973. En ellas se insta a Israel a devolver el
territorio conquistado a los árabes a cambio de la seguridad de las fronteras».
La resolución de 1967 es la 242, en la que se insta a Israel a retirarse, con
cierto margen para cambios de poca entidad pactados por acuerdo mutuo; la
resolución de 1973 se limita a refrendar la 242 sin cambios. Pero el
significado de la resolución 242 se ha modificado drásticamente desde febrero
de 1971, en aplicación de las pautas de Washington.
Sadat
advirtió de que el rechazo a la resolución 242 de la ONU por parte de los
EE.UU. e Israel conduciría a la guerra. Ninguno de los dos países se lo tomó
en serio, basándose en principios notablemente triunfalistas y racistas, que más
adelante fueron denunciados en Israel. Egipto fue a la guerra en octubre de
1973, lo que estuvo a punto de resultar en un desastre para Israel y el resto
del mundo, ya que las probabilidades de un conflicto nuclear eran considerables.
La guerra de 1973 dejó claro incluso a Henry Kissinger que Egipto no era un
simple caso perdido que se pudiera pasar por alto, de modo que Washington
recurrió a la estrategia de emergencia: excluir a Egipto del conflicto de forma
que Israel, cada vez con más apoyo estadounidense, pudiera integrar los
territorios ocupados y atacar el Líbano. Éste fue el resultado de las
negociaciones celebradas en Camp David en 1978, que desde entonces se consideran
el punto culminante del «proceso de paz».
Mientras
tanto, los EE.UU. vetaron las resoluciones del Consejo de Seguridad en las que
se instaba a alcanzar un acuerdo diplomático que cumpliera lo dispuesto en la
resolución 242 e incluyera además los derechos de Palestina. También vetaron
(junto con Israel y, en ocasiones, otros estados aliados) en años sucesivos las
resoluciones similares de la Asamblea general, y en años consecutivos siguieron
obstaculizando todos los esfuerzos por alcanzar una solución pacífica del
conflicto iniciados por Europa, los países árabes y la OLP. Este rechazo
sistemático de un acuerdo diplomático es el «proceso de paz». Los medios de
comunicación acallaron hace años los hechos concretos, excluidos también de
todos los estudios, pero no son demasiado difíciles de indagar.
Después
de la guerra del Golfo, los EE.UU. estaban por fin en posición de imponer su
oposición unilateral, cosa que hicieron primero en Madrid, a finales de 1991, y
después en sucesivos acuerdos entre Israel y la OLP, a partir de 1993. Con
estas medidas, el «proceso de paz» ha evolucionado hacia los arreglos
bantusianos que pretendían EE.UU. e Israel, como podría haber observado
cualquier persona perceptiva, y como resulta evidente en los registros de
documentación y, sobre todo, en los registros efectuados sobre el terreno. Esto
nos devuelve al estado actual de las cosas: Camp David, julio del 2000.
A
lo largo de las semanas de deliberaciones, se informaba con regularidad de que
Jerusalén era el obstáculo principal. El informe final confirma esta conclusión,
que no es errónea pero sí incompleta. Se han planteado soluciones «creativas»
para permitir cierta autoridad simbólica de Palestina en Jerusalén, o Al Quds,
como se conoce esta ciudad en árabe. Estas propuestas incluyen la jurisdicción
palestina de los barrios árabes (lo que Israel debería reconocer que
corresponde a sus intereses), algún acuerdo para los lugares de peregrinación
islámicos y cristianos y la instauración de la capital de Palestina en la
localidad de Abu Dis, cercana a Jerusalén, que con un poco de manga ancha podría
pasar a llamarse «Al Quds». Habría sido posible llegar a un acuerdo de estas
características, y puede que la posibilidad siga abierta. Pero surge un
problema en cuanto se plantea una pregunta básica: «¿Qué es Jerusalén?».
Cuando
Israel conquistó la orilla oeste del Jordán (Cisjordania), en junio de 1967,
se anexionó Jerusalén sin demasiados formulismos; por ejemplo, se ha sabido
hace poco que la destrucción del barrio árabe de Mugrabi, cercano al Muro de
las lamentaciones, que tuvo lugar el 10 de junio, se efectuó con tanta
precipitación que un número indeterminado de palestinos quedaron sepultados en
las ruinas que dejaron las excavadoras.
Israel
se apresuró a triplicar la extensión del término municipal de Jerusalén. Los
subsiguientes programas de desarrollo, promovidos con pocas variaciones por
todos los gobiernos, estaban encaminados a ampliar más aún los límites de la
«gran Jerusalén». Los mapas israelíes actuales demuestran con suficiente
claridad en qué consiste el plan básicamente. Ha'aretz, el principal
periódico israelí, publicó el 28 de junio un mapa en el que se detallaba «la
propuesta de Israel para el asentamiento definitivo», prácticamente idéntico
al «mapa final» presentado un mes antes. El territorio que se pretende
anexionar alrededor de la Jerusalén ampliada se extiende en todas las
direcciones. Hacia el norte, llega más allá de Ramalá, y hacia el sur llega
mucho más allá de Belén. Los dos municipios mencionados, que son las dos
principales ciudades palestinas de la zona, quedarían bajo el control de los
palestinos, pero dentro del territorio israelí, y en el caso de Ramalá,
separada del territorio palestino por el este. Al igual que todo el territorio
palestino, las dos ciudades se encuentran separadas de Jerusalén, centro neurálgico
de Cisjordania, por territorio anexionado a Israel. Al este, el terreno que se
pretende anexionar incluye Ma'ale Adumim, una ciudad israelí en rápida expansión,
y se extiende hasta Vered Jericó, un pequeño asentamiento cercano a la ciudad
de Jericó. Esta «protuberancia geográfica» llega hasta la frontera con
Jordania, cuya extensión se anexionará a Israel junto con la protuberancia de
Jerusalén, que divide Cisjordania. Otra protuberancia que se anexionará más
al norte impone, en la práctica, una segunda división.
Los
proyectos intensivos de construcción y asentamiento llevados a cabo durante los
últimos años están encaminados a «crear hechos» que conducirán a este «asentamiento
definitivo». Ésta ha sido, claramente, la intención de los sucesivos
gobiernos desde el primer Acuerdo de Oslo, firmado en septiembre de 1993. Al
contrario de lo que se ha comentado, los supuestos conciliadores (Rabin, Peres,
Barak) han estado tan comprometidos con este proyecto como el tan denostado
Binyamín Netanyahu, aunque estos primeros lograron avanzar en el proyecto sin
suscitar tantas protestas; es algo que también conocemos en los EE.UU. En
febrero de este año, la prensa israelí informaba de que el número de
edificaciones iniciadas había aumentado casi en un tercio desde 1998
(Netanyahu) hasta el año actual (Barak). Un análisis efectuado por Nadav
Shragai, corresponsal en Israel, revela que sólo una mínima parte de las
tierras asignadas a los asentamientos se emplea en realidad para la agricultura
u otros fines similares. Por ejemplo, la extensión de las tierras asignadas a
Ma'ale Adumim es dieciséis veces mayor que la zona utilizada, y esta proporción
no difieren mucho de la de otros lugares. Palestina ha presentado al Tribunal
Supremo de Israel solicitudes de detención de la expansión de Ma'ale Adumim,
pero han sido rechazadas. El pasado noviembre, un juez del Supremo explicaba el
rechazo de una apelación alegando que «los residentes de las aldeas
circundantes [palestinas] pueden beneficiarse del desarrollo económico y
cultural de Ma'ale Adumim», lo que en la práctica equivale a la división de
Cisjordania.
Estos
proyectos se han llevado a cabo a expensas de los contribuyentes
estadounidenses, por medio de una serie de estratagemas «creativas»
encaminadas a vencer el obstáculo de que, oficialmente, está vetada la ayuda
de EE.UU. con estos fines.
El
objetivo perseguido, a la larga, es un estado palestino compuesto de cuatro
provincias en Cisjordania: Jericó, la provincia del sur (que llegaría hasta
Abu Dis, la «nueva Jerusalén» árabe) una provincia del norte que incluiría
las ciudades palestinas de Nablús, Jenín y Tulkarm y una provincia central que
incluiría Ramalá. Estas provincias están completamente rodeadas por
territorio que se pretende anexionar a Israel. Las zonas con concentración de
población palestina estarán bajo la jurisdicción del gobierno palestino, una
adaptación del típico modelo colonialista que resulta la única solución
viable en lo que respecta a Israel y los EE.UU. Los planes para la franja de
Gaza, una quinta provincia, siguen en el aire: Israel puede entregarla o puede
retener la zona costera del sur y otra protuberancia que, en la práctica,
dividiría la franja por debajo de la ciudad de Gaza.
Estos
planes son coherentes con las propuestas presentadas desde 1968, cuando Israel
adoptó el «plan Allon», que no se ha presentado oficialmente pero, al
parecer, consiste en la incorporación a Israel de un 40% de Cisjordania,
aproximadamente. Desde entonces han presentado planes concretos, entre otros, el
general ultraderechista Sharon y el Partido Laborista. Estas propuestas son
relativamente parecidas en el planteamiento y en los métodos. El principio básico
es el siguiente: el territorio útil de Cisjordania y los recursos críticos,
sobre todo el agua, permanecerán bajo el control de Israel, pero la población
estará controlada por un régimen adscrito palestino, del que se espera que sea
corrupto, bárbaro y obediente. De este modo, las provincias administradas por
Palestina podrán proporcionar mano de obra barata y fácil de explotar a la
economía israelí. A la larga, la población podrá «trasladarse» a otros
lugares de una forma u otra, con tal de que se cumplan las antiguas esperanzas.
Es
posible imaginar ardides «creativos» para hacer los últimos retoques en los
asuntos relacionados con los lugares de peregrinación y la administración de
los barrios palestinos de Jerusalén, pero no es aquí donde radican los
problemas fundamentales. No está claro que puedan resolverse de forma razonable
dentro del esquema de las naciones-estado impuesto en gran parte del mundo por
la conquista y la dominación de Occidente. Este esquema ha tenido consecuencias
gravísimas durante siglos, incluso dentro de Europa, por no mencionar los
efectos que se siguen apreciando en la actualidad.