Sociedad Amigos de la Salud
¿DÓNDE ESTÁN NUESTROS ABOGADOS?
De entrada: Ninguna defensa jurídica
tiene por qué correr a cargo exclusivo de ningún Abogado, de la misma
manera que las cuestiones económicas, no, a cargo sólo de los Economistas, ni
tampoco las cuestiones militares a estos solitos. Los abogados pueden
limitarse a suministrar los apoyos jurídicos que el Estado requiera, en su
condición de especialistas y reconocedores del asunto jurídico, tanto legal como
jurisprudencial.
Ha sido costumbre, corrupta y
característica de los gobiernos anteriores, tener como defensores legales y
públicos, tanto en lo administrativo como en lo penal, precisamente, a
unos profesionales, con nombramientos oficiales y específicos, que no pudieron
escapar de la mediocridad que acompañó siempre la contrata proselitista y
carnetiana del Puntofijismo (Con todos los partidos políticos incluidos).Sobre
todo en materia de asesoría jurídica, de fiscalía y de contralorías. Se trata del
medieval y anquilosante prejuicio de <<zapatero a sus zapatos>>
En esas circunstancias, se puede
decir que el Estado venezolano no sólo ha despilfarrado y
prevaricado fondos públicos en unas nóminas juridicoparasitarias, sino
que, por su pésimo ejercicio, todos los juicios en contra del Estado
fueron irremediablemente ganados por sus demandantes, aun en los casos donde no
les asistió razón jurídica alguna.
No se ignora que la mayoría de
esos asesores jurídicos venezolanos negociaron sus casos públicos
con la otra parte, por aquello de ¿cuánto hay pa' eso?, o por la sencilla
razón de que entre <<compañeritos de partido>> todo se sometía a
arreglos con cargo a la cenicienta del Erario Público (Público siempre tradujo
para los puntofijistas: propiedad de nadie), y en los casos donde el agraviado
fue el Estado, y a este le asistía toda la razón del mundo, entonces, también
se perdieron todos esos juicios, y, además, se tuvo que indemnizar a
quienes ya le habían causado daño al Patrimonio Nacional, digamos que de
demandados se trastrocaban en demandantes por la ineptitud o complacencia de
esos <<defensores>>, fiscales y contralores públicos.
El Estado sólo ganaba, curiosamente,
los casos injustos contra sus débiles enemigos políticos. Todavía existen
numerosos casos de demanda contra injusticias cometidas por el Estado, por
concepto de diversos daños materiales y humanos que sus autoridades de turno
cometieron contra ciudadanos que en su oportunidad se negaron a bajar la cerviz
ante las inicuas e inmorales condiciones que solían imponer los jerarcas de
turno desde las mismas sedes de las secretarías de esos partidos políticos, o
alzaron su justificada voz de disidencia.
Forma parte intrínseca de la DEUDA SOCIAL esas justas y pendientes
indemnizaciones por crímenes cometidos por los ex presidentes de este país, o
por sus ministros y demás autoridades de entonces. En este aspecto, nuestro
estimado Presidente se ha quedado corto (o su entorno íntimo no se lo ha hecho
ver).
Esa conducta judicial, de la
burocracia jurídica nacional, formó parte inseparable de una Política de Estado
dirigida a tener lo peor de nuestros profesionales y técnicos, subpagados y
humillados, mientras la empresa privada secuestraba para sí lo mejorcito de
nuestra mano de obra tecnocientífica y profesional.
Secuela de esa Política la mantenemos
actualmente, con una Fiscalía que no le vemos el arrojo y capacidad técnica
para llevar la ofensiva en materia judicial, y que nos viene luciendo incapaz
para presentar una defensa suficientemente amplia, taxativa y predotada del
argumentaje propio de todo buen jurista y de todo buen defensor público y
jurídico.
Esto lo traigo a colación porque
seguimos en las mismas. No hay manera de que veamos a ninguno de nuestros
abogados metidos fogosa y eficazmente en las lides judiciales, con la
arremetida profesional que dé al traste con los alegatos y argucias de
esos abogados prestados a la conspiración y a la oposición, porque,
si a ver vamos, debemos admitir que no todos los buenos profesionales y
técnicos fueron contratados por la empresa privada, contratados, decimos, por
unos patrones a los que primero hay que mostrárseles serviles. Tampoco no
todos los profesionales empleados en la Admón. Pública pudieron ejercer como
tales, buenos profesionales, ya que (debe también reconocerse) esos buenos
profesionales siempre fueron marginados, y jamás ascendieron con rangos
administrativos ni de investigación, porque, sencillamente, a los cargos
direccionales sólo llegaron los más connotados liderzuelos de ese nefasto
Puntofijismo, sin importar para nada las credenciales de meritocracia.
Todo lo contrario: al igual que
lo que ocurre actualmente en Pdvsa, quienes en la Admón. Pública se enjuagan su
boca más duro con ese calificativo de supuestos méritos académicos, es porque
son los primeros en irrespetarla. Hubo un Presidente, de nombre Jaime, que
durante su campaña ofreció mandar con los mejores (se refería a su academia y
moralidad), y terminó gobernando con los mejores incapaces y los más
sobresalientes corruptos. (El actual Alcalde Metropolitano fungió de jefe de la
OCI de entonces)
Ahorita conozco de la sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia, en su deseo por abrogar total o parcialmente la
Ley de tierras, según la cual, habría que seguirles juicios onerosísimos y
macroindemnizaciones a quienes hayan invadido ilegalmente tierras del Estado
(cuestión que data desde la colonia, desde Gómez, desde Pérez Jiménez, etc.), y
esos invasores en esas tierras hayan invertido en obras de
infraestructura. Lo más probable es que esos abogados de la conspiración, quienes
se hallan en perfecto e incólume estado de ejercicio profesional, buscan seguir
con su vieja práctica abogacil. El Estado los contratará, las
indemnizaciones serían sobrestimadas, etc., todo con cargo a un Erario
Público, que por esa vía verá mermada sus disponibilidades para
hospitales públicos, para las escuelas bolivarianas, para los créditos
populares etc.
No soy abogado, pero considero que a
quienes aspiren que el Estado les reconozca el valor de dichas bienhechurías
debe interponérseles abogados con suficiente capacidad revolucionaria para que
entonces les pasen su buena factura por el monto de los usufructos, de los
usos y abusos gozados por dichos invasores durante todo el tiempo que
sustentaron unas tierras indebidamente poseídas. Es cuestión de hacer las
proyecciones calculatorias y numéricas correspondientes Por eso es que la
vieja Ley de reforma Agraria y el IAN no reconocían ni un sólo bolívar a quien
construía en terrenos ajenos y sin la correspondiente anuencia de sus
verdaderos propietarios.
Si alguien posee indebidamente un bien útil,
mueble o inmueble, y se limita a tenerlo ocioso, de todas maneras ese invasor
goza del intangible valor de su tenencia
que bien podría generarle prestigios, uso personal, facilidades sociales y
financieras, etc., y esto es también perfectamente computable y cargable, a los
efectos de la facturación que por uso indebido debería pasarle el Estado, en
caso de que se consigan abogados dispuestos a ponerles también el cascabel a
los gatos del latifundista venezolano.
A manera de anécdota: Tuve necesidad,
el otro día, de demandar a una entidad financiera. Me asistían todas las
pruebas y los derechos que las leyes vigentes podían concederme. Digamos que se
trataba de una caso expedito que no necesitaba <<negociarse>>. Les
cuento que todos los varios abogados que consulté me dijeron que
ellos no se iban a meter con la banca. Hubo otro (Decano actual de una Escuela
de Derecho) que con todo su tupé me dijo que por ese monto de mi
demanda (unos
Hay un pasaje bíblico que ejemplifica el caso que nos ocupa, con la Ley de tierras: Una vez, el juez Salomón consideró que debía respetársele al teniente original la propiedad de la gallina, cuyos huevos había puesto en el solar del vecino, y a este, dejársele los huevos por su custodia y alimentación.
16/03/2003 22:56