MANIFIESTO ARGENTINO
EN CÓRDOBA

MA

Mempo Giardinelli

EL MANIFIESTO ARGENTINO

Primer Manifiesto

Se reorganizará el Sistema Electoral, garantizando por lo menos estos principios: a) el voto uninominal en combinación con el plurinominal; b) todos los ciudadanos podrán votar aunque no se encuentren en su lugar de empadronamiento. c) el Estado no pagará a los partidos por los votos que hayan obtenido. d) el financiamiento de la política será controlado por organismos especiales que a su vez serán controlados por la Corte Suprema de Justicia, en audiencias públicas.

Segundo Manifiesto

Es indispensable y urgente continuar y orientar el debate que la sociedad se está dando respecto del Sistema Político. El Poder Legislativo debe ser repensado completamente, para evaluar si tiene sentido sustituir el sistema bicameral por el de cámara única, así como la eliminación del tercer senador por provincia, el número de legisladores, su grado de representatividad, la dotación de asistentes de los legisladores, la eliminación de gastos reservados y otras prerrogativas, y el control ciudadano de su gestión. Todas estas decisiones, que son gravitacionales para el funcionamiento de la democracia, deben ser meditadas, consultadas con expertos, evaluadas con serenidad y decididas no al calor de las pasiones sino luego de un debate serio y profundo, en el que se garantice la libre expresión de toda la ciudadanía. Y las decisiones finales deben ser sometidas a un plebiscito nacional vinculante.

Asimismo, consideramos imprescindible descentralizar de una vez por todas la administración del país. Las comunicaciones modernas hacen innecesaria y obsoleta la aglomeración actual en Buenos Aires. Los ministerios deben ubicarse en el punto geográfico más adecuado para su desempeño. Por lo tanto no tiene sentido que los organismos de Agricultura y Ganadería tengan su sede en la Capital Federal y no en La Pampa, de igual modo que los de Minería deberían radicarse, por ejemplo, en Salta o San Juan.

Tercer Manifiesto

3.1 EL LLAMADO A ELECCIONES.

Nos reiteramos en favor de soluciones políticas nuevas, originales, no violentas y profundamente democráticas para resolver la crisis que vive nuestro país. Denunciamos por lo tanto el engaño que significa cualquier posible apresuramiento electoral, puesto que antes de cualquier llamado a elecciones debe modificarse el sistema electoral vigente. Las prisas electorales de hoy tienen por único motivo retacear la necesaria, profunda y urgente Reforma Política que reclama la ciudadanía, y sólo buscan garantizar la supervivencia y eventual triunfo de los viejos y repudiados aparatos partidarios. Por lo tanto, previo al acortamiento oportunista de los plazos electorales, es urgente realizar una auténtica y profunda Reforma Electoral.

3.2 UNA REFORMA ELECTORAL VERDADERA Y TRANSPARENTE.

En consecuencia, y correlativamente, reclamamos con toda urgencia la realización de una verdadera Reforma Electoral, que debería ser discutida en todas las asambleas, entidades y organizaciones comunitarias de la Argentina, en un plazo perentorio de tres meses. Este debate nacional debería ser coordinado por una Comisión Nacional de Reforma Política, que a su vez debe ser convocada con urgencia. En dicha Comisión deben estar representadas todas las expresiones de la ciudadanía, de todas las provincias. Cada instancia deberá enviar sus conclusiones y propuestas a la Comisión, la que deberá sesionar en audiencias públicas y proponer un nuevo sistema electoral nacional, que a su vez deberá ser plebiscitado.

Nosotros proponemos, como materia fundamental de esta Reforma, la eliminación lisa y llana de todas las leyes electorales vigentes, y su sustitución por una nueva y unificada Ley Electoral Nacional, que garantice una democracia participativa antes que una meramente representativa, principio que deberá incorporarse a nuestra Carta Magna en una futura reforma constitucional. Proponemos asimismo que esta nueva Ley contenga los siguientes principios democráticos:

1 Eliminar el sistema de Listas Sábanas por partido, sustituyéndolo por el sistema de Lista Única con Pluralidad de Candidatos y Sistema de Tachas. Los electores recibirán de las autoridades de la mesa electoral una boleta única, en la que figurará la totalidad de los candidatos por orden alfabético de apellidos, pertenezcan a partidos políticos o no. Con un lápiz también provisto por las autoridades, en el cuarto oscuro cada votante procederá a elegir tachando los nombres de los candidatos que no vota y dejando limpios los de los candidatos de su preferencia. Guardará su voto en un sobre y el sobre en la urna. La tecnología computacional actual permite que el cómputo de votos de este sistema sea muy veloz y los resultados se podrán procesar rápida y confiablemente.

2 Las candidaturas podrán ser sostenidas por los partidos políticos reconocidos, pero también podrán proponer candidatos todas las asambleas populares, organizaciones barriales o comunitarias, las ONG y demás entidades de bien público que la Nueva Ley Electoral Nacional definirá. Se implementará un sistema de requisitos básicos y plazos de inscripción a fin de que la Autoridad Electoral proceda a la impresión de la Boleta Única de Voto con la debida anticipación.

3 Establecer el principio de que todos los candidatos democráticamente elegidos que no cumplan sus promesas electorales, podrán ser removidos. La Nueva Ley Electoral Nacional determinará un sistema de control ciudadano para normar estas remociones sin abusos.

4 Establecer que el voto en blanco y los votos anulados serán computados como votos válidos en todos los casos, y la suma de ellos será considerada para obtener los porcentajes de representación.

5 Establecer el principio de que todos los ciudadanos podrán votar, aunque no se encuentren en su lugar de empadronamiento. La Nueva Ley Electoral Nacional determinará el sistema de control ciudadano para evitar abusos y votos repetidos.

6 Declarar delito federal la actividad de los llamados "punteros políticos". Esto es: la Nueva Ley Electoral Nacional declarará que el reparto de bolsas de comida, calzados, ropas, colchones, materiales de construcción y/o dinero, con fines electorales y de captación proselitista, será Delito Federal con pena mínima de seis meses no excarcelables para quienes sean detenidos, así como se extenderá la responsabilidad a sus partidos, jefes y responsables políticos. La Nueva Ley Electoral Nacional reglamentará con precisión la normativa pertinente.

7 Debe eliminarse el llamado financiamiento de la política por parte del Estado. El Estado no pagará por los votos obtenidos a los partidos políticos, ni a los candidatos independientes o de organizaciones que los avalen. El Estado no financiará, bajo ningún concepto, la actividad política, ni se dispondrán dineros públicos para campañas proselitistas. El Estado no tendrá ninguna participación económico-financiera en materia electoral, excepto la que sea necesaria para garantizar el sistema de Autoridades Electorales, diseño e impresión de la Boleta Única por distrito electoral y el pago de un jornal electoral a todas las autoridades de mesa. Asimismo, el Estado garantizará el otorgamiento en los medios de comunicación que de él dependan de espacios gratuitos para la difusión equitativa de las propuestas de todos los partidos y candidatos. La organización de los partidos, su sostenimiento, propaganda y toda otra actividad conexa será decisión y responsabilidad de las autoridades de los mismos. Pero sus cuentas internas, tanto de las campañas como del accionar permanente de los partidos, serán controladas por organismos especiales creados por la nueva Ley, los que a su vez serán controlados por la Corte Suprema de Justicia, en audiencias públicas.

3.3 LA REFORMA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

Insistimos en nuestra propuesta de que ningún cargo político debería ser desempeñado por una misma persona por más de ocho años continuados, en ningún fuero ni ámbito (nacional, provincial o municipal), ni por elección ni por designación. Quienes hayan desempeñado cargos (uno o varios) durante ocho años no podrán desempeñar otros cargos durante los siguientes cuatro años continuados, en ningún ámbito público y sin excepción alguna. Deberán volver a la vida privada y sólo podrán reincorporarse a la función política pública luego de esos cuatro años y por otros ocho. Asimismo, proponemos que el principio de "No reelección" adquiera rango constitucional de manera que el profesionalismo político vitalicio quede acotado y la Política sea un auténtico servicio público. La gestión de todos los funcionarios, elegidos o designados, deberá ser evaluada cada seis meses y sus mandatos podrán ser revocados si el pueblo no los aprueba. Una Ley de Transparencia para la Administración del Estado precisará los modos de implementación de estas propuestas.