Antecedentes: En 1985 Vicat comienza a trabajar como maestra de grado en la Escuela 301 del Consejo General de Educación, ubicación geográfica C con un suplemento por zona Desfavorable del 80% calculado sobre el sueldo básico. En febrero de 1986, Vicat inicia un reclamo ante el Consejo dado que de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley Estatuto del Docente, la escuela debería ser considerada como de ubicación geográfica E, que percibía un suplemento del 200% sobre el sueldo básico.
Luego de un juicio y en cumplimiento de la sentencia, ( a foja 307 se lee que el Consejo General de Educación " dicte un nuevo acto ajustado a derecho, en el marco de la sentencia de fondo, el que servirá de sustento a la respectiva liquidación") el organismo emite la Resolución nº 1174 del 18/9/97 que dice "la prestación de servicios de María Angélica Lucrecia Vicat, MI 5.156.537 se considera de Ubicación Inhóspita "E" desde el 01/03/85 al 05/9/90.
En cualquier país civilizado esa resolución sería pasada a la Contaduría del organismo para su liquidación correspondiente. Aquí no sucede así, pues el ente está empeñado en no pagar la diferencia y en no dar el detalle de los sueldos que la demandante debería haber cobrado, detalle necesario a los efectos jubilatorios.
Hasta la fecha, 22 de septiembre del 2001, y pese a que el Superior Tribunal se lo ha ordenado, el Consejo General de Educación persiste, con total impunidad, en el no cumplimiento de la sentencia.
En ningún momento se le practicó la liquidación de los haberes adeudados y hasta el día de hoy no ha percibido un solo peso, pese a reiterados reclamos. Abandonada por su abogado y aburrida de pleitear contra un ente oficial que obra de mala fe y sin respeto alguno por la justicia o los derechos del ciudadano, Vicat pone esta página solicitando al que la lea que si sabe alguna forma de lograr que el Consejo cumpla la sentencia, se la haga saber, porque vive a muchos kilómetros del lugar donde esta radicado el juicio y le resulta costoso mantener desde hace 15 años un reclamo de sueldo en un juicio que ocasionó gastos al erario público por incompetencia total de las autoridades demandadas y a ella, un perjuicio económico y un daño moral, pues ahora tiene la sensación de vivir en un país en el que está totalmente desprotegida ante la prepotencia de un estado ladrón, carenciado de un sistema de justicia efectivo.