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030205


Carpe Diem


¿Otra ley?
Luis Figueroa
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Entre otros, cuando se privatizó la telefonía se cumplieron dos objetivos bien importantes. 

Primero, se democratizaron las líneas telefónicas.  Actualmente aquellas personas que se suponía que eran tan pobres que nunca podrían tener acceso a teléfonos fijos, andan con móviles al cinto.  Los vendedores callejeros y la gente que trabaja en el basurero de la zona 3 usan celulares del mismo modo en que los usan los obispos y los ministros.  Segundo, el precio de las líneas móviles y fijas se hizo baratísimo.  Prueba de ello es que ahora usted paga poco más o menos Q1700 por una línea fija y no tiene que esperar 4 años ni aguantar humillaciones.  Usted paga y lo conectan ¡ya!

Como decía un anuncio setentero:
You´ve come a long way, baby.

Empero, no todo es color de rosas y existen abusos notorios que deben cesar.  Por ejemplo, una empresa de teléfonos desconecta arbitrariamente todos las líneas de un edificio sí uno de los usuarios está moroso.  Esto es evidentemente inaceptable porque, si yo dejo de pagar el teléfono, ¿por qué habría de ser castigado mi vecino, que sí paga puntualmente?  Otra forma de abuso desvergonzado es el que cometen las empresas de telefonía móvil al reactivar teléfonos robados.  Existe una gran actividad alrededor del comercio de teléfonos robados y de la reactivación de estos, debido a que las empresas proveedoras no tienen empacho alguno en reactivar aparatos robados.

Una de las ventajas de privatizar los servicios de telecomunicaciones debería ser el hecho de que las empresas privadas tienden a ser más responsables que las estatales.  Esto es, principalmente, porque generalmente les preocupa su imagen pública y porque son más susceptibles de ser emplazadas y obligadas a reaccionar frente a sus malas actuaciones.

Es evidente, por ejemplo, que a la Portuaria Quetzal
le vino del norte instalar un rompeolas y destruir Likin en violación flagrante de los derechos de propiedad ajenos.   Impunemente, Guatel podría jinetear el dinero de otros durante 4 años y no había más que aguantarse.  El correo, cuando era administrado por el gobierno, simplemente dejó de entregar cartas.  Y así podemos seguir citando casos.

De una empresa privada, sin embargo, se espera más responsabilidad.  Por eso es que la propuesta de “las iglesias” de que el Congreso haga una ley que prohíba la reactivación de teléfonos móviles debería ser innecesaria.  Porque además, ¿de dónde sacan que todo se soluciona con leyes para esto y leyes para aquello? 

En fin.  El público puede y debería ejercer presión moral sobre las empresas proveedoras de telefonía móvil.   Estas deberían reconocer que
huele muy feo que sean parte de la cadena del robo de teléfonos.  Los socialistas perdieron las batallas de la democratización y del abaratamiento del servicio; Pero ¿perderán también la de la ética?  ¿Generará la industria de telefonía móvil una ominosa ley de prohibición de reactivación de líneas?


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