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Carpe Diem

Invasiones y violencia
Luis Figueroa
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No existe tal cosa como la invasi�n pac�fica de fincas.  Invadir quiere decir entrar por la fuerza a un territorio para ocuparlo, o saquearlo.  Los hunos, por ejemplo, invadieron Europa.  Los espa�oles, invadieron Am�rica. Los aztecas invad�an a sus vecinos y los mayas se invad�an entre s�. 
Entrar por la fuerza quiere decir hacerlo con violencia, porque se viola el derecho del propietario.  De hecho, se entra contra la voluntad del due�o.

Existe, en el c�digo penal vigente, el delito de usurpaci�n.  Este es cometido cuando alguien ocupa un inmueble con fines de apoderarse de �l, de aprovecharlo, o de despojar a otro de la posesi�n.  El delito de usurpaci�n es flagrante, cuando los invasores ocupan y permanecen en la finca ajena.

En Guatemala, de acuerdo con reportes period�sticos basados en declaraciones de los mismos invasores, desde el a�o pasado se encuentran ilegalmente ocupadas 50 fincas.   �Cu�l ser� la pr�xima? �La suya?  Y cuando se acaben las fincas, �seguir�n las casas?  Eso no es remoto, las calles y carreteras, por ejemplo, ya son tomadas y obstruidas con violencia en abierta y flagrante violaci�n al derecho de locomoci�n de todas las personas.

Claro que a la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y a la Unidad de Acci�n Sindical y Popular, responsables de muchas de aquellas acciones,  la violencia y la violaci�n de derechos ajenos no les quita el sue�o. Son organizaciones acostumbradas a invadir, quemar, destruir, obstruir y salir impunes de la aventura. Total, cuentan con el apoyo de la Minugua y con la falta de autoridad moral de parte de las autoridades del pa�s.  

El de las invasiones de fincas y el de la obstrucci�n de v�as p�blicas, son casos t�picos en los que el Estado se ve incapacitado de proteger los derechos de las personas, por motivos pol�ticos -en los que los intereses particulares y cortoplacistas privan sobre los derechos-, o por torpeza. Necesitamos, pues, un gobierno fuerte capaz de hacer cumplir la Constituci�n y las leyes. Necesitamos una administraci�n que entienda que es m�s importante invertir Q1 mill�n al mes en garantizar la administraci�n de justicia, que gastar la misma suma en propaganda. Necesitamos un gobierno cuya autoridad moral no est� minada por largas listas de actos de corrupci�n, ni por su irresoluto y endeble compromiso con el estado de derecho.

Adicionalmente, la dirigencia campesina y popular ya podr�a abandonar sus inconfesables prop�sitos, y entender que el problema agrario no se va a resolver mediante repetidos actos de violencia.   Sin estado de derecho no es posible el desarrollo. 

Adem�s, ya deber�a estar claro que el nivel de vida de aquellos grupos no va a mejorar, si sus dirigentes no comprenden que es necesario desplazarse hacia actividades econ�micas no agr�colas y hacia una mayor productividad.  Sin m�s y mejores fuentes de trabajo estable y bien pagado, tampoco habr� un mayor bienestar.


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