| La postura actual de España en la cuestión
del Sahara es adecuada a sus intereses en la zona, coincide con la legalidad
internacional y está respaldada por la inmensa mayoría de
estados y organizaciones no gubernamentales. Por tanto es una posición
envidiable. La posición de Marruecos en el territorio se enfrenta
a problemas de viabilidad serios, legales y estructurales, que conviene
no perder de vista. Adaptar la posición española a la marroquí
sin una negociación previa que ampare los intereses estratégicos
de España no es razonable. Máxime si se tienen en cuenta las
dificultades que jalonan las relaciones bilaterales y los antecedentes históricos:
ninguna cesión de intereses por parte de España ha sido adecuadamente
retribuida por Marruecos. La relación coste-beneficio y la necesidad
de contar con salidas alternativas deben valorarse en su justa medida.
Los análisis más recientes sobre la situación del
conflicto del Sahara sugieren de manera velada la necesidad de alcanzar
un acuerdo que, en esencia, respete la soberanía marroquí.
La razón normalmente esgrimida para ello no es otra que la consolidación
de facto de la presencia de Marruecos merced a un programa de colonización
y asimilación exitoso. Además, la necesidad occidental de
contar con apoyos en el mundo musulmán en la guerra antiterrorista
convierte a la monarquía alauí, más incluso que antes,
en un aliado muy apreciado. Una alianza que exige un precio, uno de cuyos
elementos estaría representado por el Sahara.
Ante la adopción de una postura favorable a las tesis de Marruecos
por parte del Reino Unido y EEUU, y su conjunción con la tradicional
actitud francesa de apoyo al régimen marroquí, numerosos
observadores en España reclaman una modificación razonable
de la postura de Madrid. Pero el estado real de la cuestión merece
un análisis más prudente y una valoración de las
consecuencias de admitir como ciertas aseveraciones discutibles, entre
ellas, la solidez de la posición marroquí en el conflicto.
La posición de Marruecos
Para comprender la importancia del Sahara en Marruecos hay que partir
de la propia naturaleza del régimen político instaurado
tras la independencia, basado en dos piedras angulares, a saber, una monarquía
todopoderosa y una ideología nacionalista basada en la expansión
territorial. Esta última ha constituido un anclaje seguro para
las fuerzas políticas marroquíes y la base, junto a su carácter
de jefe religioso, de la legitimidad del monarca. Por tanto en el éxito
de esa expansión se ha cifrado hasta ahora el éxito del
monarca, primero de Hassan II y ahora de su hijo. La pieza más
importante de esa expansión es el Sahara. Antes se había
procedido a ocupar Ifni por sorpresa, a integrar Tarfaya y a iniciar una
corta guerra con Argelia. El Sahara supuso la definitiva consolidación
de Hassan II como rey de Marruecos y desde entonces su pérdida
se ha considerado un anatema, por cuanto pondría en entredicho
esa legitimidad. Este hecho ha sido bien manipulado para obtener el apoyo
occidental. Si una de las condiciones de la tranquilidad de Marruecos
es la incorporación definitiva del Sahara, se puede, habida cuenta
de los intereses en juego, transigir. El argumento sólo tiene un
problema; es una ilusión provocada por la naturaleza del régimen,
tal y como las circunstancias, con una importancia soterrada del fundamentalismo
creciente, empiezan a dejar vislumbrar.
El problema del Sahara influye, efectivamente, en la estabilidad de Marruecos,
pero en sentido contrario al descrito. La guerra, el descontento de la
población de la zona, las tensiones con los demás Estados
africanos a cuenta del reconocimiento de la RASD y el despilfarro de recursos
que exige la asimilación y protección del territorio agravan
la ya de por sí notable crisis política, financiera y económica
general del país, algo que sí contribuye de forma efectiva
a la deslegitimación del régimen. La falta de libertad de
expresión en cuestiones consideradas de estado -el rey, el ejército
o el Sahara son sólo los ejemplos más llamativos- hacen
difícil evaluar el apoyo social de una guerra larga que han soportado
sobre todo las clases más desfavorecidas del país. La presión
gubernamental ha hecho que críticos de la talla de Serfaty hayan
modificado públicamente su opinión sobre el futuro del territorio.
En definitiva, se ha consolidado una imagen de unanimidad que es falsa.
Aunque el nacionalismo recorre la base ideológica de todos los
grupos de opinión del país, la asunción del carácter
marroquí del Sahara se ha aceptado en el interior con criterios
similares a los que han forzado una postura más tolerante con el
régimen en el exterior: la necesidad de dar satisfacción
al rey.
La trampa de la legitimidad ha presidido la política marroquí
en la ex-colonia española hasta hoy, y aunque Mohamed VI pudo tener
la tentación de cambiar la base de la suya propia de acuerdo con
postulados democráticos y una mayor sensibilidad social, lo cierto
es que ha heredado la legitimidad de su padre, con sus debilidades. Desde
el punto de vista de la monarquía las vías de debate se
han cerrado. Ésta es una opción que amenaza la continuidad
del sistema si una crisis pone en entredicho la marroquinidad del Sahara
Occidental, pues niega la posibilidad de una negociación alternativa.
En el medio político marroquí la crisis saharaui es un problema
secundario y a la larga un arma excelente en manos de la oposición
al rey, el islamismo, que a buen seguro utilizará si es necesario.
Es el rey el que ha convertido el problema en un elemento central del
juego político. La trampa es mortal de necesidad porque, a pesar
de las apariencias, la posición de Marruecos es débil, es
decir, es perfectamente posible un cambio de circunstancias que modifique
el status del territorio en detrimento de Marruecos.
La debilidad marroquí
La debilidad de Marruecos deriva de factores endógenos, debilidad
política estructural y escasa capacidad de generar confianza internacional;
y exógenos, a saber, la contradicción entre la postura de
Marruecos en el Sahara y el derecho internacional. Ambas son extremadamente
importantes y contradicen dos lugares comunes de los análisis sobre
Marruecos, esto es, la estabilidad del reino aluita, hoy más dudosa
que nunca y la consolidación de la ocupación marroquí
del antiguo territorio español.El sistema político marroquí
es esencialmente autoritario. El rey ha asumido, de forma progresiva,
un papel central que no era ni mucho menos evidente en 1956, cuando el
país alcanzó la independencia. Si el sistema se ha convertido
en una dictadura flexible ha sido a costa del tejido político previo
a la independencia, prácticamente desmontado tras la domesticación
de socialistas y comunistas y la fidelización del nacionalismo
republicano, y gracias al control rígido del ejército, cuyos
tentáculos vertebran el sistema político en Marruecos tanto
como el Rey, su mentor y jefe último. El auge del fundamentalismo
puso de relieve ya en la década de los noventa que la excepcionalidad
marroquí en el contexto musulmán era falsa. Las recientes
elecciones, manipuladas como todas las anteriores, si bien de forma menos
grosera, han confirmado la irreversible inestabilidad del país.
El próximo gobierno, compuesto por partidos afectos o respetuosos
con el sistema y del que se han auto-excluido los islamistas, será
el último que pueda formarse de esta manera sin generar tensiones.
Sencillamente porque dentro de unos años será imposible
negar la preeminencia de los islamistas y justificar su exclusión
del poder. En un contexto de crisis económica acuciante y tensión
internacional creciente está por ver si la monarquía será
capaz de mantener el precario equilibrio. De entrada ha conseguido que
Occidente comprenda que la democracia plena puede esperar; esa benevolencia
también afecta al Sahara, una dádiva más en el camino
de la estabilidad. Con la salvedad de que la condición para aceptar
su asimilación, la estabilidad, ya no está dada por hecho.
La sombra de una crisis seria de poder es evidente, proyectando a su vez
la de un fenómeno que las autoridades marroquíes tienen,
aunque lo nieguen en público, muy presente: el de Timor Oriental.
Los contactos del Frente Polisario con las compañías que
tienen intereses en la prospección petrolífera del Sahara
y la utilización de aquel suceso por los dirigentes de la RASD
hacen, en cualquier caso, difícil obviar esa alternativa.
La consecuencia inmediata de esta realidad es el escaso éxito
propagandístico del reino, que de hecho no ha conseguido que su
postura sobre el Sahara sea aceptada más que a regañadientes
y, en todo caso, sin triunfalismos. Ni entre los Estados desarrollados
ni entre los Estados en desarrollo han tenido eco unas tesis que carecen
por el momento de legitimidad. Sólo han recibido apoyo político,
algo que también recibió en su día Indonesia y que
no evitó sin embargo el fin de la ocupación de Timor. La
legitimidad internacional tiene una sola fuente, el derecho. Y la ausencia
completa de argumentos de derecho en el caso marroquí coloca a
su gobierno en la necesidad imperiosa de que la ONU reconsidere su opinión
sobre el conflicto. A pesar de las críticas que recibe el derecho
internacional, éste es un excelente ejemplo de su peso práctico
en la Sociedad Internacional contemporánea. Sin derecho no hay
legitimidad, sin legitimidad no hay estabilidad y sin estabilidad la crisis
puede estallar en cualquier momento.
Si el régimen no demuestra ser capaz de gestionar el factor "estabilidad"
perderá irremediablemente el apoyo sin fisuras norteamericano y,
de resultas, el británico. Los dos puntales de la táctica
marroquí en el litigio saharaui. Lejos de ser un socio estratégico
para EEUU, la escasa fiabilidad que ofrece el sistema convierte a Marruecos
de facto en un socio coyuntural permanente, cuya carta no se abandona
nunca, pero podría serlo. El ejemplo de Arabia Saudí, cuyo
papel en el entramado estratégico de EEUU es objeto hoy de una
seria reconsideración, es clarificador a esos efectos. Hassan II
era plenamente consciente de que la crisis de la monarquía supondría
inmediatamente la crisis territorial y por eso inició las operaciones
diplomáticas que pretendían desbloquear el plan de autonomía
para el Sahara antes de morir. Unos pocos meses de desorden bastarían
para modificar la situación dramáticamente.
La autonomía y la postura española
Dentro de la posible solución autonómica del conflicto nada
hay más opaco, precisamente, que las características de
esa autonomía. Nadie se ha parado a definir sus elementos constitutivos,
algo elemental si se quiere discutir con el Frente Polisario. La razón
es evidente, nadie cree en esa autonomía, contradictoria con la
nueva estructura regional de Marruecos, imposible en un régimen
donde el poder y la soberanía residen en el rey. La autonomía
es una alternativa formal que se ha pretendido defender con los argumentos
que se han esbozado en contra de una posible independencia: qué
hacer con los colonos, cómo compensar las inversiones marroquíes,
entre otras cuestiones cuya resolución de acuerdo con el derecho
es sencilla. Los colonos, por ejemplo, o se van o se quedan, bien convirtiéndose
en nacionales del nuevo Estado, como sería deseable, bien como
extranjeros dotados de los derechos y garantías pertinentes. Los
ejemplos de algunas ex-repúblicas soviéticas con fuertes
minorías rusas demuestran que no es imposible arbitrar soluciones,
con la ventaja de que en este caso la directa intervención internacional
haría más fácil la gestión del problema. Respecto
a la estabilidad de la zona, nada indica que un nuevo Estado en ese punto
geográfico vaya a generar conflictos especiales, en todo caso no
más de los que se generan ahora. Por otra parte en una hipotética
situación de crisis en Marruecos, probablemente inevitable, sería
incluso tranquilizador poder contar con un Estado que necesariamente se
mostraría colaborador y menos inestable.
En este contexto la postura española es razonable y prudente.
En realidad no es posible saber qué va a suceder a corto plazo,
por tanto hay que esperar y ver; tampoco está claro que los intereses
españoles no se beneficien de un nuevo Estado, por necesidad más
amistoso que Marruecos; ningún interés estratégico
o económico justificaría un cambio de parecer acorde con
la política marroquí, precisamente porque el realismo exige
un análisis de perspectivas a medio y largo plazo de los intereses
en juego. Las llamadas al realismo de analistas y algunos políticos
parecen desconocer que en el peor de los casos, una negociación
con Marruecos favorable a sus intereses no puede ser gratuita. La buena
fe, la buena vecindad y otras fórmulas protocolarias de ese género
no pueden ser parte de lo negociado. Se negocia sobre bienes tangibles,
que en este caso Marruecos no está en disposición de ofrecer.
Por ejemplo, un acuerdo de fronteras definitivo, terrestre y marítimo.
Frente a la supuesta debilidad de la postura española, en realidad
hay que recordar que es cómoda, casi envidiable. La actitud española
coincide con sus intereses estratégicos inmediatos, con la legalidad
internacional y con la opinión de la mayoría de los actores
internacionales, tanto estados como organizaciones intergubernamentales.
Un bien apreciadísimo en tiempos de contradicciones que hay que
saber gestionar con prudencia y sentido común.
Las relaciones hispano-marroquíes
Al describir las relaciones entre España y Marruecos se parte siempre
de supuestos que son discutibles y que sin embargo informan la política
exterior española en exceso. Normalmente pertenecen a la imaginería
estratégica occidental al uso: la monarquía como garante
del orden, Marruecos como Estado con democracia creciente; aliado inmune
a la influencia islamista. Lo cierto es que la monarquía ha asegurado
el orden a costa de mantener el país en perpetuo subdesarrollo,
inmovilizado por la corrupción y el tráfico de influencias;
la democracia marroquí es tan poco seria como la de sus vecinos,
ni formal ni esencialmente hay nada que pueda establecer la superioridad
democrática del sistema marroquí sobre el sistema político
egipcio o el tunecino, incluso sobre el argelino, todos ellos autodefinidos
como democráticos. Como aliado está ya contaminado por el
fenómeno islamista, gracias en parte a la represión y despilfarro
del poder vigente, algo en lo que coincide con otros muchos Estados musulmanes.
España no puede permitirse el lujo de analizar el estado de cosas
en Marruecos como si fuera una nación occidental más. EEUU
o el Reino Unido pueden valorar la tranquilidad aparente, en España
se deben valorar también los riesgos subyacentes. Por último,
el mito que resume todos los demás, la monarquía como eje
imprescindible del poder. Algo discutible y, de hecho, discutido en Marruecos
por los islamistas. Y lo menos halagüeño de ese escenario
es que probablemente los islamistas tienen razón, la monarquía
en su estado actual, es prescindible. Si el cambio sólo es posible
a costa del Majzén y el monarca, la oposición intentará
debilitar y acabar con ambos. Una política razonable debe prever
escenarios alternativos, no pretender únicamente consolidar situaciones
cuya naturaleza es insostenible a largo plazo, máxime cuando esa
actitud no reporta los beneficios esperados. En Marruecos caben escenarios
y políticas diversas que convendría tratar abiertamente.
Sería éste un saludable ejercicio de realismo que debería
trasladarse además no sólo al engranaje de las relaciones
bilaterales sino, y ante todo, al fondo de aquellas. Elaborar una política
hacia el vecino meridional que no tenga en cuenta la naturaleza, agresiva
por necesidad ideológica, del régimen; la inestabilidad,
notable a pesar de las apariencias, del reparto y estructura de poder;
la sensibilidad de una proporción creciente de ciudadanos marroquíes,
filo-islamista y anti-occidental; o la relación tangible coste-beneficio
de las políticas y concesiones hasta ahora auspiciadas por España,
sólo puede ser la base perfecta de malentendidos.
Conviene partir de un hecho sustancialmente irrebatible. Las relaciones
bilaterales son malas, no ahora, desde siempre. Las concesiones españolas
no han surtido efecto, si acaso, han alimentado una política del
recurso fácil a la agresión exterior. La argumentación
jurídica y política de las reclamaciones territoriales es
inaceptable y el grado de cumplimiento de los acuerdos bilaterales, extraordinariamente
bajo. Se trata de un Estado problemático en su ámbito regional,
como lo atestiguan las difíciles relaciones con Argelia y Mauritania.
Las posibilidades de una transición política pactada y pacífica
muy pequeñas y el sistema económico, ámbito en el
que tantas esperanzas se han puesto, opaco y hostil para las empresas
carentes de un fuerte respaldo político. Éste y no otro
es el marco de las relaciones bilaterales, y sólo una modificación
democrática y liberal de la naturaleza del régimen marroquí
permitirá un cambio de escenario.
Conclusiones
La naturaleza del régimen alauí hace casi inevitables los
períodos de crisis, acentuados hoy por varios factores. Entre ellos:
la búsqueda de legitimidad de Mohamed VI, que abandona sus cauces
iniciales para amoldarse a la heredada de su padre, basada en el nacionalismo
y expansión territorial; la importancia creciente del islamismo,
moderado y menos moderado, fenómeno que aumenta las dudas sobre
la estabilidad del régimen; y la crisis económica, ahondada
por la corrupción sistemática de las instituciones y recursos
públicos. En este contexto, la posición marroquí
en el Sahara se enfrenta a obstáculos jurídicos y políticos
notables cuya consideración es necesaria a la hora de adoptar una
postura sobre el conflicto.
España tiene intereses estratégicos en la región
que exigen un análisis exhaustivo de las consecuencias que una
u otra postura tendría sobre aquellos, siendo necesario imaginar
todos los escenarios posibles, incluyendo el de un Sahara independiente
y un Marruecos en crisis y valorando las deficiencias de las relaciones
hispano-marroquíes, cuyo análisis debe ser realista, no
voluntarista. Son malas y susceptibles de empeorar.
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