Bienes y servicios públicos
Pedro Schwartz
Los socialistas de
todos los partidos han causado una inflación de derechos sin deberes
y de servicios públicos sin suministro. Son bienes públicos según el
Título I de la Constitución Española, la educación, la protección de
la salud, el acceso a la cultura, el disfrute del medio ambiente, el
patrimonio artístico y cultural, una vivienda digna y adecuada. El
Título octavo reparte las competencias sobre controlan
ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, entre el Estado y
las Autonomías. Según leyes recientes promulgadas de 1980 a 1988,
son servicios públicos cuya titularidad corresponde al Estado, la
radiodifusión y la televisión, el suministro de combustibles
gaseosos por canalización, los transportes públicos regulares
permanentes de viajeros de uso general, las telecomunicaciones. Caso
de que alguna compañía privada quiera suministrarlos, lo podrá hacer
sólo por graciosa concesión administrativa. La lista no tiene
límite, pues el art. 128 de la CE dice que “mediante ley se podrá
reservar al sector público recursos o servicios esenciales,
especialmente en caso de monopolio”. ¡Claro que sí!, dirán muchos
lectores. No se puede confiar al caótico mercado la protección de
esos bienes públicos y el suministro de esos servicios esenciales.
Sólo el Estado puede garantizarlos. Pues para cambiarles las ideas,
quiero introducir dos conceptos en el discurso: la noción de bienes
y servicios colectivos; y la diferencia entre producir bienes
colectivos y redistribuir riqueza.
Digan “bienes y servicios colectivos” en vez de “públicos”. Todo
cambia de golpe. Colectivo es aquello que se consigue mejor cuando
hay cooperación de muchos en vez de meros esfuerzos individuales. La
cooperación puede ser competitiva, empresarial, política. La
competencia económica es una forma de cooperación social, una
cooperación no planeada que emerge de la persecución del interés
individual, cuando se trata de para bienes y servicios divisibles.
La organización empresarial es una forma de actuación colectiva: una
empresa de fabricación de automóviles es un esfuerzo colectivo para
el que los accionistas, gerentes, empleados firman contratos de
cooperación para lanzar los productos al mercado. Por fin, hay
ciertos bienes y servicios, como son la defensa nacional, la
justicia, los museos nacionales, la investigación científica
fundamental, que es posible no puedan alcanzarse óptimamente por
empresas o asociaciones y que los ciudadanos de un país acuerdan
financiar coactivamente con impuestos. Pero como la financiación
fiscal se presta a abusos por parte de quienes monopolizan el poder
del Estado, siempre hay que preguntarse en el caso de los bienes
colectivos, mal llamados “públicos”, si no conviene para su mejor
producción privatizarlos. El peligro aparece cuando las decisiones
sobre la producción colectiva de bienes y servicios se mezclan con
la búsqueda de la redistribución de la renta. Por ejemplo, no hay
duda de que la educación acaba siendo de mejor calidad cuando es
privada: en vez de publificarla, suminístrese a quienes lo necesiten
un bono escolar: así se redistribuye sin limitar la elección
individual y la iniciativa empresarial.
Tomado de la web
de Pedro
Schwartz Girón
