LO DE COMPARAR LAS NEGOCIACIONES CON ETA

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Entre las cuestiones que apasionan últimamente a los comentaristas políticos ocupa un lugar destacado la supuesta o futura negociación con la banda terrorista ETA. Para justificarla se argumenta que el Presidente tiene el mismo derecho a negociar que los anteriores, pues todos lo hicieron, desde Adolfo Suárez y Felipe González hasta José María Aznar, sin que las respectivas oposiciones cuestionaran sus políticas, postura de la que desentona el PP en estos momentos. Se concluye sentenciando que no es lícito ni ético utilizar la política antiterrorista del Gobierno como arma electoral, dando por supuesto que lo hace el PP. Así, por ejemplo, ha dicho Felipe González: «el Gobierno tiene la responsabilidad de conducir la lucha contra el terrorismo y la oposición tiene la obligación de apoyarle, incluso cuando se equivoca». No estamos de acuerdo en el parangón de tales contactos, no porque las comparaciones sean odiosas –tópico interesado esgrimido por algún comentarista según sea la cuestión tratada– sino porque han de realizarse con cierto rigor, que aquí falta. No es lícito ni ético establecer paralelismos si los supuestos equiparados no son semejantes y se soslayan las diferencias. Esto es lo que sucede en nuestro caso. Porque si bien es cierto que todos los gobiernos han mantenido relaciones con ETA, no lo es menos que hay diferencias significativas. Por de pronto, los contactos de UCD y del PSOE han sido secretos; los del PP, diáfanos y públicos. Los de FG no fueron «negociación», sino conversaciones, si hemos de creer lo que afirmó en su día; tampoco JMA negoció, si este término implica la disposición a ceder para llegar a un acuerdo; JLR, por su parte, repite que no tiene contactos y que no está negociando, pero abre y anuncia un «proceso de paz» por si se dan las circunstancias propicias para negociar el fin de la violencia, lo que difiere sustancialmente de lo hecho por sus antecesores. Pero dado que, en el fondo, se pretende contrastar las actitudes del PSOE y del PP en su papel de oposición, respectivamente, ante la «negociación» del Presidente Aznar y contra la proyectada por el Presidente Rodríguez Zapatero, veamos algunos aspectos significativos de éstas, como son su iniciativa, sus condiciones, sus apoyos y su forma. En un artículo anterior ya nos hemos referido parcialmente a ellos, pero no parece inoportuno insistir. Iniciativa.- Los contactos del Gobierno Aznar en 1999 se produjeron a petición de ETA. Ahora la iniciativa ha sido del Gobierno Rodríguez Zapatero, pues fue el que presentó al Congreso de los Diputados una propuesta de resolución, el 17 de mayor de 2005, hace casi un año, por si se dieran en un futuro las condiciones –ahora inexistentes y problemáticas, que su Presidente identifica con el abandono de las armas– para un fin dialogado de la violencia. Dicha iniciativa la aprobó el Congreso, con los votos de socialistas y nacionalistas, otorgando su apoyo a «procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular». De tal modo se abrió el «proceso de paz», oscuro como proceso e incierto en su resultado, ya que por ahora, al cabo de un año, sólo puede suponerse comenzado, acaso dará paso a una negociación y no hay indicios para creer que llevará a la paz propia de un Estado de Derecho como el nuestro. Condiciones.- El Gobierno Aznar trató con la banda, llámese negociación o como se quiera, sin plantear ni hacer concesiones de ninguna clase. En el proceso de paz del Presidente Rodríguez es posible un diálogo con los violentos sobre cuestiones no-políticas –¿legales, jurídicas, económicas, culturales, sociales?–, y simultáneamente cabe negociar las de índole política con los representantes legítimos de la voluntad popular (entre ellos los nacionalistas vascos, de los que conocemos sus exigencias al respecto). Apoyos.- A la tregua y solicitud de la organización terrorista en 1998 siguió una respuesta favorable de todas las fuerzas políticas en la oposición y de la opinión pública, que puso al Gobierno en el brete de tener que entrevistarse con ETA. No había ni hay, en cambio, ninguna demanda social ni de las fuerzas políticas de un proceso de paz como el previsto por el actual Gobierno; antes al contrario, pues provoca el rechazo de organizaciones sociales y del partido de la oposición, que le exigen el cumplimiento del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Compromisos.- Porque lo decisivo, para objetar cualquier equiparación entre uno y otro proceso, es el dato –siempre soslayado en los medios de comunicación– de que el Gobierno popular no tenía ningún compromiso que vedara lo que hizo; y en cambio, el Pacto Antiterrorista, suscrito por el PSOE en el año 2000, obliga a éste y a su Gobierno a respetar la política antiterrorista acordada con el PP y su Gobierno, y por ello: a) A no dialogar y mucho menos a negociar con ETA, porque «el diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia» (punto 3 del Pacto); b) A cumplir el objetivo del Acuerdo, que es impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, lo que «exige una colaboración permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos reconocidos en el presente acuerdo...y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista», creándose para ello una Comisión de Seguimiento (punto 9 del Pacto), cuya convocatoria corresponde al Gobierno. Si es cierto, como se dice, que al Gobierno corresponde dirigir la lucha antiterrorista, no lo es menos que no puede elegir la política que debe hacerse al respecto, porque ésta se ha pactado, y quien no cumple el Pacto, como cualquiera que no respeta sus compromisos, es indigno de dirigir los asuntos públicos. Advertíamos en su día: «El político que no cumple un pacto no es de fiar, que es lo peor que se puede ser para ocupar cargos políticos. La falta de confianza que conlleva se sanciona en los países con tradición democrática mediante el cese, si no precede la dimisión». Por eso resulta irónico que el Gobierno denuncie la oposición del PP a su política y pida respeto hacia su gestión, cuando es su Presidente quien ha defraudado los principios que propuso y pactó. La oposición hace bien en criticar al Gobierno por no cumplir lo que acordó; no sólo está en su derecho, sino que es su deber. Forma.- Existe también una diferencia relativa a la forma en que se produce la actuación del Gobierno: la información, esa trasnparencia tan cara a la izquierda en el plano teórico. Estuvimos informados en todo momento de lo que hacía el Presidente Aznar: supimos que había conversaciones, conocimos la postura gubernamental, no nos dieron esperanzas de paz... Ahora, el actual Presidente nos ofrece frases ambiguas, equívocas –proceso de paz, principio del fin–, nos comunica sus buenas sensaciones, sus corazonadas, una inmediata tregua de ETA, adopta decisiones polémicas que de un modo u otro favorecen al entorno terrorista, pero practica el más absoluto secretismo sobre lo que sabe y cómo lo sabe. El uso partidista de la lucha antiterrorista.- Entremos, para finalizar, en el argumento de la utilización partidista de la lucha antiterrorista. Evidentemente, cuando el Gobierno Aznar negoció con ETA, nadie se opuso a ello ni nadie dirigió críticas al adversario. Ahora, la oposición viene rechazando cualquier tipo de negociación con la banda, desde que la escuda el acuerdo parlamentario promovido por el Gobierno. Si esto se interpreta como utilización partidista del terrorismo, también cabe entender de igual modo la propaganda implícita al anunciar el «proceso de paz» –un proceso capitalizado por sus protagonistas sin precisar qué clase de paz–, al manifestar que gracias a la acción del Gobierno llevamos más de un año sin atentados mortales y al publicar que estamos en «el principio del fin»; como asimismo, lo sería aprovechar el momento para hacer ver que la oposición no quiere la paz, no actúa lealmente, miente como lo hizo respecto de la guerra de Irak, falta a la ética, etc. Pero sobre todo es que la oposición no critica la lucha, sino lo contrario, la negociación para la paz, y esto porque exige al Gobierno la política antiterrorista que asumió con el Pacto Antiterrorista. 4.3.2006 (revisado 2.5.2016)