EL PROCESO DE PAZ

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La inmensa mayoría de los españoles no duda si le dan a elegir entre guerra o paz. El dilema se resuelve por amplia mayoría a favor del «no a la guerra» o el «sí a la paz». Respecto al no a la guerra tuvieron ocasión de pronunciarse a través de las encuestas que se hicieron a raíz de la guerra de Irak; ahora, de darse el caso, lo harían en el mismo sentido si la pregunta fuera ¿está a favor o en contra de la paz?. Y es que casi todos desean paz y no guerra. Pero no se puede sostener con argumentos solventes que esta opción sea propia de la izquierda democrática, ni mucho menos que ampare el llamado «proceso de paz». Ya sabemos lo que sucedió con el no a la guerra. Degeneró por obra de la oposición hasta convertirse en no a la guerra de Irak y en no a la guerra ilegal, o sea, a la no amparada por la legalidad internacional, que es lo mismo que decir a la no respaldada por quienes manejan el tinglado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bajo esta premisa se condenó al Gobierno Aznar, no por haber apoyado con otros muchos Estados esa guerra impulsada por EEUU, sino por habernos metido en ella –lo que es una falsedad–, y las tropas que envió posteriormente en misión humanitaria –nos mintió el PSOE diciendo que estaban en la guerra– las retiró Rodríguez Zapatero al punto de ser nombrado Presidente del Gobierno. Poco más tarde aumentamos el contingente de nuestras tropas en Afganistán, cuya presencia se explica gracias a una guerra –¿legal?– contra los talibanes, y últimamente participamos en una operación de bombardeo de EEUU a objetivos en Irak... Todo esto sin decir que el concepto de guerra legal no existe en la legalidad internacional y se desvirtúa para tratar de identificarlo con el de «intervención armada», única medida legal de uso de la fuerza –según la Carta de la ONU– sólo justificable cuando su finalidad es mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, persisten los tópicos: seguimos creyendo –la propaganda entontece– que la derecha es belicista y la izquierda pacifista. De tal modo, cuando ahora se presenta la cruz de la misma moneda, los papeles siguen bajo el mismo reparto, y pudiera suceder que se repita el engaño. El denominado «proceso de paz» es una idea lanzada por el Gobierno del PSOE, a la que se opone el PP. La campaña ya se ha iniciado, al decirnos quienes lo defienden que el Sr. Rajoy y su partido no quieren la paz. No importa que la discrepancia se produzca con relación a los medios propugnados para conseguirla, ni que la postura del Gobierno sea criticada también por militantes de su partido. Se trata de convencer a la ciudadanía de que el partido de la oposición se ha quedado solo y no quiere contribuir a la paz. Detengámonos en el concepto de paz, todavía más ambiguo que el de guerra, para aclarar que hay una paz por medio del Derecho y una paz consecuente a la guerra. La primera es la propia de una sociedad que bajo un Estado de Derecho hace leyes justas y las aplica rigurosamente a quienes la perturban; las fuerzas del orden y los Tribunales de Justicia contribuyen a ella, reprimiendo al delincuente; carece de sentido utilizar la terminología de vencedores y vencidos. La segunda se puede producir cuando un país está en guerra con otro; en tal caso intervienen las fuerzas armadas y para poner fin al conflicto se negocia la paz, al margen o por encima del las leyes de cada Estado contendiente; cabe entonces preguntarse acerca de lo que el tratado de paz dice respecto de vencedores y vencidos. No deseo entrar en las múltiples contradicciones verbales del PSOE y su Gobierno desde que están incumpliendo el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Sólo me propongo destacar la diferencia entre el terrorismo, como forma de lucha contra la paz social, que exige la aplicación de la ley para restablecerla, y la guerra, que acaso requiera el acuerdo de paz para concluirla. A menudo hemos oído hablar de la dificultad de los representantes de los gobiernos para ponerse de acuerdo sobre qué es el terrorismo. Pero eso no viene al caso, en este momento. Lo importante es apreciar una doble circunstancia: 1) Cualquiera que sea el matiz conceptual defendible, lo cierto es que el terrorismo perpetra sus acciones violentas para amedrentar a la población civil, con objeto de que ésta influya en el poder político –lo que es fácil en Estados democráticos– en sentido favorable a los fines que pretende, por lo que se aleja de la guerra convencional e incluso de la «resistencia patriótica». 2) Sea cual fuere la noción defendida al respecto, la que vale es la adoptada por nuestro ordenamiento jurídico –siguiendo la línea marcada invariablemente por nuestros gobernantes– al considerar a los terroristas, y entre ellos a los de ETA, delincuentes comunes sometidos al Código Penal, rechazando que el terrorismo sea un conflicto armado, una guerra, y aceptando que la paz se ha de restaurar por medio del Derecho. Por lo tanto, desde que el Gobierno actual, sin modificar ese marco legal, dice seguir la lucha policial y apoyar la acción de los Tribunales de Justicia contra los etarras, al tiempo que manifiesta que «la política puede y debe contribuir al fin de la violencia...si se producen las condiciones adecuadas... fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción» (reservándose además la apreciación de tales condiciones), como si se tratara de poner fin a una guerra mediante un proceso de paz negociada –lo que evidentemente se propone hacer–, está tratando de engañarnos, pues ambas declaraciones son incompatibles entre sí. Nuestra opinión es tajante: el señor Rodríguez nos está enviando mensajes contradictorios; está interfiriendo la onda de la paz social por medio del Derecho con la de la paz que pone fin a una guerra, y está creando ruido y confusión en la línea de comunicación del poder político con la ciudadanía. Involucrar una y otra clase de paz es identificar al delincuente común con el guerrero o combatiente, al villano con el patriota, al ruin con el noble, al cobarde con el valeroso; es una deriva hacia la ignominia, la vergüenza y el deshonor de la sociedad civil y del Estado de Derecho. Lo han dicho otros, pero deseo insistir: un Presidente de Gobierno no debe confundir el terrorismo con la guerra, a pesar de los desmanes que se den en ésta, y por muy pacifista que él se muestre. 21.2.2006 (revisado el 2.5.2016)