BATASUNA Y EL ESTADO DE DERECHO

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Como consecuencia del Pacto Antiterrorista suscrito por el PSOE, el PP y el Gobierno de la Nación, se dictó la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, a la que dieron su voto favorable los parlamentarios de ambas formaciones. La aplicación de dicha Ley determinó la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna por Sentencia de 27 de marzo de 2003, de la Sala Especial del Tribunal Supremo, que declaró la ilegalidad y disolución de dichos partidos políticos, dispuso la cancelación de sus respectivas inscripciones causadas en el registro correspondiente, y ordenó el cese de sus actividades y la liquidación de sus patrimonios. Fue confirmada por el Tribunal Constitucional con fecha 16 de enero de 2004. Por Auto de 23 de abril de 2003 se acordó su ejecución. Poco antes, en fecha 26 de agosto de 2002, el Juzgado Central de Instrucción nº 5 había dictado Auto acordando, por un período de tres años, con carácter prorrogable hasta cinco años si así se decidiera, la clausura de las sedes, locales, establecimientos y cualesquiera otros centros de los que dispusieren o utilizaren, directa o indirectamente Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna, como entidad o a través de sus miembros y con independencia del lugar donde se hallaren. Lo anterior no ha impedido que la organización tricéfala, conocida en el lenguaje habitual como HB o Batasuna, haya subsistido de hecho, realizando actos públicos y privados protagonizados por sus líderes, manteniendo sus locales y conservando su patrimonio, gracias a la tolerancia del Gobierno Vasco y al silencio del Gobierno de la Nación. No sorprende que el último envite haya sido la convocatoria de un Congreso o Asamblea para el día 21 de este mes de enero de 2006. A propósito de tal convocatoria, desde hace una semana los medios se han hecho eco de declaraciones cruzadas entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero, los partidos que lo apoyan y el Gobierno y los nacionalistas vascos, por una parte, y el partido de la oposición, por otra. La prensa, la radio y la televisión les han dado amplia cobertura, se han esforzado los comentaristas ofreciendo sus opiniones a favor o en contra de la actitud del Gobierno y se ha creado un clima de preocupación, de escándalo, acaso de alarma social, en vista de la posibilidad de que una organización terrorista ilegalizada, repudiada por una inmensa mayoría del pueblo español, pudiera celebrar un acto de tal naturaleza. Veamos una muestra de las opiniones de unos y otros y resaltemos la actitud de los poderes públicos. Ante la cita, el líder del partido de la oposición requiere al Gobierno del Sr. Zapatero para que adopte medidas conducentes a evitar la celebración del evento y el Secretario de propio PP le insta a una «mínima decencia democrática». El Presidente del Tribunal Supremo, por su parte, aludiendo al papel de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado en la cuestión suscitada, declara: «estamos esperando si hacen la petición, y si la hacen responderemos». ¿Y qué opinan las instancias gubernamentales y su entorno?. El Presidente del Gobierno entiende que el asunto compete a los Tribunales de Justicia, añadiendo que respetará cualquier decisión judicial y que debe respetarse el derecho fundamental de reunión y ser muy cauteloso con la Ley de Partidos, que es «muy restrictiva». En los mismos términos de defensa del derecho de reunión se pronuncia el Fiscal General del Estado al decir que está estudiando el problema (no pasará de estudiarlo), pero advirtiendo que «la ilegalización de Batasuna no tiene por qué suspender los derechos fundamentales de sus ex-integrantes, como el de reunión». También ERC invoca ese derecho de reunión para defender el acto proetarra. La Vicepresidenta del Gobierno incluye un silogismo: la formación abertzale está ilegalizada, por lo que no tiene capacidad jurídica ni posibilidad de hacer ningún tipo de convocatoria; otra cosa son las actuaciones individuales que pueden ejercer determinadas personas que no son un partido. Esa misma idea la ha expuesto más técnicamente el Sr. Conde Pumpido, Fiscal General del Estado: debemos distinguir –no llegará a tiempo de lograrlo en el caso planteado– actos orgánicos, que no se pueden hacer, y derechos fundamentales de ex-integrantes. Mas radical es la postura de José Blanco, para quien lo importante es que Batasuna condene la violencia, siendo irrelevante si se celebra o no el acto convocado. Sólo hemos escuchado una voz socialista, la del Sr. Peces-Barba, que ha discrepado de la versión oficial: ha pedido al Sr. Conde Pumpido que actúe ante la Justicia para prohibir el acto de Batasuna. El Lendakari cree en el derecho de Batasuna a celebrar un acto público. Y desde su entorno parece suscribirse el «no hay que obstaculizar el tránsito a la democracia de Batasuna». En cuanto a las acciones posibles, los Gobiernos se inhiben, adoptando una postura pasiva. El Vasco porque dice no ser asunto de su competencia y lo mismo el Gobierno central, cuyas opiniones abstencionistas y favorables a Batasuna ya hemos referido, lo que impulsa al Sr. Rajoy, líder del Partido Popular, a hablar de «cobardía sin límites» del Gobierno central... La Fiscalía General del Estado, que depende del Gobierno, tampoco mueve ficha. Es un Juez de la Audiencia Nacional, Don Fernando Grande-Marlaska, quien toma cartas en el asunto, recaba información, cita a las partes y concluye dictando un Auto, el día 17 de este mes, por el que, tras una detallada exposición de los antecedentes de hecho (la ilegalización mencionada) y de los hechos y razonamientos jurídicos, concluye, entre otros pronunciamientos, prohibiendo la «celebración del Congreso de Batasuna proyectado en el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo (Vizcaya) para el próximo día 21 de enero de 2.006, e independientemente de donde pueda celebrarse». A partir de este momento Gobierno, PSOE y PP se muestran satisfechos: es un triunfo del Estado de Derecho. Mariano Rajoy añade que el juez ha puesto en evidencia al Presidente del Gobierno. José Blanco afirma que «es una llamada de atención a aquellos que no creen en la democracia y en el funcionamiento del Estado de Derecho». Posiblemente, el Sr. Blanco quiere aludir al Partido Popular y a quienes los votan, pero realmente la frase abarca otras realidades. La democracia y el Estado de Derecho se asientan en la Constitución, ley fundamental que todos los cargos públicos juran cumplir y hacer cumplir. Así resulta que no creen en la Constitución –y consecuentemente en el Estado democrático de Derecho–, en primer lugar, la propia organización terrorista y ETA, que no acatan el orden constitucional si no les favorece y pretenden alterarlo, no mediante el voto, sino por la fuerza; en segundo lugar, tampoco creen en ella quienes la destruyen simbólicamente página a página, como ha hecho ERC; también las instituciones vascas y catalanas, los partidos nacionalistas e IU de ambas autonomías y el PSC en Cataluña están lejos de creer en la Constitución, desde el momento en que aprueban proyectos de Estatutos que la conculcan abiertamente. Respecto de que haya sectores de la población española que no crean en la democracia y en el funcionamiento del Estado de Derecho, habrá que pensar si realmente los hay, o si más bien lo que pasa es que muchos no confían en que el actual Gobierno los garantice debidamente. Es decir, debemos preguntarnos si hay o no razones para dudar de la voluntad del Ejecutivo y de los partidos que lo sostienen de cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. En el caso Batasuna, la invocación del derecho de reunión desvía la atención sobre la auténtica cuestión de fondo, que es hacer cumplir una Sentencia dictada en aplicación de la Ley de Partidos Políticos. Al trivializar ésta, el Gobierno se suma a esas voces irrespetuosas con la democracia y la justicia, que vienen del País Vasco y de Cataluña. Choca la postura tibia del Gobierno en el cumplimiento de la legalidad, ofuscado por un proceso de paz que dice vislumbrar en el horizonte, sin dar razones sólidas, y que no llegará sin concesiones inconfesables. Pero no hay paz auténtica en un Estado de Derecho si no se logra con absoluto respeto del Derecho y de la Justicia, sin concesiones. Que nuestro Gobierno no crea en esto es lo grave, porque hace desconfiar de que con él la democracia y los principios que la sustentan estén a salvo. No poner su empeño en hacer cumplir la Ley de Partidos Políticos, del mismo modo que el demostrado por la Ministra de Cultura al ejecutar la Ley del Archivo de Salamanca, por poner un ejemplo, sugiere que tenemos un Presidente del Gobierno dispuesto a saltar por encima de la ley cuando conviene a su voluntarismo político. Ha funcionado el Estado de Derecho, en el caso Batasuna, gracias a la decisión de un juez, pero dando la impresión de que el resto de los poderes públicos no han utilizado los mecanismos de que disponen para impulsar una suspensión o prohibición judicial. Tampoco los poderes públicos se han preguntado si era necesaria una nueva suspensión de actividades de Batasuna, porque ya había una sentencia suspendiendo las actividades de dicho partido político y pudiera ser que bastara su invocación por el ejecutivo para hacerla cumplir, impidiendo del tal modo el acto convocado. Antes bien, algún poder público vasco ha colaborado para que el acto se celebre, en congruencia con su posición contraria al acatamiento de las sentencias de los Tribunales españoles ordenando la disolución de Batasuna. No habría razones para desconfiar de la democracia y del funcionamiento Estado de Derecho con el actual Gobierno, si este fuera un caso aislado, que pudiéramos atribuir a un error. Pero no es así. Ha perdido el crédito necesario para ello. Cuando se da pie para que muchos piensen que el Gobierno no pone todos los medios a su alcance para hacer cumplir la ley y las resoluciones judiciales; cuando algunos o muchos se preocupan por la unidad de España, a la vista del proyecto de estatuto catalán aprobado por el Parlamento de Cataluña y amparado por el Gobierno de la Nación; cuando un amplio sector de la sociedad teme que la política gubernamental forme parte de un deliberado propósito del PSOE de satisfacer a los nacionalismos, pasando si es preciso por encima de la Ley, del Derecho y del interés general de España, para ganarse el apoyo presente y futuro de aquéllos y así perpetuarse en el Poder, anulando cualquier tipo de oposición; cuando José Blanco da por supuesta la existencia de quienes no creen en la democracia y desconfían del funcionamiento del Estado de Derecho; cuando todo esto sucede desde que el Gobierno está en manos del Sr. Rodríguez, cabe pensar que la falta de credibilidad en el Estado democrático de Derecho tiene su causa en la forma de ejercer el poder. En suma, de tales pensamientos, preocupaciones, temores y suposiciones, son principales responsables el Gobierno y los grupos afines a él, porque los alimentan con sus políticas unilaterales y sectarias en cuestiones que requieren diálogo, consenso, pacto de Estado. 19.1.2006 (revisado 2.5.2016)