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EL PECADO CAPITAL DE LOS CATALANISTAS

 

 

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El problema principal de Cataluña es que los catalanistas la mayoría de los catalanes se sienten superiores al resto de los españoles, con los que no quieren que se les confunda. Ese sentimiento de superioridad, al saber además que no se la  reconocen los «españoles», porque «se creen iguales», origina su pecado capital: la envidia.

Los catalanistas no se resignan a que Cataluña sea igual a los restantes pueblos de España ni a que la gobiernen desde Madrid. No desean tanto, en este momento, que se les reconozca ser una nación, como diferenciarse de las restantes autonomías. El «hecho catalán» es para ellos más y mejor que cualquier otro. Por eso les molesta que Valencia denomine a su lengua valenciano, se intentan apropiar a los escritores de esa Comunidad, a su cerámica o a cuanto sea estimable, rechazan que Aragón pueda ser una nación y proclaman, en ámbitos privados, que están dando de comer a los españoles.

Las raíces de todo ello están en la historia contemporánea. Por diversas circunstancias se han producido acontecimientos que han hecho «próspera y culta» a Cataluña y paradójicamente han permitido que sea gobernada desde Madrid por una Castilla «pobre y atrasada». Ese es en realidad el «hecho catalán».

En el Siglo XVIII se produce el resurgimiento de la economía catalana, debido principalmente, por una parte, al libre comercio con América, que puso fin al monopolio andaluz permitiendo el comercio de los vinos y productos coloniales de Cataluña, y por otra, a la protección por el Estado de la reciente industria textil. Las medidas en dicho sentido son adoptadas, primeramente, por Carlos III, entre 1765 y 1778: Ordenanza de Libre Comercio con América y otras disposiciones, entre las que destaca la de 1771 de protección a la industria textil. A partir de la pérdida de gran parte del mercado colonial (emancipación de paises hispanoamericanos) el Estado adopta nuevas medidas proteccionistas, que abarcan desde 1815 a 1841.

Así, el proteccionismo estatal es ganado por los industriales, mayoritariamente catalanes, frente al librecambismo propugnado por los agricultores, sobre todo castellanos, surgiendo resentimientos anti-catalanes y anti-castellanos.

Aquellas medidas favorecen el distanciamiento social y económico de la región catalana con respecto a la demás.

Las posturas contrarias entre el centro y la periferia se radicalizan a partir de la revolución de septiembre de 1868. Las corrientes liberales y centralistas quedan simbolizadas por Madrid; las demócratas y federalistas por Barcelona.

A raíz del desastre colonial, concretado en la péridida de las últimas colonias (1898), surge el nacionalismo catalán. Muchos catalanes han tomado conciencia de que el Gobierno de Madrid no ha sido capaz de modernizar a España, y por ello se sienten extraños. Desean una España nueva.

La I República, desde 1873 hasta 1874, intenta el federalismo, formando parte del Gobierno del Estado numerosos catalanes. Su fracaso es el de la burguesía catalana, que llegada la Restauración pacta con el Centro a cambio de orden, necesario para sus ambiciones de clase. La Semana Trágica (1909) ha significado el final de las aspiraciones al poder político por parte de la burguesía catalana. Se conforma con detentar el poder económico.  Pero un catalanismo de izquierdas, del que es adelantado Valentín Almirall, aparece.

Esquerra Republicana de Cataluña es el partido dominante bajo la II República. Proclama la República catalana dentro de la República Federal Española, pero tiene que retractarse, conformándose poco más tarde con ser una «región» autónoma, denominación que figura en su Estatuto republicano.

Vienen después treinta y siete años de silencio. Cataluña se resigna, como todos, a un centralismo uniformista feroz.

La esperanza reaparece  cuando la Constitución de 1978 da acogida al Estado de las Autonomías. La unidad de la «Nación española» es compatible con la autonomía de las «nacionalidades y regiones». La distinción entre nación y nacionalidad no es fruto del azar. Ha precedido un debate, zanjado por dicha fórmula, aceptada por los nacionalistas. Quienes desde posiciones españolistas han tenido parte activa en el alumbramiento de la nueva ley de leyes están convencidos de haber resuelto para siempre las cuestiones catalana y vasca. Se equivocan.

Algunos estatutos de autonomía optan expresamente por la región. Pero la mayoría no se pronuncian, por lo que no sabemos si las respectivas comunidades se sienten o consideran nacionalidad o región. Sin embargo, cuando alguien dice que la comunidad aragonesa es una nación, salen al paso voces destempladas desde Cataluña, negando dicha condición a los aragoneses.

La catalana sí que es una nación. Para que no haya dudas ha de figurar en el nuevo texto de su Estatuto. Teóricamente podría cuestionarse si nación y nacionalidad significan lo mismo. Pero si coinciden, ¿por qué ese empeño en llamarse nación y no adoptar el término nacionalidad, que no es polémico? La explicación estaría para los catalanista en que nacionalidad pueden ser otros; nación, por de pronto, sólo serían Cataluña y España.

Mas nación y nacionalidad no son conceptos asimilables en la Constitución de 1978, que utiliza ambos términos para designar realidades diferentes. Por eso y por otras razones, el proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento Catalán es inconstitucional.

No obstante, para destacarse respecto de los demás, les queda a los catalanistas un conjunto de preceptos en el nuevo Estatuto, que de prosperar les haría la vida más llevadera hasta que consigan dar un paso más en la próxima confrontación: probablemente el día siguiente al de la aprobación de su ley orgánica; seguro a partir del momento en que se les iguale alguna otra autonomía, sobre todo si es de las «no históricas».

12.10.05 (revisado el 1.5.2016)