RESPONSABILIDADES POLÍTICAS INDIVIDUALES

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Cuanto hemos dicho sobre la responsabilidad política del Gobierno ante el Congreso de los Diputados es preciso completarlo. Porque, como exponíamos, la Cámara legislativa no es el lugar donde dirimir responsabilidades políticas individuales. Y sin embargo éstas existen y son las más frecuentes, ya que afectan a todos los que ostentan cargos políticos. Quien acepta un nombramiento de tal naturaleza asume responsabilidades políticas, que no son equiparables a las administrativas, a las civiles y a las penales. El rechazo social a su gestión o una sombra de duda sobre su honradez (incluso ajena o anterior a su tarea política) pueden ser motivos suficientes para que se produzcan. Pero pueden extenderse a quien lo nombró, cuando al hacerlo fue negligente o guiado por intereses espurios, incorporando a personas incompetentes o de dudosa integridad; o si posteriormente, denunciados sus defectos, lo mantiene en el cargo pudiendo cesarlo, lo encubre o defiende o no exige las posibles responsabilidades. Estas responsabilidades políticas se han de hacer efectivas por el propio titular del cargo, mediante la dimisión, o por quien lo ha nombrado, a través del cese. Pueden exigirlas grupos sociales, políticos, económicos, culturales, mediáticos... Su fundamento estriba en la credibilidad ante la opinión pública que deben tener quienes dirigen los asuntos públicos. Esa credibilidad ha de basarse en una doble virtud: competencia y honradez. La primera no es la competencia técnica, sino la capacidad política para gestionar los asuntos públicos, alcanzando los objetivos establecidos, con eficiacia y respetando la legalidad, valiéndose de los medios personales y materiales que el cargo pone a su disposición. La segunda, es la propia de una persona íntegra, recta y responsable, en grado suficiente para hacer presumir que su conducta pública se guiará por principios éticos, es decir, por el interés general y no por intereses personales o partidistas. Pues bien, hay conductas y decisiones que afectan a la credibilidad política. Cuando una u otra de aquellas virtudes se ponen en duda, la crisis se abre. Si persisten, sólo se cierra eficazmente aceptando el hecho, sea cierto o no, y asumiendo la responsabilidad política, para evitar que la falta de credibilidad afecte a otras personas y al partido a que pertenece, y acaso a las instituciones y a la clase política en general. La dimisión y el cese son los instrumentos adecuados para cortar especulaciones y dudas. Pero en esto, como en toda la vida política, el juego democrático requiere compartir principios éticos tan elementales como no faltar a la verdad, no manipularla y no intentar la utilización partidista de la responsabilidad política ajena, convirtiéndola, con ayuda de los medios de comunicación afines, en un arma de acoso y derribo del adversario. También reclama asumir las responsabilidades pronto y dignamente, cuando las acusaciones son ciertas, o cuando no siéndolas con ello se evitan consecuencias políticas indeseables. Exigir y asumir responsabilidades políticas demanda un alto grado de compromiso con valores éticos. No sé si es mucho pedir. Por otro lado, tanto la clase política como la sociedad en general deben acostumbrarse a pensar que la responsabilidad política puede darse simplemente por la pérdida de credibilidad, sin hechos probados, ni conductas reprobables, ni causas penales; que en tal caso no conlleva desdoro personal, siendo la dimisión en tales circunstancias un ejercicio de dignidad. 2.7.2005 (revisado el 30.4.2016)