COMPRENDER EL NO A LA NEGOCIACIÓN CON ETA

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Al poco de la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo el Presidente Rodríguez Zapatero declaró no comprender la movilización contra algo que no existe, ya que “no hay un proceso de negociación”. No sé si el Presidente trata de responder a los manifestantes tal como no contesta en el Congreso a lo que le pregunta la oposición, o si realmente su habitual sagacidad ha andado, en este caso, por otros derroteros. Para mi es evidente que no requiere mucha perspicacia advertir que ese rechazo a estar negociando con ETA tiene que ver con su propuesta de resolución núm. 80, el 17 de mayo último, que ha llevado a la aprobación del Congreso y ha quedado aprobada con los votos del PSOE y sus aliados permanentes o coyunturales. Esa propuesta da por supuesto que no se negocia, pues contiene, en su punto 2, la siguiente declaración: “..convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un fin dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular” (cursiva mía). La resolución del Congreso de las Diputados apoya la negociación con ETA para logar el “fin dialogado de la violencia”, sin condicionar el diálogo a que previamente los terroristas abandonen las armas –condición que hemos oído de boca del propio Presidente Rodríguez– porque el texto de la resolución aprobada autoriza el diálogo si se producen condiciones adecuadas, que sean convincentes. ¿Quién ha de apreciar si las condiciones son adecuadas y quién ha de adquirir esa convicción aludidas?. No el pueblo soberano, sino el Sr. Rodríguez Zapatero y, si es el caso, sus asesores. ¿Entre quienes se ha de dar el diálogo?. Entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, o sea, sin que sea necesario que los terroristas hayan abandonado previamente la violencia, desarmándose. De ahí que la manifestación del 4-J sea por ahora, simplemente, el no a una negociación anterior a esa resolución de fin dialogado de la violencia, , apoyada por los partidos nacionalistas y los que respaldan al Gobierno. Por lo demás, quien quiera comprender el alcance de esa resolución debe tener en cuenta lo que sigue. En la estrategia contra el terrorismo de ETA se advierten dos etapas, netamente deferenciadas, que el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago, Roberto L. Blanco Valdés, ha descrito con meridiana claridad en su libro Nacionalidades históricas y regiones sin historia, cuya lectura recomienda su prologuista Fernando Savater, con estas palabras: “Deben leerlo los políticos, pero sobre todo los ciudadanos: para que conozcan mejor la cartografía del mar proceloso por el que quieren hacerles navegar”. Yo diría, simplemente, conviene leerlo para no dejarse engañar. Dice el profesor Blanco que la primera etapa fue de aceptación de la tesis peneuvista de que acabar con ETA exigía negociar con la banda. En ella cayeron UCD, el PSOE y el PP, mientras los terroristas comprendían que sólo con sus crímenes reforzarían sus posiciones. Con el paso de los años, sigue explicando, aprendiendo lo que la historia de la lucha antiterrorista lleva enseñando de siempre, se abrió una nueva etapa, basada en la convicción de que la única forma de terminar con los terroristas era persuadirlos con hechos de que sus crímenes no sirven para nada. Supuso el abandono de la idea de que para acabar con ETA había que hablar, antes o después, con ella. El Pacto Antiterrorista fue la expresión de esta convicción. Es una falsedad decir que el Pacto se suscribió para no hacer un uso partidista del terrorismo, afirmación de José Blanco para presentar al PP como el que habiéndolo suscrito pasará a la historia como el primer partido que se manifiesta contra el Gobierno en un asunto como éste. Lo cierto es que el Pacto tuvo por objeto entre los dos firmantes, Gobierno, PP y PSOE, mantener una estrategia común frente al terrorismo, en la que el único diálogo admitido era con los representantes legítimos de la ciudadanía y en el marco de la Constitución y del Estatuto de Guernica, quedando excluidos, precisamente por esto último, los partidos nacionalistas, a los que se exigía para su incorporación al mismo la ruptura del Pacto de Estella y el abandono de sus organismos. Esa unidad de acción se garantizaba mediante la colaboración permanente entre ambos partidos, el intercambio de información y una comisión de seguimiento, entre otros instrumentos. El simple cotejo, con el Pacto Antiterrorista, de cuanto hemos destacado de la resolución aprobada por el Congreso, a instancias del Gobierno, para negociar con ETA, es suficiente para comprender que el PSOE ha incumplido aquél. Baste señalar, en primer lugar, que entre quienes apoyan ahora la nueva política negociadora del Gobierno, figuran los firmantes del Pacto de Estella, sin haberlo roto, como se le exigía para su incorporación al Pacto Antiterrorista. De tal modo triunfa de nuevo la estrategia de la primera etapa de la lucha antiterrorista, defendida por el PNV (negociar con los terroristas), abandonada luego por el PSOE y el PP, quienes sellaron su compromiso de nueva política común mediante el Pacto Antiterrorista. En segundo término, debe destacarse que la negociación con ETA significa el abandono de la política antiterrorista pactada con el PP, cuyos resultados positivos admiten ambos firmantes. Es lícito, pues, que el Partido Popular denuncie el incumplimiento del PSOE y le pida una rectificación. Esto no es hacer un uso partidista de la lucha antiterrorista. Además, el PP no discute la lucha contra ETA, sino la negociación con ella, que es radicalmente lo contrario. Ese fin dialogado de la violencia, supuestamente posible, no tendría coste político según el Gobierno y su partido; pero es lógico pensar que tenga un precio no político. No parecen ser precios políticos la excarcelación de presos de ETA, la amnistía, las cesiones en la política penitenciaria y otras medidas similares. Pero cualquiera de ellas conculcaría principios de Justicia, inherentes al Estado de Derecho. Imaginar tales cesiones es lógico que perturbe a quienes han sufrido el terrorismo física o psíquicamente de un modo directo. Por todo ello es comprensible que la Asociación de Víctimas del Terrorismo no esté a favor de la negociación con ETA y prefiera el Pacto Antiterrorista, poniéndose al lado de quienes lo firmaron: PP de antes y de ahora, y PSOE de antes, no de ahora. Deseamos que en el próximo encuentro anunciado entre el Presidente Rodríguez Zapatero y la Asociación, aquél mantiene un verdadero diálogo, abierto a exponer y escuchar, a convencer y dejarse convencer. Sólo así será capaz no ya de hacer comprender su postura a la Asociación, como anuncian los medios que va a intentar, sino también de escuchar y tratar de comprender lo que ésta le diga, e incluso de dejarse convencer por sus representantes. Esta es la finalidad de cualquier diálogo que se precie de serlo: convencer y convencerse, conseguir y conceder. Si no, es un diálogo adulterado o que sobra. 08.06.2005 (revisado el 30.4.2016)