LOS INCUMPLIMIENTOS DEL PACTO ANTITERRORISTA

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El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo (en adelante, Pacto), suscrito por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español a finales del año 2000 es conocido de nombre. El gran público no sabe bien lo que contiene. Los reproches de su incumplimiento, que actualmente se dirigen respectivamente el PSOE y Gobierno, por una parte, y el PP, por otra, son de que éste utiliza política y electoralmente el terrorismo y que el Gobierno no pone los medios necesarios para ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas y que está negociando con los violentes. Nuestro comentario comenzará recordando los acuerdos de dicho Pacto que guardan relación con tales recriminaciones. Evitaremos así lo que es usual en las intervenciones de políticos, informadores y comentaristas: no precisar qué compromisos del pacto se incumplen en cada caso. El Pacto consta de diez puntos o acuerdos. Cada uno suele hacer una reflexión previa sobre el terrorismo o la violencia para concluir enunciando un compromiso. A. La confrontación política o electoral de las políticas para acabar con el terrorismo El primero de los acuerdos pactados afirma que el terrorismo es un problema de Estado, que le corresponde al Gobierno de España dirigir la lucha antiterrorista y que combatirlo es tarea de todos los partidos democráticos. Termina: «Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo». Podría pensarse, a partir de dicho enunciado, que las políticas de cada partido pueden ser libremente elegidas y que lo prohibido es su confrontación política o electoral. No es así. El propio pacto tiene dos previsiones para que la política antiterrorista sea única, con lo que su cumplimiento eliminaría posibles confrontaciones al respecto. Veámoslas. En su punto nueve señala: «el objetivo de este Acuerdo, impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos requeridos por el presente Acuerdo –reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones– y la búsqueda de posiciones conjuntas en todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista. A tal fin se creará una comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente y en la que se integrarán representantes de ambas fuerzas políticas y, con el acuerdo del Gobierno, representantes de éste». Por si no fuera suficiente, en el punto diez, las partes acuerdan «ratificar públicamente nuestro compromiso firme de trabajar en común, para la defensa del derecho a la vida y a la libertad de todos los ciudadanos españoles», y añaden seguidamente: «Ambas formaciones políticas coincidimos en los principios que deben inspirar la lucha antiterrorista y, en los términos aquí recogidos, en la política que debe desarrollarse». Por de pronto, además, en las acusaciones recíprocas de los responsables no hay una confrontación entre las políticas antiterroristas de ambos partidos. Simplemente, el PP no está de acuerdo en la política desarrolla el PSOE y la denuncia, pidiendo explicaciones, por creer que se aparta del Pacto. El denunciado responde que es el PP quien lo incumple, por utilizar electoralmente la lucha antiterrorista. La coincidencia de ambas formaciones en la política antiterrorista se daba cuando se firmó el pacto. Así lo expresaba el punto 10. El apartarse de la política pactada sí que es un incumplimiento. Hay indicios suficientes para pensar que el Gobierno no sigue la política pactada en su día. El PSOE y su Gobierno no son libres para impulsar y apoyar la política conducente a acabar con el terrorismo, pues están vinculado a lo que firmaron en diciembre del 2000. Para evitar los desajustes y permitir la modificación de la política que deba desarrollarse, está el mecanismo previsto en el punto nueve. Ponerlo en marcha es responsabilidad del Gobierno de RZ, que debería reunir la Comisión de Seguimiento del Pacto, ante los acontecimientos recientes, para buscar posiciones conjuntas y la actuación concertada de los partidos firmantes. Lo exige el Pacto. No lo hace, pese a las reiteradas peticiones del PP al respecto. En suma, por parte del Gobierno se incumple la política pactada en su día, el diálogo previsto en el Pacto para conseguir posiciones conjuntas que, en su caso, modifiquen la adoptada inicialmente y el diálogo prometido electoralmente por el líder del PSOE. B. De la violencia terrorista no se extraerán ventajas o réditos políticos El punto segundo del Pacto finaliza con este compromiso: «afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno». Previamente ha habido una referencia al déficit democrático que sufre la sociedad vasca a causa de la violencia terrorista, calificada como moralmente aborrecible y radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política. Pues bien, en este aspecto creo que no se podrá achacar a ninguno de los dos partidos haber obtenido ventajas o réditos políticos de la violencia terrorista de ETA. El PP no los ha obtenido ni quizás lo ha pretendido con sus acusaciones, que no se refieren a la violencia terrorista, sino al llamado proceso de paz. Por el contrario, ha sido el PSOE quien ha subido en la estima de muchos vascos, a raíz de su actitud favorable a las posiciones del Gobierno Vasco. Sin embargo, no se puede decir que los réditos obtenidos, en su caso, por las acusaciones del primero ni por el deslizamiento del partido en el Gobierno y de éste hacía las posiciones nacionalistas, sean ventajas o réditos políticos extraídos de la violencia terrorista. No existe la relación causal rechazada por el Pacto en ninguno de los dos casos. Si en vez de limitarnos al terrorismo de ETA extendiéramos el Pacto a todo fenómeno terrorista, ateniéndonos a la letra de los compromisos expresados en él, iríamos seguramente más allá de su espíritu y propósito, limitados al problema vasco. Sin embargo, también podría invocarse el espíritu antiterrorista que lo inspira. En tal aspecto, y por supuesto en el de la ética política, la utilización electoral del 11-M que hizo el PSOE es algo que pasará a la historia como ejemplo de lo que no debe hacerse, de lo que significa obtener ventajas electorales de la violencia terrorista. Es una lacra que llevará a cuestas el PSOE toda su vida. No valoro la gestión del Gobierno del PP con motivo del atentado. No hace falta. Es lícito valorarla en uno u otro sentido. Pero no bajo la presión de los acontecimientos, ni mucho menos utilizarla para obtener réditos electorales. Nunca, nadie, ni en ninguna parte se había hecho un uso tan perverso políticamente de un atentado terrorista, y esperamos que no se volverá a repetir. C. La ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas Esa «colaboración permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español» para la búsqueda de «posiciones conjuntas» y el «compromiso firme de trabajo en común para la defensa del derecho a la vida y a la libertad de todos los españoles», propugnados en los acuerdos nueve y diez del Pacto, exigen la convocatoria de la Comisión de Seguimiento, para limar la discrepancia de opiniones manifestadas por el Gobierno y la oposición con motivo de la candidatura presentada por el Partido Comunista de las Tierras Vascas. El primero viene alegando, o bien que no hay indicios de que tal formación política dé cobertura al ilegalizado HB, o bien que no es cuestión del Gobierno sino de los Jueces y de la Fiscalía, o bien que el PP cuando dicho partido se inscribió no lo ilegalizó; el segundo insiste en que hay indicios sobrados para llevar el asunto ante la Justicia. Si el Pacto «exige el compromiso activo de todos, instituciones, gobiernos y ciudadanos en la afirmación constante de los valores cívicos y democráticos» (punto 8), sería conveniente llegar a un acuerdo utilizando el mecanismo previsto en los acuerdos. También en esta caso hay responsabilidad del Gobierno por no convocar la Comisión de Seguimiento. Sus argumentos, además, son inconsistentes: él es quien debe impulsar la denuncia ante el Tribunal Supremo; si los datos reunidos no son suficientes lo dirá el Tribunal de Justicia, sin desdoro para nadie; si el PP no lo intentó cuando este partido se inscribió acaso fuera porque entonces no se sabía más que lo que decían sus Estatutos y quienes los aprobaron e inscribieron –datos obviamente escasos para formar opinión– pero ahora se sabe muchísimo más. D. El diálogo para la pacificación del País Vasco Parece claro que el acercamiento en los últimos meses del Jefe del Gobierno al PNV –recibir al Jefe del Gobierno Vasco con motivo de su plan, dar tramitación parlamentaria a dicho plan para su debate en el Congreso, ofrecerle un plan alternativo de modificación del Estatuto, anunciar en campaña electoral un referendum al pueblo vasco, recibir a Ibaretxe al día siguiente de haberse entrevistado con los representantes del ilegalizado HB en la rueda de los partidos con representación en el parlamento vasco– unido a su distanciamiento del PP en dichas cuestiones, no es congruente con la motivación del Pacto, con su espíritu, ni con su letra. Choca frontalmente con él cuando el PSOE trata de desmarcarse del PP y para negociar «la paz» busca el apoyo de las restantes fuerzas políticas y abre el diálogo. Efectivamente, en el preámbulo del Pacto se denuncia el fracaso de la estrategia promovida por el PNV y EA, que se ausentaron del Pacto de Ajuria Enea para poner un precio político al abandono de la violencia, precio que consistía en imponer la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco. Y también se puede leer en dicho preámbulo: «El abandono definitivo , mediante ruptura formal, del Pacto de Estella y de los organismos creados por éste, por parte de ambos partidos, PNV y EA, constituye una condición evidente y necesaria para la reincorporación de estas fuerzas políticas al marco de unidad de los partidos democráticos para combatir el terrorismo. La recuperación plena de esa unidad para luchar contra el terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la Constitución y el Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de la gran mayoría de los ciudadanos vascos». Ese espacio es el marco al que se alude, igualmente, en el punto tres de los acuerdos, donde se recuerda que el desarrollo de la capacidad de autogobierno del pueblo vasco se ha producido durante dos décadas en el marco de la Constitución y del Estatuto de Guernica y que cualquier discrepancia política, cualquier proyecto político, incluso aquellos que pretenden revisar el propio marco institucional, deben respetar las reglas y los procedimientos en él establecidos. También añade que «el diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia». La estrategia del partido en el Gobierno, frente a la propuesta de autodeterminación del plan Ibarretxe, ha consistido en dulcificar su rechazo, ofreciendo un nuevo Estatuto y haciendo concesiones electorales, en vez de reafirmar ese espacio de Constitución y Estatuto de Guernica. Por otra parte, al recabar apoyos de los partidos democráticos, con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación, para negociar el cese del terrorismo, y abrir el diálogo a quienes no sean representantes legítimos de los ciudadanos, por el hecho de dejar la violencia, está conculcando el Pacto, que para dicho objetivo es el marco exclusivo de actuación de sus firmantes. No en vano, al final del texto suscrito por los dos grandes partidos se convoca a las demás fuerzas democráticas a compartir los principios y la política expresados «convencidos como estamos de que son un cauce adecuado para expresar su voluntad de colaboración en el objetivo de erradicar la lacra del terrorismo». Y eso porque el PP y el PSOE eligieron ya ese cauce, y utilizar cualquier otro es salirse de él, incumpliéndolo. 17.05.2005 (revisado el 29.4.2016)