Un país en el pantano y con libertades en peligro

     El proyecto exportador de la devaluación fracasó. Su aumento en el 2002 fue ínfimo y claramente basado en el agro y el petróleo (sólo la soja y sus derivados significaron 7.800 millones, casi un 30% de las exportaciones). Si la balanza comercial fue favorable, se debe exclusivamente a que las importaciones se redujeron a menos de la tercera parte. Y ese saldo a favor, va a parar a los bolsillos del imperialismo y de los oligarcas y las multinacionales de cereales, oleaginosas y petróleo.

     Las comparaciones con enero del 2001 son, naturalmente, positivas en términos porcentuales, porque toman como parámetro las cifras de cuando el país estaba en el fondo del pozo. Al margen de que algunos sectores no significativos tuvieron un mínimo desarrollo con la sustitución de importaciones, los indicadores sociales tienen un signo opuesto.

     La pobreza creció, y también lo hicieron la marginación, la indigencia y la desocupación. Cayeron brutalmente los salarios, sigue sin resolverse la crisis bancaria, el país no tiene la más mínima autonomía y es monitoreado por el FMI de la misma forma que cualquier casa matriz hace con sus sucursales y socias menores.

     En cambio, lograron cierto éxito en que no creciera la conflictividad social y terminara en un estallido mayor. Por el contrario, retrocedió parcialmente durante el 2002 debido a una combinación de elementos. Los dos millones y medio de planes diversos dispuestos desde el gobierno, si bien no resuelven la pobreza, amortiguan algo la desesperación y operan como un elemento de contención para grandes luchas espontáneas. Máxime cuando el 90% de los planes está en manos de las autoridades estatales y sólo un 10% es controlado por las organizaciones piqueteras (de izquierda y otras), que lo hacen en forma burocrática y clientelista.

     Otro elemento que actúa como amortiguador, es la falta de organizaciones –políticas y sociales– que reemplazaran con una perspectiva revolucionaria al hundimiento de las burocracias peronistas en todas sus variantes y de la izquierda asimilada al régimen.

     Finalmente, y esto tiene una enorme importancia, estamos cada vez más bajo un régimen represivo que actúa casi diariamente en algún punto del país. Donde no reprime, intimida, impide las marchas y exige que los piqueteros “duros” abandonen los palos (¡Armas de destrucción masiva!, diría Bush) y los pasamontañas que usan para evitar que más tarde les sigan pegando en los barrios.

     La brutal represión comandada por el “progre” Ibarra en el desalojo de Padelai y la que descarga contra los vendedores ambulantes de diversos puntos de la Capital, habla con elocuencia de que el régimen, en todas sus alas, no confía en que pueda mantenerse de otra forma que no sea a garrotazos y balas.

     Esto se completa con todas las trampas montadas para las elecciones nacionales y provinciales. Felipe Solá ordenó inscribir las candidaturas para la provincia de Buenos Aires con seis meses de anticipación a la fecha de los comicios, cuando la ley electoral vigente habla de 60 días. Y Aníbal Ibarra acaba de adelantar en cinco meses la fecha para las elecciones de Capital, en un intento de que éstas se jueguen sólo en un mano a mano con Mauricio Macri.

     El panorama es completo. Represión abierta y estafa de sus propias leyes electorales. Si el pueblo no los para, éste será sólo un comienzo.

 

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