La represión viene marchando

 

      Según las estadísticas oficiales, en la Argentina más de un 47% de la población está desocupada. El 50% que tiene trabajo gana menos de $ 200 y se encuentra por debajo de la línea de pobreza, cien niños mueren por día por hambre y enfermedades curables y casi dos millones de personas sobreviven con menos de $ 1 diario. En este contexto la burguesía intenta hacernos discutir que la llamada “inseguridad” se resuelve con balas. Y necesita convencernos de que la culpa justamente la tienen los pobres, los excluidos, los desocupados. Si no lo logra, inventará algún otro enemigo para avalar la militarización preventiva que está desplegando, en la certeza de que su política sólo puede conducir a estallidos sociales.

      Pero en la medida que la crisis económica, política y social no se resuelva, el enemigo inventado le durará tanto como una bocanada de aire a un pez fuera del agua. Cada vez es más claro, ante el conjunto de la población, que la principal banda de asesinos es la Policía; mientras la mayoría de los muertos los aportan los pobres. Hace poco, el empresario y candidato Mauricio Macri declaró: “Cuando me secuestraron tuve suerte, porque a mí me secuestró una banda de comisarios, gente profesional, que no se iba a poner nerviosa por cualquier cosa”. Diego Peralta no tuvo la misma suerte.

      El Gobierno hace meses viene preparando el terreno para pegar un salto en la militarización de la sociedad y en el recorte de las escasas libertades democráticas. Pero cada uno de sus intentos por embaucar a la población mediante los grandes medios des-informativos con el discurso de “hace falta más mano dura”, van quedando cada vez más al descubierto.

      El 26 de junio, agitando el fantasma de los “piqueteros violentos”, desplegó un operativo fascistoide en Avellaneda, al mejor estilo de la dictadura militar, que les arrancó la vida a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En julio, agitando el discurso de la inseguridad, transmitió en cadena las imágenes de “Miguelito”, en el supermercado de Gerli, como si se tratara de un asesino serial. En ambos casos, el operativo montado desde los medios se pulverizó en horas.

      El terror que intentaron instalar mediante las imágenes de la cacería en Avellaneda, incluido el allanamiento al local de Izquierda Unida, se transformó en la gran marcha de las asambleas, estudiantes y organizaciones sociales y políticas del 27 de junio. La respuesta popular hizo retroceder la intentona fascistizante, deshaciendo como un castillo de naipes la puesta en escena de los “piqueteros violentos”, que “se matan entre ellos”, versión del comisario asesino, recogida con estusiasmo por todos los medios, incluidos los “progres”. La gran movilización hizo revivir el “fantasma de diciembre” y obligó a sacar a la luz las fotos del fusilamiento de Darío Santillán y los innumerables testimonios sobre el accionar policial.

      En el caso de Miguelito, todos los rehenes invitados a los programas de televisión, destacaron el buen trato que recibieron e hicieron hincapié en la falta de trabajo y de educación para la juventud.

      Claro que hay rehenes y rehenes. Y hay secuestradores y secuestradores. No pueden decir lo mismo los rehenes de Ramallo, que se vieron en medio del fuego de cientos de policías, que no se detuvieron ni ante las cámaras de televisión para rematar con el tiro de gracia al contador del banco.

      Con el secuestro de Diego Peralta, intentaron avanzar nuevamente. Cinco días antes de que apareciera el cuerpo de Diego, desplegaron un gigantesco operativo en el barrio Don Orione, de Claypole. Dos mil policías y gendarmes registraron mil cuatrocientas viviendas, en el mayor operativo realizado por el aparato represivo en “democracia”. Pero no encontraron nada. Pasó lo mismo que cuando buscaban al “loco de la ruta” que supuestamente asesinaba a las prostitutas en Mar del Plata: jamás lo encontraron sencillamente porque no existía; los asesinos eran policías.

      La ocupación militar de Don Orione tenía un doble objetivo. Por un lado, generar un golpe de efecto sobre la opinión pública ante el estancamiento de la investigación. Por el otro, acostumbrar a la irrupción masiva de policías y gendarmes en los barrios, como en los tiempos de los genocidas del Proceso. Este último elemento, vendría a completar la política de “naturalización” de la presencia de los uniformados, haciendo ostentación de armamento, que vienen realizando desde abril en los trenes y las estaciones ferroviarias.

      Pero esta política tiene un problema. La policía hace rato viene dando muestras de la corrosiva descomposición del régimen institucional y político. No existe delito donde no esté metida, desde secuestros, robos a bancos, tráfico de drogas y de armas, prostitución, juego clandestino, atentados terroristas como el de la Amia, etc. El fracaso de Avellaneda obligó al gobernador Felipe Solá a intentar, mediante Juan Pablo Cafiero, dar respuesta a esta brecha cada más difícil de cerrar entre la población y las fuerzas del orden. Es evidente que la interna nunca cerrada de la Bonaerense se exarcebó con su nombramiento, no porque sea posible “limpiarla” sino porque la mafia institucional no entiende de gestos progres, por más nimios que éstos sean.

      Pero por más deslegitimada que esté la Policía no van a dejar de intentar avanzar en lo práctico y legal con la “mano dura”. Por ejemplo el último 24 de julio Duhalde transformó en decreto lo que aplicó en Avellaneda: la intervención de Gendarmería y Prefectura Naval en la represión interna, cuya implantación dependerá del grado de oposición que logremos con la movilización callejera.

      En El Jagüel, los informadores “imparciales” de noticias volvieron a poner en escena la raída teoría de los dos demonios: “la policía está metida en el asesinato, pero de ahí a saquear zapatillas sueltas…”. E intentaron poner el supuesto “saqueo” por encima de la comprobada criminalidad policial y del justo odio que expresó la respuesta espontánea y efectiva del vecindario de Diego contra la comisaría.

      Los reclamos de “mano dura” para los “delicuentes” pobres, no encuentran equivalente cuando éstos resultaron ser policías. Los que dedicaron ríos de tinta y horas de espacios televisivos o radiales a cantar loas a la pena de muerte, silenciaron su nefasta campaña cuando los muertos han sido los 30 jóvenes de diciembre, los pibes de Floresta, o los dos piqueteros de la Aníbal Verón, y cuando el asesino ha sido un uniformado. El policía que muere, es un capataz del régimen que actúa en función de defender la propiedad privada de los capitalistas, como los banqueros que le robaron a todo el país y son los que hasta ahora no han puesto ningún muerto. Por eso para ellos y sus gobiernos, la vida de un “pobre” policía vale más que la de un pobre explotado.

      El cuento de la “pobre policía” nada tiene que ver con la realidad: en su mayoría, son ellos los que nos roban, nos reprimen, nos secuestran, nos torturan, nos persiguen y nos matan. La “pobre policía” no existe, no es reformable, porque no se trata de algunos individuos deshonestos sino de una podrida institución.

Blarouson