venezuela
¿Al borde de otro golpe?
El presente
artículo es parte de un trabajo más amplio, actualmente en preparación. La LSR
y Bandera Roja agradecen al cro. S. P. B. la autorización para
reproducirlo parcialmente.
“Por ahora”, a más de un mes de los estremecedores sucesos del
11, 12, 13 y 14 de abril, en donde se produjo una huelga insurreccional
patronal, una multitudinaria marcha antigobierno, unos asesinatos a mansalva,
un golpe de estado, un gobierno dictatorial patronal y una insurrección
revolucionaria de las masas y de sectores del ejército y con ello, la
restitución del gobierno de Hugo Chávez, las masas venezolanas viven en una
permanente angustia y en un alterado estado de desesperación. Se espera que
ocurra cualquier hecho significativo que cambie este cuadro que cada vez se
encrespa más y profundiza la tremenda crisis política y económica que sacude a
Venezuela.
¿Adónde vamos a parar?
Esa
situación nace de la incertidumbre. A pesar de que la mayoría de los promotores
del golpe y los demás enemigos del gobierno, en las interpelaciones que le han
hecho en la Asamblea Nacional (AN) y en declaraciones en los medios de
comunicación, manifiesten su apego a la democracia y a la Constitución
Nacional, no hay credibilidad alguna en sus declaraciones. Tampoco hay
confianza en la actitud expresada por el gobierno, que a todas luces es vista
como de capitulación y de debilidad extrema. El comentario cotidiano es que va
haber en cualquier momento, un nuevo golpe de estado. Siguen instigando a la
rebelión militar, a la desobediencia civil y a cualquier salida
extraconstitucional. Los medios de comunicación continúan contribuyendo para
que eso sea así.
La
confabulación militar sigue montada paralelamente a la salida de Chávez por la
vía institucional. Buscan que se apruebe o decrete una enmienda constitucional
para inhabilitar a Chávez, recortar su período presidencial o llamar a
referendo consultivo o revocatorio para nuevas elecciones presidenciales. (…)
Sin
embargo, lo que más se teme es la crisis económica y a la ingobernabilidad,
impuesta por el empeño en la salida de Chávez, que galvaniza una intolerable
división de los sectores y clases sociales, incubándose esta fractura dentro de
las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN). Esto puede conducir a un proceso de
desobediencia y violencia, corriéndose el riesgo de llegar a un punto sin
retorno, como lo sería una guerra civil o a un estado de “colombianización” de
Venezuela. El magnicidio, amenaza de la cual se afirman hay indicios o
cualquier enfrentamiento violento que pudiera darse entre los bandos rivales,
pueden desencadenar irremediablemente a una guerra civil.
Mientras
manejan estas cartas, los patronos propician un claro plan de saboteo y de
desinversión, cerrando empresas y continúan con una activa fuga de divisas. Son
escandalosos los niveles de desempleos y deterioro del salario. Paralelo a todo
esto, las gobernaciones contrarias a Chávez muestran un estado de quiebra del
cual culpan al gobierno central. A partir del 11 de abril, están a la cabeza de
los ministerios de Finanzas y Planificación, y pronto en el Ministerio de
Producción y Comercio, personalidades partidarias de la apertura económica, a
agentes de la Banca, del Iesa (Instituto Gerencial Patronal) y de la federación
de cámaras empresariales (Fedecámaras).
En
el marco de esa realidad, profundizada con la derrota del golpe, el gobierno de
Chávez, a nombre de la paz y de la reconciliación nacional, permite que la
mayoría de los militares y civiles responsables del golpe estén libres. El
único detenido fue el empresario Pedro Carmona Estanga, y tenía el privilegio
de tener su casa por cárcel. Este jueves 23 este se “escapó” de su casa y se
asiló en la embajada de Colombia pocas horas después de ser condenado a entre
12 y 25 años de prisión, en una de las vergonzantes cárceles venezolana. El
resto de los golpistas desde sus hogares, en donde están confinados, en
condiciones de proceso abierto por investigación, el generalato, los almirantes
y vicealmirantes, siguen conspirando. (…)
Chávez
instala una Mesa de diálogo con los distintos sectores sociales, incluidos
también conocidos partidarios del golpe del 11 de abril y del breve gobierno de
Carmona. Los sectores adversos al proyecto chavista, imponen propuestas que, en
sí, sabotean lo que pregonan los chavistas. Revisan en la AN las leyes de la
Ley Habilitante, las que Fedecámaras y la oligarquía se ha negado aceptar (Ley
de Tierras, Ley de Hidrocarburo, Ley de Seguridad Social). Están por
profundizar medidas de corte neoliberales. Acuden a los organismos
multilaterales, incluido ahora el FMI.
Antes,
habían tenido como cuestión de principio el caso de Petróleos de Venezuela
(PDVSA). Lograron restituir en sus puestos gerenciales, con todos los honores,
a los miembros de la nómina mayor de PDVSA, despedidos de forma pública por el
propio Chávez. En el único día que estuvieron operando bajo la dictadura
empresarial, sus primeras decisiones fueron no enviar ni un barril de petróleo
a Cuba, duplicar la producción hasta 6 millones de barriles diarios y salirse
de la Opep.
El
gobierno de Chávez no sólo se ha amarrado las manos sino que se ha tapado la
boca. No quiere que sus partidarios denuncien y sus diputados o funcionarios
investiguen sobre la participación del gobierno norteamericano en el golpe.
Quiere ganarse la condescendencia de Bush y sus funcionarios.
Independientemente
de que Chávez baje la cabeza, el gobierno de Bush no. Para el gobierno
norteamericano, Cuba, la guerrilla colombiana y el gobierno de Venezuela están
catalogados de terroristas.
Sectores populares y militares
restituyeron el Estado de Derecho y a Chávez
El retroceso vertiginoso emprendido por el
gobierno se está dando después de que espectacularmente al anochecer del
viernes 12 de abril, miles de habitantes de algunos barrios de Caracas, se
sintieron enardecidos al ver que en el Palacio de Gobierno (Miraflores) se
autojuramentó el usurpador Carmona Estanga. El salón estaba repleto por los
representantes de las principales cámaras de industriales, de las direcciones
de los viejos partidos políticos, de la iglesia, de la burocracia sindical y de
los dueños de los medios de comunicación. Este fue uno de los motivos para que
los habitantes de los barrios caraqueños empezaran a bajar de los cerros,
tomaran las calles, llegando hasta a la sede del Ejército, ubicada en Fuerte
Tiuna, a la entrada de la ciudad. Desde las 10 p.m. del 12, se sublevó el comandante
de la Brigada 42 de Paracaidistas del Ejército, acantonada en la ciudad de
Maracay. Este llamó a los habitantes de esta ciudad a que se apostaran en las
cercanías de esta Brigada y se alistaran por si fuera necesario, a los civiles
reservistas para dotarles de armas y defendieran con ella el Estado de Derecho.
De inmediato se inscribieron más de 6.000 reservistas que estaban de baja. Las
exigencias fueron: se presentara en público la presunta renuncia del Presidente
Chávez, se restableciera la Constitución, apareciera Chávez, se restituyera su
Presidencia y las libertades democráticas. Ejemplos que fueron seguidos por
miles de hombres y mujeres, desde tempranas horas de la mañana del sábado 13 de
abril, en las principales ciudades del país, que se congregaron al frente de
los batallones militares (…). En todas las plazas se empezaron a congregar
miles de trabajadores, de estudiantes quienes se trasladaron hasta las
universidades en donde secuestraban autobuses para transportar desde las
barriadas populares a partidarios de la restitución de las libertades
democráticas hasta donde se daban las concentraciones.
A los que se volcaron a las calles y
protagonizaron el histórico e inédito acontecimiento que, en menos de 48 horas,
restituyera las libertades democráticas, les cuesta entender esta situación de
incertidumbre que embarga al país. Fueron los sectores populares y un grupo de
militares, los que derrotaron con su acción revolucionaria al golpe de Estado
perpetrado el 11 de abril, y al gobierno de facto impuesto desde el día
siguiente.
La breve dictadura cívico-militar
A finales de la noche del 11 y la
madrugada del 12 de abril, no habiendo logrado los golpistas, el alto mando
militar y la alta jerarquía de la iglesia imponerle a Chávez firmar la renuncia,
convencen al general Lucas Rincón, jefe del alto mando militar, de anunciar por
televisión la supuesta renuncia de Chávez. A partir de entonces, se anuncia a
Pedro Carmona como Presidente de la República. De inmediato reconocidos
juristas ligados a los principales partidos del viejo régimen, Allan Brewer
Carías (Copei) y Daniel Romero (secretario privado de CAP) redactan el acta
constitutiva del nuevo gobierno de facto y los decretos inconstitucionales que
en la tarde de ese mismo día anuncian, cuando hacen el acto de toma de
posición.
Con esos decretos se le eliminaba la
etiqueta de Bolivariana al nombre del país. Inhabilitaron a la AN, al Tribunal
Superior de Justicia, CGR, a la Contraloría General, Defensoría del Pueblo, al
Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General. Dejaban abolidas las
leyes contenidas en la Ley Habilitante. Anularon el acuerdo entre los gobiernos
de Cuba y Venezuela sobre intercambio de petróleo, asistencia médica y
deportiva. Nombraron de ministros a recalcitrantes representantes de los
patronos y de un emergente partido burgués, llamado Primero Justicia (PJ).
Instalado el gobierno de facto,
ponen al frente del nuevo gobierno ilegítimo, a un dictadorzuelo que de
inmediato fue absorbido por una banda de fascistas convictos y confesos, que
desde hace muchos años se estuvieron organizando y han formado ideológicamente
a decenas de cuadros para promover e instaurar un gobierno de corte
fascistoide, pinochetista y racista en Venezuela, en la primera oportunidad que
se les presentara.
Los cuerpos de inteligencia militar
y civil dirigidas por reconocidas personalidades represivas, ordenaron
persecuciones contra funcionarios del gobierno, diputados y reconocidos
militantes del MVR. (…) En la gobernación del estado de Táchira, se resistió la
pretensión de desalojo. El gobernador, Ronald Blanco La Cruz, fue uno de los
pocos funcionarios que enfrentaron y denunciaron públicamente los atropellos de
la dictadura e hizo la exigencia para que se presentara la supuesta renuncia
firmada del Presidente de la República, emplazando la aparición de éste.
Indignó mucho la agresión que
hicieron turbas golpistas al frente de la Embajada cubana, a la que le
destrozaron su entrada y los vehículos estacionados al frente de ella. Llegaron
hasta la barbarie de cortarles el fluido de energía eléctrica y de agua.
Intentando incluso ingresar a ella y desalojar a los miembros de la Embajada y
a los supuestos asilados.
En menos de 12 horas, los
funcionarios y partidarios del gobierno de facto cometieron tantos abusos de
poder, que lo que a primera vista aparentaba ser una “dictablanda”, a escasas
horas –por los allanamientos arbitrarios, las detenciones ilegales y los
desgarradores linchamientos televisados– creó de inmediato un estado de terror
y zozobra, que produjo se hiciera conciencia de ello, generándose un rechazo y
desprecio contra los usurpadores.
El golpe y la huelga patronal
El golpe del 11 de abril se empezó a
planificar desde mediados del 2001, cuando sectores de la clase media, que con
recelo apoyaban al proceso chavista, rompieron las ilusiones con él empalmando
con otros sectores medios que jamás toleraron los rasgos populistas del
gobierno. Estos esperaban recuperar su nivel de vida, perdidos desde la década
de los ’90.
El 25 de octubre, se realizaron por
primera vez en la historia las elecciones por la base de la Confederación de
Trabajadores de Venezuela, donde salió victoriosa, producto de trampas, la
burocracia sindical, en contra de las aspiraciones del chavismo y de los
trabajadores. Así, la clase media y la burguesía entendieron que el chavismo
había perdido base de sustentación entre los trabajadores y el pueblo.
Esta fraudulenta CTV, se prestó para
que Fedecámaras convocara y dirigiera la huelga general del 9 de abril, que
preparaba el golpe del 11. Una huelga financiada por los patronos y sustentada
en la amenaza de despedir a quienes concurrieran al trabajo.
Por una organización política
de los trabajadores
A
mediados del mes de abril los trabajadores y los sectores revolucionarios
vivieron la desesperación de no contar con una organización sindical clasista
ni, mucho menos, con una organización política revolucionaria que planteara una
alternativa ante la situación de crisis revolucionaria planteada. Esta
debilidad es consecuencia del nefasto papel jugado por el mesianismo y
caudillismo de Hugo Chávez. Ante este fenómeno viejas direcciones y cuadros
políticos experimentados han caído. Hasta hoy ha sido imposible revertir esta
situación.
Una vez demostrada la debilidad y
limitación del proyecto político chavista surge la posibilidad de armar una
herramienta política que resuelva este vacío de dirección. Inspirados por las
acciones del 13 y 14 de abril los sectores más clasistas y progresivos se
reencuentran buscando propiciar una organización política revolucionaria capaz
de insertar la disposición de lucha de los trabajadores y las masas populares
en el conjunto de las luchas latinoamericanas.
La posibilidad de la revolución
venezolana está inscrita en el contexto de la revolución latinoamericana. Eso
lo sabe el imperialismo, por eso no tolera la más mínima reforma populista que
Chávez pueda hacer. Por eso le preocupa que Lula gane en Brasil o que la
candidatura de Luis Zamora pudiera seguir creciendo en Argentina. El gobierno norteamericano
arrecia su ataque al gobierno, a la guerrilla colombiana y a toda dirección
crítica a su política de sometimiento. A todas ellas las etiquetará de
terroristas.
En Venezuela está abierta la
posibilidad de construir una nueva organización política revolucionaria donde
converjan viejos dirigentes que mantienen una posición de cuestionamiento a la
senda chavista y dirigentes honestos que habiendo creído en la oferta de la
Revolución Bolivariana se dan cuenta de las cortas alas que tiene este proyecto
reformista.
Stalin Pérez Borges
(Valencia, Venezuela, 25 de mayo de
2002)