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¿Al borde de otro golpe?

 

 

El presente artículo es parte de un trabajo más amplio, actualmente en preparación. La LSR y Bandera Roja agradecen al cro. S. P. B. la autorización para reproducirlo parcialmente.

 

 

“Por ahora”, a más de un mes de los estremecedores sucesos del 11, 12, 13 y 14 de abril, en donde se produjo una huelga insurreccional patronal, una multitudinaria marcha antigobierno, unos asesinatos a mansalva, un golpe de estado, un gobierno dictatorial patronal y una insurrección revolucionaria de las masas y de sectores del ejército y con ello, la restitución del gobierno de Hugo Chávez, las masas venezolanas viven en una permanente angustia y en un alterado estado de desesperación. Se espera que ocurra cualquier hecho significativo que cambie este cuadro que cada vez se encrespa más y profundiza la tremenda crisis política y económica que sacude a Venezuela.

 

¿Adónde vamos a parar?

 

Esa situación nace de la incertidumbre. A pesar de que la mayoría de los promotores del golpe y los demás enemigos del gobierno, en las interpelaciones que le han hecho en la Asamblea Nacional (AN) y en declaraciones en los medios de comunicación, manifiesten su apego a la democracia y a la Constitución Nacional, no hay credibilidad alguna en sus declaraciones. Tampoco hay confianza en la actitud expresada por el gobierno, que a todas luces es vista como de capitulación y de debilidad extrema. El comentario cotidiano es que va haber en cualquier momento, un nuevo golpe de estado. Siguen instigando a la rebelión militar, a la desobediencia civil y a cualquier salida extraconstitucional. Los medios de comunicación continúan contribuyendo para que eso sea así.

La confabulación militar sigue montada paralelamente a la salida de Chávez por la vía institucional. Buscan que se apruebe o decrete una enmienda constitucional para inhabilitar a Chávez, recortar su período presidencial o llamar a referendo consultivo o revocatorio para nuevas elecciones presidenciales. (…)

Sin embargo, lo que más se teme es la crisis económica y a la ingobernabilidad, impuesta por el empeño en la salida de Chávez, que galvaniza una intolerable división de los sectores y clases sociales, incubándose esta fractura dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN). Esto puede conducir a un proceso de desobediencia y violencia, corriéndose el riesgo de llegar a un punto sin retorno, como lo sería una guerra civil o a un estado de “colombianización” de Venezuela. El magnicidio, amenaza de la cual se afirman hay indicios o cualquier enfrentamiento violento que pudiera darse entre los bandos rivales, pueden desencadenar irremediablemente a una guerra civil.

Mientras manejan estas cartas, los patronos propician un claro plan de saboteo y de desinversión, cerrando empresas y continúan con una activa fuga de divisas. Son escandalosos los niveles de desempleos y deterioro del salario. Paralelo a todo esto, las gobernaciones contrarias a Chávez muestran un estado de quiebra del cual culpan al gobierno central. A partir del 11 de abril, están a la cabeza de los ministerios de Finanzas y Planificación, y pronto en el Ministerio de Producción y Comercio, personalidades partidarias de la apertura económica, a agentes de la Banca, del Iesa (Instituto Gerencial Patronal) y de la federación de cámaras empresariales (Fedecámaras).

En el marco de esa realidad, profundizada con la derrota del golpe, el gobierno de Chávez, a nombre de la paz y de la reconciliación nacional, permite que la mayoría de los militares y civiles responsables del golpe estén libres. El único detenido fue el empresario Pedro Carmona Estanga, y tenía el privilegio de tener su casa por cárcel. Este jueves 23 este se “escapó” de su casa y se asiló en la embajada de Colombia pocas horas después de ser condenado a entre 12 y 25 años de prisión, en una de las vergonzantes cárceles venezolana. El resto de los golpistas desde sus hogares, en donde están confinados, en condiciones de proceso abierto por investigación, el generalato, los almirantes y vicealmirantes, siguen conspirando. (…)

Chávez instala una Mesa de diálogo con los distintos sectores sociales, incluidos también conocidos partidarios del golpe del 11 de abril y del breve gobierno de Carmona. Los sectores adversos al proyecto chavista, imponen propuestas que, en sí, sabotean lo que pregonan los chavistas. Revisan en la AN las leyes de la Ley Habilitante, las que Fedecámaras y la oligarquía se ha negado aceptar (Ley de Tierras, Ley de Hidrocarburo, Ley de Seguridad Social). Están por profundizar medidas de corte neoliberales. Acuden a los organismos multilaterales, incluido ahora el FMI.

Antes, habían tenido como cuestión de principio el caso de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Lograron restituir en sus puestos gerenciales, con todos los honores, a los miembros de la nómina mayor de PDVSA, despedidos de forma pública por el propio Chávez. En el único día que estuvieron operando bajo la dictadura empresarial, sus primeras decisiones fueron no enviar ni un barril de petróleo a Cuba, duplicar la producción hasta 6 millones de barriles diarios y salirse de la Opep.

El gobierno de Chávez no sólo se ha amarrado las manos sino que se ha tapado la boca. No quiere que sus partidarios denuncien y sus diputados o funcionarios investiguen sobre la participación del gobierno norteamericano en el golpe. Quiere ganarse la condescendencia de Bush y sus funcionarios.

Independientemente de que Chávez baje la cabeza, el gobierno de Bush no. Para el gobierno norteamericano, Cuba, la guerrilla colombiana y el gobierno de Venezuela están catalogados de terroristas.

 

Sectores populares y militares

restituyeron el Estado de Derecho y a Chávez

 

     El retroceso vertiginoso emprendido por el gobierno se está dando después de que espectacularmente al anochecer del viernes 12 de abril, miles de habitantes de algunos barrios de Caracas, se sintieron enardecidos al ver que en el Palacio de Gobierno (Miraflores) se autojuramentó el usurpador Carmona Estanga. El salón estaba repleto por los representantes de las principales cámaras de industriales, de las direcciones de los viejos partidos políticos, de la iglesia, de la burocracia sindical y de los dueños de los medios de comunicación. Este fue uno de los motivos para que los habitantes de los barrios caraqueños empezaran a bajar de los cerros, tomaran las calles, llegando hasta a la sede del Ejército, ubicada en Fuerte Tiuna, a la entrada de la ciudad. Desde las 10 p.m. del 12, se sublevó el comandante de la Brigada 42 de Paracaidistas del Ejército, acantonada en la ciudad de Maracay. Este llamó a los habitantes de esta ciudad a que se apostaran en las cercanías de esta Brigada y se alistaran por si fuera necesario, a los civiles reservistas para dotarles de armas y defendieran con ella el Estado de Derecho. De inmediato se inscribieron más de 6.000 reservistas que estaban de baja. Las exigencias fueron: se presentara en público la presunta renuncia del Presidente Chávez, se restableciera la Constitución, apareciera Chávez, se restituyera su Presidencia y las libertades democráticas. Ejemplos que fueron seguidos por miles de hombres y mujeres, desde tempranas horas de la mañana del sábado 13 de abril, en las principales ciudades del país, que se congregaron al frente de los batallones militares (…). En todas las plazas se empezaron a congregar miles de trabajadores, de estudiantes quienes se trasladaron hasta las universidades en donde secuestraban autobuses para transportar desde las barriadas populares a partidarios de la restitución de las libertades democráticas hasta donde se daban las concentraciones.

     A los que se volcaron a las calles y protagonizaron el histórico e inédito acontecimiento que, en menos de 48 horas, restituyera las libertades democráticas, les cuesta entender esta situación de incertidumbre que embarga al país. Fueron los sectores populares y un grupo de militares, los que derrotaron con su acción revolucionaria al golpe de Estado perpetrado el 11 de abril, y al gobierno de facto impuesto desde el día siguiente.

 

La breve dictadura cívico-militar

 

A finales de la noche del 11 y la madrugada del 12 de abril, no habiendo logrado los golpistas, el alto mando militar y la alta jerarquía de la iglesia imponerle a Chávez firmar la renuncia, convencen al general Lucas Rincón, jefe del alto mando militar, de anunciar por televisión la supuesta renuncia de Chávez. A partir de entonces, se anuncia a Pedro Carmona como Presidente de la República. De inmediato reconocidos juristas ligados a los principales partidos del viejo régimen, Allan Brewer Carías (Copei) y Daniel Romero (secretario privado de CAP) redactan el acta constitutiva del nuevo gobierno de facto y los decretos inconstitucionales que en la tarde de ese mismo día anuncian, cuando hacen el acto de toma de posición.

Con esos decretos se le eliminaba la etiqueta de Bolivariana al nombre del país. Inhabilitaron a la AN, al Tribunal Superior de Justicia, CGR, a la Contraloría General, Defensoría del Pueblo, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General. Dejaban abolidas las leyes contenidas en la Ley Habilitante. Anularon el acuerdo entre los gobiernos de Cuba y Venezuela sobre intercambio de petróleo, asistencia médica y deportiva. Nombraron de ministros a recalcitrantes representantes de los patronos y de un emergente partido burgués, llamado Primero Justicia (PJ).

Instalado el gobierno de facto, ponen al frente del nuevo gobierno ilegítimo, a un dictadorzuelo que de inmediato fue absorbido por una banda de fascistas convictos y confesos, que desde hace muchos años se estuvieron organizando y han formado ideológicamente a decenas de cuadros para promover e instaurar un gobierno de corte fascistoide, pinochetista y racista en Venezuela, en la primera oportunidad que se les presentara.

Los cuerpos de inteligencia militar y civil dirigidas por reconocidas personalidades represivas, ordenaron persecuciones contra funcionarios del gobierno, diputados y reconocidos militantes del MVR. (…) En la gobernación del estado de Táchira, se resistió la pretensión de desalojo. El gobernador, Ronald Blanco La Cruz, fue uno de los pocos funcionarios que enfrentaron y denunciaron públicamente los atropellos de la dictadura e hizo la exigencia para que se presentara la supuesta renuncia firmada del Presidente de la República, emplazando la aparición de éste.

Indignó mucho la agresión que hicieron turbas golpistas al frente de la Embajada cubana, a la que le destrozaron su entrada y los vehículos estacionados al frente de ella. Llegaron hasta la barbarie de cortarles el fluido de energía eléctrica y de agua. Intentando incluso ingresar a ella y desalojar a los miembros de la Embajada y a los supuestos asilados.

En menos de 12 horas, los funcionarios y partidarios del gobierno de facto cometieron tantos abusos de poder, que lo que a primera vista aparentaba ser una “dictablanda”, a escasas horas –por los allanamientos arbitrarios, las detenciones ilegales y los desgarradores linchamientos televisados– creó de inmediato un estado de terror y zozobra, que produjo se hiciera conciencia de ello, generándose un rechazo y desprecio contra los usurpadores.

 

El golpe y la huelga patronal

 

El golpe del 11 de abril se empezó a planificar desde mediados del 2001, cuando sectores de la clase media, que con recelo apoyaban al proceso chavista, rompieron las ilusiones con él empalmando con otros sectores medios que jamás toleraron los rasgos populistas del gobierno. Estos esperaban recuperar su nivel de vida, perdidos desde la década de los ’90.

El 25 de octubre, se realizaron por primera vez en la historia las elecciones por la base de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, donde salió victoriosa, producto de trampas, la burocracia sindical, en contra de las aspiraciones del chavismo y de los trabajadores. Así, la clase media y la burguesía entendieron que el chavismo había perdido base de sustentación entre los trabajadores y el pueblo.

Esta fraudulenta CTV, se prestó para que Fedecámaras convocara y dirigiera la huelga general del 9 de abril, que preparaba el golpe del 11. Una huelga financiada por los patronos y sustentada en la amenaza de despedir a quienes concurrieran al trabajo.

 

Por una organización política

de los trabajadores

 

A mediados del mes de abril los trabajadores y los sectores revolucionarios vivieron la desesperación de no contar con una organización sindical clasista ni, mucho menos, con una organización política revolucionaria que planteara una alternativa ante la situación de crisis revolucionaria planteada. Esta debilidad es consecuencia del nefasto papel jugado por el mesianismo y caudillismo de Hugo Chávez. Ante este fenómeno viejas direcciones y cuadros políticos experimentados han caído. Hasta hoy ha sido imposible revertir esta situación.

Una vez demostrada la debilidad y limitación del proyecto político chavista surge la posibilidad de armar una herramienta política que resuelva este vacío de dirección. Inspirados por las acciones del 13 y 14 de abril los sectores más clasistas y progresivos se reencuentran buscando propiciar una organización política revolucionaria capaz de insertar la disposición de lucha de los trabajadores y las masas populares en el conjunto de las luchas latinoamericanas.

La posibilidad de la revolución venezolana está inscrita en el contexto de la revolución latinoamericana. Eso lo sabe el imperialismo, por eso no tolera la más mínima reforma populista que Chávez pueda hacer. Por eso le preocupa que Lula gane en Brasil o que la candidatura de Luis Zamora pudiera seguir creciendo en Argentina. El gobierno norteamericano arrecia su ataque al gobierno, a la guerrilla colombiana y a toda dirección crítica a su política de sometimiento. A todas ellas las etiquetará de terroristas.

En Venezuela está abierta la posibilidad de construir una nueva organización política revolucionaria donde converjan viejos dirigentes que mantienen una posición de cuestionamiento a la senda chavista y dirigentes honestos que habiendo creído en la oferta de la Revolución Bolivariana se dan cuenta de las cortas alas que tiene este proyecto reformista.

 

Stalin Pérez Borges

(Valencia, Venezuela, 25 de mayo de 2002)

 

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