Provincia de Buenos Aires

Ajuste y burocracia, los desafíos de los estatales

 

El colapso en el que entró hace unos meses la economía de la Provincia arrastra consigo consecuencias desastrosas para los trabajadores y el pueblo, si todo sigue como aparenta. La pregunta no sería qué hará el gobierno para intentar remontar la crisis, porque ya tiene una política pensada para ello teniendo a los estatales como objetivo permanente en despidos, reducción de salarios, arrebato de conquistas laborales históricas y destrucción de la salud, entre otras “propuestas”. El gran problema está planteado para los propios trabajadores del estado hoy, sus organizaciones, su experiencia y su conciencia, cargando un lastre adicional que se llama burocracia sindical y que, además, jamás se topó con una alternativa fuerte y seria por parte de la izquierda.

Como insólito hecho, el FMI dialogó en forma directa con las provincias imponiéndoles contraer una nueva deuda externa, o profundizar la que ya existe, a partir de financiar una política de equilibrio fiscal que implica, como primera condición, sacar de circulación los bonos con los que Felipe Solá, por ejemplo, viene “bicicleteando” las cuentas públicas en bancarrota. La provincia emite patacones como única solución al déficit, cubriendo así la brusca caída de los ingresos que no dejan ver una posible reactivación, ya que la única variable de ajuste viene precisamente por el lado de los trabajadores, privados y del Estado, en un marco de situación nacional muy grave. El gobernador declaró tener bastante claro cuál es la reforma para el Estado provincial y continuó aplicando cirugía mayor en algunos sectores.

Los viáticos y horas extras de los empleados estatales (que conformaban la mayor parte de sus sueldos, que fueron liquidados en seco) fueron reemplazados por las Unidades Redistributivas por Producción y Eficiencia (Urpe), que implica el cobro de un extra de acuerdo con el “rendimiento” que se tuvo en el mes, criterio que queda a cargo de los jefes de oficinas. De esta forma se vieron afectados los empleados de los ministerios de Obras Públicas, Economía, Educación, del Consejo del Menor y la Familia y del Instituto de Previsión Social, entre otros. Pero en cada uno de esos sectores, la participación real de los trabajadores en asambleas, marchas y distintas actividades débilmente convocadas por los gremios, sigue siendo reducida, sin corresponderse con la magnitud de la ofensiva que lleva a cabo el gobierno.

Los hospitales públicos de La Plata se vienen desangrando lentamente, trabajando a un 30% de lo que deberían. El ataque ocurre no sólo por falta de presupuesto e insumos, ya que los proveedores no abastecen; también se quitaron las licencias para algunos de ellos contribuyendo al vaciamiento y al caldo de cultivo para las diversas tentativas de cierre o privatizaciones.

En el Ioma la situación no es mejor, pero parece tener un respiro, ya que las autoridades encontraron una decidida resistencia por parte de sus trabajadores cuando hace poco lograron el pago de algunos sueldos y extras adeudados, dando por tierra con los argumentos que esgrimía la patronal sobre la crisis y la caída de la recaudación. También los trabajadores de Astilleros Río Santiago están acostumbrados a tener que salir periódicamente a reclamar pago de sueldos atrasados y políticas activas del gobierno para fabricar y reparar barcos. En la última movilización, concentrando pacíficamente, fueron salvajemente reprimidos por la policía, sufriendo uno de ellos la pérdida del ojo.

Sumado a todo esto, el blanco más castigado viene siendo la educación, donde se van a reducir los gastos en unos $ 550 millones por año, pero Solá aclara que lo hará “sin alterar en nada el salario que recibe una maestra, una supervisora o una directora de escuela que hace su trabajo” (La Nación, 14/4/02). Entonces, para no perjudicar a los trabajadores rebajándoles los salarios… les quitaron el beneficio que cobran por ruralidad porque, según su opinión, se pagaba de manera “arbitraria”. También las licencias por maternidad se redujeron e igualaron hacia abajo con el resto de los empleados públicos, de 135 días a 90. Ruralidad, licencias, presentismo y alto riesgo, todos derechos contemplados en el Estatuto del Docente, fueron barridos, ahora sí, arbitrariamente de un plumazo en los últimos tres meses; y teniendo en cuenta que se trata de conquistas históricas de la comunidad docente, termina sentando un precedente mucho más que preocupante.

Lo difícil es registrar cómo después de aquellas jornadas de agosto del año pasado, cuando la Plaza San Martín estallaba con 60.000 trabajadores de toda la provincia en contra de los recortes, la lucha fue perdiendo fuerza y terreno, sobre el cual lograron hacer pie o crecer los sindicatos básicamente nucleados en la CTA, como Suteba y Ate, al mismo tiempo que iban siendo, junto a la mayoría de los otros sindicatos, los actores principales del actual estado de desmovilización existente.

Para ejemplificar el cambio, en el verano la conducción del Suteba La Plata se limitó a llamar a tres asambleas en las que el pico máximo en cantidad fue de 70 personas. Expresa esto una realidad bien objetiva, cuyo rasgo principal es que el sindicato, por un lado, no quiere hacer demasiado ruido en la base y, por el otro, que en las escasas oportunidades en que intentó dar señales de existencia, los docentes demostraron (y lo siguen haciendo) una actitud de rechazo y desconfianza hacia la conducción, sin traducirse ese fenómeno en conciencia y organización.

Esto pudo palparse en las escuelas recorridas por un pequeño sector de activistas el mes pasado, cuando se llamó al paro de 24 horas y se comprobó el desinterés que reflejaban los docentes ante toda posible medida que pudiera salir del sindicato para poner freno al gobierno, si es que salía alguna. Así, el paro tuvo un acatamiento menor en la regional, y no precisamente porque la gente no tuviera motivos para luchar.

Muchos de los maestros vienen observando la nula efectividad que tienen las medidas de fuerza de 24, 36 o 48 horas –modalidad que plantea la burocracia– o por tiempo indeterminado, como quieren sectores de la izquierda, sin siquiera intentar mantener un diálogo con padres y alumnos, explicativo, paciente y, por qué no, constructivo, algo que el sindicato se niega por acción y omisión.

La conducción de Suteba ha venido cumpliendo en los últimos meses un rol muy importante en el sentido inverso al de la organización y el debate por la base, y el enfrentamiento real al gobierno. Supo contribuir a una humillante derrota para los trabajadores que hoy están, en su mayoría, con la desmoralización lógica de quienes en algún momento confiaron casi ciegamente en la dirección del gremio y ahora se encuentran en peores condiciones.

Por su lado, Ate viene haciendo un trabajo de acumulación de afiliados, sobre la base de ganar prestigio gracias al desprestigio de UPCN, Aeri, Soeme. En el Ioma trabajaron con algún sector de la izquierda para posicionarse en el terreno de las afiliaciones, siendo que hoy cuentan una tímida minoría frente a Upcn. La posibilidad estuvo dada por el ataque que llevó a los empleados a defenderse de los sucesivos recortes y amenazas de despidos por parte de las autoridades de la obra social. Los trabajadores se declararon en estado asambleario permanente –imponiéndoselo a Ate– que incluía todo tipo de actividades, como explicar pacientemente la situación a los afiliados de la obra social. También en Ate se nuclea la mayoría de los obreros del Astillero, dejando para la CCC y la izquierda un pequeño sector de simpatizantes.

La cuestión sindical pasó a ser un problema mayor para el futuro de los trabajadores del Estado. Los sindicatos existentes no pueden (o no quieren, eso es lo de menos) siquiera dar respuestas reivindicativas, mucho menos políticas, frente a una avanzada feroz de la burguesía y el gobierno. La política que mayoritariamente lleva la izquierda pasa por el reclamo sistemático de planes de lucha a conducciones harto conocidas, o por otras vías, son parte integrante de las estructuras más “progres” como Ate. La lógica mecánica que manejan es la de presionar desde adentro, “ganándole espacios a la burocracia y desnudando ante los trabajadores el rol que cumplen”.

Para los trabajadores está planteado más que nunca el desafío de empezar a defender sus fuentes de trabajo, salarios y conquistas, apostando a crecer en una organización y una conciencia clasista, antiburocrática y anticapitalista. Esto es, huérfanos de burócratas, sin techos establecidos por la dirigencia gremial ni por nadie en cuanto a las formas organizativas que más convengan para dar una lucha real y efectiva contra la patronal del Estado.

Pedro (La Plata)