Mano dura
Cuando los
uniformados no alcanzan
El pirata que quebró la provincia de Buenos Aires,
Carlos Ruckauf, ante la muerte de un uniformado, reclamó la pena de muerte para
quienes maten un policía. Esto mismo dijo Duhalde. Pero nada dijeron de pena de
muerte –ni ellos, ni la prensa– para el asesino de los pibes de Floresta.
Tampoco pidieron pena de muerte para los uniformados que matarona más de
treinta compañeros en diciembre, ni para sus autores intelectuales, De la
Rúa-Cavallo.
La crisis económica, política e institucional del país
ha hecho que la “mano dura” se extendiese tanto como la protesta social. La
ardua tarea de los uniformados no ha tenido casi pausa en los enfrentamientos
con los trabajadores, desocupados, ahorristas, tanto en la capital como en las
distintas provincias.
Mediante la campaña sobre la “inseguridad” fogoneada
desde los medios, sobre todo en los transportes, y con la burda excusa de falta
de pago por parte de los concesionarios del Ferrocarril Roca a las policías
Federal y bonaerense, a principios de abril se sacó a la calle a cuatrocientos
gendarmes para “custodiar a los pasajeros”. Este operativo tuvo como resultado,
en sus primeros días, el espectacular secuestro de… siete sevillanas. Con este
antecedente, hacia fines de abril, se conoció el proyecto del gobierno de
creación del grupo de elite “Los paleros” (de Gendarmería), para intervenir en
los cortes de rutas y ante desbordes de la Federal y la Provincial; o sea, más
plata para represión. De fondo, la Gendarmería en la calle tiene como objetivo
acostumbrar a la población civil a la presencia de los uniformados en la calle,
para como declaró Brinzoni en estos días, si es necesario intervengan en la
represión.
Pero la mano dura del gobierno no se limita a reprimir
con los uniformados las protestas sino que intenta atacar la nueva forma de
organización que embrionariamente se desarrolla en los barrios.
Las asambleas populares del Gran Buenos Aires,
sufrieron la puesta en funcionamiento del aparato patoteril del peronismo que,
garrote en mano, intentó acallar las asambleas, y recuperar, así, el terreno
perdido por la misería.
Así sucedió con la asamblea de Merlo, que fue atacada
a mediados de febrero por la patota del intendente justicialista, hiriendo y
mandando al hospital a varios vecinos. En Ituzaingó, el intendente Descalzo,
también peronista, respondió de la misma manera: patota y palos para quienes no
quieran entender que están en un bastión peronista.
Más recientemente, el pasado 17 de abril, fueron
baleados los asambleístas y desocupados de Lanús cuando realizaban un escrache
a Quindimil frente a la Municipalidad. Días después, un compañero murió. Una
joven asambleísta de Quilmes fue secuestrada durante dos horas, e interrogada
sobre la intención de la asamblea de ese lugar de revisar el proyecto de la
gobernación y la municipalidad de un gran emprendimiento edilicio sobre la
ribera del río en Quilmes, donde se juegan los intereses de grandes empresas
inmobiliarias y constructoras. En Avellaneda, donde gobierna el “progresista”
Laborde, un asambleísta fue “apretado” por los muchachos del municipio para que
se dejase “de joder” con la asamblea.
Y la asamblea de Scalabrini Ortiz y Córdoba, hace un
mes y medio, tuvo la visita de un Falcon que disparó desde su interior (en este
caso, sin herir a nadie).
Las patotas peronistas, tienen como objetivo
amedrentar a los vecinos para que abandonen esta nueva forma de organización
que son las asambleas populares, temen a ellas porque saben que potencialmente
pueden lograr su grito de guerra: que se vayan todos.
Cada vez está más claro que la descomposición que
provoca la crisis capitalista y la necesidad de avanzar aún más sobre nuestras
espaldas no es compatible con las más elementales libertades democráticas.
Nuestra defensa pasa, no como opinan varios compañeros, en crear comisiones de
seguridad de las propias asambleas, sino fundamentalmente en desarrollar y
fortalecer la organización de las asambleas, donde la seguridad la hagamos
entre todos.
Blarouson