Economía

A la deriva

Devaluación, pesificación, seguro de cambio, licuación de pasivos, salvataje a bancos, inflación, indexación, corralito, bonos provinciales, salarios congelados o en baja (y brusca caída en dólares), y acuerdo con el Fondo Monetario. Algunas políticas que venimos sufriendo con Menem y De la Rúa, y otras que se reeditaron de la dictadura y del gobierno de Alfonsín, pero todas para beneficio de los de siempre: la clase propietaria más concentrada, que el presidente “provisorio” Eduardo Duhalde defiende en su “alianza con el trabajo y la producción”.

Desde que el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov instrumentó la salvaje devaluación de enero, los lobbistas nacionales y extranjeros estuvieron más activos que nunca en los últimos años, y consiguieron prebendas que ni en sus sueños más atrevidos habían imaginado. La licuación de pasivos de los grandes grupos no bastó, y los importadores arremetieron para que el Banco Central les siga vendiendo dólares a un precio menor que el del mercado. Los exportadores salieron a pedir que les paguen en dólares las deudas fiscales que quedaban pendientes, y pese a que el Gobierno lo hizo puntillosamente, siguen reteniendo sus divisas en el exterior generando nuevas disparadas en el valor del billete verde. Las privatizadas de servicios públicos pretenden aumentar sus tarifas siguiendo la inflación, que ignoraron mientras fue negativa (durante diez años) para indexar según los precios de Estados Unidos.

Como en todo cambio brusco en las reglas de juego del capitalismo, unos pocos ganaron mucho dinero en muy poco tiempo. Pero esta vez el exceso los dejó al descubierto: la mayoría de la gente sabe que nadie le exigió a Macri ni a Fortabat que amplíen sus inversiones o empleen más gente a cambio de la licuación. También se sabe que una gran parte de las deudas pesificadas de los grupos estaban “calzadas” con activos en el exterior (o sea que tenían la misma cantidad de dólares que debían acá en un depósito en Estados Unidos o Suiza). En principio la pesificación iba a ser para las deudas inferiores a US$ 100.000, pero la presión –en medios de comunicación y despachos oficiales– durante las semanas en que no se había definido ese techo fue brutal y por todos los flancos, hasta que logró su objetivo de derribarlo.

La historia del despojo al que sometió al país la burguesía se resume en un dato: el dinero que tienen los argentinos en el exterior es equivalente a la deuda pública, que supera los US$ 130.000 millones. No hace falta recordar la bicicleta financiera, la patria contratista ni la ganga de prestarle al Estado durante los ’90 a las tasas más altas del mundo. Y lo destacable es que los apellidos se repiten, en algunos casos incluso desde antes de 1810.

 

Plazos y esquizofrenia

 

El 3 de marzo último se cumplieron los 90 días que había puesto como máximo plazo el ex superministro Domingo Cavallo para levantar el corralito. Tal como anticipó Bandera Roja el mismo día que se implementó (ver Nº 55, 3/12/2001), la restricción bancaria no sólo se mantuvo sino que se redobló cuando llegó Remes al Palacio de Hacienda, para proteger a los bancos de una fuga de depósitos inédita y una quiebra masiva (todavía) inminente.

La esquizofrenia de poner fechas ridículas para la terminación de los suplicios a los que someten a los trabajadores parece ser una epidemia entre los gobernantes argentinos. Imitando a Mingo, Duhalde dijo alegremente que el 9 de julio (en cuatro meses) vamos a estar festejando el fin de la recesión, en una demostración de cuán irresponsable e improvisadamente manejan la economía los inquilinos okupas de la Casa Rosada y aledaños. No hay un plan, y los cambios sobre la marcha son política de Estado.

En realidad, la depresión que ya lleva cuatro años es la peor –no lo discute nadie– de la historia del país, y no terminará en el 2002 sino que alcanzará nuevos récords. Las estimaciones oficiales marcan una caída del 4,9% en el PBI para este año, aunque en el Fondo Monetario manejan una cifra que llega casi al doble. Desde que empezó la recesión en 1998, el PBI cayó 5,7%, y la población bajo la línea de pobreza es estimada por el Indec en 16 millones de personas (el 45% de los 36 millones de habitantes). En cuanto al desempleo, el propio Remes admitió que alcanza al 22% de la población activa, o sea unos 3,2 millones, que deben sumarse al 20% de subempleados.

 

¿Habíamos tocado fondo?

 

El aumento en el desempleo y los índices de pobreza reflejaron la caída de todos los indicadores de la actividad económica en los últimos años, pero con la devaluación quedó planteado un nuevo golpe para los que menostienen, lo cual no quita que los anteriores se mantengan. Los efectos regresivos de la inflación sobre los asalariados son el mecanismo histórico de los patrones para quedarse con una porción más grande de la torta. En losdos primeros meses del año el aumento del costo de vida ya cubrió un tercio de lo que preveía el Gobierno para todo el año, y ese 5,1% sigue siendo mentiroso si tenemos en cuenta que incluye a los servicios, que inexorablemente van hacia el aumento aunque se mantengan congelados por un tiempo más. Así, el poder adquisitivo de los sectores con ingresos fijos se licua, paradójicamente, al mismo ritmo que se licuan las deudas de los grandes grupos. Y la indexación amenaza con hacerles perder hasta su casa a los miles que se endeudaron durante la “fiesta” del 1 a 1.

La inflación golpea también a quienes cobran en submonedas, que son cada vez más. Por mucho que proteste el FMI, el Gobierno no puede posponer ni un minuto el estallido social sin emitir miles de millones en bonos basura. Ahora le tocó el turno al joven hidalgo del progresismo porteño, Aníbal Ibarra, que tras ver reducida la recaudación del municipio a la mitad en dos meses se vio obligado a lanzar el suyo, incurriendo para colmo en la falta de respeto de imprimirle la cara de la dirigenta socialista Alicia Moreau de Justo. Serán $ 360 millones en el nuevo bono, que se sumarán a los casi 6.000 millones que ya circulan contando los nacionales y provinciales. En las provincias más chicas los papeles se aceptan en un muy pequeño porcentaje de la compra, y no los reciben ni las empresas de servicios ni el fisco. Por eso sigue sin ser para nada descartable que todos se desvaloricen en cuanto la gente deje de confiar en ellos, pese a que eso no haya ocurrido hasta ahora con los de mayor circulación.

 

Un final más abierto que nunca

 

La dinámica de los últimos tres meses fue imparable, y se comió presidentes y ministros con una voracidad inédita. La crisis ya no le puede plantear a la gente expectativas de ningún tipo en reciclajes reformistas queno tienen nada para repartir –más allá de que tampoco tengan capital político para ofrecer–, y desnudó la realidad de una fase capitalista definitivamente agotada, la Convertibilidad. Qué parches pondrán y cuántos meses (o semanas) durará cada uno dependerá de la paciencia de los millones de sometidos del país. Pero las penurias que impone la vuelta de la inflación harán seguramente que esa paciencia se agote más temprano que tarde.

ALBA MERQUINI

 

¿Sirve “nacionalizar” la banca?

 

La crisis del Banco de Galicia y su salvataje por parte del Gobierno invitan a reflexionar, por tratarse del principal banco de capitales “argentinos”, acerca de la alternativa de nacionalizar la banca, que ya no es propuesta sólo por las agrupaciones de izquierda sino que pasó a ser una de las principales reivindicaciones de las asambleas populares de Buenos Aires y otras localidades. El colapso del sistema financiero, que entró en un espiral de decadencia desde la llegada del “corralito”, mostró que los bancos extranjeros no ofrecían ni un milímetro más de seguridad que los usureros de estas pampas, mientras ambos se alzaban con el botín de los pequeños ahorristas.

En medio de los increíbles esfuuerzos oficiales para rescatar a Eduardo Escasany, los analistas burgueses vaticinan que la banca local pasará a estar manejada cada vez más por grupos locales, dada la escasa propensión a invertir dólares que muestra la plana mayor de los bancos multinacionales después de la devaluación. Y la perfidia del poder llama a esto “nacionalización”, simplemente porque esos nuevos dueños tendrán en sus portafolios, entre los fajos de billetes y las tarjetas de crédito, un DNI argentino.

¿Queremos que una nueva tropa dde discípulos de Escasany (o de Carlos Heller, el banquero rojo, en el mejor de los casos) maneje el dinero en el país? ¿O queremos terminar de una vez con toda la usura, que es accesoria y a la vez componente de la explotación? ¿Alcanza con nacionalizar la banca, en términos que distinguen entre capitalistas por banderas que ellos mismos ignoran? Incluso si el actual Estado manejara las entidades financieras, ¿se solucionaría algo? El Banco Nación es un ejemplo elocuente de lo falaz de ese razonamiento, al igual que la bancarrota de los bancos provinciales.

Los banqueros deben ser expropiiados sin ningún tipo de indemnización, y sobre todo sin ningún tipo de distinción entre nacionales y extranjeros, así como el resto de los grandes capitalistas que tienen negocios en la Argentina. Sólo cuando todo eso pase a manos de los trabajadores y los explotados habrá salida a la crisis actual. Es ése un verdadero horizonte de lucha, y la estrategia que tenemos los revolucionarios para no caer en falsas dicotomías fogoneadas desde arriba.