Menem
libre
Y la
banda sigue... robando
La sentencia con la cual la Suprema Corte de Justicia
liberó a Menem y a parte de los cuarenta ladrones dejó en claro que la justicia
no existe ni existirá. Y que, a partir de ahora, el único caso que podrá
juzgarse por asociación ilícita en este país es el de Rímolo, con lo cual la
banda sigue robando. Eso sí, mucho más tranquila.
El bochornoso fallo de la Corte, escrito por el juez
Augusto Belluscio, hombre de Alfonsín, sobrepasa el absurdo al comparar el
juicio a Menem con los métodos de la última dictadura. Con ello, los acusadores
pasaron automáticamente a ser acusados. La defensa de Menem no tuvo que hacer
demasiado trabajo para lograr su libertad. Tan sólo tuvo que esperar un tiempo,
y apelar a los resortes de poder que éste armó durante sus diez años de
reinado, en los que hizo de la Corte un club de amigos que, como tales, le
respondieron. A Belluscio le bastaron unas cuantas horas –en tiempos
judiciales, récord histórico que merecería un lugar entre los Guinness– para
transformar con su pluma el Código Penal, y dar por inexistente la figura de
asociación ilícita.
Pero para ser justos, hay que decir que Menem no sólo
recibió la ayuda de su Club de Amigos, sino también del actual gobierno. En
primer lugar, parece que a todo el mundo se le pasó por alto la recusación
obvia a dos miembros del club, Nazareno y Vazquez, por probada relación de
amistad con el imputado. Otro detalle “menor” que se le pasó por alto a un
fiscal, días atrás, fue el de apelar el fallo en la causa que se le seguía a
Menem por enriquecimiento ilícito.
Pero la administración De la Rúa no es lo único que hizo.
Menem fue preso antes de las elecciones como una prebenda transitoria, para
intentar amortiguar la clara derrota electoral con el mensaje a la sociedad de
que la economía no funciona, pero la justicia sí. Pasadas las elecciones, Menem
tiene más sentido libre que encerrado en Don Torcuato. Porque es seguro que les
dará más de un dolor de cabeza a los presidenciables mejor posicionados del
justicialismo, como Duhalde, y con ello el gobierno tendrá un poco de respiro.
Ahora el mensaje cambia: nadie, por las razones que
fuere, puede denunciar o investigar los delitos de la gran burguesía y sus
representantes políticos. Aun si se trata de delitos “menores”: porque hay que
recordar que a Menem se lo investigaba por el tráfico de armas, pero ni una
sola palabra se dijo en los Tribunales acerca del remate del país a través de
las tramposas y suculentas privatizaciones.
Y el fallo de la Corte no sólo es un guiño para los que
cometieron delitos en el anterior gobierno, sino también una cobertura a
futuro, que lleva tranquilidad para los delitos cometidos en lo que va de este
gobierno, como fueron las coimas en el Senado, y para los que seguro se
seguirán cometiendo.
La división de poderes, que se supone un importante pilar
para el buen funcionamiento del régimen democrático, ha demostrado, una vez
más, que es sólo un artilugio con el que se pretende encubrir la completa
subordinación del aparato judicial a la fracción gobernante, ya sea se trate de
tal o cual gobierno, o de tal o cual régimen.
En la Argentina, al igual que en Estados Unidos, Japón o
los países “serios” de Europa, los capitalistas utilizan la coima, la violación
de leyes nacionales e internacionales (diseñadas por ellos mismos), la compra
de senadores o diputados, los suicidios insospechados, etc., para asegurar sus
negocios. No se tratan de inventos argentinos como el dulce de leche, sino del
comportamiento normal del capital en busca de ganancias. La Corte Suprema
argentina no es una excepción, por más que compita por el primer puesto de la vergüenza
nacional.
Blarouson