Libertad a los presos políticos
La represión al estilo Ruckauf-De la Rúa
Ya
nadie cree seriamente que en este tipo de regímenes como los que gobiernan la
Argentina, exista la independencia de poderes. Una clase social y política como
la que representa a los ricos, a los empresarios y a los financistas
internacionales, no sólo es la que detenta el poder Ejecutivo sino también el
Legislativo y el Judicial. Más allá de que pueda existir algún que otro juez
que trate de impartir algo de justicia –empresa casi imposible en una sociedad
basada en la sujeción social y económica de una clase sobre otra– lo real es
que el poder judicial más que nunca actúa íntimamente ligado al poder político.
Esto queda absolutamente claro en el
caso de los presos políticos. Los que seguimos de cerca el juicio a Emilio Alí
vimos cómo primero se orquestaba una campaña de prensa para influenciar a la
opinión pública, cómo se fabricaba la segunda causa “trucha” y, finalmente,
cómo se penalizaba la inexistencia de delito con cinco años y seis meses de
cárcel.
Fue el inicio (preanunciado con la
condena a Castells a fines del 2000) de una arremetida contra luchadores que se
oponían al ajuste más brutal que se recuerde. Una arremetida que volvió a
encarcelar a Raúl Castells, a los piqueteros de Salta, a más de medio centenar
de desocupados de Florencio Varela, a Diego Quinteros, Carlos Bértola, Carlos
Peinipil, Cristian Godoy… Una arremetida que mantiene detenidos a los presos de
La Tablada y a los de la ORP, y dicta procesamientos a más de 2.800 trabajadores
en todo el país.
El encarcelamiento de estos
luchadores, la mayoría desocupados, estuvo precedido por una fuerte represión
cuando desarrollaban sus protestas pacíficamente o desconcentraban y, además,
las detenciones presentan innumerables situaciones ilícitas. En el caso de los
detenidos del Movimiento Teresa Rodríguez de Florencio Varela (recientemente
liberados) ni siquiera se respetó a mujeres embarazadas ni a lisiados.
Todo este tipo de violaciones son
absolutamente ocultadas por las oficinas de derechos humanos del gobierno y
tampoco son atendidas por los organismos internacionales que tan puntillosos
son a la hora de expresarse sobre las libertades democráticas de Cuba o sobre
los movimientos guerrilleros de Colombia. Tampoco han atendido la militarización
en Salta que, por un lado, a través de la Gendarmería represora de los
piqueteros y, por el otro, con las prácticas militares del operativo Cabañas
2001 bajo la batuta de fuerzas armadas norteamericanas, sostienen en esa
provincia del norte un estado de sitio no declarado.
En la provincia de Buenos Aires hay
responsables directos de mantener a los luchadores presos como rehenes para la
aplicación de las medidas de ajuste. Uno es el comisario Impari, odiado por la
mayoría de las hinchadas de fútbol, por los desocupados que cortaron la ruta 2
en Mar del Plata –fueron reprimidos a tiro limpio– y que es autor de la
circular policial para detener a los niños de la calle. Pero ni la hiena Impari
ni el secretario de Seguridad bonaerense, Verón, actúan por cuenta propia. El
gobernador Ruckauf es el directo responsable de estas prácticas, con el visto
bueno del candidato a senador Eduardo Duhalde y del gobierno nacional de la
Alianza.
Como se vio, en estas últimas
semanas, la movilización popular de estatales, docentes, desocupados,
autoconvocados, etc., pasó por encima de las amenazas de la ministra Bullrich,
las del propio gobierno y de las maniobras de la burocracia sindical de la CGT
y la CTA. Fue la respuesta más contundente contra la instrumentación del
ajuste. Esto va a continuar. La libertad inmediata de todos los presos
políticos, la anulación de los procesos contra ellos y de los que penden sobre
miles de trabajadores, debe ser una de las principales banderas de los
explotados. Porque represión y cárcel a los luchadores son los sinónimos del
ajuste.
Carlos
Martínez