El Gobierno pide esfuerzo
y ofrece más ajuste
El gobierno de la Alianza se decidió,
finalmente, a darle una soberbia estocada al pueblo trabajador. A partir del 11
de julio pasado, cuando se firmó el decreto de ajuste del gasto público
(896/2001), quedó establecido que el Estado no gastará más de lo que recaude,
para lo cual baja sueldos y jubilaciones en una proporción que irá variando
según los números que la Afip acerque al Ministerio de Economía. En principio,
la poda es de un 13% para el actual trimestre, pero se calcula que puede llegar
al 30% en el próximo.
La excepción a esta política de “déficit
cero” la constituyen, como no podía ser de otra manera, los tenedores de bonos
y acreedores tanto locales como extranjeros, quienes cobrarán puntualmente la
totalidad de lo que se les adeuda. Así, se llevó a la práctica la iniciativa
que planteó Domingo Cavallo al desembarcar por segunda vez en el Palacio de
Hacienda, cuando propuso garantizar esos pagos con la recaudación, para llevar
confianza al histérico mundo de las finanzas. En ese momento, la idea (que
estaba contenida en el proyecto de Ley de Crédito Público) fue rechazada por el
Congreso, por lo que ahora se la implementó eufemísticamente, liberando primero
los fondos para banqueros y especuladores, y pagando con “las sobras” a
estatales y jubilados.
Dado que quedó derogado el decreto 430, a
través del cual el ex ministro Machinea recortó (hace pocos meses) en un 12%
los sueldos estatales de más de $ 1.000, el impacto no fue mayor sobre estos
salarios. Pero fue total y fortísimo sobre los que quedan entre 500 y 1.000,
que son los que cobra casi la mitad de los 250.000 empleados públicos de la
Nación y de las Fuerzas Armadas.
El recorte, que está en línea con la
generalización del IVA, el impuesto sobre los cheques y los aumentos en las
tarifas de servicios privatizados, es un nuevo golpe (el séptimo de De la Rúa
en menos de dos años) a los ingresos de los trabajadores en su conjunto, ya que
la disminución de los haberes públicos acentuará la recesión y el desempleo que
afectan al sector privado. Desde el Gobierno lo sitúan como la única
alternativa, en un contexto en el cual se llegó a pagar un 16% de interés por
préstamos a 90 días. Y prometen, como desde hace por lo menos 40 años, que se
trata del último ajuste y que esta vez sí bajarán las tasas y habrá
reactivación, mientras el Presidente pide a la gente un “esfuerzo patriótico”.
Patacones devaluados
Hay
que destacar también que buena parte del déficit fiscal que se suele
contabilizar corresponde al generado por los gobiernos provinciales, en su
mayoría en manos del justicialismo. Los gobernadores cruzan acusaciones con la
administración central, a la que le reprochan no girar el dinero de la
coparticipación. Pero lo cierto es que a la hora de acordar, y ante unas
perspectivas de mayor conflictividad social, cortes espontáneos de rutas y
legítima violencia popular, cierran filas y avalan la política de achique del
Estado y baja de sueldos.
La
provincia en peores condiciones financieras es Buenos Aires, cuyo gobernador,
el ya candidato a presidente Carlos Ruckauf, tuvo a los empleados provinciales
en vilo durante varias semanas, sin saber si cobrarían sus sueldos de junio y
sus aguinaldos. Los patacones, finalmente, salieron a la calle en medio de un
operativo de prensa destinado a resguardar su valor nominal de un peso. Pero lo
cierto es que los trabajadores intentan deshacerse de ellos como si quemaran,
porque ven venir su inevitable desvalorización. Es más que significativo que
las cadenas de hipermercados los acepten sólo hasta el 30% de las facturas,
porque es ahí donde se gasta la mayor proporción de los salarios. Así, el
firmador de zapatillas que dijo que no tocaría salarios está perjudicando a los
pequeños comerciantes y detrayendo el valor real de los haberes provinciales.
Aunque
a nivel nacional se descartó la emisión de un bono de esas características,
para no despertar amargos recuerdos de los Bonex del ahora detenido Erman
González, nada indica que esta posibilidad no pueda hacerse realidad en los
próximos meses, si el Tesoro no sale del ahogo en el que está sumido.
¿La industria? Bien, gracias
Un
episodio que generó conmoción a principios de julio fue la crítica situación de
la firma Gatic, que emplea a 6.700 obreros para fabricar –entre otros
productos– toda la línea de Adidas, LA Gear y otras marcas de calzado y ropa
deportiva que se venden en el país. El Gobierno, temiendo un nuevo escándalo
del tipo de Aerolíneas, puso $ 12 millones para que la empresa pague los
jornales que adeudaba y levante la suspensión en la que tenía a casi un tercio
de su personal.
Se
trata sólo de un ribete más en la dolorosa coyuntura de la industria
“nacional”, cuya producción cayó el 3,1% en el primer trimestre del año y
espera una caída mayor para cuando estén disponibles los datos del segundo. Los
promocionados planes de Competitividad, mientras tanto, se revelaron como lo que
son: una farsa de canjes impositivos y más beneficios para ciertos sectores
empresarios, que no los trasladan ni a los precios ni a sus trabajadores.
La
recesión, ya de más de tres años, sigue empujando a las mayorías al abismo de
la desocupación y la miseria, mientras la derecha grita a voz en cuello que
todo se soluciona cerrando legislaturas y bajando los sueldos más altos de la
función pública, pero avala que los banqueros hayan cobrado $ 120 millones por
las comisiones del megacanje. El “factor de empalme” para el dólar de
importación y exportación, que no es otra cosa que un subsidio encubierto para
los empresarios que venden al exterior, tampoco hará renacer a la industria,
acompañado como va de un recorte del ingreso de una parte importante de los consumidores
del mercado interno.
Desguace del sistema previsional:
capitalismo sin anestesia
Junto
al tijeretazo que sufrieron los haberes de más de medio millón de jubilados,
conviene hacer un poco de historia acerca del régimen de reparto que hoy maneja
la Anses y que representa un 40% del presupuesto de la Nación.
Las
cajas de jubilaciones y el sistema de previsión pública en general, desde su
creación a mediados de siglo, financiaron sistemáticamente el déficit del
Estado generado por las demás dependencias. La impresionante masa de recursos
que pusieron en manos de Perón fue, en su momento, uno de los factores que
permitieron la expansión del salario estatal y otras medidas redistributivas,
ya que muchos asalariados pasaron a aportar sin que hubiera muchos jubilados a
quienes pagar.
Con
el tiempo, las dos variables se fueron equilibrando naturalmente hasta la
reforma previsional que inició Cavallo en su anterior gestión (a fines de
1993), cuando se inauguró el actual sistema mixto y se invirtió el desequilibrio:
a partir de allí se siguió pagando haberes a jubilados pero la plata de los
trabajadores activos se la llevaron las AFJP, en manos de la banca privada.
Hoy,
las AFJP siguen financiando al Estado comprando bonos y letras del Tesoro, pero
lo hacen a una tasa de interés del 16%, en vez de hacerlo a tasa cero como lo
hacía el sistema público. Y no sabemos todavía qué va a pasar cuando aparezcan
los primeros jubilados de capitalización, que son los que empezaron a aportar
en el ’93, pero no sería demasiado aventurado vaticinar un colapso absoluto.
Cuando
Clarín puso como título principal el 15 de julio “El 70% de los jubilados no
sufrirá el recorte”, en una patética acción de propaganda oficialista, dejó al
descubierto una cruda realidad: ese mismo porcentaje es el de pasivos que
cobran menos de $ 300, sobre un total de unos 3,7 millones. Así, con el
criterio de considerar pudientes a quienes reciben de $ 501 en adelante –aun
cuando muchos son el principal sostén del hogar– se les hace extensivo el
ajuste del 13%.
Mientras
tanto, la Anses continúa siendo un antro de corrupción comandado por los
radicales “progresistas” Leopoldo Moreau y Federico Storani, quienes manejan
gerentes-títere y una caja política impresionante, al tiempo que lucran con estudios
de abogados “preferidos”, coimas a todo nivel y un amplio staff de ñoquis.
Figura, por ejemplo, tres veces el apellido Storani en la nómina de personal
jerárquico, por familiares del ex ministro del Interior.
Los
7.600 trabajadores del organismo quedan en el medio, trabados en su lucha por
las burocracias de los cinco sindicatos que allí actúan. Y lo más aberrante es
que Moreau aparezca como el bueno de la película, defendiendo supuestamente los
beneficios de los jubilados pero consciente en realidad de la masa monetaria y
el poder que se está jugando.
Por
su parte, Cavallo sabe el rédito que significa para los radicales bonaerenses
disponer del dinero de los contribuyentes para distribuirlo a discreción entre
sus mafiosos correligionarios, por lo que pretende arrancarles la Anses para
entregársela a sus socios banqueros y saciar así su apetito, que crece al ritmo
del riesgo país.
Lo relativo de los derechos
Para
garantizar la plena aplicación del ajuste, quienes redactaron el decreto
896/2001 procuraron hacerlo inmune a eventuales reclamos por parte de
trabajadores y jubilados, aunque para ello tuvieran que derogar parte del
Código Civil, e incluso de la Constitución. De hecho, el artículo 1º avisa: “La
presente norma es de orden público. No se podrán ordenar en las causas que con
motivo de ellas se interpongan, medidas cautelares que afecten su cumplimiento,
resultando inaplicables en los respectivos procesos las normas de los artículos
195 a 233 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. Esto no cambió
con la aprobación de la norma por parte del Congreso: más aún, se ve
fortalecido por pasar de ser un decreto a una ley nacional.
A
continuación, el mismo artículo del decreto pone de manifiesto que “no se podrá
alegar la existencia de derechos irrevocablemente adquiridos” para pedir la
nulidad de la medida. Además, en los considerandos, se lo justifica diciendo
que la situación “hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
la Constitución Nacional para la sanción de leyes”, y se invocan los
superpoderes cedidos por el Congreso al Ejecutivo. Todo un revés para quienes
creen que la democracia burguesa puede incluir otros intereses (o resguardar
otros derechos) que no sean los de las clases propietarias.
ALBA MERQUINNI
Desocupación: el capitalismo sigue
batiendo récords
Dos millones trescientas mil personas (el
16,4% de la población) conforman la masa de trabajadores desocupados, y un
total de 4,4 millones tiene graves problemas laborales, según las cifras que
publicó el Indec de su encuesta de mayo de este año. Esto implica que hay
206.000 desempleados más que hace un año, y 126.000 subocupados más (que son
los que trabajan menos de 35 horas semanales y quisieran trabajar más).
El
aumento en la cantidad de desocupados supera los 500.000 desde que asumió De la
Rúa, que recibió el país con una tasa del 13,8%. Y casi el 60% del incremento
que registró el índice se explica por lo que pasó en la Capital Federal y el
Gran Buenos Aires, donde hay 144.000 desempleados más que en octubre pasado.
Desglosando esa cifra se calcula que 48.000 personas más salieron a buscar, sin
éxito, un empleo. Y otros 96.000 trabajadores que sí tenían una ocupación, la
perdieron.
Todo
esto, además, sin tener en cuenta la tergiversación de los números que tiene
como consecuencia la metodología utilizada para el relevo de datos. Los
“desalentados” y los “desocupados ocultos estructurales” son los que quedan
afuera de la estadística, por haberse cansado de hacer colas con el diario bajo
el brazo, o por no tener plata ni siquiera para el colectivo que los lleva
hasta esa cola. Por su parte, los planes Trabajar disfrazan el aumento,
precarizando cada vez más la situación laboral de quienes alguna vez tuvieron
empleo estable.
Desde
que empezó la recesión, a mediados de 1998, en Capital y el GBA la desocupación
creció en 231.000 personas, y hay menos gente ocupada que en ese momento. Así,
en los últimos 36 meses, con 350.000 habitantes más, la región metropolitana no
sólo no generó nuevos puestos de trabajo sino que perdió unos 57.000.
Finalmente, la encuesta de hogares del Indec
reveló que la tortura del desempleo afecta sobre todo a los hombres jefes de
familia, por lo que la situación compromete también a los otros tres
integrantes promedio, y que una de cada tres personas en edad de trabajar está
desocupada o subempleada.
A.
M.