En
los últimos días, el presidente Pastrana autorizó a las Fuerzas Armadas a
allanar, requisar y detener sin autorización judicial en zonas de guerra. A su
vez, la ley aprobada permite al Presidente subordinar poblaciones enteras a
comandantes de la policía y el ejército. Esto blanquea una situación que de
hecho venía ocurriendo: el pueblo colombiano vive en un país de fachada
democrática, en el cual sus instituciones se desdibujan y son reemplazadas por
el aparato represivo, al mejor estilo de una dictadura militar.
El
estado colombiano enfrenta la peor de sus crisis, con un desempleo que supera
el 25% y con los capitales huyendo despavoridos (la inversión extranjera pasó
de US$ 6.700 millones en 1997, a menos de 120 en el 2000). Si bien esta ley es
un peligroso antecedente, si se tiene en cuenta el triste record de violaciones
a los derechos humanos que tienen las fuerzas de seguridad, se hace ver como
única alternativa para continuar acallando el descontento social y para mantener
a raya a la guerrilla insurgente.
Los sindicalistas reciben continuamente
amenazas de todo tipo y en muchas ocasiones son secuestrados y hasta
asesinados. Se ha convertido en una práctica diaria esta persecución
sistemática a los activistas sindicales, llevada adelante por grupos armados de
ultraderecha que actúan como complemento del aparato represivo oficial, el cual
se evita realizar tales actividades antidemocráticas (pero necesarias para
mantener el orden).
La
vida del campo en el nuevo milenio
Las
áreas rurales son el escenario principal de la guerra de las Fuerzas Armadas y
los “paras” contra las Farc. Y los campesinos son los que siempre pierden con
cada combate. Desde 1996, las AUC (paramilitares de ultraderecha) y las Fuerzas
Armadas vienen forzando de manera sistemática el desplazamiento de pueblos
enteros, con el objetivo de “combatir a la insurgencia”. Sólo durante el 2000,
casi 320.000 personas fueron desplazadas de sus lugares de residencia, en su
mayoría rurales (El Espectador, 25/7/2001).
De
este modo, las Fuerzas Armadas y los paramilitares buscan minar la base social
que sustenta a las Farc. Una negativa del pueblo al desplazamiento en más de
una ocasión tuvo como consecuencia decenas de civiles masacrados. En el
transcurso del 2000, se calcula en casi 550 las masacres –asesinato colectivo
de 4 o más personas indefensas– perpetradas por los “paras” y hay denuncias de
800 desapariciones (El Espectador, 25/7/2001).
Esto,
sumado a que las importaciones agrícolas han aumentado en el último año en un
90%, representa un golpe dramático para el empleo en las áreas rurales. Lo que
lleva a los campesinos a tomar una decisión: cultivar coca o amapola (unos de
los pocos cultivos rentables) o tratar de subsistir del otro lado de la
frontera.
Es
por eso que los operativos llamados “Plan Colombia” y “Plan Andino” orquestados
por el imperialismo yanqui para la (supuesta) erradicación de cultivos
ilícitos, se han demostrado inútiles en lograr tal objetivo. La superficie de
cultivo destinada a la coca ha aumentado en un 60% el último año, pasando de
100.000 hectáreas a 160.000, al mismo tiempo que el área fumigada se amplió de
30.000 a 52.000 hectáreas entre el 2000 y el 2001 (Clarín, 18/7/2001).
Según
la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, en los
últimos cinco años fueron utilizados más de dos millones de litros de
herbicidas y se gastaron alrededor de US$ 53 millones para combatir los
cultivos de coca y amapola (El Espectador, 22/7/2001). Hoy está en curso una
frontal pelea entre la Unión Europea que se opone a la fumigación en las
tierras de minicultivos indígenas y la política estadounidense de fumigación
indiscriminada. Ambos coincidirían en la necesidad de fumigar los cultivos de
las grandes plantas industriales, lo que no hace más que expresar la guerra
comercial que ambas potencias sostienen en la región.
Además,
se estima que alrededor del 70% de los US$ 1.300 millones que aprobó el
Congreso estadounidense para brindar como ayuda a Colombia, ha sido utilizado
para la represión militar, y el 30% restante para el desarrollo de planes de
cultivo alternativos. Por lo tanto, para lo único que están sirviendo el “Plan
Colombia” y el “Plan Andino” es para entrenar y equipar a los ejércitos locales
en la lucha contra la guerrilla, y para facilitar la intervención yanqui en la
región.
La
gran mayoría de los campesinos están optando por escapar del asedio constante
de los paramilitares y de la ruina de sus plantaciones. Su destino más común es
Ecuador, donde el 80% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y
que, lejos de gozar de salud democrática, es un país convulsionado que cambió
varias veces de presidente en los últimos años. O sea que un considerable
aumento de la población en un país en ruinas hace pensar en conflictos
sociales. Por eso es que el ejército estadounidense ha instalado una base en el
puerto de Manta como componente clave del Plan Colombia (esto sumado a US$ 47
millones destinados a “funciones de inteligencia y vigilancia de Ecuador”).
Hacia
una vietnamización del conflicto
La
guerrilla colombiana ha crecido considerablemente en los últimos tiempos,
calculándose en más de 15.000 sus combatientes y en 50.000 personas su base
social organizada. Sus fuentes de ingresos son millonarias y se encuentran en
crecimiento, lo que les permite una total autonomía política y militar. Además,
dictan leyes, administran la justicia, y organizan el sistema educativo. Se
puede afirmar, entonces, que las Farc han construido algo muy similar a un
estado, así sea embrionario, o sea una cosa bastante sólida y difícil de
quebrar por las FF.AA. colombianas.
Es
por eso que el mismo Henry Kissinger afirmó que “el Plan Colombia fracasará y
provocaría la intervención abierta de los Estados Unidos” y, según su opinión,
podría llegar al estancamiento y luego a la frustración, del mismo modo que
ocurrió con la guerra de Vietnam en la época en que fue secretario de Estado de
los Estados Unidos.
Por
otro lado, el gobierno endureció su postura con respecto a las negociaciones de
paz, tanto con las Farc, luego de haber capturado a miembros del IRA (quienes
son acusados de entregar poderosos explosivos a la guerrilla), como con el ELN,
con los que suspendió las negociaciones semanas atrás.
Son
algunos de los tantos elementos que muestran que la solución “pacífica” es
imposible de concretarse dentro del contexto actual de dominación capitalista y
de opresión imperialista.
Consideramos
que es necesario pronunciarse en contra de la intervención estadounidense en
Colombia, porque es a su vez pronunciarse en contra de todas las medidas que el
estado yanqui digita en América Latina y que cada día profundizan la miseria y
opresión de los pueblos. Tenemos que tomar conciencia de que lograr un repudio
masivo es uno de los primeros pasos para pensar un futuro sin dominación.
FEDoN